En un turbio y complejo panorama electoral, un candidato oficialista resulta favorecido por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechaza un antejuicio a pocos meses de las elecciones generales, mientras el Poder Electoral calla ante otra solicitud de inhabilitación del candidato presidencial, Yani Rosenthal, del Partido Liberal.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Una resolución judicial a favor del candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es investigado por supuesta corrupción en Honduras, no ha causado sorpresa en este país centroamericano que se aproxima a sus undécimas elecciones generales con la participación de personajes señalados de estar involucrados con el narcotráfico.
Tampoco ha sorprendido el silencio del Consejo Nacional Electoral (CNE) a una solicitud de inhabilitación contra el aspirante del Partido Liberal, Yani Rosenthal, exconvicto por lavado de activos.
El 16 de febrero, la Corte de Apelaciones de lo Penal, con competencia en materia de corrupción, declaró “ha lugar” a la solicitud de antejuicio presentada en octubre del 2020 por el Ministerio Público (Fiscalía) contra el también alcalde de la capital hondureña, Asfura y la concejal Nilvia Castillo, ambos investigados por el supuesto desvío de más de 28 millones de lempiras (un millón 176 mil dólares) de las arcas municipales.
Incierto panorama electoral
Sin embargo, el 1 de junio la Sala de lo Penal declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los funcionarios, revocó de forma temporal la resolución y determinó que antes de una acusación penal el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debe hacer una auditoría especial sobre los fondos cuestionados y emitir un veredicto final.
En Honduras, al Tribunal Superior de Cuentas lo cuestionan también como el “Tribunal Superior de Cuentos” por su falta de resultados. “El ente fiscalizador lleva diez años investigando a la alcaldía y no ha presentado ni un informe”, reaccionó el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos tras conocer la decisión, en declaraciones que recoge el medio Proceso Digital.
Mientras espera la resolución a un recurso de amparo que le interpusieron en este caso contra el alcalde y candidato presidencial Asfura, la Uferco continúa con otras líneas de investigación que están ligadas al mismo, dijo a Expediente Público el fiscal Santos, a quien le preocupa que desde el poder judicial sigan frenando el trabajo de esa unidad.
“Pero por eso no vamos a dejar de trabajar (…) nuestra obligación es continuar haciendo el trabajo hasta donde podamos o se nos permita”, afirmó el fiscal Santos.
Para el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), en Honduras, Joaquín Mejía Rivera, “no es muy alentador” el panorama electoral, ya que, a menos de seis meses para las elecciones generales, el proceso avanza con muy poca credibilidad, con las mismas reglas del juego debido a la falta de reformas electorales profundas, el control absoluto del partido de gobierno sobre las instituciones y una oposición prácticamente dividida.
Listen to «Proceso Electoral con poca credibilidad en Honduras» on Spreaker.Lea más: Más allá del discurso: La lucha de un fiscal contra la corrupción y la impunidad
¿JOH buscaría su segunda relección?
Para el analista Joaquín Mejía Rivera, no es de extrañar la resolución a favor del presidenciable nacionalista, quien pertenece “a ese sector político y empresarial que es beneficiado siempre con decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia”.
Recordó que Asfura es el candidato del presidente Juan Orlando Hernández, ya sea que se haga a un lado “para cederle la candidatura o simplemente continúe en el proceso para, entre comillas, ganar las elecciones y ofrecerle la impunidad y la seguridad que necesita una vez que salga del Ejecutivo, porque seguramente él va a seguir manejando los hilos del poder”.
La noticia del antejuicio contra Nasry Asfura fue considerada en círculos políticos como el preámbulo para su inhabilitación, a la que seguiría la inscripción de la candidatura del presidente Hernández para su segunda reelección en el cargo, una posibilidad que ha tomado fuerza en el ambiente electoral en Honduras.
Sin embargo, para el candidato a alcalde de la capital de Honduras por el Partido Liberal, Eduardo Martell, esa todavía es una posibilidad.
A su regreso de México, donde participó como observador en las elecciones federales del 6 de junio, Martell declaró haber recibido en tierra azteca información de una fuente creíble de que Asfura sería sustituido por Hernández dos meses antes de las elecciones, es decir, en septiembre próximo.
Martell dijo a Expediente Público que las acciones que ha emprendido el Ministerio Público en contra del alcalde capitalino serían parte de un esquema: “es decir, no es un tema en contra de Nasry Asfura, es una estrategia común en la cual él perfectamente estaría de acuerdo”.
Para el político liberal “la reelección presidencial de Juan Hernández implica un montón de sectores y actores actualmente en el gobierno y todos van a apostar por salvarse”, ya que perder el poder “para ellos representa comparecer ante la justicia (…) ser solicitado en extradición y una alta vulnerabilidad”.
Obstáculos
En ese sentido, el analista político Rafael Jerez es del criterio que una inscripción de Hernández es imposible, ya que el CNE resolvió en marzo de 2020 que no se admitirían candidatos que hubiesen ejercido la Presidencia.
“Más allá de la sentencia de la Corte creo que tendría que prevalecer la Constitución, la prohibición de reelección y la resolución del Consejo Nacional Electoral, entonces no creo que eso suceda, pero naturalmente en caso de que sí se dé pues es una violación nuevamente a la Constitución de la República”, expresó Jerez.
La resolución de la Corte en relación al antejuicio que pesaba sobre Asfura refleja dos cosas, según Joaquín Mejía Rivera.
Una es “el éxito que ha tenido el Congreso Nacional bajo la dirección autoritaria de Mauricio Oliva de hacer un montón de reformas para quitarle facultades al Ministerio Público y colocar piedras en el camino en la lucha contra la corrupción”.
Y la otra: que le ha “facilitado el camino a la Corte Suprema de Justicia, caracterizada por aplicar una justicia selectiva, (…) para que dicte resoluciones judiciales para que beneficien a quienes están vinculados con el poder económico y político del país”.
Puede interesarle: Justicia selectiva: Un beneficio para las redes de corrupción en Honduras
Silencio en el CNE en caso Yani
En el actual contexto político y electoral tampoco hay expectativas de que el CNE falle a favor de una solicitud de inhabilitación contra el candidato del Partido Liberal Yani Rosenthal, quien estuvo preso tres años en Estados Unidos por lavado de activos y representa al segundo partido político más votado en las elecciones primarias del 14 de marzo.
“Yo la verdad es que no tengo ninguna esperanza en ese sentido porque, aunque puede haber sorpresas, el momento preciso para que el Consejo Nacional Electoral pasara el filtro”, ya que los partidos políticos “no quisieron limpiar las candidaturas”, era en el proceso interno, dijo Mejía Rivera.
Eso permitió que “personas enemigas de la democracia, golpistas, abusadores sexuales, narcos, corruptos, violadores de la Constitución y lavadores de activos” ahora estén en la última etapa del proceso electoral, dijo el analista del ERIC-SJ.
La petición para inhabilitar a Rosenthal fue presentada el 31 de mayo por la exjueza de Sentencia Gracia Bertrand, con base en la nueva Ley Electoral, pero hasta la publicación de este reporte el CNE no se había pronunciado al respecto, según confirmó la profesional del derecho a Expediente Público.
“Si sucede todo lo contrario y me equivoco, pues bienvenida una resolución, que debería ampliarse también a un montón de gente que está señalada en Estados Unidos y en Honduras por vínculos con estructuras criminales en materia de corrupción y de narcotráfico”, agregó Mejía Rivera.
Lea además: Nueva alianza opositora agita ambiente electoral en Honduras
Trato diferente a otros partidos políticos
El mismo día que fue presentada la petición de inhabilitación de Rosenthal, el CNE anunció la inscripción como candidato a diputado del ahora exministro de Finanzas Marco Midence.
El exfuncionario asumió en Finanzas en agosto de 2020, menos de tres meses después de ser nombrado ministro en el recién creado ministerio Gobierno Digital, al que llegó después de fungir desde agosto de 2018 como titular de Cumplimientos de Asuntos Presidenciales.
Sin haber participado en las elecciones primarias, Midence ocupará la casilla número uno en la candidatura a diputado del departamento de Atlántida (zona norte), la cual quedó vacante después que el anterior candidato, Ramón Leva, fuera juramentado el 30 de abril como embajador de Honduras en Guatemala.
La Ley Electoral permite estos cambios en las planillas en caso de muerte o renuncia del candidato.
“Al haber vacado (cesado) en su cargo de candidato a diputado el señor Leva, el Partido Nacional puede decidir a quién nombrar allí, es un poco las injusticias de cómo los partidos controlan, pero al final son elecciones que ellos utilizan para elegir sus candidatos”, dijo al respecto el analista Rafael Jerez.
Puede leer: Honduras, con nueva Ley Electoral pero pocas reformas
Candidaturas independientes y transfuguismo
El 6 de junio del 2021 fue la fecha límite establecida en el cronograma electoral para la presentación de las candidaturas independientes de cara a las elecciones generales.
En total, el Consejo Nacional Electoral recibió 34 solicitudes, de las que 30 son para alcaldías, tres para el nivel presidencial y una para diputado.
Dos de los aspirantes a la silla presidencial ya estaban previstos: primero, el capitán de las Fuerzas Armadas en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana, quien fue dado de baja deshonrosa en octubre de 2016 después de denunciar los nexos con el narcotráfico de Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar armas y falso testimonio.
Lea también: Cadena perpetua más 30 años de cárcel para el hermano narcotraficante del presidente de Honduras
Y el segundo candidato presidencial independiente es el director y presentador del programa El Perro Amarillo, Milton Ávila Benítez.
La tercera solicitud para participar en el nivel presidencial como candidato independiente es de un empresario, Jesús Sagastume Sánchez, propietario de tiendas de autorrepuestos en tres departamentos del occidente de Honduras.
Los once partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias presentaron su solicitud de inscripción para las generales al CNE los días 13 y 14 de junio, con novedades, como la participación del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014) como primer candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) en el oriental departamento de Olancho.
La institución electoral deberá pronunciarse a más tardar el próximo 5 de julio sobre si permite a los partidos minoritarios, y el día 6 sobre las candidaturas independientes, que de cumplir con requisitos irían a la contienda del 28 de noviembre.
Independientes con nulas posibilidades
Para el analista político Rafael Jerez, de las tres candidaturas presidenciales independientes que esperan aprobación en el CNE: “quizás la relevante es la de Milton Benítez”.
En su popular programa que se transmite por redes sociales, Benítez mezcla análisis político con investigaciones de redes de corrupción políticas y empresariales, una de las cuales le ha valido al menos 33 querellas por injurias y difamación presentadas por una institución bancaria, como consta en una denuncia del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Jerez recordó que los partidos políticos se complementan con la estructura de diputados y alcaldes, por lo que estos aspirantes independientes “tuvieron que haber empezado a trabajar hace mucho tiempo para inscribir los tres niveles electivos o, en su defecto, buscar una alianza política”.
Pero solo con candidaturas presidenciales “es prácticamente imposible que puedan competir” y “realmente lo que van a hacer es medir qué tanto respaldo puede tener, eso es todo”, sentenció.
Para Joaquín Mejía Rivera, las candidaturas independientes permiten la participación de aquellas personas que no están vinculadas con partidos políticos y que reúnen los requisitos establecidos por la Ley Electoral, y en ese sentido hay que verlas como una figura positiva.
Sin embargo, recordó el deber y la obligación de la ciudadanía de examinar cuáles son las virtudes republicanas que tienen las candidaturas en general, “sobre todo teniendo en cuenta que a veces existe el peligro que algunas candidaturas independientes solo sirvan, como sirven algunos partidos de maletín, para apoyar, obviamente, al partido de gobierno”.
En torno al transfuguismo que se ha venido dando en algunos partidos políticos en el actual proceso electoral, consideró que es un derecho “dentro de los límites de libertad que todavía quedan en el país”, pero también que “es una pena que la oposición política en Honduras no haya tenido la capacidad para haber logrado una alianza amplia para poder luchar contra la dictadura de Juan Orlando Hernández”.
Mejía Rivera señaló que “esta gente tiene el control de todo” y le conviene que la oposición vaya dispersa. “El panorama no es muy alentador con estas circunstancias”, agregó.
Pero esa es la realidad de un proceso electoral “con muy poca credibilidad, sin reformas electorales profundas que cambien las reglas del juego y con una oposición prácticamente dividida”, resumió Mejía Rivera.
