*InSight Crime, iniciativa de periodismo de investigación especializada en crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, en una serie de estudios expone cómo la dinámica de las élites han alentado la cooptación y la proliferación de redes criminales en el país centroamericano.
**La dictadura somocista se sostuvo por una dinastía familiar apoyada por militares y empresarios, el régimen sandinista creó una nueva élite militar y policial sin controles y capturada políticamente.
***Hoy el Ejército y la Policía son los “ángeles guardianes” del régimen de Daniel Ortega.
Expediente Público
Un análisis de InSight Crime y Expediente Abierto que aborda cómo se relacionan las élites y el crimen organizado en Nicaragua, explica que históricamente estas se han destacado por ocupar posiciones privilegiadas en el Estado, la economía y la sociedad para enriquecerse, consolidarse y como hoy, tratar de eternizarse en el poder.
El reporte, que ha circulado en toda Centroamérica y Estados Unidos a través del portal de Insight Crime, describe las diversas dinámicas de relaciones entre las élites de este país centroamericano desde el siglo XX hasta la llegada y consolidación de Daniel Ortega en el poder. Pone en perspectiva que, aunque las élites se han desplazado constantemente entre diversas fracciones que luchan por el poder, nunca pudieron neutralizar por completo a la élite del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabezada por Ortega.
La burocracia estatal
En términos de reconfiguración de las élites, el informe de InSight Crime indica que hasta abril de 2018, Ortega, su familia y empresarios prominentes del FSLN, consolidaron su poder a través de dos vías: la alianza con grupos estratégicos para insertarlos en los principales ejes de la economía nacional como los grandes empresarios agroexportadores, inversionistas extranjeros —principalmente del sector de las telecomunicaciones y el turismo—, empresarios del sector financiero, así como el alto mando militar, y la “colonización” de todos los espacios de poder estatal, desde la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el órgano electoral, los gobiernos locales (municipales y regionales) y hasta los órganos del sistema de control de la administración pública.
El análisis aborda el proceso de configuración de lo que califican como la élite burocrática que tendría sus antecedentes con el proceso de constitución de la burocracia estatal moderna durante la dictadura somocista hasta el triunfo de la revolución sandinista.
“A esta élite burocrática se sumó una casta militar proveniente de la Guardia Nacional, la institución de mayor poder de la dinastía Somoza. Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, toda la institucionalidad estatal, incluidos sus recursos humanos, fueron sustituidos por personas que, aunque poseían ciertos conocimientos técnicos, se encontraban en esos puestos debido a su cercanía con el régimen revolucionario y su trayectoria política en la lucha contra la dictadura somocista. El estamento militar se formó con la sustitución de la Guardia Nacional por el Ejército Popular Sandinista y debido a la guerra civil de los años ochenta, tuvo mucho protagonismo como las negociaciones de Sapoá para el desarme de la contrarrevolución en 1989 y las negociaciones del Protocolo de Transición que aseguró el traspaso de gobierno en 1990”, se explica.
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Según el reporte de InSight Crime este grupo también ha cooptado a las fuerzas de seguridad para evitar amenazas externas a su proyecto político.
El papel del Ejército y la Policía
La publicación de Insight Crime que contó con el involucramiento de la iniciativa Expediente Abierto, relata cómo el Ejército de Nicaragua evolucionó hacia una casta de empresarios que a partir de una diversa red de negocios se ha convertido en una de las élites burocráticas más importantes del país centroamericano.
“Al producirse la derrota electoral en 1989, el Ejército tenía en sus manos un significativo poder económico que con los años, aumentó y aseguró la continuidad de la élite castrense», se expone.
La policía nicaragüense también es parte esencial de la élite burocrática que se ha convertido en operador central del poder. Esta institución nació de un vínculo estrecho con el FSLN. Tanto el Ejército como la policía fueron creadas en 1979 como el Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS). Tanto la Policía como el Ejército mantuvieron sus nexos con el partido aun después de que Ortega perdió el poder en 1990, y los renovaron cuando regresó a la presidencia en el 2007″.
Una de las fases de descomposición fue el pacto político entre el expresidente liberal Arnoldo Alemán y el entonces opositor Ortega en 1999, que permitió “varias reformas a la Constitución Política relacionadas con las elecciones, la propiedad privada —en especial las pertenecientes a grandes empresarios y productores, así como las tierras adquiridas por los nuevos empresarios sandinistas y alemanistas durante el primer quinquenio de la década de 1990— y la distribución de las empresas surgidas de la privatización de los servicios públicos entre los empresarios de ambos grupos, principalmente en los sectores de las comunicaciones, la salud y la educación. El acuerdo entre ambas élites políticas y económicas se mantuvo hasta poco después del año 2007, cuando el líder del FSLN, Daniel Ortega, asumió nuevamente la presidencia del país y se deshizo de Arnoldo Alemán”, afirma el reporte.
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La descomposición de la Policía Nacional
El reporte de Insight Crime aborda la evolución de la Policía Nacional desde una institución que era objeto de elogios internacionales por su proceso de reforma y profesionalización hasta la llegada de Ortega a la presidencia en 2007, momento en que inicia todo el proceso de descomposición institucional que es marcada por eventos notables: i.) diversos casos que mostraban desde finales de los años 90 una complicidad importante de mandos policiales con el narcotráfico; ii. la recaptura política y partidaria y consecuente subordinación a Daniel Ortega y iii) su participación clave en la represión generalizada que sufre ese país desde abril del 2018.
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«Desde 2007, refiere el reporte, la Policía se ha convertido en una institución dedicada al servicio de los intereses políticos de Ortega y un instrumento de represión violenta contra cualquier manifestación de protesta o descontento contra el Gobierno. En junio de 2013, manifestantes que en el edificio del Seguro Social de la capital demandaban mayor acceso a pensiones de la tercera edad, fueron golpeados por miembros la Juventud Sandinista, vinculada al FSLN, mientras la Policía presente en el lugar, no hizo nada. Nunca se capturó a nadie por el ataque.»
Ortega ha concentrado en su persona el control sobre la Policía, formalizado con la aprobación de una nueva ley de policía en julio de 2014, que designa al presidente como Jefe Supremo de la institución, lo que le permitía designar y remover a sus mandos. Durante las protestas de 2018, la Policía fue el brazo ejecutor de la represión contra civiles. Granera fue separada de su cargo y Ortega colocó al mando a su consuegro, Francisco Javier Díaz Madriz, quien fue sancionado por Estados Unidos en julio de ese año bajo la Ley Global Magnitsky por corrupción y violar los derechos humanos.
*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición.
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