*La Junta Nominadora, clave para garantizar independencia de la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras.
**Elección de nuevos magistrados es crucial para garantizar la lucha anticorrupción, coinciden diversos sectores.
Expediente Público
El proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras iniciará oficialmente en julio de 2022, pero los esfuerzos para que los magistrados del período 2023-2030 respondan a los intereses de país y no a los de una clase política señalada de corrupta comenzaron desde antes.
La clave para tal cometido parece estar en la elección de la Junta Nominadora, un órgano con rango constitucional integrado por representantes de siete sectores, que es el responsable de proponer al Congreso Nacional un mínimo de 45 candidatos para el cargo de magistrados.
Propuestas para la Corte Suprema
En lo que va del año, el parlamento hondureño ha recibido tres proyectos de ley orientados a mejorar el proceso de elección en segundo grado, entre ellos el de magistrados, eliminar la potestad de la Junta Nominadora para nombrar candidatos, de tal forma que sean estos los que se autopropongan, y que su papel se limite a precalificar a los postulantes bajo criterios preestablecidos. Entre estos últimos, que no haya conflicto de intereses entre nominador y nominado, y que estén claras las inhabilidades para los miembros de la junta.
De esa manera, la atención ya no se centra en el momento en que el Congreso elige a los candidatos, sino que se dan pasos atrás para garantizar que la lista de los nominados incluya los perfiles idóneos.
“Uno de los grandes vicios que hemos encontrado es que las juntas nominadoras han sido cooptadas porque se convirtieron en juez y parte, ellos nominan candidatos y al mismo tiempo están realizando las evaluaciones. Entonces, cuando llegan a las mesas de discusión su trabajo no es precalificar o identificar los mejores, sino que asumen una posición política de defender a sus candidatos”, explicó la diputada Fátima Mena, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, durante un panel virtual realizado el 18 de mayo por la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés).
“En el pasado reciente, lo que pasó es que el Congreso recibía la nómina que quería recibir, es decir, se aseguraba a través de los miembros de la Junta Nominadora que le escogieran a quienes el Congreso Nacional quisiera”, dijo a Expediente Público la abogada constitucionalista Ana Pineda, quien ha seguido muy de cerca la elección de los magistrados.
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Pero la intención de regular la junta proponente de magistrados ha generado una campaña de desinformación, particularmente al interior del Partido Nacional, donde alegan que se necesitan dos legislaturas. Es decir, que cualquier modificación aprobada este año tendrá que ser ratificada en enero próximo, por lo que ya no hay tiempo para realizar esos cambios.
Al respecto, la abogada constitucionalista y diputada Maribel Espinoza declaró a Expediente Público que “la ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora es una ley secundaria, que no requiere dos legislaturas”, y lo que establece es “qué criterios deben de observar para someter al proceso de examen a los candidatos”.
Espinoza enfatizó que el primer filtro para los candidatos a magistrados es la Junta Nominadora, “por eso es importante que cada una de las organizaciones que la integran tiene que asegurarse de designar como sus representantes a personas también igualmente idóneas”.
El ejemplo más lamentable de politización en la Junta Nominadora “es la actual Corte Suprema de Justicia, porque al final de cuentas se eligió a magistrados que (el expresidente) Juan Orlando Hernández designó”, dijo Espinoza.
Un legado oscuro
“La elección de la Corte Suprema de Justicia ha sido la repartición del pastel de los partidos que ostentan el poder”, señaló el analista político Josué Murillo en entrevista con Expediente Público.
Murillo remarcó que la elección de los magistrados el próximo 25 de enero de 2023, así como del fiscal general y fiscal adjunto en agosto de ese año, es de “vital importancia” para que una instancia como la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) que ha prometido el actual gobierno, y que es una demanda de diversos sectores en la sociedad, pueda tener éxito.
Los 15 magistrados de las últimas tres cortes supremas han pertenecido a los partidos Nacional y Liberal en una relación de 8 a 7 o viceversa, según el que se encuentre gobernando.
Y cualquier atisbo de independencia ha sido cortado de tajo, como ocurrió en diciembre de 2012, cuando el Congreso Nacional, cuyo presidente era Juan Orlando, destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en represalia por varias sentencias de inconstitucionalidad que estos emitieron.
El único magistrado que no fue destituido, Óscar Chinchilla, se convirtió posteriormente en el fiscal general. Y la nueva Sala Constitucional que resultó de aquel golpe técnico al Poder Judicial fue la que instauró la reelección presidencial en Honduras que favoreció a Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos y aguarda un juicio por delitos de narcotráfico.
En la coyuntura actual, con Libertad y Refundación (Libre) como partido mayoritario, “pudiera ser que se rompa el bipartidismo como mecanismo de control de la Corte Suprema y haya nuevas fuerzas políticas disputándose el número de los quince magistrados”, dijo la abogada Pineda.
Pero para Murillo, la gran preocupación es que “sea la misma historia contada con diferentes colores políticos, quedaríamos exactamente en lo mismo”.
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Dedocracia en vez de meritocracia
“En Honduras, la elección de segundo grado de funcionarios públicos se ha visto marcada por padrinazgos y favoritismos políticos. La dedocracia se impone a la meritocracia y se han usado estos nombramientos para pagar favores y comprar voluntades”, dijo en el panel de la SIF la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
En consecuencia, “tenemos a un fiscal general y a un presidente de la Corte Suprema de Justicia cómplices de estructuras criminales que tienen capturada la institucionalidad hondureña”, expresó también Castellanos.
La elección en 2016 de la actual Corte Suprema es un reflejo de la forma en que se ha manejado la elección de los magistrados, faltando al procedimiento y llegando supuestamente al soborno.
La votación inició el 25 de enero de ese año, pero concluyó el 11 de febrero, “tras seis intentos desarrollados durante tres semanas” debido a que no se lograba el consenso, recordó la abogada Ana Pineda. Ese día, en el que se completó la integración de la nueva Corte Suprema, surgieron denuncias de diputados, entre ellos Doris Gutiérrez, quien “manifestó que maletines llenos de dinero eran entregados para poder lograr la votación”, rememoró Pineda, para quien esa votación fue atípica y ameritaba una revisión.
Incluso previamente, en la elección de la Junta Nominadora, hubo “desafueros” y “hasta agresiones” entre los miembros de la sociedad civil y el Colegio de Abogados, por imponer candidatos, mencionó la profesional del Derecho.
A su juicio, en la coyuntura actual, la diferencia se puede marcar con la escogencia de los miembros propietarios y suplentes de la Junta Nominadora y para ello la sociedad debe estar atenta al mínimo detalle en la forma en que se constituyen las asambleas para su elección, excepto en el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), cuya titular ya tiene la representación.
Para el analista Murillo es oportuna la propuesta de elegir a la Junta Nominadora con lupa, ya que en el pasado la sociedad civil y el sector privado, dos de los siete sectores que tienen representación en la misma, “fallaron miserablemente porque también se plegaron a la voluntad del cacique de turno”.
Sin embargo, destacó que debe haber participación y veeduría ciudadana, publicidad, transparencia, oposición de hojas de vida y una apertura total al diálogo con diversos sectores de la sociedad para llegar a una Corte Suprema que no sea elegida por los compadrazgos políticos, sino por méritos propios.
La diputada Espinoza añadió que si entre las personas que van a integrar la Junta Nominadora hay algunas con reputación dudosa o intereses políticos, “hay que salir a decirlo, porque la censura pública es lo que va a obligar a muchos a cambiar su conducta”.
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Observación nacional e internacional
El proceso de selección de los magistrados de la Corte es seguido de cerca por el Gobierno de Estados Unidos, cuya estrategia de causas originarias de la migración contempla, entre otros factores, el combate a la corrupción.
“Vemos con beneplácito cualquier esfuerzo legislativo para reformar el proceso y estimular que las y los candidatos sean calificados y para establecer procesos objetivos, inclusivos y apolíticos”, dijo en torno a la elección de los magistrados durante el foro de la SIF el asesor principal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para el Triángulo Norte, Michael Camilleri.
USAID lanzó recientemente un documento titulado “Enfoque estratégico para combatir la corrupción en el norte de Centroamérica”, que establece una hoja de ruta “para el avance de nuestros esfuerzos en materia de corrupción, que hace mención específica de fortalecer la veeduría de los procesos de selección de altas autoridades judiciales”, expuso Camilleri.
La sociedad hondureña, mediante la veeduría social, es la gran llamada a seguir de cerca el proceso de elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema.
“La forma de tener politiqueros en la Fiscalía general y también en la Corte Suprema de Justicia lo único que nos deja es una democracia y una justicia degradada, casi en ruinas”, dijo el analista Murillo. Si las viejas prácticas se imponen en la elección de los magistrados, “lo único que nos van a dar nuevamente es una probadita de lo que algún día pudo ser”, puntualizó.
