* La represión contra la Iglesia católica genera un impacto devastador en la población creyente, forzándola a “practicar su fe en condiciones de clandestinidad”.
** El Colectivo Nicaragua Nunca Más denuncia en su nuevo informe las persistentes torturas, destierros y persecución religiosa en Nicaragua bajo el régimen Ortega-Murillo.
Expediente Público
Torturas, encarcelamientos arbitrarios, destierro y desnacionalización es parte del ataque del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia católica, lo que obliga a los creyentes a “practicar su fe en condiciones de clandestinidad” en Nicaragua.
Así lo revela el informe “Crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas en Nicaragua” del Colectivo Nicaragua Nunca Más, publicado el 24 de octubre de 2024 en San José, Costa Rica.
“Esta represión tiene un efecto devastador en la población creyente y en el tejido social de Nicaragua, que se ve obligado a practicar su fe en condiciones de clandestinidad”, señala el informe.
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Iglesia católica perseguida en Nicaragua
El régimen prohíbe las procesiones y festividades religiosas en muchas partes del país centroamericano.
“Practicar públicamente la fe en Nicaragua se ha convertido en un acto de valentía”, expresó uno de los sacerdotes entrevistados por el Colectivo.
Desde 2022 a la fecha se han detenido arbitrariamente al menos a 74 personas religiosas.
El reporte resalta que, hasta la fecha, el régimen de Ortega Murillo desterró a 63 personas. De este grupo, al menos siete fueron expulsadas en agosto de este año.
Coincide con el estudio del centro de pensamiento Expediente Abierto «El diablo suelto en Nicaragua«, publicado en enero de 2024, el que sustenta que desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, el ejercicio de la libertad religiosa en Nicaragua está amenazado por el creciente autoritarismo de Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Tortura a líderes de la Iglesia católica
En Nicaragua, los funcionarios del régimen detienen de forma sistemática y arbitraria a personas religiosas y laicas, despojándolas de recursos legales para defenderse ante un sistema judicial corrupto.
La falta de “independencia e imparcialidad” de las autoridades judiciales agrava la situación de quienes arrestan, dejando a muchos sin posibilidades de defensa efectiva.
Como resultado, el régimen encarcela y tortura sistemáticamente a sacerdotes, pastores evangélicos y laicos, consolidando un patrón represivo que aterroriza a las comunidades religiosas.
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El documento menciona que al menos 20 sacerdotes sufrieron torturas físicas y psicológicas en los últimos dos años.
Estas prácticas de tortura incluyen interrogatorios bajo amenazas, desnudez forzada y violencia física.
«Hay personas a quienes les han torturado, les han hecho grabar videos, incluso han amenazado con cometerles múltiples vejámenes tanto a ellos como a sus familiares, y todo ello para armar casos contra personas religiosas», afirmó Salvador Marenco, abogado del Colectivo.
Agresiones físicas
Un sacerdote, bajo anonimato, señaló que como parte de las torturas los desnudaban y los ponían a hacer “sentadillas, totalmente desnudos, ante muchos oficiales”.
“Nos llevaban así al tribunal (…) Nos daban una sopa de calabaza, pero le ponían un laxante. Así, cuando te estaban interrogando, te daba dolor de estómago y diarrea y te decían que podías ir al baño si hablabas”, denunció el líder religioso a miembros del Colectivo.
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Otro método empleado fue el uso de amenazas contra familiares, utilizando la angustia psicológica como una herramienta “para declarar” contra de otros religiosos, como monseñor Rolando Álvarez.
Por otro lado, el régimen usó la violencia física en al menos siete casos contra laicos, enfatizó Marenco.
«Fueron golpeados con puños, patadas, golpes con los amansa bolos y además en tres casos se amenazó de muerte a las personas religiosas y laicas detenidas», señaló el abogado.
El defensor de derechos humanos agregó que se corroboró el caso de una persona que «fue colgada durante horas». «El cuerpo se le inflamó y rogaba porque le bajaran y todo por expresar su fe públicamente en Nicaragua», dijo.
Estrategia busca desmantelar la Iglesia
Desde 2018, la represión del régimen Ortega Murillo en Nicaragua escaló de manera alarmante, dirigiéndose de forma sistemática contra la Iglesia católica.
Otras denominaciones religiosas, las evangélicas, también fueron perseguidas en el país centroamericano.
Inicialmente, los ataques fueron en forma de discursos de estigmatización y prohibiciones de manifestaciones religiosas públicas.
Con el tiempo, la represión se intensificó hasta llegar a detenciones, torturas y destierros.
Al menos 222 religiosos, incluidos 91 monjas, han sido expulsados.
Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez, a quien arrestaron el 19 de agosto de 2022, tras un asedio a la curia diocesana en Matagalpa.
l padre Óscar Benavides lo arrestaron el 14 de agosto de 2022, tras criticar al régimen en una homilía, acusado de conspiración contra la seguridad nacional y condenado a 10 años.
En febrero de 2023, Benavides fue liberado, desterrado junto a 222 presos políticos, y deportado a los Estados Unidos.
La salida forzada de religiosos dejó desamparadas a comunidades que dependían de ellos para asistencia social y espiritual.
Esa estrategia no solo buscó “silenciar a los líderes religiosos críticos”, sino que también tenía como objetivo “desarticular la organización”, señala el informe.
Crímenes de lesa humanidad
Los defensores de derechos humanos denunciaron que las detenciones ocurren sin órdenes judiciales.
A los religiosos los someten a una “situación de vulnerabilidad extrema”, principalmente al despojarle de las mínimas garantías judiciales.
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La detención del padre Manuel García, en junio de 2022, a quien acusaron de violencia doméstica, ejemplifica esta situación.
Se trata de “caso fabricado”, según el Colectivo, ya que la presunta víctima negó la agresión y en represalia a ella misma la encarcelaron.
A los sacerdotes también se les ha privado de atención médica adecuada, alimentos, y acceso al agua.
Monseñor Álvarez, por ejemplo, fue recluido en una celda conocida como “el infiernillo”, donde sufrió aislamiento prolongado, pérdida de cabello, ansiedad y palidez.
“El encarcelamiento es un crimen de lesa humanidad en el que se despoja a la persona de la posibilidad de un juicio justo”, denuncian en el informe.
Durante la presentación del informe, Marenco expresó que los crímenes de lesa humanidad se cometieron «con la complicidad de múltiples instituciones estatales como la Policía Nacional y Ministerio Público”.
“Los crímenes de lesa humanidad no son crímenes que deben afectarnos a nosotros como nicaragüenses, sino que además debe haber una voz que al unísono exija justicia», enfatizó Marenco.
Desnacionalización y destierro
El régimen de Ortega y Murillo llevó la persecución a otro nivel con la desnacionalización y el destierro forzado de personas religiosas.
Desde febrero de 2023, más de 450 nicaragüenses, entre ellos decenas de sacerdotes y monjas están en el destierro, convirtiéndose en apátridas.
La Ley 1145, Ley de Pérdida de la Nacionalidad y la reforma constitucional, al artículo 21, es el “combo de leyes represivas” usadas para la desnacionalización de al menos 35 personas religiosas.
El Colectivo destacó que la desnacionalización y el destierro de nicaragüenses provocan “efectos perturbadores”, afectando a nivel personal, familiar y social.
La pérdida de nacionalidad destruye la “identidad” de las personas.
Al despojarlas de su patria, el régimen les quita derechos fundamentales y rompen vínculos familiares.
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“Las personas desterradas se convierten en refugiados, cargando por mucho tiempo un limbo legal que los deja sin acceso a derechos ni protección”, señala el informe.
Cierre de organizaciones de la Iglesia católica
El informe también detalla el cierre masivo de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica.
Hasta septiembre de 2024, se reporta que 843 organizaciones religiosas fueron cerradas por el régimen de Ortega.
Cáritas, una de las principales instituciones humanitarias de la Iglesia, entró a esa lista de organizaciones clausuradas y confiscadas.
Varios de los trabajadores de Cáritas fueron detenidos bajo acusaciones de lavado de dinero.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más llamó a la comunidad internacional para que actúe, instando al régimen a detener la represión religiosa y garantizar la libertad de culto.
