* Semana cierra con despidos masivos y primeras demandas por las medidas de Trump contra la agencia de desarrollo de Estados Unidos, USAID.
** Empleados públicos demandan a la administración Trump y piden revertir, logrando por ahora que un juez federal paralizara una de las órdenes ejecutivas para despedir a dos millones de funcionarios.
Expediente Público
El cierre abrupto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ordenado por el presidente Donald Trump, llevó de inmediato a una crisis humanitaria global.
USAID trabaja en más de 100 países y la mayor parte de su presupuesto es para atención de emergencias y crisis humanitarias, además, de asistencia social.
Se inició también una batalla legal sin precedentes.
La Asociación del Servicio Exterior Estadounidense (AFSA) y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) demandaron al presidente Donald Trump y su administración, alegando que el cierre de la agencia no cuenta con la autorización del Congreso.
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La controversia comenzó el 20 de enero de 2025, cuando Trump, el mismo día de su investidura, firmó una Orden Ejecutiva titulada “Reevaluación y Reajuste de la Ayuda Exterior de los Estados Unidos”, imponiendo una pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo.
Posteriormente, con la designación del exsenador Marco Rubio como secretario de Estado y director interino de USAID, se ordenó la suspensión inmediata de todos los programas de la agencia. Esto dio inicio a despidos masivos.
Detrás del cierre de USAID está también el multimillonario Elon Musk, designado presidencial en el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que busca una reducción masiva del aparato estatal, bajo el argumento de reducir el déficit fiscal.
De qué trata la demanda para salvar USAID
La demanda sostiene que el único órgano con facultades para disolver USAID es el Congreso.
Si bien la agencia fue creada en 1961 por el entonces presidente John F, Kennedy, tiene su marco legal constitutivo en la Ley de Asistencia Extranjera, aprobada por el Congreso, ese mismo año.
Además, AFSA y AFGE acusan a la administración de Trump de violar la Cláusula de Cumplimiento de la Constitución, que obliga al presidente a ejecutar fielmente la ley.
En otra demanda, las organizaciones obtuvieron una primera victoria el jueves 6 de febrero, cuando un juez federal de Massachussets paralizó la orden a más de dos millones de funcionarios públicos estadounidenses, para que renunciaran con ocho meses de sueldo como indemnización.
Clausura inesperada
El cierre definitivo de la agencia ocurrió el 3 de febrero, cuando Elon Musk y miembros del DOGE clausuraron las oficinas centrales en Washington DC y bloquearon el acceso a los sistemas informáticos a los empleados.
Unos 10,000 empleados trabajan para USAID en todo el mundo, la administración de Trump informó que dentro de Estados Unidos solo quedarían los puestos esenciales o aquellos de confianza, mientras elaboraban un plan para el personal en el extranjero, que también consiste en la repatriación de una cantidad no detallada.
El medio británico The Guardian informó que el plan es dejar sólo a 300 empleados de la actual planilla.
Por ahora, el financiamiento congelado deja también sin acceso a programas vitales de asistencia en todo el mundo.
Los demandantes buscan una orden judicial que revierta el cierre y restablezca las operaciones de USAID. La batalla legal determinará si Trump y su equipo excedieron su autoridad al desmantelar una agencia clave para la política exterior de EE. UU.
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Marco legal: límites al poder presidencial
La demanda sostiene que la eliminación de la agencia viola múltiples disposiciones legales y representa un abuso del poder ejecutivo. La base de la demanda radica en la Ley de Reforma y Reestructuración de Asuntos Exteriores de 1998, que estableció a USAID como una agencia independiente dentro del poder ejecutivo.
Esta legislación otorgó al presidente la facultad de reorganizar la agencia, pero solo dentro de un plazo de 60 días en 1998, con la obligación de presentar un plan al Congreso.
El entonces presidente Bill Clinton optó por mantener a USAID como una entidad separada con su propio presupuesto. Desde entonces, el Congreso ha financiado la agencia de manera continua, reforzando su estatus autónomo.
Además, la Ley de Apropiaciones de 2024 restringió expresamente la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar o eliminar USAID sin la consulta previa del Congreso. La legislación prohíbe el cierre de misiones, la reducción de personal o la suspensión de programas sin una notificación formal de al menos 15 días.
Alegaciones: desmantelamiento ilegal y caótico
La demanda detalla cómo la administración Trump llevó a cabo el cierre de USAID mediante acciones ejecutivas sin base legal.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14169, ordenando una pausa inmediata en la asistencia para el desarrollo exterior. Cuatro días después, el Departamento de Estado instruyó la suspensión total de todos los contratos y subvenciones de USAID.
La medida fue tan drástica que paralizó programas esenciales, afectando la distribución de medicamentos para el VIH, la entrega de alimentos en zonas de hambruna y la asistencia en campos de refugiados.
Paralelamente, se ordenaron despidos masivos. El 26 de enero, al menos 56 altos funcionarios de USAID fueron colocados en licencia administrativa, seguidos por cientos de contratistas despedidos en los días posteriores.
Los intentos de frenar estas medidas fueron recibidos con represalias, incluyendo la remoción de funcionarios que se opusieron a la orden.
Además: Congresistas y funcionarios protestan en Washington y exigen restablecer ayuda exterior de EE.UU.
Caos final: acceso ilegal y apagón digital
El primer fin de semana de febrero marcó la disolución definitiva de la agencia. Miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, exigieron acceso a sistemas clasificados de USAID sin autorización.
El sitio web oficial fue desactivado, los empleados perdieron acceso a sus correos electrónicos y el Departamento del Tesoro fue presionado para bloquear pagos de ayuda.
El cierre de USAID no solo constituye un golpe a la política de desarrollo estadounidense, sino que también sienta un precedente alarmante sobre el alcance del poder presidencial. La decisión de Trump de desmantelar unilateralmente una agencia establecida por ley ha desatado lo que parece ser una de las disputas legales más significativas de su administración.
Ahora, el sistema de Justicia determinará si la Casa Blanca excedió sus límites constitucionales en este caso sin precedentes.
Consecuencias del colapso de USAID
El cierre abrupto de USAID desató una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Este suceso ha interrumpido programas de salud esenciales, obstaculizado el financiamiento de proyectos en más de 100 países y ha puesto en peligro la seguridad de miles de trabajadores estadounidenses en el extranjero.
A medida que el caso avance en los tribunales, se expondrán las graves consecuencias de estas acciones y las violaciones legales que presuntamente cometieron.
El cierre afectó inmediatamente a programas contra el VIH o el ébola en África, educación escolar para niñas en Afganistán, el programa de acogida de migrantes venezolanos en Brasil, según diferentes medios de prensa internacionales, por citar algunos ejemplos.
Devastadoras consecuencias humanitarias
El impacto inmediato del cierre de USAID se traduce en la interrupción de programas cruciales de salud pública, educación y desarrollo global. La parálisis de la agencia ha detenido iniciativas clave para combatir la malaria y otras enfermedades.
La demanda argumenta que “al menos 300 bebés que no habrían nacido con VIH ahora están infectados, mientras que miles de mujeres y niñas embarazadas se enfrentan a un riesgo letal sin acceso a atención médica adecuada”.
También remarca que el cese de operaciones de USAID significan la cancelación de programas de seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo económico en regiones vulnerables.
Ucrania, Afganistán y otras naciones han visto drásticamente reducida la asistencia estadounidense, lo que compromete la estabilidad global y la seguridad nacional de EE. UU.
La falta de fondos para programas de agua potable, capacitación laboral y educación para niñas en zonas de conflicto marca un retroceso significativo en la lucha por los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Acción legal: violaciones constitucionales
La demanda interpuesta por la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA) y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) expone múltiples violaciones constitucionales y legales derivadas del cierre de USAID.
Entre las principales alegaciones destacan, en primer lugar, la violación de la separación de poderes.
Según la Constitución de EE. UU., solo el Congreso tiene la autoridad para modificar o disolver agencias federales establecidas por ley. La acción unilateral del presidente para cerrar USAID se considera una usurpación de las facultades legislativas, desafiando el principio de separación de poderes.
Además, los abogados de estas organizaciones consideran que hay violación de la Cláusula de Cumplimiento.
Esto se debe a que la Constitución impone al presidente la obligación de ejecutar fielmente las leyes aprobadas por el Congreso. La eliminación de USAID contraviene múltiples disposiciones legislativas que establecen la agencia como una entidad independiente, lo que constituye una violación de este mandato constitucional.
Otra infracción de la administración Trump es contra la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). La disolución de USAID es catalogada como «arbitraria y caprichosa», señalan las organizaciones.
No solo se omitió evaluar las consecuencias devastadoras para millones de personas, sino que tampoco se proporcionó una justificación racional para tal medida, incumpliendo los requisitos de la APA, denunciaron.
La petición judicial y el futuro de USAID
Ante esta crisis, los demandantes solicitaron a una corte federal que declare ilegal el cierre de USAID y emita medidas cautelares para restaurar de inmediato sus operaciones.
Entre las acciones urgentes requeridas se incluyen la designación de un director interino independiente para USAID, la reapertura de las instalaciones y la restauración de todos los sistemas informáticos y de financiamiento, la reactivación de contratos, subsidios y acuerdos de cooperación interrumpidos y la suspensión de la colocación de empleados en licencia administrativa forzada.
¿Un precedente peligroso?
El desmantelamiento de USAID no solo ha puesto en riesgo la vida de millones de personas en el mundo, sino que también sienta un preocupante precedente sobre el abuso del poder ejecutivo en la política exterior de EE. UU.
Si una Corte Federal falla a favor de los demandantes, se reafirmará la necesidad de respetar los límites constitucionales y garantizar que decisiones de este calibre no sean tomadas sin la debida supervisión del Congreso.
Mientras tanto, las consecuencias humanitarias siguen acumulándose, dejando en evidencia que si existe inacción judicial el costo podría ser irreparable.
