*Ramiro Orias, directivo de la Fundación para el Debido Proceso, estima que Naciones Unidas dio un paso trascendental porque se recomienda investigar al alto mando del régimen de Venezuela, lo que expone a Nicolás Maduro a una eventual acusación formal por crímenes de lesa humanidad.
Expediente Público
Las pruebas que recoge en su informe la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), apuntan directamente al presidente, Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como responsables de dirigir los crímenes calificados de lesa humanidad, lo que permitiría acusarlos en la Corte Penal Internacional.
Ramiro Orias, directivo y Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), explica a Expediente Público, que la trascendencia de dicho informe reside en que el equipo de Naciones Unidas fortalece el camino jurídico de la Corte Penal Internacional en su investigación sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela, y posibilita abrir juicio contra Maduro y Cabello.
«El presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia» concluyó el informe, presentado en el contexto de la 77 Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, Estados Unidos, entre el 20 y 26 de septiembre de 2022.
Marca ruta
Para Orias, el informe de la Misión «pauta la hoja de ruta» de los mecanismos internacionales «en materia de rendición de cuentas» a los graves abusos a los derechos humanos cometidos contra los venezolanos bajo el régimen de Maduro, quien está en el poder desde marzo del 2013.
«Ese es el trabajo que tiene que hacer la fiscalía de la Corte Penal Internacional en su investigación que actualmente está abierta y es además la recomendación específica que hace la Misión (de la ONU) a la CPI. Le pide que no solo evalúe si las investigaciones a los responsables de estos crímenes se están dando (por el sistema judicial de Venezuela) sino que enjuicie a las cadenas de mando, no solo a los autores materiales», explica el directivo de la Fundación para el Debido Proceso.
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El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan firmó un memorándum de entendimiento con Nicolás Maduro, iniciando el proceso de las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, para lo cual el Estado se comprometió a colaborar con el grupo de la CPI que se estableció en Venezuela.
Maduro ha intentado obstruir el trabajo de la Corte Penal Internacional. El 15 de abril de 2022, Venezuela solicitó al fiscal Khan, que aplazara la investigación de su oficina sobre posibles crímenes de lesa humanidad, alegando que las autoridades nacionales ya estaban investigando estos crímenes, pero no hay pruebas de ese avance por lo que el fiscal continúa su trabajo.
Las pruebas
Se acusa a los órganos de inteligencia civil, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), son los involucrados en los delitos cometidos con el fin de reprimir a la oposición real y percibida al régimen chavista, de acuerdo a las conclusiones del reporte.
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«Documentamos cómo ambas organizaciones cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura y otros malos tratos. Además de violencia sexual y de género, desapariciones forzadas, algunas de ellas cuentan como crímenes contra la humanidad”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente de Naciones Unidas al presentar el informe.
Orias destacó que el reporte es «es claro en señalar las conexiones de Diosdado Cabello con los servicios de inteligencia y el mando del presidente Maduro de la explotación del oro con miembros del Gobierno y fuerzas militares».
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La Misión de la ONU elaboró su informe en base a 246 entrevistas (muchas de ellas confidenciales), de las que documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. «La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo Venezuela», se afirma.
Evidencias contra Diosdado Cabello
Miembros del SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.
La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango. Se añade que las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.
El régimen chavista tildó el informe de la ONU de «calumnias» y exigió que no se le renueve el mandato a Misión independiente, a la que no le permite ingresar a Venezuela para obstaculizar su trabajo.
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Mientras Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del PSUV, se burló de la comunidad internacional.
“Nos siguen acusando de mil barbaridades, pero a estas alturas nosotros no le comemos chantaje a nadie. Ellos creen que atacando al presidente (Nicolás Maduro), a mi persona o a otros que nos señalan ahí, con eso nosotros nos vamos a asustar, o que el pueblo se lo va a creer”, dijo Cabello durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV.
Exdirector del SEBIN confirmó
Sin embargo, la Misión de la ONU incorpora en su informe como prueba la entrevista con el exdirector del SEBIN, Cristopher Figuera (2018-2019), quien les aseguró «que mantuvo una comunicación constante con la Vicepresidencia durante su gestión, pero que las órdenes sustantivas provenían principalmente del presidente Maduro».
Otras fuentes también confirmaron a la Misión que Maduro impartía directamente órdenes al SEBIN. «Según numerosas fuentes, Diosdado Cabello también tiene un poder importante dentro del SEBIN y daba órdenes directamente al director general», sostienen.
La Misión investigó casos que involucran a 90 víctimas, «en los que el SEBIN arrestó, detuvo y sometió a personas a tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos entre 2014 y la actualidad». Los periodos que registraron un mayor número de detenciones en El Helicoide del SEBIN tuvieron lugar en 2016, 2017 y 2018.
Importante, dijo el jurista Orias de la Fundación para el Debito Proceso, que el informe de la ONU fuese publicado en el marco del anuncio de la reanudación del diálogo entre los partidos opositores y el régimen venezolano en México, puesto que en los acuerdos políticos que se alcancen «los actores políticos no podrán negociar amnistía generalizadas, sino que deberán ajustarse a las normas de derechos humanos y justicia internacional».
«Si el régimen de Venezuela vetara a la Misión de Naciones Unidas y sigue impidiendo que sus integrantes lleguen al país, en ese sentido, la lupa de la comunidad internacional deberá presionar a Maduro para que permita que la misión haga su trabajo en el terreno, si no la crítica contra la Misión no tendrá sustento», dijo Orias.
Abrir procesos en terceros países
La Misión internacional independiente recomendó a los Estados miembros de Naciones Unidas, que evalúen la posibilidad de abrir procesos penales para la rendición de cuentas de corrupción mencionados en el informe por parte de funcionarios del régimen venezolano, como el de ganancias ilícitas y lavado de activos.
«Aquí entonces, aunque los principio de la jurisdicción universal están principalmente enfocados para abrir juicios penales en terceras jurisdicciones por crímenes internacionales como genocidios, tortura o ejecuciones extrajuciales, esta recomendación nos lleva a pensar en la necesidad que estos delitos de corrupción, ganancias ilícitas que se dan en Venezuela por el efecto transnacional que tienen el crimen organizado también pueden ser juzgados en otros países».
¿Habría voluntad? Orias recordó que Transparencia Internacional en su capítulo de Venezuela ha documentado «que existen al menos cien casos en 35 países sujetos a investigación sobre ganancias ilícitas de casos de corrupción contra miembros del chavismo. «En ese sentido el informe de la ONU aporta con mayores elementos para que las fiscalías de otras jurisdicciones puedan asumir competencias en este tipo de causas», afirmó.
«Rechazamos categóricamente en fondo y forma los supuestos informes», destacó en su intervención tras la presentación del documento el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, quien aseguró que la misión «se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad de mi país».
