Hondureños preguntan: ¿dónde están los US$446 millones contra el COVID-19?

** En el lapso de nueve días se han reportado 24 casos en todo el país, pero los centros de salud no tienen ni alcohol, aunque el Congreso aprobó un millonario presupuesto para combatir la pandemia


Desde que el 10 de marzo pasado se reportaran los dos primeros casos de coronavirus 2019 (COVID-19) en Honduras, el número de infectados no ha dejado de crecer. La tarde del jueves 19 de marzo se reportaron 24 diagnósticos positivos en total.

Esto ha dejado un ambiente de ciudades paralizadas, comercios cerrados, vuelos suspendidos, fronteras bloqueadas, falta de transporte público, y quejas del personal de salud y de la ciudadanía, que no ven los recursos prometidos por el Gobierno.

A petición del Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó el 11 de marzo una partida de 643 millones de lempiras (26.1 millones de dólares) para comprar insumos y equipos para enfrentar la embestida de la enfermedad; y el 13 de marzo aprobaron la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los Efectos del Coronavirus, para disponer de 420 millones de dólares adicionales y con ellos construir más de 90 centros de salud en todo el país, contratar personal y habilitar una plataforma electrónica.

Aunque ya pasaron 8 días de la primera disposición de recursos, los hondureños no perciben las inversiones realizadas. Por ejemplo, el martes 17 de marzo los médicos internos se retiraron de las salas de todos los hospitales regionales y de Tegucigalpa al considerar que el gobierno no está garantizándoles la bioseguridad al no proveer equipo de protección adecuado contra el COVID-19. Es decir, en algunos centros médicos el personal ha reportado carencia de cosas básicas como alcohol, guantes y trajes antisépticos descartables.

Las calles solitarias en San Pedro Sula, la fila en la acera es gente intentando entrar en un banco de Choloma y la gente de la otra fila en un centro comercial intentando entrar a un supermercado antes del toque de queda de 24 horas. El 19 de marzo de 2020.
Las calles solitarias en San Pedro Sula, la fila en la acera es gente intentando entrar en un banco de Choloma y la gente de la otra fila en un centro comercial intentando entrar a un supermercado antes del toque de queda de 24 horas. El 19 de marzo de 2020.
Las calles solitarias en San Pedro Sula, la fila en la acera es gente intentando entrar en un banco de Choloma y la gente de la otra fila en un centro comercial intentando entrar a un supermercado antes del toque de queda de 24 horas. El 19 de marzo de 2020.

Los médicos internos son estudiantes de séptimo año, a punto de graduarse, y son un apoyo constante para los médicos residentes, quienes también han amenazado con retirarse de las salas porque el trabajo se les ha acumulado en extremo.

Por si fuera poco, la presidenta del Colegio Médicos de Honduras, Suyapa Figueroa, publicó un video donde se observa que a falta de equipo un grupo de enfermeras y médicos se protegen con bolsas plásticas.

“El gobierno arriesga la vida del personal sanitario a nivel nacional y de los estudiantes del área de salud al no dar los insumos necesarios. Estamos listos para servir, pero no nos manden sin lo necesario para luchar contra esta pandemia. Dejen de legislar para la corrupción”, demandó.

En un intento de ponerse al día con la necesidad, a principios de semana el gobierno de Honduras mandó a Nueva York el avión presidencial para traer 140 respiradores, 140 ventiladores mecánicos y 90 succionadores. El avión volvió el miércoles anterior, pero las adquisiciones fueron cuestionadas. Por ejemplo, el doctor Samuel Santos, un conocido neonatólogo de San Pedro Sula, 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa, indicó en sus redes sociales: “¿Quién fue el vivo que se le ocurrió comprar estos BPAP (Sistema de Bipresión Positiva)? Solo en Honduras. Adjunto puede ver usted lo que es un ventilador mecánico de verdad. Nota la diferencia”, indicó junto a una foto de un equipo médico.

La misma doctora Suyapa Figueroa, quien es especialista en neumología, señaló que los ventiladores adquiridos “sirven para otras situaciones especiales. Sin embargo, para darle soporte a un paciente con neumonía extensa, como ocurre en las infecciones por COVID-19, no sirven definitivamente”.

AISLAMIENTO DEFICIENTE

Otra decisión de gobierno que ha sido cuestionada es la de llevar a los pacientes sospechosos de ser portadores del virus a un gimnasio en la colonia Villa Olímpica, en las afueras de Tegucigalpa. El pasado martes fueron llevadas unas veinte personas que ingresaron por la aduana de Las Manos, en la frontera con Nicaragua para hacerles pruebas o ver si presentan síntomas.

Allí pasan en áreas verdes, deambulando, lo que según la doctora Figueroa es contraproducente porque estas personas deben estar aisladas entre paredes, con cortinas que puedan ser removidas y desinfectadas, además de tener instalaciones con abundante agua. Por el contrario, los internos en el sitio han hecho circular videos de sanitarios sucios, carentes de agua, además de quejarse de la alimentación.

En respuesta a los cuestionamientos de Figueroa, las autoridades de gobierno, a través de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), enviaron una carta donde le solicitan poner a disposición la sede del Colegio Médico de Honduras para albergar a los pacientes. Ella les respondió: “respecto a que el Colegio preste sus instalaciones para atender paciente. Lo haremos después de que los pacientes no quepan en el nuevo Centro Cívico Gubernamental y en el Hospital Militar. A su disposición para consultas”.

Al referirse al Centro Cívico Gubernamental la doctora Figueroa habla de un moderno complejo compuesto por dos torres de oficinas y tres edificios pequeños donde funcionarán al menos 37 instituciones públicas y cuyo costo asciende a 4,700 millones de lempiras (más de 191 millones de dólares). El sitio acaba de ser entregado al gobierno y aún están en fase de mudanza. Cientos de hondureños piden en redes sociales que ante la crisis actual sea habilitado como hospital. Además, el Hospital Militar es un sitio de atención exclusivo para los uniformados, especialmente la alta oficialidad.

El gobierno de Honduras asegura en su publicidad sobre el Centro Cívico que le ahorrará unos 1,000 millones de lempiras anuales (unos 40.6 millones de dólares) en alquileres, pero las cifras que refleja el presupuesto de la República es que pagan unos 300 millones de lempiras anuales (unos 12.12 millones de dólares) en ese rubro. De cualquier manera el sitio es visto por muchos analistas como un derroche innecesario en un país que tiene en la pobreza a 62 de cada 100 de sus ciudadanos, según datos de los organismos internacionales.

MÁS DINERO PARA MILITARES

Los señalamientos de derroche no son nuevos. Por ejemplo, en diciembre de 2019 la empresa Israel Shipyards Ltd (ISL), de Grupo SK, entregó al gobierno de Honduras un buque patrullero que significará para el pueblo de Honduras una carga superior a los 50 millones de dólares.

 
 
 
 
Esa inversión en equipo militar no es aislada, forma parte de la política del gobierno de Juan Orlando Hernández. En su primer año de gobierno, el 2014, el presupuesto en Defensa y Seguridad era de 329,8 millones de dólares, el que fue subiendo gradualmente hasta llegar a un pico máximo de 613,8 millones de dólares en el 2019, para un crecimiento de 86.1 por ciento. En el 2020 el presupuesto bajó levemente, a 612.2 millones de dólares.

Por otra parte, en el tema de Salud el presupuesto para el 2014 era de 510.9 millones de dólares para bajar en el 2015 a 507.8 millones de dólares. Luego fue subiendo gradualmente hasta llegar a un pico máximo de 645,5 millones de dólares en el 2020, lo que significó un crecimiento de 26.34 por ciento.

Sin embargo, según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) el presupuesto de Salud jamás se ha ejecutado al 100% y el dinero no utilizado se ha venido transfiriendo a un fondo común que el gobierno emplea en proyectos como “Una vida Mejor”, “Actívate”, y “Mejoramiento de zonas recreativas”, entre otros.

Pero además de los señalamientos de inversiones en el campo militar, en detrimento de salud y educación, están los señalamientos de alerta por corrupción dadas las altas cifras aprobadas para manejar la crisis sanitaria. El Consejo Nacional Anticorrupción, una organización de la sociedad civil, señaló en un comunicado que ven “con seria preocupación como en el último mes se aprobaron con el argumento de emergencia más de 16,000 millones de lempiras para poder enfrentar la pandemia, situación que demuestra la poca planificación desde el Estado al momento de aprobar el presupuesto general de la República y su poca inversión sanitaria. Como ciudadanos, debemos mantenernos en alerta máxima para vigilar el manejo de esos recursos”.

IMPACTO NACIONAL

Desde la aparición del primer caso el 10 de marzo, funcionarios de gobierno, incluyendo al presidente Juan Orlando Hernández, han realizado varias cadenas nacionales de radio y televisión para anunciar la detección de nuevos infectados o para hablar de cómo prevenir el contagio. En la cadena de esta tarde de jueves 19 de marzo el mandatario se enfocó en anunciar que las empresas de telefonía darán unos pocos minutos gratis para que la gente pueda comunicarse. La mala noticia es que se reportaron 12 casos nuevos, que sumados a los 12 que ya se tenían totalizan 24.

Entre las decisiones más importantes anunciadas en esas cadenas esta semana está la suspensión de algunas garantías constitucionales, como el de la libre movilización desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana donde no se han presentado casos de la enfermedad. En estos lugares todos los negocios deben permanecer cerrados, con excepción de supermercados, tiendas de abarrotes, gasolineras y bancos.

Sin embargo, en las ciudades donde sí hay casos de COVID-19 la inmovilización es total. Esto ha sido así en la capital, Tegucigalpa; en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, las que se han convertido en ciudades fantasmas. A estas se agregaron desde la medianoche de jueves las ciudades de Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa (ambas al norte de Honduras) y El Triunfo, en el departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.

El daño económico es incalculable por el momento. Por ejemplo, el sector maquila mandó a sus casas a 165,000 empleados que tienen en sus fábricas con el consiguiente cese de las exportaciones de prendas y de partes de vehículos. En el sector turismo algunos hoteles han anunciado que ya no recibirán nuevos huéspedes.

El presidente Hernández informó que solicitarán a la banca privada brinde una readecuación y refinanciamiento a los préstamos en los sectores agroalimentario, micro y pequeña industria, turismo, comercio y gran industria. Sin embargo, en uno de sus últimos discursos sus palabras no fueron nada alentadoras: “preparémonos para el peor escenario”, dijo.