* El Poder Judicial en Guatemala está copado por tres operadores señalados de supuesta corrupción.
Marysabel Aldana / Expediente Público
En octubre de 2024 se elegirán nuevos jueces y magistrados de Guatemala, pero los grupos de interés que han cooptado los tribunales podrían sabotear la oportunidad de crear un sistema de justicia independiente, advirtieron expertos consultados por Expediente Público.
El gobierno de Bernardo Arévalo no quiere perder este momento para transformar la Justicia en Guatemala. Por eso invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a enviar observadores internacionales al proceso de integración de las comisiones de postulación, algo nuevo en el país centroamericano.
La selección de jueces y magistrados la realizarán dos comisiones de postulación, estas incluyen a una parte representativa de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones.
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Las comisiones de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones empezaron con sus primeras reuniones desde que el Congreso emitió el acuerdo para su integración el pasado 24 de abril.
Intereses oscuros tras bambalinas
A pesar del interés por crear un Poder Judicial independiente, las sombras de los grandes actores de la corrupción están de por medio, intereses personales para tener su porción de poder en la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones.
En una entrevista con Expediente Público, Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, aseguró que estas comisiones de postulación son de suma importancia para el país, pero hay actores que fueron señalados de corrupción que integran el proceso para seleccionar las comisiones.
El Movimiento Pro Justicia en Guatemala, denuncia desde hace una década a algunos abogados, jueces y personas allegadas a funcionarios, quienes se han inmiscuido en los asuntos de las comisiones a tal punto de negociar dinero, casas, apartamentos y hasta sentencias favorables por casos de corrupción.
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Uno de los nombres señalados por el Movimiento Pro Justicia es el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, quien está siendo vinculado con estructuras criminales.
Pro Justicia señala que el rector tomó la casa de estudios por la fuerza, a pesar de haber sido señalado por malversación de fondos, alianzas oscuras y corrupción.
Más de 30 organizaciones civiles enviaron una carta a la comisión de postulación que evitará que Mazariegos fuera el presidente de la postuladora a magistrados de la CSJ.
Comisiones, un filtro que no funciona
«Las comisiones de postulación tienen que ser vistas por lo que son, un lugar para detener a las personas que no son idóneas para los cargos, pero pasa que entre ellos mismos se encuentran los corruptos, que protegen a sus amigos por algunos intereses financieros, apoyo legal, entre otros», mencionó Ibarra.
Otra de las organizaciones que se ha desempeñado en observar un proceso transparente en la integración de las comisiones de postulación, es Guatemala Visible, quienes en otras ocasiones han señalado arbitrariedades, procesos dudosos y hasta amaños.
En 2019, Guatemala Visible fue una de las organizaciones que evidenciaron los múltiples amparos que fueron interpuestos para detener el proceso, por lo que ahora llaman a la población en general, actores políticos y participantes que no retrasen los procesos constitucionales con este tipo de fundamentos.
La OEA delegó a Rosa Celorio, Rodolfo Piza y Luis Marrey, como observadores del proceso de las postuladoras.
La solicitud fue girada por el presidente Arévalo, los observadores llegarán a Guatemala en las próximas semanas.
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Grupos de la sociedad civil y algunos expertos judiciales que prefirieron no ser mencionados, por miedo a represalias, mencionaron que 12 comisionados electos, de los 74 en total a escoger, están asociados a tres operadores políticos, que influyen en el Estado durante los últimos años.
Estos operadores serían Néster Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC); Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y Roberto López Villatoro, conocido como “el rey del tenis”.
¿Quién es Néster Vásquez Pimentel?
Vásquez es el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad. Fue designado como magistrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en una votación el 15 de abril de 2021.
Meses después de su selección, fue incluido en la Lista Engel del Gobierno de Estados Unidos, en julio de 2021. Washington identifica a Vásquez Pimentel por su papel en socavar instituciones democráticas y participar en actos de corrupción.
La inclusión en esta lista conlleva la revocación inmediata de visas de Estados Unidos y la cancelación de cualquier otra documentación de ingreso válido.
Además, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo incluye en el caso de las Comisiones Paralelas, donde se ha sugerido su participación en maniobras para influir en la designación de jueces en altos tribunales.
Según las organizaciones, Vásquez mantiene vínculos cercanos o laborales con Julio Recinos Castañeda, Beatriz Seijas Balcárcel y Manuel Alfonso Castellanos.
¿Quién es Estuardo Gálvez?
Gálvez fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es mencionado por el Ministerio Público en un caso de corrupción por irregularidades en el proyecto de construcción de clínicas y laboratorios en Quetzaltenango.
De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, los tres delitos que podría haber incurrido el exrector son: incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.
Los nombres vinculados al ex rector de la Usac, serán Julio Recinos Castañeda, Beatriz Seijas Balcárcel y Manuel Alfonso Castellanos, integrantes a la comisión de postulación para Magistrados de la CSJ.
¿Quién es Roberto López Villatoro?
En 2018 se capturó a Sergio Roberto López Villatoro, según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La orden se debió al “regalo” que le hizo al magistrado Giovanni Orellana Donis de un inmueble. La acusación indicaba que esto era una coima para influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema en las comisiones de postulación del 2014.
En esa ocasión se le sindicó de cohecho activo, mientras que Orellana Donis por cohecho pasivo, informó el Ministerio Público.
En octubre del 2009, el exjefe de la Cicig, Carlos Castresana, acusó a López Villatoro de manipular la elección de magistrados de la CSJ. Además, de formar parte de estructuras criminales clandestinas en el país.
Castresana informó que López, exesposo de la excandidata a la presidencia, Zury Ríos, patrocinó maestrías en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, España, a 32 abogados guatemaltecos. Habrían pagado mil 591 euros —unos Q19mil—por persona, en esa fecha.
Control de la Corte Suprema de Guatemala
Las investigaciones establecen que por lo menos 26 de los 47 integrantes de las comisiones de postulación para magistrados fueron becados por dicho empresario, hace más de 10 años.
Los cercanos a «el rey del tenis» en estas comisiones de postulación 2024, identificados por las organizaciones civiles, son Marco Tulio Pérez, Ramiro Stuardo López, Mario Rodolfo Passarelli y Jorge Adalberto Cano.
El 21 de junio la CANG celebró sus votaciones para la elección de sus comisionados. El gremio de abogados eligió a 12 representantes para la postulación de la CSJ y 12 para salas de Apelaciones.
Estos sufragios serán determinantes para conocer el futuro y control que ciertos grupos llegarán a tener dentro de las comisiones de postulación.
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Buscan transparencia
Dentro de cuatro meses deben asumir los nuevos magistrados del Poder Judicial. La organización Guatemala Visible evidenció que las comisiones de postulación están prácticamente integradas, solo resta la elección de los 24 representantes del CANG.
Se escogieron de 10 planillas, de ellos dependerá gran parte el proceso, para garantizar la viabilidad y transparencia.
Además, el próximo 13 de octubre tendrá que asumir la nueva magistratura del Organismo Judicial (OJ). La dirección de las postuladoras quedó a cargo de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad Internaciones, para CSJ y Apelaciones, respectivamente.
