*Anteproyecto de ley bipartidista en el Senado incorpora como sanciones plazo de un año para revisar el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Estados Unidos, prohibiría nuevas inversiones y sancionaría al sistema de previsión social militar.
**Senadores piden vigilar a los sectores del oro, café y ganadería, usado por la familia Ortega-Murillo para enriquecerse.
Expediente Público
Sanciones al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua, congelar inversiones de Estados Unidos en ese país, revisar el tratado de libre comercio conocido como el CAFTA-DR y elevar la presión a nivel internacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son parte de las nuevas medidas de la propuesta de ley “Restaurando Soberanía y Derechos Humanos en Nicaragua”, presentada este 8 de junio por los senadores Marco Rubio y Tim Kaine, republicano y demócrata, respectivamente.
El objetivo es extender el plazo y reformar la Ley de Condicionalidad a las Inversiones de Nicaragua (Nica Act) de 2018 y el Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para Ley de Reforma Electoral de 2021 (Renacer).
El proyecto de ley bipartidista S.1881 amplía la vigencia de la Nica Act hasta 2028, pide sanciones específicas al Instituto de Previsión Social Militar del Ejército, además prohibiría nuevas inversiones de Estados Unidos en el Nicaragua.
De ser aprobada, se obligaría al Departamento de Estado y de Comercio a revisar en el término de un año del tratado de libre comercio conocido como el DR CAFTA, así como elevar la presión a nivel de las Naciones Unidas, dejar de proporcionar inversiones a Nicaragua a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros puntos dirigidos a reducir el financiamiento al régimen sandinista.
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Ampliar sanciones a Ortega
Tanto Renacer como la Nica Act sirven como base legal de la política de Estados Unidos para que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega haga reformas democráticas y elecciones transparentes, pero esta enmienda y ampliación bipartidista endurece algunos aspectos, particularmente las sanciones.
En abril de 2018 se inició una rebelión cívica en Nicaragua que fue reprimida con dureza por grupos de choque, paramilitares y policías usando armas de alto calibre contra civiles que dejaron al menos 355 personas muertas y más de 2 mil heridos. Estados Unidos ha sancionado a docenas de funcionarios del régimen de Ortega y a instituciones como la Policía por prestarse a graves violaciones de derechos humanos, detenciones ilegales, abusos, torturas, persecución y acoso contra opositores.
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La Iglesia y el destierro
Alegan son senadores que el régimen nicaragüense no realiza los cambios esperados, sino, suma más acciones contra los derechos humanos de sus ciudadanos, como el destierro y particularmente el acoso contra la iglesia católica.
La ley pide identificar y sancionar a los actores represivos contra los católicos, cuya iglesia sufrió 127 ataques en 2022; 54 ataques en 2021; 58 en 2020; 76 en 2019; y 81 en 2018. Este año el régimen de Ortega ha congelado las cuentas bancarias de varias iglesias. Muchos sacerdotes han tenido que escapar del país por la persecución y amenazas, como el obispo Silvio Báez y el padre Edwin Román.
“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial (en realidad fueron municipales) en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, dijo este 8 de junio el senador Rubio en una nota de prensa.
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Republicanos y demócratas en la misma línea
“El deterioro de la democracia en Nicaragua bajo el presidente Ortega conduce a la migración irregular y perjudica la estabilidad de nuestro hemisferio”, por lo cual, el proyecto de ley “aborda la corrupción y los abusos a los derechos humanos del régimen de Ortega al imponer sanciones más fuertes” a los individuos e instituciones que participan en la represión, sostuvo en el comunicado conjunto el senador Kaine.
El senador demócrata explicó que el régimen ha puesto mano dura contra organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y silencian a los nicaragüenses que se han expresado en contra de estos abusos, incluyendo a individuos como el obispo Rolando Álvarez, quien fue privado de su ciudadanía nicaragüense, sentenciado a 26 años en cárcel, y marcado por el régimen de Ortega como traidor a la patria solo por criticar justamente las medidas severas del régimen.
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En términos generales es una ley para poner a trabajar a las dos anteriores juntas, pero con más detalles en el tema de las sanciones dirigidas específicamente a los operadores políticos y económicos del régimen, precisó Damaris Rocha, coordinadora de la Mesa de Trabajo New York-New Jersey.
El proyecto de ley está en la agenda legislativa de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador demócrata Bob Menendez, precisamente el patrocinador de la ley Renacer en 2021.
Millonarias inversiones del Ejército
Se desconocen los activos actuales del Ejército que podrían quedar bloqueados, el IPSM no brinda informes públicos, uno de los pocos conocidos durante la presidencia de Enrique Bolaños (2002-2007) es el Libro de Defensa Nacional de Nicaragua, que estimaba en 2004 inversiones del fondo de pensiones por 29.8 millones de dólares, de los cuales 28.5% eran en bolsa extranjera, pero también había certificados, acciones y ahorros en la banca, inmuebles y créditos hipotecarios.
Según la ley dentro del Plan de Contribución Definida, está un ahorro individual de los afiliados para su paso a retiro por inversión en Bolsa Extranjera, mientras en los anuarios estadísticos del Ejército se reflejan también inversiones en el sector inmobiliario y de construcción con proyectos habitaciones para los militares.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado hasta el momento al jefe del Ejército Julio Avilés, el jefe del Estado Mayor Bayardo Rodríguez y el director del IPSM Bayardo Pulido.
Sanciones económicas
La nueva legislación extendería las sanciones dadas al negocio del oro, enfocándose en los sectores ganaderos y cafetaleros, como otro sector de la economía que beneficie al régimen o sus colaboradores.
De aprobarse la ley, cualquier persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre, no podrá realizar ninguna inversión en ningún sector de la economía de Nicaragua. En 2022 el mayor flujo provino de Estados Unidos, con 399.9 millones de dólares (30.9% del total), el cual se concentró en los sectores de Energía y Minas (52.9%) e Industria (28.3%), informó el Banco Central.
“El Presidente puede ejercer todas las facultades otorgadas al presidente en virtud de las secciones 203 y 205 de la Ley Internacional de Emergencia Económica, Ley de Poderes (50 U.S.C. 1702 y 1704) para llevar a cabo esto”, determina el documento.
Quienes violen la disposición o intenten violarla, estarán sujetos a las sanciones previstas en las leyes mencionadas anteriormente.
DR Cafta a revisarse
Del mismo modo, pide un informe de revisión del tratado de comercio con Centroamérica, con un plazo de un año, que involucra Nicaragua, cuya economía “ya no es de libre mercado”.
“A más tardar un año después de la fecha de promulgación de esta Ley, y anualmente a partir de entonces, el Secretario de Estado, en consulta con el Representante Comercial de los Estados Unidos, deberá presentar a los comités del Congreso apropiados un informe sobre la participación de Nicaragua en el CAFTA-DR», dicta la ley.
Este reporte incluye una evaluación de los beneficios que el Régimen orteguista recibe de la participación en el tratado, incluidas las ganancias obtenidas por entidades estatales de Nicaragua; una descripción de las violaciones de compromisos hechos por Nicaragua bajo CAFTA DR; y una evaluación de si Nicaragua califica como una economía de libre mercado.
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El apoyo a la invasión rusa
Destaca también el argumento de los senadores por elevar las sanciones contra el régimen de Nicaragua por su apoyo a Rusia durante la invasión a Ucrania.
“El régimen autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua brinda apoyo diplomático a la Federación Rusa y sirviendo como un amplificador y repetidor de propaganda rusa en una escala mundial”, describe el documento.
“Las acciones del Gobierno de Nicaragua están impidiendo el desarrollo de un consenso global para rechazar y responder a los crímenes contra humanidad realizada por el presidente Putin. El régimen de Ortega ha profundizado la relación entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de la Federación Rusa y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de la República Popular China”, indica la propuesta de ley.
