* Actual Junta Nominadora estará regida por una nueva ley que no logró llenar todas las expectativas, ya que perpetúa el partidismo político, pero incluye elementos positivos.
**La elección de la próxima Corte Suprema de Justicia será una señal de hacia dónde quiere transitar Honduras más allá de una CICIH, según exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor.
Expediente Público
A partir de este miércoles 14 de septiembre queda instalada la Junta Nominadora (JN) para elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, compuesta por 7 integrantes propietarios y 7 suplentes, tras un proceso de selección en el que no hubo impugnaciones, pero tampoco faltó la desconfianza.
Este día, los representantes de las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora serán juramentados por el Congreso Nacional (parlamento). A continuación, durante la primera quincena de octubre, deberán hacer la convocatoria a las autopostulaciones de candidatos para integrar la Corte Suprema para el período 2023-2030. Para integrar la actual Corte hondureña, la Junta anterior (2015-2016) tuvo 200 aspirantes.
La actual Junta estará regida por una nueva ley que no logró llenar todas las expectativas, ya que perpetúa el partidismo político, pero incluye elementos positivos, como una matriz técnica de evaluación y la presentación de denuncias y tachas por parte de la ciudadanía en el caso de los autopostulantes a magistrados.
Aunque ambos elementos estarán bajo el margen de discrecionalidad de la JN, esta tendrá la obligación de justificar por qué incluyó o excluyó algunas candidaturas en la nómina de al menos 45 candidatos que deberá entregar al Legislativo el 23 de enero de 2023.
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Elección de la CSJ es de alta prioridad
“Lo que un observador como yo en este momento puede decir en relación al proceso de constitución de la Corte Suprema es que hay que darle la más alta prioridad y la más alta atención”, dijo el exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, durante su participación el 9 de septiembre en un foro virtual que realizó la organización Movimiento Patria.
La elección de la próxima Corte Suprema de Justicia será una señal de hacia dónde quiere transitar Honduras más allá de una misión internacional contra la impunidad, agregó Jiménez Mayor, quien recordó que uno de los grandes problemas que tuvo la MACCIH fue la falta de independencia de los jueces.
De allí que muchos de los casos que presentó la fiscalía con apoyo de la Misión “han venido siendo cerrados paulatinamente”.
Por lo que remarcó que si se instala una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) va a ser muy difícil que pueda tener éxito si “no tenemos una Corte Suprema independiente”.
Cuando un operador de la justicia actúa de manera independiente “está solamente regido por la Constitución y la ley, no hay ninguna presión política. No hay ninguna expresión de cualquier posibilidad de torcer la ley si el operador, es decir, el juez, el fiscal, actúan de manera, independiente, cumpliendo la ley”, enfatizó.
Para Jiménez Mayor, el gran problema de Honduras no solamente es la corrupción, sino “fundamentalmente es la impunidad, es decir, la imposibilidad de llevar a los tribunales a las personas”.
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Independencia para proceder contra altos funcionarios
En un análisis prospectivo sobre la elección de la CSJ, presentado el pasado 1 de septiembre en un hotel de Tegucigalpa, capital de Honduras, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) mencionó el papel relevante de la CSJ “para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado”.
De acuerdo al Código Procesal Penal “todo proceso punitivo en contra de un alto funcionario del Estado queda bajo el conocimiento de magistrados de la CSJ, conforme a las diferentes etapas establecidas en la citada normativa”, señala el Cespad.
Además, recuerda que: “La CSJ tiene atribuido el conocimiento de los procesos de extradición”. El caso más emblemático es el del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado el 21 de abril del 2022.
“La eventual llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) puede ser un factor relevante porque las condiciones en las que podrá trabajar la misión internacional, y las herramientas para poder investigar a profundidad, junto con el MP (Ministerio Público), dependen de las decisiones que se tomen actualmente en el Congreso Nacional”, indica también el Cespad.
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Sombras sobre el proceso
El 31 de agosto fue la fecha máxima para la acreditación de los miembros de la Junta Nominadora, quienes fueron seleccionados por sus respectivas organizaciones entre el 4 y el 29 de agosto. La designación fue publicada en una sección de la página la web del Congreso Nacional que, dicho sea de paso, sigue en mantenimiento.
Aunque ninguno fue impugnado, el proceso de elección no estuvo exento de polémica. Por ejemplo, cuando el exdirector de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Odir Fernández, renunció a participar en la fórmula en la que había sido propuesto como suplente de la abogada Marielena Ulloa de Pineda por el claustro de profesores de Derecho.
Él argumentó que la abogada Ulloa sería una exrepresentante legal de una de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que promovió el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Finalmente, la abogada Ulloa también renunció.
Posición de los nacionalistas
Pero más allá de este incidente, la filiación partidaria y el nombramiento de algunos miembros han sido cuestionados por diversos sectores. Incluso se le atribuye al partido Libertad y Refundación (Libre) al menos tres representantes afines en la Junta de siete de los propietarios y uno al Partido Nacional.
“Hay ciertos miembros de la Junta Nominadora que fueron electos legítimamente, pero hay otros que están viciados”, dijo a Expediente Público, sin especificar nombres, la diputada por el Partido Nacional (hoy en la oposición) Tania Pinto.
“Lejos de eso, yo me voy a sentir satisfecha si ellos se despojan de sus afinidades políticas. Si piensan en Honduras y sirven de filtro para elegir a los mejores y las mejores profesionales del derecho (…). Queremos una Corte imparcial al momento de impartir justicia y esa (es la) responsabilidad que tienen los miembros de la Junta Nominadora” además de no permitir “ningún tipo de injerencia política”, añadió la parlamentaria.
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Politización de las instituciones
Para Jiménez Mayor, “si algo afecta la institucionalidad hondureña es la alta politización” de instituciones como la CSJ, que “genera una afectación precisamente a la independencia”.
De allí que en la elección de la nueva Corte “hay elementos de desafío (…). A mí por ejemplo me hubiera gustado que exista una decisión vinculada a que la gente que milita en los partidos políticos no tenga injerencia en este proceso. Desafortunadamente estamos en una entidad política, que es el Congreso, y que seguramente lo va a plantear de alguna manera. Pero ojalá que sea en la menor intensidad posible y que tengamos un proceso meritocrático”.
Los magistrados de la Corte se eligen por mayoría calificada. Es decir, 86 votos de 128 posibles, para los cuales los partidos de la alianza, Libre y Salvador de Honduras, necesitarán del Partido Nacional, el segundo con más diputados (43).
En ese sentido, consideró que “la Junta Nominadora va a tener una enorme responsabilidad de poder presentar a los 45 candidatos y candidatas a la Corte, que finalmente el Congreso bajo dos tercios, una cifra bastante importante, que va a requerir altos consensos, va a poder establecer”.
Retos enormes
De su lado, la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana, invitada también al foro del Movimiento Patria, dijo que se debe hacer un trabajo para construir institucionalidad para que cuando la CICIH termine su misión en Honduras “no suceda lo de Guatemala, porque es evidente que en Guatemala no hay institucionalidad”.
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Aldana expresó que “para los grupos interesados en evadir la lucha contra la corrupción fue muy fácil volver a recapturar y ahora es peor, porque las instituciones no tienen la independencia ni en el sistema de justicia ni el Estado funciona como un Estado democrático y que trabaje para la población”.
Institucionalidad en el sistema de justicia
“Si nosotros cometemos el error de continuar con las prácticas tradicionales” en la elección de los magistrados “se nos cierran todas las posibilidades para poder tener una CICIH o tenerla en los términos que queremos los hondureños”, dijo el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, en el foro del Movimiento Patria.
“¿De qué serviría tener un mecanismo internacional anticorrupción si tendría las mismas limitaciones que tuvo la MACCIH?”, se preguntó.
Para Orellana, “una buena CICICH seguramente que nos va a dejar un gran legado, pero nos va a dejar una institucionalidad un poco desfigurada. Nos va a dejar tribunales anticorrupción fuertes (…) pero el resto va a continuar igual si no tenemos una Corte que vaya al ritmo de los avances que esa CICIH impulse en materia anticorrupción”.
En esa línea, continuó, “estamos concentrando nuestros esfuerzos exclusivamente en la CICIH y nos olvidamos del resto de la institucionalidad en el sistema de justicia”.
Decisiones a tomar
Orellana se refirió a que en los juzgados de Nueva York se dijo “claramente” que el expresidente Juan Orlando Hernández había puesto a disposición del narcotráfico la institucionalidad hondureña. “Eso significa que puso a disposición el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía. Y eso está ahí, cambios no ha habido, sustanciales”.
Todo esto requiere tomar decisiones al interior. “Fuertes, heroicas, drásticas, que van a causar problemas, todavía eso está pendiente”.
El problema es que la nueva Corte de Justicia está por definirse. “Y lo único que hemos logrado” con la nueva Ley de la Junta Nominadora, cuya aprobación fue parte del Memorándum de Entendimiento de Naciones Unidas para la instalación de la CICIH, es que todavía no se sabe quiénes serán los nuevos magistrados, lo cual consideró positivo.
“A estas alturas, en los tiempos pasados, ya sabían quiénes eran los magistrados, ya se habían definido los nombres”, sostuvo Orellana.
“Ya con eso tenemos una batalla ganada a esa guerra de impunidad que, hay que reconocer, es responsabilidad de los partidos políticos, de algunos empresarios fuertes, mucha sociedad civil e iglesias”, agregó.
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Importancia de la veeduría ciudadana
Para Jiménez Mayor, existe una necesidad de darle la mayor visibilidad al proceso de selección de los magistrados con la transparencia que se está planteando en la Ley de la Junta Nominadora.
“Si no tenemos una ciudadanía activa, si no tenemos a la población mirando este proceso, va a caer en saco roto. Creo que el seguimiento que hay que tenerle a este proceso es fundamental”.
También consideró importante darle seguimiento al equipamiento que va a desarrollar la JN respecto a su reglamento y “a las condiciones digamos específicas de puntuación, de elementos de cómo se va a desarrollar el concurso”.
Para Jiménez Mayor “es importante que tengamos una elección ejemplar, que se distancie de anteriores procesos de selección, donde la Junta Nominadora también ha participado. Creo que va a ser muy importante la lección que dé al país y a la región”. La elección de miembros de la CSJ “será una señal muy importante y creo que va a ser la mejor forma de poder plantear una verdadera lucha contra la corrupción fomentando solamente la independencia judicial”.
