*La denuncia del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense confirma que dos funcionarios de confianza del presidente, Osiris Luna Meza y Carlos Amílcar Marroquín, negociaron con las pandillas beneficios carcelarios a cambio de una disminución de asesinatos en El Salvador.
**Son 13 miembros de las pandillas MS-13 los acusados por la fiscalía de Nueva York, de los cuales tres están en prisión. Los otros diez están prófugos o el Gobierno de Nayib Bukele se niega a extraditar.
Eric Lemus / Expediente Público
Una acusación emitida por la Corte del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, sostiene que el Gobierno del presidente Nayib Bukele efectuó los mismos tratos con las pandillas que criticó a sus predecesores.
El Departamento de Justicia informó el 23 de febrero del 2023 que la captura de tres cabecillas fortalece la investigación que arroja algo más que beneficios penitenciarios a favor de la MS-13 en El Salvador.
El caso reitera que Osiris Luna Meza, a cargo de la Dirección General de Centros Penales y Carlos Amílcar Marroquín, el responsable de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, presuntamente negociaron beneficios a pandilleros recluidos en las cárceles del país.
La investigación penal devela que los criminales fueron más lejos que lo alcanzado durante la tregua de 2012, bajo el Gobierno del expresidente Mauricio Funes, cuando la MS y el Barrio 18 acordaron la distribución pacífica de las plazas para el narcomenudeo.
Funes está acusado de corrupción y huyó a Nicaragua donde el régimen le otorgó la nacionalidad impidiendo así su extradición a El Salvador.
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Nuevas negociaciones
Expediente Público accedió a la acusación CR 22429 de la Corte neoyorquina donde se establece que, en este nuevo pacto, los mandos negociaron el apoyo electoral a favor del partido Nuevas Ideas en 2021 con el compromiso de que el Gobierno salvadoreño no extraditara a los criminales reclamados por EE. UU.
De hecho, en 2021, Bukele logró el control total de la Asamblea Legislativa, que fue clave para reorganizar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General.
Uno de los 13 requeridos, Elmer Canales Rivera, conocido como “el Crook”, fue fotografiado por Yesi Carolina Chávez, su pareja sentimental, mientras departían en un restaurante en Jalpatagua, Guatemala, cuando iba rumbo a México, pese a que debía estar en prisión.
La Corte afín a Bukele nunca discutió su extradición.
Por otro lado, en otro giro, la CSJ sí rechazó la extradición a EE. UU. de Armando Melgar Díaz, alias “Blue the Gángster” y decidió juzgarlo en su país natal.
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De “Los 12 apóstoles del diablo” al “Programa México”
La MS-13, que es denominada en la investigación judicial como “La empresa”, consolidó su poderío en 2004 durante el primer régimen de “Mano dura” bajo el gobierno del expresidente Francisco Flores que organizó redadas masivas.
Fue en la cárcel que el liderazgo histórico bautizado en 2002 como “Los 12 apóstoles del diablo” cambió su nombre a “Ranfla”, que ahora es conocida como la “Ranfla histórica” y que es el mando que decidió afincarse estratégicamente en México.
Aunque la presencia de la Salvatrucha en suelo azteca data de principios de 2007 fue en 2014 que la “Ranfla nacional” envió sus cabecillas a organizar lo que bautizaron como “Programa México”.
Los jefes del “Programa México” hicieron contactos para obtener armas y drogas (marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas) con carteles mexicanos como Los Zetas, Cartel del Golfo, Cartel Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa, así como participación en el tráfico de ilegales, además de controlar la ruta de “La Bestia”, el tren de carga que abordan los migrantes desde Tapachula.
¿Un nuevo cartel?
Los tres acusados detenidos en Houston, Texas, luego que México los identificó y entregó a EE. UU. responden a los nombres de Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias “Vampiro de Monserrat Criminales”; Walter Yovani Hernández Rivera, alias “Baxter de Park View”, y Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias “Rojo de Park View”.
Los capturados serán procesados de conspiración para extorsión, conspiración para proporcionar u ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para narcotráfico y contrabando de extranjeros.
Junto a los otros diez, que están prófugos o en prisión y que el Gobierno de Bukele evade hablar de extraditar, están sindicados de ordenar más de 65 asesinatos en el Este de Nueva York desde 2009 hasta la fecha.
La consultora en seguridad Ibi Consultants, que documenta la evolución de la MS-13 tanto en Honduras como El Salvador, advierte en un análisis difundido por la Universidad de Defensa Nacional la transformación de la banda en una organización transnacional.
El informe “No más pandillas: reevaluación de los grupos armados transnacionales en el hemisferio occidental”, que fue suscrito por Marianne Richardson y Douglas Farah, denomina a la pandilla como “Grupos armados transnacionales integrados en la comunidad” (CETAG, por sus siglas en inglés).
“La MS ha ganado terreno político en El Salvador y actúa casi como cartel en Honduras. Son mutaciones o evoluciones rápidas y peligrosas. Han evolucionado demasiado para seguir llamándolas maras porque ya sobrepasaron esa configuración por mucho”, explica Farah a Expediente Público.
“La CETAG en El Salvador se enfocó en ganar poder a través de la administración de Bukele con estructuras políticas formales, construyendo un modelo más sofisticado que en la tregua inicial (2012-2014) con el Gobierno (de Funes)”, identifica el dossier.
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¿Pandillas desarticuladas?
A principios de febrero uno de los medios de comunicación más importantes de El Salvador aseguró que el régimen de excepción de Bukele desarticuló a las pandillas.
Si bien los vecindarios y poblados controlados por el yugo del Barrio 18 o la MS-13 ahora está desplazado por patrullajes combinados entre el Ejército y la policía, los residentes de algunos barrios populosos aseguran que los jefes pandilleros siguen escondidos y que en su lugar han capturado a algunos inocentes.
“Esto revelado por la Fiscalía de NY pone en entredicho la supuesta ‘desarticulación de las maras’, pues demuestra grandes negociaciones políticas al más alto nivel, y entonces ¿será que no esté pactado fingir una desarticulación en el Estado de excepción?”, vaticina un investigador privado a Expediente Público.
La fuente, cuya identidad será resguardada, opina que la pandilla “tiene esa capacidad política de negociar relevos legislativos y judiciales en el Gobierno y la no extradición de jefes de la Ranfla a EE. UU., a cambio de darle réditos políticos como mover a su base social a votar por el bukelismo, ¿No será que finja estar desarticulado para que la MS-13 sea ahora un socio en el pastel de las ganancias del narcotráfico?”.
Por su lado, Douglas Farah advierte que “las maras no pueden ser derrotadas mientras forman parte de la estructura del Gobierno. Eso es lo que demuestra el documento”.
“Esto pone a la MS-13 en el centro de la corrupción política, desde el Gobierno municipal hasta el gabinete nacional. Cada transacción se negocia. Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. contra (Osiris) Luna y (Carlos) Marroquín fueron parte de los esfuerzos para combatir las redes de corrupción vinculadas a crimen organizado transnacional”, insiste Farah.
Ambos funcionarios están en la Lista Engel y la Ley Magnitsky por facilitar reuniones entre el Gobierno y las pandillas para reducir homicidios.
Una estrategia equivocada
Luis Parada, abogado de origen salvadoreño y residente en EE. UU., destaca a Expediente Público que más allá de que la investigación revela el grado de expansión de la MS-13, ahora está claro que el Departamento de Justicia “tiene las pruebas suficientes para obtener veredictos condenatorios contra estos tres acusados y las demás personas que son mencionadas en la acusación”.
“Ellos son enemigos públicos de EE. UU. y no solo ellos, sino también cualquiera que colabore con ellos. Al convertirse en una amenaza a la seguridad nacional de EE. UU. esa clasificación se mantiene independientemente esté un demócrata o republicano en la presidencia”, dice Parada.
El abogado, que fue oficial de la Fuerza Armada salvadoreña en los años 80, compara que “la probabilidad de que la supuesta ‘Mano Dura’ de Bukele de verdad funcione, es igual a la probabilidad de que una estrategia de ‘tierra arrasada’ funcione en una guerra: ninguna”.
“La política de Bukele ha sido desde el principio un pacto criminal con las pandillas para acumular poder político para él mismo. Tampoco le va a funcionar. Es una bomba de tiempo que después va a explotar”, fustigó Parada.
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Silencio y represión
Recientemente Bukele ordenó el traslado de los primeros 20.000 convictos tanto del Barrio 18 como la MS-13 hacia la nueva mega prisión que inauguró a principios de febrero.
“Un Gobierno íntegro, sin nada que esconder, hubiese removido a todos los funcionarios del Gabinete de Seguridad, después de una acusación judicial de peso de la que se reveló. Un Gobierno culpable y cómplice, en cambio, trata de distraer la atención”, desaprobó el criminólogo Carlos Ponce, profesor asistente en la Universidad de Fraser Valley de Vancouver.
«La acusación sugiere que los fiscales federales tienen pruebas de que la administración Bukele conspiró con las pandillas para detener la extradición de los líderes de la MS a los EE. UU. y nombra al viceministro (de Justicia, Osiris) Luna, y al secretario (Carlos) Marroquín como cómplices de las pandillas», agregó, por su parte, Ricardo Valencia, profesor asistente en la Universidad Estatal de California en Fullerton.
“Si Bukele no se desmarca de sus funcionarios señalados por pactar con pandillas estarás confirmado que también estuvo comprometido directamente”, agregó en breves declaraciones a este medio.
En tanto, Miguel Cruz, el académico pionero en la investigación al fenómeno de las maras, observó que el estado de excepción “es una política creada para aumentar la popularidad del presidente y asegurar su reelección”.
Cruz participó en un conversatorio sobre el tema en la radio de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” en El Salvador, el viernes 3 de marzo pasado.
“Pero al ser una política diseñada alrededor de la permanencia en el poder, el Gobierno quebranta los principios fundamentales del Estado de derecho”, dijo Cruz, que trabaja en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Un modelo que viola derechos
Otra de las voces críticas es Tamara Taraciuk, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. “Detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el Gobierno (salvadoreño) esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder”, escribió la abogada experta en derechos humanos.
Por eso el académico de la FIU, reitera que el régimen de excepción crea otros escenarios.
“Una característica importante es que los ciudadanos ya no tienen posibilidades de defenderse ante un Estado que vulnera los derechos de la población para combatir las pandillas”, advierte.
Un ejemplo de ello lo aporta la Asamblea Feminista (AF), que ha denunciado que mujeres jóvenes en antiguas zonas controladas por las maras ahora son víctimas de extorsión sexual de policías y soldados que reemplazaron a las pandillas.
“Es la misma situación que vivieron antes con las pandillas donde a cambio de sexo ellas estarían tranquilas en las comunidades”, reveló en rueda de prensa Roxana Rodríguez, quien es parte de la AF.
Douglas Farah, que no pierde de vista la adaptación de las organizaciones criminales, vaticina que elementos de la MS-13 son milicias potenciales al servicio de crimen transnacional.
“Como ya están en la policía y la Fuerza Armada, pues hay muchos entrenados, ofrecen lo que Bukele no puede conquistar sin ellos: control territorial”, sostiene Farah a Expediente Público.
“Si se reelige Bukele se consolida la dictadura y El Salvador va camino hacia una Nicaragua con Ortega y Murillo, pero acá sería con los hermanos Bukele y sus asesores venezolanos”, previene.
