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Honduras: Señalados de corrupción por Estados Unidos le restan importancia a “Lista Engel”

Departamento de Estado de EE. UU. menciona a 18 diputados y exdiputados, un expresidente, una exprimera dama y un exfuncionario público

Expedienté Público

Con indignación y argumentando “ataques políticos”, a la vez que minimizando el impacto en su futuro político, reaccionaron algunos de los 21 diputados, exdiputados y un expresidente de Honduras, que integran la “Lista Engel” develada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que designa a personas señaladas de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.

En detalle figuran 18 diputados y exdiputados, un expresidente de la República, una exprimera dama y un exfuncionario los que la integran.

A ellos automáticamente les suspenden sus visas estadounidenses.

Seis de ellos ya habían sido mencionados en una lista dada a conocer por la congresista estadounidense Norma Torres el 18 de mayo de 2021.

Ellos son los diputados: Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Juan Carlos Valenzuela Molina, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez Cruz y Oscar Nájera.

Quince de los 21 son miembros del Partido Nacional, al que también pertenece el presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

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Uno de los que reaccionó ante la lista fue el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2002-2006), quien dijo lamentar que en ella no aparezca “el mayor corrupto que ha tenido Honduras: Juan Orlando Hernández”, quien en el pasado fue su correligionario y presidió el Congreso Nacional mientras él era presidente de la República.

Insistió en que la lista es un “churro” (sin valor)  además, porque la mayoría ya fueron investigados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y absueltos por la Corte Suprema de Justicia, “por lo que no hay novedad

La Maccih fue expulsada en enero de 2020 por el Congreso hondureño al no renovarle su mandato, pese a las exigencias de la sociedad hondureña.

Desde entonces la Corte Suprema de Justicia, en manos del Partido Nacional, ha ido desestimando todos los casos investigados y liberando de responsabilidad a los acusados.

“Todos esperamos que él (Hernández) salga en la lista, son al menos 40 nombres que no pusieron, de esos 40 hay unos diez que todos conocemos y todos saben lo que han hecho”, dijo Lobo.

Según el informe del Departamento de Estado, Lobo recibió sobornos del cártel narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos.

Ante esto reiteró que “no he recibido dinero de nadie, es falso, esa lista está muy demeritada”, aunque reconoció que había considerado la posibilidad de que su nombre apareciera en la lista.

Aseguró que “no volverá a poner un pie en Estados Unidos” porque se siente “ofendido”.

El expresidente tiene varios años de no viajar a Estados Unidos, pues incluso no estuvo en el juicio por narcotráfico contra su hijo, Fabio Porfirio Lobo Sosa, condenado a 24 años de reclusión en Nueva York. En entrevista con Expediente Público, al ser consultado si tenía visa se limitó a contestar: “yo no voy a Estados Unidos, si tienen algo que me pidan y ya”.

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En ese momento confesó que no viajaba a ese país desde el 2016.

Otro señalado por sus supuestos vínculos con Los Cachiros es el diputado Óscar Nájera, a quien en el pasado ya se le había negado el ingreso a Estados Unidos y al Reino Unido.

Este apuntó que “pueden venir las listas que vengan, si las listas no son de aquí de Honduras. Yo he viajado por todo el mundo y sigo con mi frente levantada y mis manos limpias, a mí me tiene sin cuidado”.

Una vez más reconoció su amistad con la familia Rivera Maradiaga, del cártel de Los Cachiros, pero aseguró que esa es una contingencia derivada de que son originarios de la misma zona, en el departamento de Colón, al nororiente de Honduras, una ruta del narcotráfico desde hace muchos años.

Señaló que su aparición en listas de corruptos por parte del gobierno estadounidense viene de gente que se “dedica a despotricar contra la gente honrada” e invitó a cualquiera para que en una plaza pública debatan quién es quién en Honduras.

Aseguró que en las elecciones de noviembre próximo saldrá reelecto “con la bendición de Dios y el cariño del pueblo hondureño”, porque ellos saben que esas “son noticias inventadas y de la injusticia que se está cometiendo”.

Otro diputado del Partido Nacional, José Celín Discua, reconoció que a él y a otros que fueron acusados por la Maccih les retiraron la visa anteriormente.

Indicó que los países “están en su derecho soberano si a uno no lo quieren dejar entrar, es un problema de cada país. Nosotros ya tenemos sobreseimiento (de las acusaciones de la Maccih), vamos a ajustar un año y siempre dicen que estamos ‘enlíados’ aquí en Honduras”.

Dijo que a veces era un asunto de perspectivas y que los congresistas estadounidenses se involucraban en estos temas “porque a ellos no les toca vivir en estos países, donde no todo es color de rosa”.

Acusó a la congresista por California, Norma Torres, de ser la promotora de las acusaciones.

La también diputada nacionalista Gladys Aurora López enfatizó que su señalamiento como corrupta se trata de “una escalada política para afectarme”, pero aseguró que ella sigue siendo la misma persona y que pertenece a un partido político que tiene “garantizado” el triunfo.

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Ministerio Público habla

Tras conocer los nombres en la lista, el Ministerio Público emitió una serie de mensajes en sus redes sociales, donde señalan que en su momento ejercieron acusaciones contra los señalados.

“Las acusaciones resultaron en algunos casos en sobreseimientos y sentencias absolutorias, las cuales, el Ministerio Público considera violentan la normativa nacional, convenciones y tratados, decisiones judiciales que para el Ministerio Público y el pueblo hondureño son inaceptables, no las comparte y se impugnó”, señala el ente.

Finalmente aseguran que darán continuidad a cada una de estas causas penales hasta agotar las instancias y recursos que el Código Procesal Penal dispone en su la lucha contra la impunidad, “tal como lo evidencia la obtención de sentencias condenatorias y autos de formal procesamiento por corrupción”.

El presidente Juan Orlando Hernández y el canciller Lisandro Rosales hasta el momento de esta publicación no se pronunciaron sobre la lista.