Amnistía Internacional advierte que los métodos de los regímenes de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega son similares en cuanto a represión de sus críticos e impunidad en las violaciones de derechos humanos. En el caso de El Salvador, el deterioro progresivo inquieta con un Nayib Bukele mostrando actitudes autoritarias.
Expediente Público
Honduras y Nicaragua son casos emblemáticos de impunidad en materia de derechos humanos y El Salvador parece ir por el mismo camino. Así analiza la situación de estos tres países Erika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional en una entrevista con Expediente Público.
“Honduras y Nicaragua tiene muchas similitudes no sólo porque se trata de países centroamericanos sino también por el nivel de impunidad, porque el ejercicio del poder político se realiza a costa de todas y todos, a costa de los derechos de las personas, sin duda alguna sabemos de estos liderazgos políticos tanto de Daniel Ortega como Orlando Hernández están dispuestos a todo para permanecer en el poder político y seguir con el control total”, señala Guevara Rosas.
A estos dos países se suma la preocupación por El Salvador, donde Amnistía Internacional señala violaciones a los derechos humanos y la falta de voluntad política del gobierno de Nayib Bukele de dialogar.
Guevara Rosas hizo un recuento de las situaciones de cada uno de estos tres países
El crimen de Keyla Martínez
A la cabeza de sus preocupaciones inmediatas, Guevara Rosas mencionó el caso de la enfermera hondureña Keyla Martínez, de 26 años, que la noche del 6 de febrero fue detenida por agentes policiales en La Esperanza, Intibucá, en Honduras, por el supuesto incumplimiento del toque de queda, impuesto como parte de las restricciones de la pandemia.
Unas horas más tarde, Keyla fue encontrada sin vida, según la versión policial, mientras supuestamente se intentaba suicidar y fue llevada de emergencia a un hospital local, donde el personal médico reportó que llegó sin signos vitales.
El Ministerio Público hondureño dictaminó que fue un caso de homicidio, por asfixia mecánica, lo que ha generado una ola de indignación en Honduras y cuestionamientos al comportamiento policial.
“Específicamente el caso de Keila Martínez es una situación sumamente trágica. En Amnistía Internacional estamos demandando una investigación imparcial y expedita”, dijo Guevara Rosas.
Agregó que “Honduras es uno de los países que atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio. También las cifras de personas buscando protección internacional por esas masivas violaciones de derechos humanos que se presentan en el país y lamentablemente el caso de Keila Martínez no es un caso aislado en un país con altos índices de feminicidios”, afirmó.
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Amnistía Internacional exige en este caso la aplicación del Protocolo de Minnesota, para la aplicación de ejecuciones extrajudiciales.
“En este caso también estamos solicitando que se investigue la responsabilidad penal no sólo de quienes ejercieron y ejecutaron actos violatorios, sino también que se investiga a los altos mandos, sobre todo en un contexto en que las violaciones de los derechos humanos son una constante”, señala Guevara Rosas.
El Protocolo de Minnesota se usa para la investigaciones de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado.
La directora de Amnistía Internacional señala que “lamentablemente se sigue ejerciendo una represión en el contexto de la pandemia”.
“Amnistía Internacional ha venido a documentar todo tipo de violación de derechos humanos en el contexto de Honduras, de diferentes naturalezas, pero particularmente sobre la situación de derechos humanos cometidas por autoridades policiales y militares en el contexto de manifestaciones pacíficas, como en el contexto de persecución y violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos”, subraya Guevara Rosas.
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En el caso de Keyla Martínez, una manifestación en demanda de justicia para la enfermera asesinada, fue reprimida por los mismos elementos de la Policía Nacional, que lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes que protestaban ante la estación policial.
Amnistía Internacional ha monitoreado como una constante “el uso excesivo de la fuerza para el control de las manifestaciones, pero también el uso excesivo de la fuerza militar y policial en algunas ocasiones para castigar a la población, sobre todo aquella que demanda derechos”.
Una política represiva
Para el organismo promotor de los derechos humanos, el gobierno de Juan Orlando Hernández ejerce una política represiva que incluso afectó a aquellas personas que salían en busca de alimentos o medicinas, en el contexto de las restricciones por la pandemia.
Amnistía Internacional ha documentado desde 2018, que durante manifestaciones pacíficas en Honduras, se ha hecho uso excesivo de la fuerza letal.
“El año pasado en el contexto de estas imposiciones supuestamente para proteger a las personas de la pandemia del Covid-19, pudimos documentar y verificar evidencia videográfica llegada a la organización en momentos en donde la policía hacía uso excesivo de la fuerza para castigar a personas que reclamaban derechos, bajo la excusa de qué estaban rompiendo algunas de estas medidas impositivas del estado”, explica Guevara Rosas.
Un caso ejemplarizante es el de la desaparición forzada de cinco jóvenes, cuatro de ellos activistas garífunas, desaparecidos en manos de las autoridades del Estado por personas que portaban uniformes policiales, según testimonios.
Guevara Rosas exhorta a que casos como el de Keyla Martínez y el de los jóvenes desaparecidos deben convertirse en una exigencia colectiva para demandar las obligaciones del Estado hondureño de una investigación imparcial y expedita, y que deslinden responsabilidades al más alto nivel.
“La respuesta del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha sido una respuesta negligente e indolente a las violaciones de derechos humanos y de ahí una de las causas y que estas violaciones se sigan presentando”, enfatiza Guevara Rosas, que señala que “el nivel de impunidad que vemos en materia de derechos humanos es excesivo”.
Guevara Rosas recordó el caso emblemático de la reconocida defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, que a pesar de la presión internacional, el señalamiento y detención de los autores materiales del crimen, no se ha llevado a cabo una investigación integral de contexto sobre su asesinato y todas las implicaciones que esto ha tenido.
“No hay una voluntad política para hacer un cambio paradigmático en la situación de Honduras. Hay un debilitamiento de los órganos de justicia, cooptados por algunos intereses económicos para no dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos y terminar esa cultura de impunidad”, insiste Guevara Rosas.
Para Amnistía Internacional, “el Estado hondureño ha fallado claramente en generar mecanismos de protección de los derechos humanos en general”.
El caso Nicaragua
No menos preocupante para Amnistía Internacional es el caso nicaragüense, donde la impunidad y la represión generalizada del régimen de Daniel Ortega prevalece y se ha recrudecido tras las protestas sociales de 2018.
“Lamentablemente Nicaragua es otro de los casos dramáticos y drásticos, en donde las graves violaciones a los derechos humanos se han convertido en unas constantes tácticas del gobierno de Daniel Ortega para silenciar la crítica y las demandas sociales”, dice Guevara Rosas.
La directora de Amnistía Internacional recordó que esas violaciones a derechos humanos, se han profundizado a partir de la crisis desatada con las protestas de abril del 2018, que dejaron al menos 326 asesinatos, dos mil heridos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones entre otros crímenes documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales como Naciones Unidas.
Guevara Rosas recordó “todas las gravísimas violaciones que se documentaron desde la fecha, que incluyen las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, las detenciones arbitrarias por motivos políticos”.
Esos crímenes siguen en la impunidad al negarse el gobierno de Ortega a realizar investigaciones imparciales, y por el contrario se aprobó en 2019 la Ley de Amnistía que se usó para excarcelar a unos 700 presos políticos, pero que en el fondo se utilizó para dejar sin castigo a los funcionarios, miembros de la Policía Nacional y grupos de choque del sandinismo señalados de la represión.
“Inclusive, en el caso de Nicaragua en las investigaciones realizadas por un grupo de expertos independientes, patrocinados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que lo que ocurre en Nicaragua constituye crímenes de lesa humanidad, tanto por la dimensión como por la magnitud y sobre todo por la sistematicidad y la generalización de estas violaciones a los derechos humanos”, afirma Guevara Rosas.
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La defensora de derechos humanos lamentó que a pesar del escrutinio internacional y de las sanciones que se han aplicado específicamente a funcionarios del gobierno de Ortega, la represión se ha profundizado, con el fin de acallar las voces de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y disidentes políticos.
Guevara Rosas recordó que hay aún más de un centenar de personas que se encuentran detenidas por motivos políticos, “por simplemente haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”, que habido ejecuciones extrajudiciales determinadas sobre todo a liderazgos en comunidades campesinas.
Represión sandinista en tiempos electorales
Según Guevara Rosas, con la cercanía de las elecciones generales de noviembre 2021 en Nicaragua, el régimen de Ortega tiene la intencionalidad de “cerrar todas las posibilidades que las personas ejerzan inclusive sus derechos políticos”.
Aunque Honduras y Nicaragua vienen de contextos políticos diferentes, Guevara Rosas recordó sus similitudes en cuanto a la impunidad y violaciones de derechos humanos.
“Es cierto que tiene sus diferencias, son contextos adversos, distintos en su naturaleza histórica, pero también en la percepción externa de los medios de comunicación; en ocasiones el contexto de Nicaragua tiene una dimensión de polarización de la opinión pública por lo que se supone tener a un gobierno que se autodefine como de izquierda, frente a una Honduras que muchas veces termina invisibilizada ante los medios de comunicación internacional”, señala Guevara Rosas.
“Sin duda alguna son dos de los países que lamentablemente comparten esta tragedia, esta crítica situación”, subraya.
El caso salvadoreño
En el caso de El Salvador, Amnistía Internacional no lo encuentra menos preocupante y recuerda que el 9 de febrero se cumplió un año de la intervención militar y policial, con Nayib Bukele a la cabeza, de la Asamblea Legislativa. Una acción que buscaba presionar al parlamento para que aprobara un préstamo para los planes de seguridad de Bukele.
“Aquel ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa, que nos recordaba las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y que emitía una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos, y hago referencia particularmente a este evento porque precisamente marcó un antes y un después. Marcó el cambio fundamental del gobierno al enseñarnos su verdadera cara que no es el presidente de las portadas de las revistas de moda presentándose como el presidente ‘cool’, el presidente joven, el presidente millennial, el presidente que daba órdenes a sus ministerios a través de las redes sociales o que despedía a los corruptos o que señalaba a quienes habían cometido arbitrariedades en los gobiernos anteriores”, dice Guevara Rosas.
Más bien -según la directora de Amnistía Internacional- Bukele “se convirtió lamentablemente en un líder político más: que puso la violación a los derechos humanos como única práctica y herramienta para callar las voces de las críticas, tanto de las personas defensoras de los derechos humanos como de periodistas”.
Amnistía Internacional viene documentando desde el año pasado graves violaciones en El Salvador a los derechos humanos, en el contexto de las medidas implementadas para mitigar la pandemia del Covid-19. En las primeras semanas de la implementación de estas medidas, Guevara Rosas recordó que se detuvo a más personas por violar la cuarentena que atención a personas que estuvieron contagiados por coronavirus.
“Muchas de estas personas se contagiaron precisamente porque fueron llevadas a estos centros de detención de cuarentena forzada, improvisados, que no contaban con ninguna de las condiciones de salubridad”, denuncia Guevara Rosas.
