**Compra irregulares de insumos médicos y hospitales móviles que no llegaron a su destino en la presente crisis del Covid-19, destapa antiguos problemas de transparencia estatal y escandalosos vínculos entre empresarios cuestionados y autoridades hondureñas.
Reportaje colaborativo con CRITERIO.HN
Hasta finales de junio, Marco Antonio Bográn Corrales, ocupó la dirección de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST–H) -la agencia estatal para la gestión de proyectos y programas de desarrollo-, un importante cargo que la prensa de su país atribuye a las conexiones de su familia con el engranaje gubernamental.
Ahora Bográn se enfrenta a innumerables acusaciones por corrupción que podrían conducirlo a la cárcel, según las leyes hondureñas, tras destaparse la compra fraudulenta de hospitales móviles e insumos médicos que le costaron al erario decenas de millones de dólares.
El escándalo salpica la presidencia de Juan Orlando Hernández, en plena crisis de coronavirus.
Entre 2010 y 2014, la madrina de bautismo de Bográn, María Antonieta Guillén de Bográn, esposa de su tío Roberto Bográn, fue la vicepresidenta del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y el primer día de ese mandato, el 27 de enero del 2010, Marco Bográn, que fungía como director ejecutivo de la Cuenta del Milenio pasó a ser el director de INVEST–H.
Además de contar con la protección de su madrina, María Antonieta Guillén, también goza del cariño y el amparo de su tío, Arturo Corrales Álvarez, señalado de corrupción, quien destaca como importante figura de los gobiernos nacionalistas de Juan Orlando Hernández y Lobo Sosa.
Marco Bográn también tiene nexos políticos y de parentesco con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, ente encargado de establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios públicos defraudadores del Estado.
El esposo de su hermana, Cinthya María Bográn, José Alejandro Pineda Moncada, es hijo del titular del TSC.
Toda la familia Bográn es de filiación nacionalista y de acuerdo a la opinión de la clase política y la prensa, goza de los privilegios que les ofrece el Partido Nacional hecho gobierno, fuerza política que en la actualidad controla la institucionalidad del país y protege a los hombres cercanos del presidente.
A juicio de Lester Ramírez, director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el presidente Hernández mantiene cooptada la unidad de compras.
ASJ es la entidad que representa a Transparencia Internacional en Honduras y en sus informes ha develado innumerables actos de corrupción en las compras realizadas por INVEST–H para el combate de la pandemia de la Covid–19.
“Por decreto le dan las potestades al director de INVEST–H de no pedirle permiso al Consejo Directivo, pero el director de INVEST–H tuvo que haber consultado y pedir autorización para hacer estas compras”, manifestó Ramírez el 26 de junio, en declaraciones a Expediente Público y Criterio.
El pasado 19 de junio ASJ se retiró de los procesos de auditoria social que, bajo un convenio firmado con INVEST-H, venía realizando en las compras de medicinas, materiales y equipos.
También también fue consultada por Expediente Público Y Criterio, Blanca Munguía, coordinadora de Transformemos Honduras, coalición que reúne a más de una decena y media de organizaciones sociales.
Munguia expresó que es evidente la falta de transparencia con que se realizan las compras para combatir la pandemia.
Desde el 2014 ese organismo ha venido observando los procesos que la Secretaría de Salud realiza a través del Fideicomiso con Banco de Occidente y refuta que en este momento esa Secretaría de Estado ya no solo esté comprando mediante este procedimiento, sino que también a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y de INVEST–H.
De acuerdo con Munguia, los técnicos del fideicomiso le recomiendan a la Secretaría no comprar determinado producto que consideran elevado en su precio o de no muy buena calidad, las autoridades acuden a cualquiera de las otras dos instituciones para imponer sus criterios de negocio.
Eso indica, a criterio de los analistas aquí consultados, que la secretaría de Salud ha regresado a los procesos de compra viciados de corrupción que se daban antes de la suscripción del fideicomiso suscrito en el 2014 para transparentar las compras de medicinas y del equipo hospitalario.
Presidente autoriza las compras directas
El presidente Juan Hernández autorizó en febrero que en el marco de la emergencia sanitaria se realizarán compras y contrataciones directas por parte de INVEST-H, evadiendo los procesos contemplados en la Ley de Contratación del Estado.
Ante la enorme corrupción que se daba con las compras directas de medicinas y de equipos médicos en la Secretaría de Salud, por recomendación de organismos nacionales y extranjeros, en el 2014 las autoridades determinaron que todos estos procesos se realizarían a través de un fideicomiso con el Banco de Occidente, mecanismo que les permitió mayores niveles de eficiencia y de transparencia en la adquisición y suministro.
La modalidad incorporó la participación de la Agencia de Cooperación Internacional del Sistema de Naciones Unidas (UNOPS), como la responsable de coordinar bajo su propia normativa los diferentes procesos de adquisición y fiscalización ciudadana.
Sin embargo, en el marco de la pandemia todo cambió porque el presidente Hernández, mediante ley centralizó las compras para el combate de la Covid–19 en dos instituciones cercanas a él y sin el mínimo conocimiento institucional.
En una reunión de Consejo de Ministros celebrada el pasado 10 de febrero, Hernández aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 para declarar emergencia nacional por la Covid–19 y autorizar la ejecución de compras directas evadiendo los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Mediante los decretos PCM (leyes aprobadas por el presidente de la República en Consejo de Ministros), instrumentos jurídicos mediante los cuales Hernández se ha arrogado facultades como titular del Poder Ejecutivo, se fraccionó en tres partes los recursos de la Secretaría de Salud, por lo que hoy las compras en dicha institución se realizan a través de la Comisión Permanente de Contingencias, (Copeco), de INVEST–H y del Fideicomiso de Banco de Occidente.
Compras a empresa de maletín
Bográn, quien renunció a finales de junio a la dirección de INVEST-H, no ha podido respaldar la garantía sobre el pago de US$ 47.5 millones que hizo a una empresa de maletín radicada en Orlando Florida con filial en Turquía, para la compra de los siete hospitales móviles.
Para combatir la pandemia por coronavirus, mediante la orden de compra Marzo 30-2020-e-RFQ, el director de INVEST–H, Marco Bográn, le entregó a ELMED Medical System, Inc. DBA Hospitales Móviles, dos trasferencias bancarias por valor de 47 millones 500 mil dólares, unos 1,168 millones 500 mil lempiras, por la venta de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento de residuos médicos.
Según su portal, ELMED Medical, presidida y representada legalmente por el guatemalteco, Axel Guzmán López, más conocido como Axel López, mantiene su domicilio en Orlando, Florida, Estados Unidos y con filial en Turquía, se dedica a la fabricación y distribución de equipos médicos y al desarrollo de soluciones para facilitar servicios críticos en áreas remotas o de difícil acceso
En su sitio detalla, que estas unidades móviles las construye en contenedores expandibles de 4 hasta 13 metros de largo que pueden extenderse y proveer 75 metros cuadrados conectables entre sí para ofrecer soluciones modulares en proyectos de 20 hasta 500 camas.
De acuerdo con información oficial, INVEST-H, el 30 de marzo, mediante la transferencia internacional: D07902005575, del New York CitiBank-FI, el Banco Central de Honduras, le pagó 15.9 millones de dólares a esta empresa por el valor de dos hospitales móviles a ELMED Medical, sin que ELMED Medical les presentara las garantías de que en realidad se estaban construyendo y que llegarían al país, en el momento en que se necesitan.
Mientras que el 02 de abril, mediante la transferencia: D09301231001, del New York CitiBank-FI, el Banco Central de Honduras, completó el pago de 5 hospitales y 7 plantas de eliminación de residuos médicos. En la segunda transferencia el pago fue por 31.5 millones de dólares, haciendo un total de 47.5 millones de dólares por ambos pagos.
“El pago se hizo de buena fe”, dijo Marco Bográn, el 23 de junio en comparecencia pública ante una comisión especial del Congreso Nacional, que lo llamó para interpelarlo por las compras amañadas.
El gobierno asegura que las compras llegarán a mediados de julio, pese a que el contagio de la enfermedad al 29 de junio ya era de 18,082 personas y había cobrado la vida de 479 hondureños, según cifras oficiales, con dos semanas de retraso.
No obstante, el Director Ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, ha manifestado que ELMED Medical “es una empresa que no llega ni a ser de maletín, sino que de USB” y que Axel López, ha tenido procesos judiciales “porque no ha sido capaz ni de pagar sus tarjetas de crédito”.
No obstante, el director ejecutivo de INVEST-H, Marco Bográn, ha insistido en que los modulares “serán una realidad”.
El 21 de abril la embajada de Turquía en Guatemala advirtió mediante un comunicado que ninguna empresa en su país estaba construyendo hospitales móviles para Honduras.
Por su parte, el cónsul honorario de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, aseguró la noche del lunes 22 de junio, que la justicia estadounidense ya le sigue los pasos al presidente de ELMED Medical, Axel López y confirmó que la empresa, SDI Global LLC denunció a ese ciudadano por el delito de falsificación de documentos.
Facussé aseguró durante la entrevista telefónica a Expediente Público y Cirterio que el Buró Federal de Investigación (FBI) investiga a Axel López por este caso. Sin embargo, en los portales de la Organización Internacional de Policía Criminal, (Interpol) y del Buró Federal de Investigación (FBI), no figura ninguna orden de búsqueda.
Las declaraciones de Facussé se derivan mediante un comunicado, que el pasado domingo 21 de junio, hiciera la empresa turca, SDI Global LLC, contra la compañía estadounidense, ELMED Medical, a la que culpa de falsificar una cotización que ellos le entregaron para la venta de los hospitales móviles al gobierno de Honduras.
SDI Global LLC asegura en su documento, que el presidente de ELMED Medical, les solicitó una cotización de los hospitales móviles de aislamiento para la Covid-19 y después descubrieron que Axel López la modificó para obtener los millonarios contratos que, respaldados por el presidente de Honduras, le otorgó INVEST-H.
La empresa turca afirma que jamás ha tenido contacto directo con las autoridades hondureñas o con la embajada de Honduras en Alemania y expresa que en el mes de marzo fueron contactados el 20 de marzo de este año por los cónsules honorarios de Honduras en Ankara y Estambul: Bulent Aharli y Emre Ete, exclusivamente para detallar las medidas y el peso de los hospitales, con propósitos de explorar opciones. Y sostiene, que el único contacto comercial fue el señor Axel López.
La Ley de Prácticas Corruptas
Los funcionarios corruptos de Honduras podrían ser castigados en EE. UU. por la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas
En la última década, gobernada por el Partido Nacional, se hizo costumbre decretar emergencia nacional y realizar las compras sin licitación, situaciones que se han prestado para el fraude mediante la sobrevaloración de precios y demás acciones delictivas, denunciadas en la prensa local sin que Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia tomen acciones.
Sin embargo, los analistas aquí consultados consideran que, en esta ocasión, de comprobarse que en la compra de los hospitales hubo corrupción, la justicia estadounidense podría sancionar a los propietarios de ELMED Medical y a los hondureños involucrados en el supuesto fraude.
El estamento jurídico de los Estados Unidos mantiene incluida la Ley Anti Bribary Act de 1977 que sanciona a las empresas de esa nación, que negocien, paguen o faciliten sobornos en negociaciones con funcionarios de países extranjeros.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, establece que es un delito que cualquier persona o compañía de EE. UU., directa o indirectamente, pague u ofrezca pagar dinero o cualquier cosa de valor a cualquier funcionario extranjero con la intención de obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja inapropiada.
Matteson Ellis, abogado de la FCPA, que se enfoca en América Latina, explica que los países con niveles más altos de impunidad son los que optan por dar y recibir sobornos, sin embargo, “los países con instituciones gubernamentales fuertes encuentran maneras más eficientes para criminalizar la corrupción pública y sancionar a los culpables porque cuando el riesgo de ser aprehendido aumenta, el comportamiento tiende a cambiar”.
No obstante, -amplía- no importa que tan estrictas sean las leyes anticorrupción de un país, el soborno no se puede prevenir al cien por ciento.
“Los latinoamericanos se sorprenden al oír que las disposiciones antisoborno de la FCPA. Muchas veces piensan que la ley se enfoca erróneamente en los extranjeros, reflejando un desequilibrio al abordar la corrupción. Para algunos, la FCPA demuestra una visión mundial parcial a los Estados Unidos, y que sugiere que el soborno no es un problema en los Estados Unidos si no sólo en el exterior”.
Ante ese escenario, considera Ellis, la Justicia norteamericana podría enjuiciar a involucrados en la adquisición de hospitales falsos; los responsables de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), y demás funcionarios del gobierno podrían ser enjuiciados, como sucedió con Alfredo Hawit y el extinto presidente hondureño, Rafael Leonardo Callejas, por el denominado caso FIFA Gate.
Callejas fue acusado de 16 delitos de corrupción durante fungió como presidente de Honduras, pero la justicia de este país lo exoneró de todos los cargos y le permitió seguir ocupando importantes puestos en la administración pública y otras entidades, como la Federación Nacional de Futbol (Fenafuth), hasta que el brazo de la justicia estadounidense lo alcanzó por corrupción internacional.
Expediente Público y Criterio también consultaron al abogado Andrew B. Spalding, miembro de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA) en Austria; al referirse al tema de la denuncia de la empresa turca SDI Global LLC, expresó que las partes privadas no pueden presentar casos contra empresas bajo la Ley Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ,FCPA, pero pueden crear conciencia sobre estos temas con la esperanza de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tome nota e investigue.
No obstante, cuando hay funcionarios del Gobierno involucrados en actos de corrupción con empresas en Estados Unidos, hay un mecanismo para informar violaciones de la FCPA. Puede enviar un correo electrónico a esta dirección: FCPA.Fraud@usdoj.gov.
Para hacer la denuncia y llamar la atención de la Justicia de Estados Unidos, el experto recomendó ser claro en sus alegaciones y redactar el correo en inglés.
Pero en el marco de la pandemia de la Covid-19 la compra de los hospitales solo es una pequeña parte de una ola de denuncias de corrupción.
En el contexto también se ha denunciado sobrevaloración de precios en los equipos y material de bioseguridad, negligencia y complicidad en la compra de equipos y materiales de mala calidad y hasta el robo de los insumos.
Arca abierta
Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, solicitó mediante un oficio la compra directa de los siete hospitales móviles y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales.
El 23 de junio, en una comparecencia ante varios diputados, miembros de la comisión especial nombrada por el Congreso Nacional para conocer el tema, el director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, informó que la compra de los hospitales fue una determinación de su equipo multidisciplinario, donde el Consejo Directivo no tuvo nada que ver.
Afirmó que el Consejo Directivo no aprobó la compra de los hospitales ni el Plan para la obtención por emergencia. Sin embargo, aseguró que esa adquisición fue socializada con varios miembros del gabinete de gobierno, con el Consejo de Ministros, que preside el presidente Juan Hernández y la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Esa versión fue objetada por la Comisión Interventora del IHSS aclarando mediante un comunicado publicado en la cuenta de Twitter el 29 de junio, que ni la institución como tal, ni las autoridades han participado en la toma de decisiones y procesos de adquisición realizados por INVEST-H.
Bográn aseveró que antes de la pandemia nadie en INVEST-H, conocía a Axel López ni a ELMED Medical, como empresa y que llegaron a ellos mediante un barrido en internet buscando proveedores.
Para él, esta empresa ya tenía experiencia en la venta de insumos médicos y ofrecía soluciones modulares integrales, no perecederas, que podrían servir en la red hospitalaria, una vez pasada la emergencia.
Acotó, que todas las compras las hicieron por los requerimientos que les hizo la Secretaria de Salud Pública.
En efecto, en el oficio 630-SS-2020 del 16 de marzo pasado, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, le solicita la adquisición directa de siete hospitales de aislamiento y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de las clínicas.
El oficio también establece la compra directa de equipo médico hospitalario, insumos, material clínico y todo lo que sea necesario para la adecuación de las instalaciones hospitalarias.
La contratación directa de repuestos y equipos de reparación y la adquisición directa de al menos 200 unidades de cuidados intensivos.
Para conocer la realidad acerca de la negociación de los hospitales, Expediente Público y CRITERIO.HN buscaron la reacción del señor Axel López, presidente de la empresa proveedora, a través de un correo electrónico enviado el 24 de junio; el señor López respondió, que contrario a lo que dice el director de INVEST–H, él si asegura tener amigos en Honduras. Y prueba de ello es que en la última semana circuló en las redes sociales una fotografía en la que aparece junto a la ex vicepresidenta de Honduras y madrina de Marco Bográn, María Antonieta Guillén de Bográn.
“En su país hay personas lindas, en 1997 en plan de negocios fui a su país y tengo amigos doctores, empresarios, personas comunes que conocen de mi persona y nuestra rectitud”, dijo.
Aseguró que forma parte de un grupo de empresas de USA con oficinas y fábrica en Turquía y que recibió la orden de compra de INVEST–H y que en 2 o 4 semanas enviará personal a San Pedro Sula y a Tegucigalpa hacer las instalaciones correspondientes.
Los señalamientos de corrupción le llegan a Bográn de diferentes direcciones y hasta el Ministerio Público anunció el martes 23 de junio haber iniciado las investigaciones del caso y haberlo citado en calidad de investigado.
A través de un comunicado, INVEST-H informó que ya están en camino dos hospitales de 91 camas que serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El documento no menciona a los otros cinco hospitales, que ya fueron pagados.
Ante las acusaciones por corrupción, el pasado sábado 27 de junio Bográn interpuso su renuncia, dos días después de que el Consejo Directivo le solicitara al presidente Juan Hernández su separación.
Gastos y endeudamiento
A través de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, aprobada en el Congreso Nacional, el pasado 13 de marzo, el gobierno destinó 420 millones de dólares, unos 10 mil 374 millones de lempiras para el combate de la Covid-19.
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, informó en su momento, que con ese dinero se construirían 90 hospitales y contrarían el personal médico y de enfermería necesario en todo el país. Anunció, además, la instalación de una plataforma electrónica.
Aparte, mediante un decreto de emergencia para combatir el dengue, el 10 de febrero, el gobierno ya había aprobado la utilización de 110 millones de lempiras para compras directas de los insumos necesarios para combatir el zancudo transmisor y el 25 de abril el Congreso Nacional también autorizó dos líneas de endeudamiento por 4,850 millones de lempiras con el Banco Mundial (BM).
De acuerdo con la legislación este dinero estaría siendo utilizado para apoyar a los empresarios de la agroindustria, a las municipalidades y la salud.
Asimismo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó 200 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 50 millones de dólares para la compra de equipo y puesta en marcha de la tecnología necesaria para hacerle frente a la pandemia.
Los muertos se cuentan por decenas y a diario se reportan centenares de contagiados que ya no tienen a dónde acudir, por la precariedad del ya colapsado sistema de salud pública.
Y mientras eso sucede, los médicos y enfermeras de todo el país claman por materiales de protección y en algunos lugares, como en Tegucigalpa, donde ya no hay espacio para los enfermos, hacen hasta colectas para la compra de carpas necesarias para albergar a los contagiados.
Informes de organizaciones sociales afirman que en los distintos procesos de compra están presentes el fraude, el abuso de autoridad y la malversación del dinero público.
Por ejemplo, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), representante en Honduras de Transparencia Internacional, decidió en las últimas horas retirarse de la veeduría social de las compras de la emergencia, por la podredumbre que se observa en su interior.
Recientemente, la ASJ presentó el informe de una auditoria en la que señala que INVEST-H compró equipo de bioseguridad y materiales quirúrgicos por 390.6 millones de dólares, con procesos irregulares.
Sostiene que las autoridades compraron bienes y servicios con decisiones discrecionales, sin conocimiento de lo que iban a comprar y violentando procesos legales.
El informe dice que los responsables de hacer las compras exoneraron de responsabilidades por incumplimiento de garantías a los proveedores y precarizaron aún más, los servicios de la salud pública.
Refiere que el gobierno adquirió por 191.8 millones de dólares, 46.5 millones de lempiras, 250 mil kits de pruebas para la detección de la Covid-19 que están incompletos y los médicos no pueden utilizar pese a la gran cantidad de enfermos.
De igual manera, por 144.1 millones de dólares, 3,559.3 millones de lempiras, compraron 740 ventiladores mecánicos que tampoco pueden utilizarse por dos razones. Hay 140 ventiladores mecánicos que llegaron de los Estados Unidos, que no sirven para esa enfermedad y el resto llegará por partes. Los últimos estarán en Honduras hasta en diciembre.
Por 7.8 millones de dólares, 192.7 millones de lempiras, INVEST-H compró equipo de bioseguridad con precios superiores a lo real.
Entre estos materiales se incluye un lote de mascarillas de papel y mascarillas KN-95, estas últimas adquiridas por 200 lempiras cada una, cuando su precio al detalle en el mercado es de 40 lempiras.
Finalmente, está la millonaria compra de los hospitales móviles, que desataron las denuncias.
El Tribunal Superior de Cuentas, es el encargado de fiscalizar los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, municipalidades o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas.
Es dirigido en forma colegiado por tres miembros electos por mayoría calificada por el Congreso Nacional. Electos por un periodo de siete años. Decreto No 268-2002.
Los Bográn sus transacciones y negocios
De acuerdo con el Registro Nacional de las Personas, Marco Antonio Bográn Corrales es hermano de Cinthya María Bográn Zavala y sobrino del hombre fuerte en los últimos tres gobiernos nacionalistas, Arturo Corrales Álvarez, acérrimo defensor del fraude electoral mediante el cual, Juan Hernández, se aferró al poder gracias a una cuestionada reelección.
En su momento, tras el cambio de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral que le dio la ventaja a Hernández, en las elecciones generales del 2017, Corrales Álvarez dijo que Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, había perdido las elecciones por el abstencionismo registrado en la capital y porque los votos rurales le habían favorecido a los nacionalistas.
De acuerdo con el Registro Nacional de las Personas, Marco Antonio Bográn Corrales es hermano de Cinthya María Bográn Zavala y sobrino del hombre fuerte en los últimos tres gobiernos nacionalistas, Arturo Corrales Álvarez, acérrimo defensor del fraude electoral mediante el cual, Juan Hernández, se aferró al poder gracias a una cuestionada reelección.
En su momento, tras el cambio de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral que le dio la ventaja a Hernández, en las elecciones generales del 2017, Corrales Álvarez dijo que Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, había perdido las elecciones por el abstencionismo registrado en la capital y porque los votos rurales le habían favorecido a los nacionalistas.
Pero de la misma manera que hoy sucede con su sobrino, Marco Bográn Corrales, Arturo Corrales también ha resistido señalamientos de corrupción sin que esas denuncias hayan producido efectos de investigación en el Ministerio Público u otra entidad del Estado.
Corrales Álvarez es dueño de las empresas, Ingeniería Gerencial y del Consorcio de Servicio Medición de Energía Eléctrica de Honduras (SEMEH), que han obtenido millonarios contratos con el gobierno. Y de manera alterna, ha ocupado importantes cargos, como ministro de Seguridad y hasta Canciller de la República, en los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo y Juan Hernández.
Ambos constituyeron la sociedad mercantil Global Sopplies Export e Import. (Descargue).
El 24 de septiembre de 2019, Global Sopplies Export e Import se asociaron con PWP, S.A., también propiedad de José Alejandro Pineda Moncada y del diputado nacionalista, Juan Diego Zelaya. (Descargue) .
Además, Juan José Pineda Varela es socio comercial de Virgilio Umanzor, el notario público que ha hecho muchas escrituras de propiedades al padre de Marco Bográn, Marco Antonio Bográn Idiáquez. (Descargue).
El 5 de agosto del 2013 ante los oficios del notario público, Virgilio Umanzor, Marco Antonio Bográn Idiáquez traspasó a favor de su hija, Cinthya María Bográn, un terreno situado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa. (Descargue)
Y el 6 de septiembre del 2018 ante el notario Norberto Napoleón Bográn Guillén, primo de Marco Bográn, Carmen Lucía Lang Rivas traspasó a favor de Cynthia María Bográn Zavala un terreno en El Hatillo, valorado en 170,000 dólares. En esa transacción, Cynthia María fue representada por su suegro, José Juan Pineda Varela. (Descargue).
Las escrituras públicas detallan que ese terreno se dividió en dos y el otro lote fue adquirido por David Chávez Madisson, un diputado nacionalista de Honduras, acusado de un millonario desvió de fondos del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). (Descargue).
La madre de este congresista también ha sido acusada del manejo irregular de fondos públicos, junto con la primera dama, Ana García de Hernández.
El 22 de febrero de 2010 Juan José Pineda y Marvin Iván Carbajal crearon el restaurante y bar Partenza, de la que también fue socia Cynthia María Bográn Zavala. (Descargue)
Conflicto de intereses
Marco Bográn también pactó un contrato millonario con una empresa propiedad de su tío, Napoleón Bográn Idiáquez, para la supervisión de obras de construcción del plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el viernes 26 de junio que el director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, favoreció con contratos millonarios a empresas que están ligadas a funcionarios públicos.
La entidad anticorrupción verificó que el 26 de marzo se suscribió un contrato por más de 1,200 millones de lempiras entre Invest-H y la sociedad mercantil CINSA, para realizar la supervisión de obras de construcción de plantel de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán, situado a 320 kilómetros al oeste de Honduras.
En el informe logró determinar el grado de consanguinidad del director ejecutivo de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales, con el señor Napoleón Bográn Idiáquez, quien es socio y presidente de la sociedad mercantil CINSA, siendo sobrino y tío respectivamente entre sí; este lazo familiar es en virtud de que el papá del director de Invest-H (el señor Marco Antonio Bográn Idiáquez) es hermano del señor Napoleón Bográn Idiáquez.
Se identificó el contrato CD-DCPV-127-2020 el cual es celebrado por parte Marco Antonio Bográn Corrales en su condición de director ejecutivo de Invest-H y la sociedad mercantil CINSA.
Asimismo, el CNA verificó que, en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, el 7 de septiembre del 2018, la Asamblea General eligió a Napoleón Bográn Idiáquez como presidente de dicha sociedad. Y previamente ya había sido en múltiples ocasiones el representante legal.
La Ley de Contratación del Estado de Honduras, en su artículo 15 ya determina las inhabilidades que limitan para poder contratar con el Estado, específicamente en el numeral 6 en el cual se contempla que una de estas inhabilidades es: “Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la pre calificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato”.
El extremo antes expuesto evidencia un claro conflicto de intereses manifiesto por parte del director ejecutivo de INVEST–H por contratar con la sociedad mercantil de la cual su tío forma parte, pese a la existencia de múltiples compañías que prestan el mismo servicio.
