** En 26 de las compras públicas se utilizó el procedimiento de contratación simplificada a pesar de no existir una declaratoria de emergencia por la pandemia en Nicaragua.
** El gasto de los US$893,306 resultó ser “muy modesto” frente a la realidad que enfrenta la nación centroamericana en el contexto de la crisis sanitaria.
Expediente Público
Después que se reportó el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, en marzo del 2020, las alcaldías aparentaron dar respuesta a la emergencia sanitaria y gastaron US$893,306 equivalente a C$30.6 millones desde esa fecha a diciembre de 2020 en la adquisición de bienes, servicios y obras, pero algunas de esas compras se hicieron bajo procedimientos irregulares.
La cifra económica resultó ser un monto “muy modesto” frente a las necesidades surgidas a partir del 18 de marzo, cuando el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó el primer caso de Covid-19 en una persona de 40 años, que recién había ingresado desde Panamá.
Las municipalidades que siguieron el mismo patrón del Gobierno central, realizaron 268 adquisiciones en ese periodo, según se comprobó a través de los procedimientos de compras que se registraron en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) y que recoge la investigación: “Las compras públicas municipales en Nicaragua en el 2020: Adquisiciones asociadas a la pandemia del Covid-19”, realizada por Expediente Público.
Los gobiernos municipales, la mayoría sandinistas, destinaron una parte de sus presupuestos, y cubrieron “ciertas necesidades”, generadas por la pandemia asociadas a las medidas de prevención en sus instalaciones y para complementar emergencias surgidas en los servicios de salud en sus territorios.
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En al menos 26 de las más de doscientas adquisiciones, las alcaldías utilizaron el procedimiento de contratación simplificada, pese a no existir una declaratoria oficial de emergencia en el país centroamericano que respaldara su decisión, revela la investigación de Expediente Público.
Las 26 compras, que equivalen al 9.7% del total de ese periodo, se hicieron por un poco más de C$7.2 millones, refleja la investigación.
La diligencia con la que actuaron las administraciones municipales, particularmente en las adquisiciones por contrataciones simplificadas fue atípica frente a un gobierno que prácticamente ha minimizado la pandemia en los últimos trece meses de afectación.
Listen to «Compras irregulares de las alcaldías en tiempos de pandemia» on Spreaker.“No siguieron el cauce legal”
Al registrar sus compras, los funcionarios justificaron el procedimiento haciendo referencia en el descriptor del sistema con las palabras “Covid o emergencia sanitaria o humanitaria”.
La experta en análisis de presupuesto y fiscalización de compras y contrataciones públicas, Dayra Valle, advierte que la modalidad de contratación simplificada que utilizaron en los 26 procedimientos es legal en situaciones de emergencia, como la del coronavirus, pero en este caso “no siguieron el cauce legal” adecuado.
A partir de septiembre de 2020, en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni. se creó una sección, donde se publicarían todas las adquisiciones públicas realizadas en el marco de la pandemia, pero no se ha hecho público.
Expediente Público constató que la “sección Covid-19” hasta diciembre de 2020 tenía información incompleta y mostraba solamente procedimientos ejecutados por el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Mined) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Sin embargo, aparecen al menos 35 compras que hicieron las alcaldías nicaragüenses con mención de Covid-19, por un monto que apenas sobrepasa los C$2.5 millones .
En al menos 19 de esas adquisiciones se comprobó que siguieron utilizando el procedimiento de contratación simplificada para el suministro de bienes (17 compras) y obras (2).
León, el departamento que más compró
Al 18 de abril de 2020, un mes después de haberse confirmado el primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa) registraba 10 contagios, mientras que el Observatorio Ciudadano Covid-19, organización que surgió para llenar el vacío de información oficial en Nicaragua y conformado por un equipo interdisciplinario, principalmente de médicos, señalaba 311 casos sospechosos, una cifra por encima de las oficiales.
Al 31 de mayo pasado, el Observatorio Ciudadano ya registraba 3,919 casos y 989 muertes sospechosas por Covid-19, mientras que el Minsa reportaba 759 contagios y apenas 35 fallecidos. Mientras tanto, aumentaban las denuncias del colapso del sistema de salud a nivel público y privado.
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En el pico de la pandemia, las alcaldías empezaron a ejecutar algunas obras en la infraestructura hospitalaria tanto en centros y puestos de salud, pero para esa fecha la población comenzaba a ver con más frecuencia los “entierros exprés”, que son la entrega a los familiares del cuerpo de la persona fallecida por Covid-19 en ataúd sellado para ser sepultada de inmediato.
En el departamento de León, al occidente de Nicaragua, las alcaldías destinaron fondos por un monto C$5.2 millones (unos 148 mil dólares) para adquisiciones de bienes como materiales de limpieza y aseo y se detectaron 13 procedimientos en los que se utilizó la modalidad de contratación simplificada, apelando a la situación de emergencia por la pandemia, aunque no contaban con la declaratoria legal.
David Reyes, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de León, señala que hay poca transparencia en los gastos de la alcaldía.
“Ha sido un maquillaje, hay que decirlo es una realidad, y si lo han gastado no han rendido las cuentas que se merece la gente”, dijo Reyes a Expediente Público.
En León, para ese entonces, ya sumaba 273 casos sospechosos y 76 muertes, según datos del Observatorio Ciudadano. Pese a que ese fue el departamento que más gastó en insumos en el contexto de la pandemia, la respuesta no fue efectiva, afirmó el concejal opositor.
“El alcalde (sandinista Roger Gurdián Vijil) está temeroso de la pandemia, cada vez que hay reuniones con los concejales es de lo primero que habla y se han visto algunas inversiones, han instalado lavamanos, ponen jabón líquido, cloro en la puerta principal de la municipalidad, nada más. En los mercados no mira eso, en las terminales de buses no se mira y mucho menos en los cementerios”, mencionó Reyes.
Los mismos mecanismos se siguieron en el departamento de Nueva Segovia, donde se detectó que un total de ocho obras realizadas, que tenían por objetivo el mejoramiento de hospitales y centros de salud, también se realizaron vía contratación simplificada en los municipios de Jalapa, Ocotal y Wiwilí.
En dos de los procedimientos según los documentos oficiales, se indican que se mejorarían “salas para atención de pacientes con Covid-19”, las que se realizaron en el mes de mayo, uno en el municipio de San Fernando y otra en Jalapa, confirma la investigación.
Pero para soportar estos procesos las alcaldías debieron sustentar el mecanismo y justificar la compra con una “declaratoria de emergencia” que le diera el respaldo legal, pero no lo hicieron.
El artículo 28 de la Ley 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales, establece que las contrataciones simplificadas, con independencia del monto, son un “procedimiento excepcional” que taxativamente se hace en “situaciones de emergencia o calamidad pública”.
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“Debes tener este sustento legal, y ahí es donde ellos no están bien, porque ellos no cumplieron con tener una declaratoria de emergencia y eso es culpa del gobierno central”, explica Valle.
El régimen Ortega-Murillo, que sigue en un proceso de negación de la pandemia, no decretó nunca el estado de emergencia y por sus acciones confirman que no lo harán, pese a que el país centroamericano registra otro rebrote que, según advierte el Comité Científico Multidisciplinario (CCM), podría repetir la misma tendencia de contagios y muertes por Covid-19, sufridas entre mayo y junio de 2020.
“Nunca han querido admitir la emergencia con todas sus letras (…) se pudieron (las alcaldías) haber amparado con eso, porque sencillamente, adjuntas la declaratoria de emergencia y eso le da respaldo legal a la utilización de esta modalidad (simplificada)”, mencionó Valle.
En Nicaragua, la Ley 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, publicada en La Gaceta, Diario Oficial del 7 de abril del 2000 faculta al presidente a declarar “Estado de Emergencia” frente a un hecho de desastre que ponga en riesgo a los habitantes del país, como la actual pandemia.
A fin de justificar los procedimientos de contrataciones simplificadas, las alcaldías debieron contar con una declaratoria de emergencia.
La experta agregó que la contratación simplificada es un procedimiento excepcional y rápido, que se define por las situaciones que la generan.
Las alcaldías tampoco soportaron su compra con el “informe técnico legal” en el que justifican su actuación, subrayó Valle.
En este escenario ¿Cómo ayudaría una declaratoria de emergencia?
La doctora Josefina Bonilla, experta en Salud Pública es presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense y miembro del CCM. Ella explica que el Gobierno central en coordinación con las municipalidades está obligado a poner como prioridad la “vida y la salud de las personas”, aunque reconoce que la realidad en el país es contraria.
“Trece meses después, las familias ya sufrieron enfermedad y muerte. Todos hemos sido testigos de enfermedad y muerte por Covid-19”, afirmó Bonilla.
Bonilla afirma que, la falta de una declaratoria de emergencia es una señal clara que se interpreta por la población como que no hay una prioridad para la vida y la salud de las personas.
“Las personas reaccionan a cómo pueden a esa falta de declaratoria. ¿Somos mágicos, tenemos una protección especial, de que no nos vamos a morir? La declaratoria de emergencia nos pudo haber ayudado a tener menos enfermedad y menos muerte”, lamentó Bonilla.
El 21 de enero de 2020, el gobierno señaló que Nicaragua se encontraba en “alerta epidemiológica” ante el “nuevo virus” y lo reconfirmó en su Libro Blanco Covid-19 publicado el 25 de mayo de ese año, pero nunca declaró estado de emergencia porque se asume que el país tiene el mejor sistema de salud del mundo.
“La declaratoria de emergencia es un elemento constitucional y en una alerta epidemiológica, hay diferentes grados incluso, es como estar pendiente y es una palabra relativamente suave (…) Todavía tenemos segmentos poblaciones que, no reconocen que es un estado en el cual tenemos que cuidarnos mucho más”, dijo Bonilla.
Otros procedimientos
La investigación evidencia que, el procedimiento más usual que utilizaron las alcaldías para atender la situación de coronavirus en sus territorios fue la compra por cotización, en especial la menor.
Expediente Público identificó 236 procedimientos que se hicieron bajo el procedimiento de compras por cotización menor, que apenas sobrepasan en total los C$18 millones (US$543,033).
Las compras por cotización menor son las que se hacen por montos menores a los C$500 mil (US$14,577). Dada la cantidad de procedimientos que se realizaron para las adquisiciones municipales, lograron abarcar el 61% del monto total gastado en este periodo.
A estas se suman cuatro procedimientos de compra por cotización mayor por un monto gastado total de C$2.36 millones (US$68,981).
Solo dos procedimientos, también por un monto global de C$2.37 millones (US$69,107) fueron licitaciones públicas por registro, según lo contemplado en la ley.
“Las alcaldías, en su medida, fueron comprando como quien va a la pulpería casi todos los días, no es que hicieron grandes compras de una sola vez”, mencionó Valle.
Las compras “Covid-19” de las alcaldías
¿En qué gastaron las alcaldías los C$30,6 millones que desembolsaron para combatir la pandemia en 2020?
Realizaron 231 procedimientos por un monto de C$17.2 millones, equivalentes a US$503,105 para la adquisición de bienes, entre los que destacan: productos de limpieza y sanitarios; materiales de reposición periódica (MRP) como guantes, mascarillas, máscaras faciales, alcohol gel y alcohol; compra de insumos y equipos médicos; materiales ferreteros, combustibles y lubricantes, ataúdes y renta de maquinaria.
En algunos casos fueron productos para uso de las alcaldías y en otros sirvieron para atender la emergencia en centros y puestos de salud a nivel territorial.
La mayoría de los procedimientos para estas adquisiciones se realizaron a través de compra por cotización, lo que indica que no fueron superiores a los C$500 mil.
Las municipalidades además realizaron 34 procedimientos, asociados, directa o indirectamente, para satisfacer necesidades surgidas a partir de la pandemia, que permitieron ejecutar obras por un monto de C$13.3 millones (US$388,939).
Las obras, según indicaron las mismas alcaldías en el sistema del Siscae, sirvieron para la reparación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de infraestructura en centros sanitarios a nivel primario y secundario.
La investigación registra que el 100% de estas obras fueron financiadas con fondos de los gobiernos municipales. Las obras se realizaron en los departamentos de Nueva Segovia, Granada, Chontales, Rivas, Chinandega, Matagalpa, Masaya, Carazo, Madriz, Río San Juan y la Región Autónoma del Caribe Sur.
En Masaya, el concejal suplente por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Carlos Antonio Brenes se quejó de que en este departamento la alcaldía, que es dirigida por la sandinista Janina Noguera Padilla, quien asumió en junio de 2020 tras la muerte de Orlando Noguera Vega, no brindan detalles de los gastos de la municipalidad.
“En realidad a nosotros no nos dicen nada, ellos son bien herméticos. Nosotros preguntamos, como oposición, qué se ha hecho por la pandemia y no contestan nada (…) Lo que hicieron fue como un maquillaje, para que digan que ellos están preocupados por la población”, manifestó Brenes.
Por otro lado, con la investigación se identificaron únicamente tres adquisiciones de servicios, asociadas a la elaboración de papelería para la campaña contra el Covid-19 y la contratación de servicio de fotocopias de 8,000 fichas, que se utilizarían en el censo para la prevención de la pandemia en el municipio de Estelí.
La primera se ejecutó en el mes de julio y la segunda en mayo. Una tercera adjudicación se realizó en el municipio de Chichigalpa, donde la alcaldía contrató servicios de fumigación y de limpieza, que se adjudicaron a personas naturales.
Según el análisis, los montos se llevaron a cabo bajo la modalidad de compra por cotización menor.
En total estas compras ascienden a un gasto de C$43,260 (US$1,261) con fuente de financiamiento de los gobiernos municipales, reveló la investigación.
Adjudicaciones a un mismo proveedor
En este periodo, fue muy usual que las alcaldías establecieran contratos con personas naturales, pero en algunos casos se observó las reiteradas adjudicaciones a un mismo proveedor lo que podría marcar una tendencia de favorecer a un proveedor con relación a otro.
En algunos de esos casos se detectó que se adjudicaron procedimientos donde se requería “lo mismo, con diferentes fechas, al mismo proveedor”.
La historia de la alcaldía en el municipio de Ocotal, Nueva Segovia, permite explicar cómo se beneficia a ciertos proveedores. Expediente Público confirmó que entre julio y diciembre se realizaron ocho procedimientos para la compra de alcohol y las compras fueron adjudicadas al mismo proveedor, Brenda del Carmen Vásquez.
En el municipio de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACCS), también se observó que entre mayo y agosto de 2020, la proveedora Karla Patricia Solano García fue beneficiada en al menos cinco procedimientos de adquisiciones por un poco más de 1 millón de córdobas.
En algunas de las adjudicaciones, tres de ellos, tenían el mismo descriptor: “Compra de granos básicos, productos de limpieza, productos de primera necesidad y de higiene personal”.
Según Valle, en muchas ocasiones esta situación podría estar justificada por el reducido mercado nacional de proveedores.
“El mercado de proveedores nacional es pequeño, no me quiero imaginar el territorial, principalmente en una municipalidad muy pequeña donde hay pocos proveedores”, dijo Valle.
Cinco departamentos concentraron compras
Se determinó que cinco departamentos concentraron el 63% del monto gastado en compras municipales: León (17%), Rivas (12%), Nueva Segovia (11%), Masaya (11%) y RACCS (10%).
Se logró verificar que León, Masaya y Rivas sobresalieron por la compra de bienes, mientras que en la realización de obras destacan los departamentos de Nueva Segovia, Chontales y Rivas.
En el caso de León, se constató que se compraron materiales de limpieza y aseo.
En 16 adquisiciones, en las que se gastaron un poco más de C$4.3 millones (82% del monto total gastado) se indicó que se hizo con la finalidad de “fortalecer las medidas de prevención frente al Covid-19 referentes a productos de protección y seguridad personal”.
Las municipalidades han visto reducidos sus ingresos presupuestarios, básicamente por dos razones: la baja recaudación y la reducción de las transferencias municipales.
En gran parte, esos problemas que enfrentan los gobiernos locales se deben a la crisis sanitaria provocada por la pandemia que se suma a la crisis sociopolítica iniciada en el 2018.
