*Un informe de Human Rights First revela que mantener bajo anonimato los nombres de actores corruptos o violadores de derechos humanos “mitiga el impacto y oscurece la implementación” de las sanciones de visas.
** Tim Rieser, asesor de política exterior del senador retirado Patrick Leahy, sostiene que al mantener la confidencialidad “están socavando el propósito de estas leyes”.
***Más de mil funcionarios nicaragüenses tienen visas canceladas.
Expediente Público
“Una sanción confidencial no puede servir para presionar a un gobierno a investigar acusaciones contra una persona específica, ni incitar a terceros a reconsiderar sus vínculos con esa persona”, señala un informe publicado por Human Rights First (HRF).
Las sanciones como cancelación de visas contra personas involucradas en abusos de los derechos humanos y corrupción en el mundo son un pilar fundamental en la política exterior de los Estados Unidos (EE. UU.).
Sin embargo, la confidencialidad con la que a veces se aplican es una barrera que evita el escrutinio público sobre cómo se implementan o si representan un esfuerzo significativo, sostiene HRF.
El informe “Avergonzar sin nombrar: Los límites de las herramientas de sanciones de visa de EE. UU. sobre la rendición de cuentas por abusos de derechos humanos y corrupción” fue publicado a finales de diciembre por Human Rights First, una organización internacional de derechos humanos con sede en Los Ángeles, Nueva York y Washington.
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La prohibición de visas sin la identificación de la persona designada, según el informe, puede tener “impactos significativos”, pero en menor escala que las “sanciones respaldadas por sanciones financieras”.
“Está perdiendo la oportunidad de tener un impacto más significativo (…) La confidencialidad y las exenciones mitigan el impacto y oscurecen la implementación”, agrega HRF.
Dos tipos de “desvisaje”
Estados Unidos dispone de dos programas de sanciones de visas que con frecuencia se usan de manera confidencial para designar a personas involucradas en abusos contra los derechos humanos y así evitar que vean al país como “refugio seguro”.
A través de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados en su Sección 7031 (c) para «Anticleptocracia y Derechos Humanos», se sanciona a funcionarios de gobiernos extranjeros implicados en corrupción o graves violaciones de derechos humanos.
La medida alcanza a sus familiares directos, quienes tampoco podrán ingresar a territorio estadounidense.
Con la medida de la Sección 7031(c), el secretario de Estado solo necesita «información creíble» de que una persona está «directa o indirectamente» en actos corruptos o abusivos, pero el Congreso incorporó la opción para que el Poder Ejecutivo haga público o no los nombres de los sancionados.
Es decir, el Departamento de Estado “puede elegir si impone sanciones públicas o confidenciales”.
Por otro lado, el Gobierno estadounidense se apoya en la Sección 212 (a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
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La administración del presidente Joe Biden ha utilizado la Sección 212 (a)(3)(C) más que sus antecesores, pero la misma es todavía más “opaca a nivel individual”, debido a que, por ley, “no puede usarse para dar nombres públicos en absoluto”.
Limitantes de las sanciones de visas
El informe de Human Rights First señala que cuando se impone una sanción sin dar nombres, no tiene el efecto deseado por grupos de la sociedad civil o las mismas víctimas de los abusos de derechos humanos a los que fueron sometidas.
“Una fuente principal de la eficacia de una sanción es el estigma que conlleva”, señala el documento.
Para Tim Rieser, asesor de política exterior del senador retirado Patrick Leahy, al mantener la confidencialidad “están socavando el propósito de estas leyes”.
“Nombrar es la mejor manera de enviar un mensaje a las personas que cometen abusos de derechos humanos (…). Desde la perspectiva del Departamento de Estado, la presunción siempre debería ser a favor de divulgar nombres”, dijo Rieser durante un panel de HRF, el 25 de enero, donde presentó los principales hallazgos del informe.
En este evento, Annie Boyajian, vicepresidenta de políticas y promoción de Freedom House, coincidió que, “en muchos casos las personas sancionadas ni siquiera lo saben”.
“Mejorar la publicidad y el intercambio de información es realmente clave para poder proporcionar una rendición de cuentas significativa”, añadió Boyajian.
Cientos de sancionados individuales
A diciembre de 2023, según Human Rights First, 496 personas fueron sancionadas públicamente bajo la Sección 7031 (c). El 54 por ciento por participar en actos de corrupción o violaciones de derechos humanos, y el resto fueron sus hijos o cónyuges.
“El programa se ha utilizado en una escala similar al programa Global Magnitsky del Departamento del Tesoro, que hasta diciembre de 2023 había apuntado a 532 individuos o entidades en total por abusos o corrupción”, refiere el informe.
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Durante la administración Biden, agrega el informe, el Departamento de Estado ha creado y anunciado 22 nuevas políticas de prohibición de visas utilizando el programa de la Sección 212 (a)(3)(C), abarcando un gran número de actos sancionables, la mayoría de ellos relacionados con cuestiones de derechos humanos.
De las 22 políticas, ocho se centran en el debilitamiento de la democracia en países específicos y otras que sancionan a ciudadanos extranjeros que ayudan a evadir la justicia en los Estados Unidos — la política Fallon Smart— y facilitar la migración irregular a través de vuelos chárter a Nicaragua.
El caso de Nicaragua
En ocasiones, la administración Biden ha anunciado sanciones confidenciales para visas utilizando proclamaciones presidenciales en virtud de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, como ocurrió en 2021 con Nicaragua.
En noviembre de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezaron la lista del régimen de personas a quienes la administración Biden, invocando la Sección 212 (f), mediante proclamación, restringió y suspendió la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes.
Los funcionarios electos en las votaciones generales de 2021, miembros de su personal, alcaldes y vicealcaldes o secretarios políticos que incurrieron en “graves abusos o violaciones de los derechos humanos” forman parte de esa lista.
También, funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos los militares nicaragüenses, la Policía Nacional, la administración penitenciaria y altos cargos del Poder Judicial, Ministerio Público y el otrora Ministerio de Gobernación.
En septiembre de 2023, Estados Unidos restringió el visado a 100 funcionarios municipales de Nicaragua por su “rol en apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los derechos humanos”.
Hasta 2023, a más de 1,000 funcionarios nicaragüenses se les ha retirado el visado. «Quienes participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a los Estados Unidos”, advirtió el Departamento de Estado.
Mayor transparencia
Para HRF, Estados Unidos necesita crear un mecanismo de “mayor transparencia para aumentar el impacto en la rendición de cuentas”.
Adam Keith, director senior de Rendición de Cuentas de HRF y autor del informe enfatiza que la principal recomendación está dirigida al Departamento de Estado para que “publique al menos cifras agregadas, de forma periódica cada seis meses”.
“Cuántas sanciones confidenciales se han aplicado, cuántas exenciones se han utilizado, cuántas no se dan a conocer por su nombre, sino que se envían al Congreso en informes confidenciales, y sabemos también que hay congresistas que no están de acuerdo (con el sigilo)”, señaló Keith.
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Activistas guatemaltecos que hablaron con una organización asociada de Human Rights First, acogieron con agrado el anuncio de Estados Unidos el 11 de diciembre de prohibir visas a 300 personas, tras continuos esfuerzos para anular la victoria electoral de Bernardo Arévalo.
Sin embargo, subrayaron que “el enfoque anónimo y generalizado de las sanciones redujo su impacto y facilitó que los críticos las descartaran por infundadas”.
Los informes oficiales, según Human Rights First, deberían incluir cuántas personas han sido sancionadas, en qué regiones, por qué tipo de actos y cuántas excepciones o renuncias se han utilizado, recomiendan.
Rieser considera que a los congresistas “les encantan las sanciones y nos hemos acostumbrado a sancionar a cualquiera”, estas herramientas no tienen el efecto deseado, porque son medidas unilaterales, sin embargo, en el tema de las visas, estas van dirigidas “a los verdaderos responsables” de corrupción y abusos.
