*La polarización política, el marco legal deficiente y el clima de negocios podrían reducir el impacto de las iniciativas contra la migración anunciadas por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
** El plan pretende frenar la migración creando trabajo y así mejorando las condiciones de vida en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Expediente Público
Las iniciativas para frenar la migración desordenada e irregular en el Triángulo Norte de Centroamérica, anunciadas en el marco de la IX Cumbre de las Américas por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, podrían verse obstaculizadas en el caso de Honduras por el tenso clima político, las trabas burocráticas y la desarticulación de las políticas públicas en el tema migratorio, según el análisis que se extrae de diversos sectores.
El 7 de junio, Harris anunció una inversión de más de 1,900 millones de dólares por parte de diez empresas para crear oportunidades económicas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Los recursos son parte del plan “Call to action” (Llamado a la acción), que totalizan 3,100 millones de dólares en un periodo de cinco años. Así pretenden generar mejores condiciones de vida, que desalienten la migración masiva que se observa en los últimos años.
También, el compromiso de trabajar por el empoderamiento de las mujeres a través del programa “In her hands” (En las manos de ella), que incluye la promoción de la paridad de género, la capacitación de más de 500 mil mujeres y niñas en competencias laborales básicas y agroindustria, y la conexión con el sistema financiero y la economía digital de más de 1.4 millones de mujeres.
Por último, la creación del Cuerpo de Servicios Centroamericano (CASC, por sus siglas en inglés), iniciativa “pública, privada y filantrópica” de 50 millones de dólares que será administrada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), orientada a brindar oportunidades laborales a jóvenes de la región.
Lea también: Con democracias y economías débiles, frenar la migración en Centroamérica es un asunto de largo plazo
No hay un Gobierno que dé respuesta
“La gente no se va para Estados Unidos porque Honduras la bota, la gente se va para Estados Unidos porque es donde hay empleo”, dijo a Expediente Público el sociólogo y experto en temas migratorios, Ricardo Puerta.
En ese sentido, consideró que la mayoría de las iniciativas del plan de Kamala Harris “tienen que ser de Mipymes y no de empresas grandes, y ojalá que sean empresas familiares porque así se pueden crear cadenas de valor sin que necesariamente la empresa ancla que la crea se quede con ella, sino más bien la crea y la independiza”.
Pero para esos cambios es necesario que se haga “un replanteamiento de todo lo que se hace aquí, en un montón de cosas”. Sin embargo, “en el sector público, evidentemente, aquí no hay un Gobierno para que pueda responder en una forma efectiva a la oferta que están haciendo los gringos”, señaló Puerta.
En parte porque “no hay un grupo gobernante que tenga una mayoría (en el Congreso Nacional) para hacer esto a través de leyes. Lo va a tener que hacer a través de decretos, lo va a tener que hacer en una forma informal”, apuntó en relación a la conformación del parlamento hondureño, en el cual el partido de Gobierno (Libre) no alcanza siquiera la mayoría simple, y por el disenso que hay con los otros partidos.
Entonces, la presidenta de Honduras Xiomara Castro, con su partido, “no va a poder hacer lo que quiere”, sentenció el analista de origen cubano.
Le puede interesar: Xiomara Castro ausente de la Cumbre de las Américas y en silencio ante caravana migrante
Clima de negocios
“Es bien importante que todos los actores que integran la sociedad, al margen de las opiniones políticas, tomen conciencia de la realidad sobre la base de las oportunidades porque estas no se presentan todos los días”, declaró por su parte el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, quien estuvo presente en la Cumbre y se reunió con diversos funcionarios estadounidenses y líderes empresariales de otros países.
En declaraciones enviadas a los medios de comunicación, el dirigente empresarial consideró que la inversión de más de 1,900 millones de dólares que anunció la vicepresidenta estadounidense es “uno de los principales logros de la cumbre para la región”. Sin embargo, reconoció que “todo pasa por el clima de negocios que cada país logre producir para atraer la inversión”.
Yibrín mencionó también que el país no verá crecimiento “si ahogamos al pequeño, mediano y gran empresario con cargas impagables”.
Además, consideró que no se puede reactivar la economía “si no optamos por una simplificación administrativa que derribe las trabas burocráticas para hacer negocios” o si se sobrepone “una agenda política que desactive los propósitos productivos”.
El tema político en el contexto de la Cumbre de las Américas estuvo también presente en un mensaje enviado el pasado 13 de junio por la Conferencia Episcopal de Honduras.
“Vemos necesario que Honduras se mantenga abierta a todo el mundo, al intercambio cultural y a la cooperación internacional”, dice una parte del documento que aludió a la ausencia de la presidenta Castro en el evento hemisférico.
“No es prudente encerrarse en una trinchera ideológica, privando a los hondureños de los beneficios que la apertura aportaría a todos los sectores y niveles de la vida nacional. Hacer política es buscar el bien común, no intentar favorecer una postura personal o de grupo”, finaliza.
El Gobierno ha tratado de restar peso a los cuestionamientos por la ausencia de Castro: “Esto no debería afectar nuestra relación con los Estados Unidos porque es una decisión que tomamos, pero la cooperación continúa, el trabajo continúa”, declaró el canciller Enrique Reina a los medios.
Éxodo de migración sin precedentes
“En los últimos años se han intensificado los flujos de mujeres, hombres y niños que, en cantidades sin precedentes, han buscado arribar a países desarrollados como Estados Unidos y varios de Europa. Se estima que casi 1.5 millones de hondureños residen de manera legal e ilegal en dichos países”, señala un estudio del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Según esa organización, entre 2010 y 2021 llegaron deportados 591 mil hondureños, pero a ese número “le subyace un flujo aún más grande de migrantes irregulares que logran arribar al destino elegido”.
El Fosdeh menciona entre los factores de expulsión la elevada presión demográfica, falta de acceso a la tierra, los bajos salarios, bajos niveles de vida, la falta de libertades políticas, represión y violencia generalizada. Y como factores de atracción en otros países, particularmente los Estados Unidos, los mejores salarios, la reunificación familiar y las condiciones de vida en general, entre ellas la salud, educación y seguridad.
“Es altísima la probabilidad de ser pobre y pobre extremo en Honduras, mientras es alta la probabilidad de no ser pobre y alcanzar prosperidad en Estados Unidos”, resume el documento.
El Fosdeh cita un indicador del Center for Migration Studies, según el cual un 76% de hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) estaban por encima de la línea de pobreza en 2019.
“Lo que una persona puede ganar en Honduras en 6 años fácilmente se logra en 1 año trabajando en Estados Unidos”, estima esa organización de sociedad civil.
Además: ¿Responderá Centroamérica al reto del presidente Biden sobre la democracia?
No hay prevención de la migración
Según el Fosdeh, la carencia de elementos de prevención del fenómeno creciente de la migración irregular sigue siendo un problema persistente.
La ausencia de una “lectura holística” de ese problema social guarda relación directa con la respuesta gubernamental asistencialista, un abordaje que “parece ignorar las causas profundas del éxodo masivo”, a la vez que se omiten las adversidades generadas por el mismo: “desapariciones, fallecimientos, mutilaciones, trata de personas y las propias dificultades de reinsertar a los miles de hondureños que resultan deportados/retornados por Estados Unidos, México y otros países”.
Según la organización, el 69% de las personas retornadas declaran la intención de volver a emigrar. Sin embargo, el problema de la deportación sigue invisibilizado, lo que se relaciona con la “desarticulación general” que existe en las políticas públicas del sector social.
Para el Fosdeh, enfrentar la reincidencia de la migración irregular, así como el crecimiento sin precedentes de las solicitudes de asilo, significa dirigir la atención a programas capaces de generar empleos masivos que “solo pueden surgir de cambios sensibles en las políticas económicas que puedan inducir el desarrollo hacia dentro y no exclusivamente hacia afuera como se deriva del actual modelo económico extractivista”.
El Foro plantea también superar las deficiencias a nivel del marco legal e institucional para enfrentar el problema migración-deportación.
Por ejemplo, la ley no contempla la necesidad de ofrecer un contexto facilitador de la inserción laboral del deportado que le permita iniciar una vida con expectativas reales de mejoramiento.
El estudio propone, además, sustituir los programas asistencialistas con la producción a nivel local en contraposición a los consorcios y oligopolios que solo benefician a unas 80 mil familias y perjudican a más de 1.9 millones de hogares. Y en esa línea, la agregación continua de valor por las micro y pequeñas empresas.
