*En duda voluntad política del Gobierno hondureño para instalar el mecanismo anticorrupción que fue una de las grandes exigencias del movimiento de las antorchas y que el partido Libre hizo suya cuando aspiraba al poder.
**Expertos que llegarán a Honduras revisarán si reforma constitucional es una condición necesaria para instalación de la CICIH, dijo coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford.
***En el mejor de los casos, podría ser que el organismo llegue a Honduras hasta casi el final del mandato de Xiomara Casto.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
A casi ocho años de que surgieran las marchas de las antorchas, y a punto de cumplirse catorce meses de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sigue en lista de espera.
La CICIH fue una de las principales exigencias de los indignados que salieron a las calles en mayo de 2015, después que se destapó el escándalo de corrupción en el Seguro Social, y una de las promesas de campaña de Castro, quien en su discurso de toma de posesión el 27 de enero de 2022 dijo que la instalación del mecanismo internacional era una de las tareas inmediatas de ejecución.
Sin embargo, a tenor de los acontecimientos políticos en este país centroamericano, la CICIH podría llegar hasta el 2024, es decir, en el penúltimo de los cuatro años del gobierno de Castro, y después que se instale la tercera legislatura en el Congreso Nacional.
Una de las razones es la pretensión del Ejecutivo y del Legislativo de que antes se apruebe una reforma al artículo 232 de la Constitución, relacionado con el funcionamiento del Ministerio Público, y que le otorgaría a la CICIH la facultad del ejercicio de acciones investigativas de forma independiente.
En Honduras, para aprobar una reforma constitucional se requiere de dos legislaturas y el voto favorable de al menos 86 diputados.
La discusión de la reforma en una primera legislatura es parte del pacto que firmaron las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) para apoyar la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deja claro que la CICIH vendría hasta después de su aprobación.
En reacción, la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), que surgió en junio de 2022 para impulsar y dar seguimiento a la CICIH e integra a una treintena de organizaciones de la sociedad civil, emitió un comunicado en el que recordó que este será un ente temporal y sus facultades quedarán expresas en el convenio internacional que se firme una vez que sea aprobado por el Congreso Nacional, por lo que acciones como la reforma constitucional son “tácticas dilatorias”.
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Diálogo nacional
Hay que recordar que fue la presión de las multitudinarias marchas de los indignados hace casi ocho años la que obligó al entonces presidente Juan Orlando Hernández a convocar a un diálogo nacional contra la corrupción, para el que invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En lugar de una CICIH, Hernández propuso la creación de un “Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción”, que finalmente fue anunciado por la OEA como Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Al diálogo nacional fueron invitados también representantes de los indignados y el expresidente Manuel Zelaya, quien pidió entonces la instalación de la CICIH. Fue en el marco de esas conversaciones que el exgobernante fue criticado por el facilitador del diálogo de la OEA, John Biehl del Río, por hablar como si los indignados fueran de él.
Y es que el exmandatario, que buscaba volver al poder a través de la candidatura presidencial de su esposa, quien había perdido en las elecciones generales de 2013, hizo suyas las demandas de los indignados, incluyendo la llegada de la CICIH.
Como asesor presidencial de Castro, el discurso de Zelaya parece el mismo a favor del mecanismo anticorrupción, pero las suspicacias en torno a la voluntad política del clan familiar para su instalación están plantadas, sobre todo después que su hija, la diputada Hortencia Zelaya, presentara en noviembre pasado la iniciativa de reforma constitucional que, según diversos sectores, solo vendrá a retrasar el proceso de instalación de la CICIH.
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Campaña en contra de la CICIH
“Yo aquí estoy totalmente claro, creo que esas acciones han confirmado que todo esto es parte de una campaña para retrasar la instalación” de la CICIH, dijo a Expediente Público el exdiputado y director ejecutivo de la organización Congreso Primero, Aníbal Cálix.
Comparó que el Gobierno de Hernández, que ni siquiera tenía intenciones de que lo investigaran, pudo en seis meses tener la instalación de una MACCIH sin necesidad de reformas constitucionales.
Es de mencionar que, entre el inicio de las marchas de las antorchas y la firma del convenio de la MACCIH, en enero de 2016, mediaron ocho meses.
La Misión, además, dio resultados, al punto que cuando el Gobierno de Hernández vio que lo estaban investigando y que se estaban acercando a las cabezas de esa organización criminal, decidió no renovarle el contrato, añadió Cálix.
A criterio del analista, está bien si más adelante se quiere hacer una reforma constitucional para facilitar algunas acciones a la CICIH, pero su instalación no debe depender de una reforma constitucional, porque para eso es preciso llegar a acuerdos en el Congreso Nacional en el que varios diputados están involucrados en actos de corrupción.
Para la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, la reforma constitucional es innecesaria y podría servir de justificación al Gobierno para no traer la CICIH al país.
En el Congreso Nacional “apenas se logra conseguir 65 (votos), no digamos para tener 86”, expresó.
Mena también recordó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el mecanismo en el que se inspiraron los indignados para exigir una CICIH, funcionó sin necesidad de una reforma constitucional.
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Expertos de ONU dirán si reforma es necesaria
Expediente Público entrevistó a la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, a quien se le preguntó si hacía falta una reforma constitucional para la llegada de la CICIH.
“Ustedes están adelantando el tema demasiado”, respondió la funcionaria, quien puso en contexto el proceso de dos fases estipulado en el Memorándum de Entendimiento firmado en diciembre de 2022 para la llegada de la CICIH.
Ese proceso se encuentra todavía en la primera fase y contempla la llegada de un grupo de expertos técnicos, que fue anunciada para esta semana, quienes junto al Gobierno y los poderes Judicial y Legislativo, entre otros actores, revisarán las reformas constitucionales, legales, políticas, institucionales, que son “necesarias como condición sine qua non para la llegada de un posible mecanismo”, dijo Shackelford.
“Entendemos muy bien la urgencia de la ciudadanía de Honduras, la urgencia de la sociedad civil alrededor de este tipo de tema”, expresó también la representante de Naciones Unidas, quien reconoció que la firma del Memorándum de Entendimiento se pudo haber hecho con mayor rapidez, así como el acuerdo para los términos de referencia.
Pero resaltó que los tiempos en el proceso “están corriendo” y que se mantiene el compromiso de las partes.
Recordó que este tipo de procesos en muchos países toman años, entonces “vamos bien” con “una hoja de ruta muy clara”, que está en el Memorándum de Entendimiento que se firmó.
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Costo político y reacción ciudadana
A criterio del exdiputado Cálix, la demanda de una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad sigue tan vigente en Honduras como en 2015, cuando comenzó la exigencia de una CICIH.
Por lo que avizora que si en los próximos seis meses no se miran pasos concretos para la instalación del mecanismo volverán las manifestaciones ciudadanas. “En ningún momento, en las promesas de campaña, se escuchó que dijeron: ‘miren, vamos a instalar una CICIH ya al final de nuestro gobierno o a la mitad de nuestro gobierno’”, planteó el analista.
Mencionó también que las promesas de campaña no cumplidas terminan por pasar una factura política y que la CICIH fue uno de los mayores compromisos de Castro, y por el que la población le dio el voto: “No nos engañemos. La mayoría de la población votó para sacar al gobierno que consideraba corrupto y que consideraba que estaba involucrado en temas de narcotráfico”.
Pero que Libre no cumpla con su oferta principal, que era la instalación de la CICIH, es una razón valedera para que la población vaya a votar en contra de ellos o “de sacarlos, que en mi opinión a ese punto se va a llegar si continúan las cosas de esta manera”.
Para la diputada Mena, quien preside la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, lo que ha faltado en el proceso para instalar la CICIH es la voz de la ciudadanía demandando que se cumpla con esa promesa de campaña.
Para la parlamentaria, el proceso para la llegada de la CICIH irá tan lento o rápido como quiera el Gobierno, porque, aunque los expertos de la ONU harán sus recomendaciones, al final seguirán el ritmo que marque el Ejecutivo.
Por ello, insiste en que la ciudadanía debe salir y pedir al Gobierno que no haya más demoras y que se firme el convenio de instalación del mecanismo contra la corrupción para que el Congreso lo pueda ratificar.
La pregunta es si los indignados que años atrás saltaron a las portadas internacionales por el inusitado movimiento ciudadano que se extendió a varias ciudades de Honduras volverán a las calles, sobre todo si se toma en cuenta que algunas de sus figuras más visibles pasaron de protestar contra la corrupción del Partido Nacional a ocupar un cargo en el Gobierno de Castro.
