El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya y la reelección presidencial en 2017 de Juan Orlando Hernández provocaron una crisis que se saldó con casi un centenar de muertes.
El actual proceso electoral se desarrolla en medio de las denuncias de fraude y corrupción, lo cual abre las puertas a una mayor conflictividad social.
Expediente Público
Cerca de un centenar de homicidios se registraron en Honduras en el marco de los procesos electorales que se realizaron en el período 2012-2013 y durante 2017. Se trata de hechos extremos de una violencia política que se manifestó, primero, en el contexto de la crisis generada por el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya y, posteriormente, durante la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017.
Para los analistas consultados por Expediente Público, a medida que se acercan las elecciones generales del próximo 28 de noviembre aumenta también el riesgo de que los hechos violentos incrementen debido a la conflictividad con que se desarrolla el actual proceso electoral.
Un caso de violencia política podría ser el de la candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) Ligia Ramos, quien se exilió tras conocer de un supuesto plan para asesinarla.
La presunta orden para terminar con su vida fue girada la noche del martes 25 de mayo, dos días después de la convención del oficialista Partido Nacional, dijo la especialista en dermatología en entrevista telefónica con Expediente Público.
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Orden de asesinar a política
“Se giró una orden de asesinato y me alertaron por dos fuentes y una de las fuentes me escondió y me sacó del país”, añadió.
Durante el mitin del partido oficialista, que se realizó el pasado domingo 23 de mayo, el presidente Hernández hizo mofa de los miembros de la oposición y de algunos periodistas que se vacunaron contra el COVID-19.
“Esos de oposición y algunos medios se dedican a atacar todo el tiempo lo que hace el gobierno, todo critican, pero miren qué bueno, que los he visto esta semana anterior que andaban vacunando a sus abuelitos y ahora, ayer, a ellos mismos, se están vacunando ahorita. Cuando decían ‘no van a venir las vacunas rusas’, ‘no hay contrato con Pfizer’, y ahora, con el bracito pelado…”, expresó Hernández en el evento político.
El lunes siguiente Ramos criticó que el gobernante se burlara «de la gente que se estaba vacunando” y estaba utilizando el tema “como algo político”.
También acusó que el mandatario “probablemente se había pelado el brazo (…) en otro lado antes que todos nosotros” y que “lo que merecía era cárcel por inepto, por corrupto y por narcotraficante”.
La alerta del supuesto plan para matarla salió del mismo gobierno, aseguró la galena, cuyo caso está en manos del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh).
Cuando se le preguntó si creía que el gobierno estaba detrás del supuesto complot, respondió que “no tengo duda”.
También ha sido una fuerte opositora del gobierno de Hernández, no solo en los medios de comunicación sino en marchas como la de las antorchas que se realizaron en 2015 tras conocerse el desfalco millonario en el Seguro Social, del que una parte del dinero financió la campaña política nacionalista, como el mismo presidente admitió.
Desde entonces, la dermatóloga ha venido denunciando amenazas y hostigamiento por parte del Estado.
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Estado niega amenaza de muerte
Sobre este caso, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos (SEDH) emitió un comunicado afirmando no tener “registro de denuncia por parte de la doctora Ramos”, a lo que la también candidata a diputada lo señaló como una “mentira”.
Ramos contó a Expediente Público que en 2015 interpuso denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos y ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), donde también presentó otra en 2020. Además, dijo que pidió al Conadeh los expedientes de las dos denuncias para enviarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no ha obtenido respuesta.
Incluso se abocó al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de la SEDH, pero decidió no seguir adelante con las medidas porque “iban a ponerme protección en manos de la Policía Militar…», una institución creada por el presidente Juan Orlando Hernández, y porque “precisamente el gobierno es el que está poniéndolo a uno en riesgo”.
La aspirante a legisladora dijo que no siente miedo, pero sí “enojo” e “impotencia”, y que espera regresar pronto a Honduras. Aseguró también que no se retirará de la competencia electoral.
Proceso electoral, una válvula de escape
Los partidos políticos y los candidatos de la oposición han anticipado que “habrá fraude”, lo cual condiciona el proceso electoral y abre las puertas a la conflictividad, dijo a Expediente Público el analista político Rafael Jerez. A ello se suma la denuncia de corrupción durante la pandemia de COVID-19 “y en general la frustración e indignación social que hay en el contexto político”, amplió Jerez.
En Honduras la cultura de la protesta social masiva no está tan arraigada, “entonces se percibe el proceso electoral como la válvula de escape en la que se manifiesta esa participación ciudadana”. Pero cuando el contexto es como el actual, “el riesgo se acumula” y el proceso electoral es visto como un “enfrentamiento” entre partidos políticos y sectores sociales, explicó el analista.
“Y ahora, incluso, esas divisiones que hay entre buenos y malos, corruptos y honestos”, aumentan esa conflictividad, agregó Jerez.
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El analista Raúl Pineda Alvarado consideró también que el desarrollo de las elecciones será “muy peleado” y “se van a dar actos de violencia generados, precisamente, porque quien está en el poder no quiere entregarlo y el que quiere acceder al poder está dispuesto a cualquier cosa para poder tenerlo”.
La violencia política en Honduras es un fenómeno relativamente reciente, pero en la década de los años 1950 a 1970 era normal y se daba con mucha frecuencia, dijo Pineda Alvarado a Expediente Público.
“Posteriormente con lo que llamamos la tercera etapa democrática” que comienza en 1982, tras 17 años de regímenes militares autoritarios, los casos disminuyeron, aunque “siempre se dan, particularmente en las áreas donde hay una enorme influencia del tráfico de drogas” debido a que los traficantes tienen sus propios candidatos “o a veces ellos mismos son los candidatos”, agregó el abogado Pineda Alvarado.
El analista considera que para generar violencia hay que tener poder y recursos, y eso por lo general “lo tienen los gobiernos”, de allí que “fundamentalmente” esos actos “se originan desde la institucionalidad”, ya sea mediante la represión en las manifestaciones, el atentado individual o la amenaza velada contra candidatos.
Precandidato a diputado secuestrado
El pasado18 de febrero, varios hombres armados y vestidos como policías raptaron al precandidato a diputado suplente por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Antonio Brevé cuando transitaba en su vehículo por una colonia de la ciudad de San Pedro Sula, 250 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.
Este hecho sigue en investigación sin que las autoridades hayan dado con el paradero del aspirante político. Es uno de los casos más extremos registrados entre el 23 de diciembre de 2020 y el 25 de febrero de 2021 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas).
En total, dos precandidatos a diputado y dos a alcalde, dos militantes y seis dirigentes políticos en siete departamentos de Honduras sufrieron hechos de violencia en el proceso preelectoral: cuatro fueron víctimas de homicidio, dos de atentados, cinco de amenazas y uno de rapto, según el informe del Iudpas.
Seis de las víctimas eran del oficialista Partido Nacional, cinco de Libre y una del Partido Liberal.
En uno de los atentados contra un regidor de Libre en el municipio de Yoro, a 213 kilómetros al norte de Tegucigalpa, también resultó herida la hija de este de 4 años de edad.
En un informe sobre el proceso electoral 2012-2013, considerado uno de los más violentos con 48 homicidios, el Iudpas reportó que “todos estos hechos han quedado en la impunidad generando mayor violencia, mostrando las debilidades del sistema de justicia”.
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Además, que “la falta de capacidad investigativa del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional hace muy difícil establecer con claridad las motivaciones de cada uno de estos crímenes”, cita el informe.
La violencia “afecta los derechos políticos –electorales” de candidatos y activistas de los diferentes movimientos de los tres partidos que participaron en las primarias, señala un reporte de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH). Sin embargo, añade, “los líderes de los partidos políticos y sus movimientos internos no asumen la cuota de responsabilidad” ante estos sucesos.
Tampoco “se posicionan y menos demandan a las instancias del Estado para que inicien diligencias investigativas para el esclarecimiento de los móviles y circunstancias que generaron la violencia política”.
Ataques en las redes sociales
Según la REDH, que monitoreó nueve hechos violentos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 en los departamentos de Cortés y Copán, al norte y occidente de Honduras, respectivamente, solo uno de los afectados, un candidato a alcalde liberal que fue amenazado, interpuso la denuncia ante la Policía.
Mientras que los casos de alto impacto, como homicidio y rapto, son investigados de oficio.
Otra forma de violencia en el proceso electoral se desarrolla a través de las redes sociales, como revela una publicación de Expediente Público acerca de la “guerra digital” promovida desde el gobierno y por candidatos políticos con campañas de desprestigio y desinformación.
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Para el analista político Pineda Alvarado hay que ser “muy cuidadoso” con las denuncias de los aspirantes políticos porque algunos sectores “buscan este tipo de situaciones como un mecanismo de concentrar la atención de los medios”.
El problema es que cuando se dan estos hechos “no hay una explicación ni una aclaración suficientemente fuerte” para poder determinar cuándo se trata de una “simulación” o cuándo “hay una amenaza real”.
Las leyes en Honduras no contemplan la violencia política como tal; de hecho, los únicos países de Latinoamérica que han incluido esa figura con un enfoque de género son Bolivia, Ecuador, México y El Salvador.
En ese sentido, Pineda Alvarado consideró que aunque las principales víctimas de actos extremos son hombres, las mujeres están más expuestas a sufrir acoso y discriminación, entre otras agresiones por su rol público.
“La violencia no solamente es matar, secuestrar o herir”, acotó.
Un agravante
La Organización de Naciones Unidas (ONU) establece como otras formas de violencia que afectan a las mujeres que participan en política el mal uso del presupuesto que debería estar dirigido a su capacitación, la simulación de elecciones primarias para eludir la cuota de responsabilidad y el trato discriminatorio de los medios de comunicación, entre otros.
Pineda Alvarado es del criterio que la agresión, las amenazas y cualquier otra forma para imponer por la fuerza a un candidato o disuadirlo de su participación en procesos electorales debería verse como un agravante porque “al final, crear nuevos tipos penales está demostrado que no sirve para nada”.
Lo fundamental es que se entienda que después de 40 años desde el retorno al orden constitucional “no hemos logrado una democracia eficaz y que en este caso la solución del problema es eliminar la impunidad. El que amenace a un candidato, el que atente contra un candidato debe responder por eso”.
Pero para ello “se requiere investigación, identificación, juicio y castigo”, lo cual “sí va a prevenir esos actos, afirmó.
Aunque en Honduras no han proliferado los hechos violentos en el entorno electoral, “no quiere decir que en el cortísimo plazo no puedan darse”, de allí que la acción de la autoridad debe ser “profundamente enérgica” y la de la ciudadanía también “al denunciar estos actos”.
Si no se controla, “vamos a terminar como en México, donde van más de 90 candidatos muertos en la última elección y creo que todavía tenemos tiempo para poder prevenir estas situaciones”, pero para ello es preciso esclarecer el alcance de la amenaza y establecer cuáles son los atentados reales y cuáles son recursos de los políticos para llamar la atención.
Discurso puede influir para bien o para mal
Prevenir la violencia política en el actual contexto conflictivo que rodea al proceso electoral “realmente es difícil” dijo por otro lado Rafael Jerez. Recordó que el discurso de los liderazgos políticos puede influir “positiva o negativamente” a ese efecto.
Un primer paso puede ser un reglamento que le atribuya al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para adoptar medidas, en el que “establezca prohibiciones en términos de discurso de odio o comportamientos análogos y sanciones”, siempre y cuando el ente electoral “garantice su aplicabilidad y respete los derechos políticos y otros fundamentales”.
El CNE tendría que liderar además campañas de concienciación, pero “al final todo debe compaginarse con un esfuerzo de los liderazgos de los partidos, porque ellos influyen en el comportamiento de sus militantes”, finalizó.
