*Nicaragua, bajo la administración familia Ortega-Murillo desde 2007, se ubica en el sitio más bajo en la historia de los informes de corrupción, a la par de Haití y apenas encima de Venezuela, que ocupa el sótano en América Latina.
**Transparencia Internacional informa de pandemia sobre pandemia: los corruptos se aprovecharon de la crisis sanitaria.
Expediente Público
Mientras un millón de centroamericanos huyen de la pobreza y la inseguridad en los últimos dos años, el Informe de Percepción de Corrupción 2021, emitido por Transparencia Internacional, revela la situación sombría de la gestión pública en la región.
Nicaragua y Honduras recibieron las puntuaciones más bajas desde que se elabora el reporte, partir de desde2012, mientras Guatemala también marcó una caída significativa en los últimos 10 años y El Salvador, a pesar de estar por encima de Bolivia y República Dominicana, también mostró un deterioro de dos puntos en relación al informe del año pasado.
Nicaragua es, después de Venezuela, el país de América Latina más corrupto, en el puesto 164 de 180 países y apenas 20 puntos en una escala de 100, donde 100 es más transparente y 0 lo más corrupto.
Solo Venezuela es percibido en la región como el país más corrupto, con 14 puntos únicamente es superado por estados fallidos como Sudán del Sur (11), Siria y Somalia (13).
Transparencia Internacional no presentó un reporte detallado por país, pero advierte que “Venezuela, Haití y Nicaragua, países no democráticos y que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación” con 14 y 20 puntos cada uno.
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“Desde 2012, Nicaragua ha perdido 9 puntos en el Índice y ha obtenido su calificación más baja con 20 puntos. Su presidente de muchos años, Daniel Ortega, ha reaccionado a las denuncias de corrupción con ataques a los medios de comunicación, al espacio cívico y a los organismos de supervisión. Las valoraciones de Nicaragua en cuanto a libertad de expresión, libertad de asociación y acceso a la justicia son hoy las más bajas registradas en su historia”, dice el reporte.
“Con un retroceso de 9 puntos en los últimos 10 años, Nicaragua (20) se consolida como la tercera dictadura de la región, a través de un proceso electoral ilegitimo, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una absoluta concentración de poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy, este país no cuenta con la transparencia y el contrapeso al poder ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”, explica el informe en una sección especial sobre Centroamérica.
El triángulo norte
“La lucha contra la corrupción y la democracia en Centroamérica están en su punto más bajo, dice el indicador global.
El IPC indica que “en países como Brasil (38), Venezuela, El Salvador (34) y Guatemala (25), los gobiernos usaron la intimidación, la difamación, las noticias falsas (fake-news) y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluyendo a quienes luchan contra la corrupción, como mecanismos para desprestigiar y silenciar las voces críticas”.
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En el caso de Guatemala, este país no cambió su puntuación en relación al 2020, pero perdió ocho puntos desde 2012, cuando el índice le daba 33. En el caso de El Salvador, los 34 puntos son dos menos que el año pasado.
“Guatemala (25) ha declinado 8 puntos en los últimos 10 años. Los éxitos en la lucha contra la corrupción e impunidad que logró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se desvanecieron rápidamente. Estados Unidos sancionó a la Fiscalía General de la Nación por obstruir las investigaciones de casos de corrupción de alto impacto y promover la impunidad en el país”.
“El Estado, particularmente el sistema de justicia, ha sido cooptado por elites económicas y políticas, ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado. Estos grupos se han apoderado del sistema judicial y han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción. También han promovido iniciativas como la ‘Ley de ONGs’ que busca criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y la prensa libre que denuncia corrupción”, advierte el informe.
“Honduras (23), que había sido un país para observar en 2020, continúo declinando en 2021. No obstante, la elección en noviembre pasado de Xiomara Castro como presidenta llega con un compromiso de eliminar las leyes que han promovido la impunidad”, alega Transparencia Internacional.
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), expresó a Expediente Público que hay un cúmulo de situaciones poco transparentes al fin de mandato del presidente saliente Juan Orlando Hernández, así como del manejo de la pandemia que coinciden con el informe de Transparencia Internacional.
“Aunque tenemos el mismo puesto, la evaluación cae un punto, al final de estos ocho años era la crónica de una muerte anunciada seguir cayendo por la gestión del Partido Nacional, la tendencia viene desde 2015, (se suma) la pandemia, la reforma al código penal, la salida de la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), lo ineficiente de las políticas públicas, no hay esfuerzos para revertir eso”, indicó.
Se creó una secretaria de transparencia y se continúa con iniciativas, pero las organizaciones de sociedad civil no han podido revertir estas políticas, no hay confianza en el hondureño porque no hay combate a la corrupción, por lo cual estos indicadores se suman a otros como caer 10 puestos en el índice de estado de derecho del World Justice Project, en 2020 era 116 y en 2021 se ocupó el 126, eso sigue reflejando ese deterioro del Estado, continuó el experto.
Zepeda señaló que Honduras no accede a la Cuenta de Milenio desde hace trece años y la pandemia exacerba la conducta lesiva del funcionario, más las reformas al código penal, que volvió más difícil la lucha contra la corrupción.
“Sin duda hay un bloqueo de los espacios democráticos de la sociedad civil que no ha podido hacer la batalla porque hay fuerzas desiguales, si ves el Congreso tuvo dos juntas directivas, y para el próximo Gobierno va a ser difícil cambiar esa percepción, pero están tan entronizadas las élites en el manejo de la política que hace difícil esto”, indicó.
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El Salvador en la mira
Especial atención en la región la tendrá El Salvador (34 puntos), que “podría consolidarse como una dictadura si se sigue socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos civiles y políticos”.
“Este país muestra un derecho al acceso a la información cada vez más restringido y altos niveles de opacidad en el uso de fondos públicos. Se presume que altos funcionarios del gobierno participaron en esquemas de corrupción multimillonarios en la respuesta a la crisis de Covid-19 y como parte de las elecciones locales. Varios funcionarios del actual gobierno, así como de los anteriores, fueron incluidos en la Lista Engel publicada por Estados Unidos, acusados de corrupción y de atentar contra la democracia en el país”, revela Transparencia Internacional.
“También preocupa las medidas tomadas por el gobierno para socavar la independencia de las instituciones de justicia y cerrar el espacio cívico. Por un lado, destituyendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general sin un debido proceso. Por el otro, atacando públicamente y promoviendo leyes que atentan contra organizaciones de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, y periodistas independientes”, detalla.
Para cortar el círculo vicioso de la corrupción, la violación de los derechos humanos y el deterioro democrático la organización sugiere cuatro puntos: defender los derechos que hacen posible pedir cuentas al poder; restituir y reforzar la supervisión del poder; combatir la corrupción transnacional y defender el derecho a la información sobre el gasto público.
