*Rixi Moncada, ministra de la secretaria de Finanzas (Sefin), presentó un informe de la situación económica de Honduras donde aseguró que identificaron una red de presunta corrupción en instituciones para desfalcar al Estado.
**El Gobierno heredó un Presupuesto “con cifras manipuladas”, falta de recursos para pagar los salarios de los trabajadores del sector Salud y Educación y una deuda pública insostenible, según la funcionaria.
Expediente Público
El informe sobre la situación financiera presentado este 24 de febrero por la nueva ministra de Finanzas, Rixi Moncada, sostiene que durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández (enero 2014-enero del 2022), se creó una red de corrupción que habría causado un supuesto daño al Estado de Honduras por unos US$ 6 mil 800 millones de dólares (168 mil millones de lempiras, la moneda oficial del país centroamericano).
La Secretaría de Finanzas (Sefin) aún no publica los documentos oficiales de los casos expuestos en conferencia de prensa por la ministra Moncada, que permita a los medios de comunicación y a la ciudadanía corroborar la información. Sin embargo, la funcionaria insistió en que la administración de JOH dejó una Honduras en “bancarrota”, “saqueada” y “endeudada” siendo una de las consecuencias inmediatas que el Gobierno enfrenta problemas para pagar los salarios en los sectores Salud y Educación, en donde en conjunto laboran 94,844 funcionarios, según registros oficiales.
“Honduras es un despojo, las variables salientes son la corrupción y el narcotráfico”, enfatizó la ministra Moncada. «Se desvió más de 168 mil millones de lempiras a través de la red de corrupción que endeudó el país y saqueó los fondos públicos”, afirmó.
“No tengo dinero de dónde pagar los empleados (públicos), no tengo para pagar la planilla. Este es el desafío y lo vamos a vencer y para ello tenemos que adoptar medidas y entender que el momento especial que vivimos requiere del acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. Vamos a encontrar soluciones, esa es nuestra tarea y la vamos a cumplir”, dijo la ministra de Finanzas.
Según la funcionaria, Honduras debe endeudarse en 64 mil millones de lempiras (unos US$ 2,5 mil millones) para aliviar la crisis financiera que enfrenta sin contar el compromiso que mantiene la estatal de energía eléctrica.
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Millonarios pagos en prestaciones
Según el informe de Finanzas, entre el 1 y el 26 de enero del 2022, se ordenaron pagos de la Tesorería General de la República por más de 400 millones de lempiras (unos US$16.4 millones) en concepto de prestaciones a 60 altos funcionarios una vez que se dejaron sus cargos, aunque la ministra no dio nombres de los beneficiados.
También de la Tesorería General presuntamente se habría desviado dinero para programas sociales para favorecer a proveedores “seleccionados políticamente”, en procesos que habrían violado las normas legales. No se detalló a los proveedores.
El exministro de Finanzas, Luis Fernando Mata Echeverri, aún no ha reaccionado al informe presentado por la nueva administración. Mata Echeverri estuvo al frente de la Sefin del 25 de mayo del 2021 al 27 de enero 2022, siendo uno de los funcionarios cercanos al exmandatario Hernández quien actualmente está encarcelado en espera del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, que lo acusa de presuntos vínculos con el narcotráfico.
El arca del Estado es “una caja vacía”, insistió la ministra Moncada asegurando que en las investigaciones internas no han logrado obtener información ni registros de los pagos de salarios, transferencias, viáticos entre otros, que ejecutó el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, el Ministerio Público (Fiscalía) “que se les autorizó para realizar pagos fuera de la cuenta única del tesoro y no brindar informes o ejecutar auditorías”.
Rixi Moncada Godoy, antes de asumir la Secretaría de Finanzas era consejera (magistrada) del Consejo Nacional Electoral ocupando la presidencia entre 2019 y 2020. Es miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente en el poder en Honduras. Moncada tiene una relación cercana con la familia gobernante ya que fue ministra del Trabajo y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.
ENEE es otra de las entidades públicas con graves problemas financieros de los que responsabiliza el Gobierno de Castro al de Hernández.
En el informe de la Sefin se calificó a la estatal empresa de energía “destrozada y hundida”, con una deuda de 76 mil millones de lempiras (más de 3 mil millones de dólares).
“Otra de las problemáticas que enfrenta el país son las finanzas catastróficas en las que se encuentra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, afirmó la ministra, asegurando que las pérdidas de la entidad son del 33 por ciento.
«Toda la estructura y el andamiaje creado apunta sin lugar a dudas, a profundizar el proceso de privatización de la ENEE aunque esta empresa es dueña del 20% de la generación de energía, del 95% de la red de transmisión y del 95% de la red de distribución de todo el país”, afirmó la ministra Moncada.
ENEE tiene 1.8 millones de clientes pero su facturación es deficitaria, sin embargo una de las primeras medidas de Xiomara Castro al asumir la Presidencia de Honduras fue enviar al Congreso Nacional (Parlamento) una propuesta de Ley para subsidiar a los hogares que consumen menos de 150 kw al mes.
La medida beneficiaría a 1.3 millones de usuarios del servicio de energía, según la propuesta legislativa que fue aprobada por los diputados el 2 de febrero del 2021, pero que aún no entra en vigencia porque no ha sido publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Honduras.
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¿Fideicomisos, sistema de desfalco?
Moncada en su informe responsabilizó de la “catrástrofe” de las finanzas públicas hondureñas al esquema de los fideicomisos, que presuntamente uso el Gobierno de JOH para beneficiar negocios en los que estaban vinculados los ahora exfuncionarios y sus empresas o de allegados.
Los fideicomisos los maneja la banca privada resaltando 12 de 70 que existen y a los que el Gobierno anterior habría transferido 2,200 millones de lempiras (unos 89 millones de dólares ) en diciembre del 2021, “que son recursos estancados” porque no los puede usar la presidencia de Castro para cubrir los gastos del Estado.
Uno de los fideicomisos “más letal, anticonstitucional e ilegal”, según la ministra de Finanzas es el del Instituto de la Propiedad (IP) porque “no registra ninguna operación en la Secretaría de Finanzas” por un Decreto Ejecutivo aprobado por el expresidente Hernández, documento del que no se detalló desde cuándo está vigente.
Moncada insistió en que sobre el fideicomiso del Instituto de la Propiedad se desconoce a dónde van a parar el pago que hacen los hondureños de los impuestos de los bienes inmuebles, tierras, registro de los vehículos, propiedad intelectura, entre otros. “Eso no entra en la Caja Única” de la Tesorería estatal, afirmó.
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US$73 millones entre diputados y familiares
Otro de los casos considerados como “corrupción” en los últimos 12 años de Gobierno del Partido Nacional, fue a través del Fondo Departamental del Congreso Nacional del que 1,800 millones de lempiras (más de 73 millones de dólares) fueron a cuentas de diputados y sus familiares. Sobre este caso la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) presentó el caso Red de Diputados, que todavía es investigado por la Fiscalía hondureña.
El economista Carlos Urbizo, dijo para Expediente Público que la presunta malversación del dinero público sin duda dificulta el pago de la deuda por la que atraviesa el país centroamericano.
Urbizo planteó que la mejor salida sería pedir una reprogramación a refinanciamiento de la deuda pública, es decir ampliar plazos, y si fuese posible bajar la tasa de interés de los préstamos con los acreedores internacionales.
“Si lo anterior no es posible, se tendría que replantear el Presupuesto General de la República, para reducir algunos egresos, gastos o inversiones de manera que se liberen fondos para el pago de la deuda que se venza este año”, indicó.
“Existe una opción de elevar los impuestos, medida que el Gobierno de doña Xiomara dijo que no tomaría”, resaltó Urbizo.
Entre los planes de Castro está renegociar la deuda pública de Honduras con los acreedores externos, incluido el Fondo Monetario Internacional.
