*Pese a que el Registro Nacional de las Personas (RNP) ha entregado 4.2 millones de tarjetas, la diferencia respecto a los 5.3 millones de hondureños empadronados deja un pendiente de más de un millón de personas sin DNI y sin acceso al voto.
Expediente Público
Angélica Méndez tramitó su Documento Nacional de Identificación (DNI) el pasado 4 de septiembre, un día antes de que venciera el plazo de esa gestión, pero más de un mes después en la página del Registro Nacional de las Personas (RNP) aparece que éste no se encuentra disponible para su entrega.
El 4 de octubre entró a la página del RNP para consultar si su documento estaba listo, pero se encontró con que la página web estaba en mantenimiento y no estuvo accesible hasta el lunes 11 de octubre; cuando ingresó su número de identidad el mensaje era el mismo: “Su DNI no está disponible para entrega”. El 15 de octubre la respuesta del sistema no había variado.
A ese paso, para esta adolescente hondureña de 18 años no está claro si podrá votar por primera vez en las elecciones generales del próximo 28 de noviembre. Su consuelo es que “todavía no sé a quién le voy a dar el voto porque no hay nadie que valga la pena”.
El caso de Angélica resume una parte de los contratiempos que ha tenido desde su inicio en 2019 el proyecto Identifícate, realizado por el RNP con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta la etapa de entrega de la DNI.
El martes 12 de octubre, un grupo de pobladores realizó una protesta frente al edificio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), el lugar anunciado por el RNP al inicio de la semana para que los habitantes del Distrito Central, la capital de Honduras, reclamen su nueva identidad.
Los reclamantes se encontraron desde el día anterior con el paro de labores de los responsables de distribuir la DNI, en protesta por el atraso en el pago de sus salarios.
La frustración había venido escalando porque a partir del sábado 16 de octubre vencería la vigencia de la tarjeta de identidad actual y a pesar de varios intentos muchos ciudadanos no han podido obtener el nuevo documento, indispensable para hacer gestiones bancarias como el cobro de salarios, comprar un boleto de autobús o ejercer el sufragio.
La entrega de las identidades se reanudó hasta el viernes 15, después de solucionado el reclamo del pago salarial y de que el Congreso Nacional ampliara por 30 días la vigencia del documento de identificación.
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Padrón y censo electoral definitivo
El 5 de septiembre se cumplió el plazo para que la ciudadanía pudiera tramitar el nuevo documento de identidad y quedar incluida en el censo electoral para votar en noviembre. En total, se empadronaron 5.3 millones de personas, según los datos del RNP.
A partir de esa base registral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el 7 de octubre el Censo Nacional Electoral Definitivo de casi 5.2 millones de personas, incluyendo a los hondureños en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
La diferencia entre el censo definitivo y la base remitida por el RNP es de 178,760 que, según explicó a Expediente Público el comisionado presidente de esa institución, Oscar Rivera, se debe a que fueron excluidos policías, militares y presos inhabilitados por ley para votar, menores de 17 años que no tendrán su DNI antes del 28 de noviembre e inconsistencias “que el CNE no agregó al censo, aunque el RNP las mandó”.
Mientras que la diferencia con el censo electoral de 2017 es de 864,474 electores menos, que serían los muertos y los migrantes que ya no residen en Honduras.
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Pero el número que más preocupa en este momento a los diversos sectores es el de las DNI que siguen sin entregarse.
El comisionado presidente del RNP aseguró a este medio que se han entregado 4.2 millones de tarjetas, que si se restan a los 5.3 millones de empadronados deja un pendiente de más de un millón de DNI.
A comienzos de octubre, el Registro tenía disponibles 700 mil cédulas listas para entrega, a las que se sumarían alrededor de 150 mil a partir del día 11 del presente mes “y a finales del 15 de octubre tendremos la diferencia para tener 5.3 millones en el territorio nacional”, sostuvo Rivera sobre las tarjetas que se fabrican en Polonia.
Antes del 28 de noviembre, “todos los DNI estarán disponibles, esa es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo en esa dirección”, aseguró el funcionario.
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Dudas y preocupación por tardanza
El optimismo de Rivera no es compartido por algunos de los otros 14 partidos legalmente inscritos ni por organizaciones de la sociedad civil.
En un comunicado emitido el 5 de octubre, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), integrada por organizaciones de la empresa privada, Iglesia católica, sociedad civil y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló que la falta de un censo confiable “que garantice a todo el electorado el ejercicio del sufragio”, más la elaboración y entrega de la DNI, así como los reclamos y señalamientos de inconsistencias en los cambios domiciliarios, desacreditan el proceso electoral.
Sua Martínez, secretaria del Partido Salvador de Honduras (PSH) y candidata a diputada por ese instituto político, declaró también a Expediente Público que el Proyecto Identifícate tiene como propósito evitar “otro fraude electoral” como el de 2017 y “mejorar la democracia”.
Sin embargo, dijo que ha estado lleno de irregularidades, en vista de que “los que están trabajando son justamente activistas”, quienes desde un inicio dieron preferencia a sus correligionarios para el proceso de enrolamiento y, luego, el de entrega del documento.
El RNP está dirigido por representantes de los tres partidos políticos mayoritarios, el Nacional, Liberal y Libre; sin embargo, la mayoría de denuncias de sesgos e irregularidades han apuntado al partido oficialista.
En un foro televisivo, el ex vicepresidente del Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) que precedió al extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ernesto Paz Aguilar, consideró que la situación con la entrega de identidades forma parte de las amenazas y peligros a los que se enfrenta el proceso electoral.
“El asunto de la identificación es un problema de orden logístico” debido a que el RNP “no ha dado el ancho” y hay un sentimiento de frustración en la gente porque no les entregan su documento, dijo también Aguilar.
La carga electoral en el departamento de Francisco Morazán es de 957,146 electores y de estos 715,259, casi el 75 por ciento, se encuentran en el Distrito Central.
“Quien tiene que pagarles (es) el Estado, el poder Ejecutivo, que son los que controlan la plata”, expresó sobre el paro en la universidad pedagógica.
Y quien dirige el Estado es el partido de gobierno que “sigue jugando a boicotear las elecciones”, agregó el también excanciller de Honduras en el foro de televisión transmitido el 12 de octubre.
Traslados domiciliarios
El Congreso Nacional, donde el oficialista Partido Nacional tiene mayoría con 61 de los 128 diputados, anuló en agosto, los cambios domiciliarios realizados por el RNP en el marco del proyecto Identifícate, con lo que se retornó al mismo domicilio del censo electoral de 2017.
La medida tendría que ver con las más de 400 mil inconsistencias en los cambios domiciliarios reportadas antes de las elecciones primarias del 14 de marzo que fueron denunciadas por partidos de la oposición.
En total fueron 877,555 ciudadanos a quienes el RNP aplicó el domicilio de la última elección general, lo que generó reclamos en las redes sociales.
“De nada sirvió el traslado domiciliario si me regresan a votar justo de donde hice el cambio”, publicó en Twitter la periodista Delia Arita.
¿A las urnas con dos identidades?
Además de las dudas en torno a la confiabilidad del censo y a las intenciones detrás del traslado domiciliario que no fue consultado por el Congreso Nacional al Consejo Nacional Electoral (CNE), otra pregunta que sigue en el aire es con qué tarjeta de identidad votará la población el próximo 28 de noviembre dados los atrasos en la entrega.
En sesión virtual, el Congreso Nacional amplió el jueves 14 de octubre la actual cédula de identidad hasta el 15 noviembre, cuando faltarán trece días para los comicios.
“Para los que tienen dudas se votará con la nueva tarjeta de identidad”, dijo durante la sesión el secretario del Legislativo Tomás Zambrano.
Sin embargo, también se había asegurado meses atrás que la vigencia de la actual cédula sería improrrogable.
Aunque la ampliación de ese documento no implica que se utilizará para votar en noviembre, de ser así sería la segunda vez desde las elecciones de 1993 que la población acudiría a las urnas con dos cédulas de identidad.
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Intromisión de los partidos políticos
En entrevista con Expediente Público, el analista político Rafal Jerez opinó que “es muy poco tiempo” para que se entreguen las DNI pendientes antes de noviembre.
Pero recordó que la nueva tarjeta de identidad se tiene que relacionar con el sistema que tendría el lector de huellas en cada Junta Receptora de Votos, en los que utilizarán los datos biométricos actualizados que fueron captados durante el empadronamiento.
“Entonces hay que verlo desde una perspectiva muy integral, o sea, cómo se relaciona la entrega del DNI con la capacidad de la JRV de permitir que solo voten los que están inscritos ahí y que solo se vote una vez”, expresó.
Al final, la validez de los votos está en manos de los miembros de la JRV, quienes son los que permiten votar y quienes verifican la DNI, explicó Jerez.
“Quizás se les permita utilizar la tarjeta vieja, pero quizás no aparecen en el listado de lectores”, entonces será decisión de la JRV permitir el sufragio, lo que sería una especie de fraude electoral.
Para Jerez no hay duda de que “los partidos van a considerar que se permita el uso de esta tarjeta de identidad que todavía está vigente”, ya que son ellos los que tienen representación en todas las JRV.
Mientras que la ampliación de la cédula actual podría prestarse para que la nueva DNI se entregue a punto de realizarse las elecciones y se prestaría también para la intromisión de los partidos, que tendrían discrecionalidad al momento de entregar ese documento de identificación.
La entrega o no a tiempo de la nueva DNI genera preocupaciones, no solo en torno a la confianza del proceso electoral sino a sus consecuencias.
“Lo que menos queremos como hondureños es que se polarice otra vez el país, que volvamos a tener más muertos, más mártires, que vuelva a haber otro fraude electoral”, dijo Sua Martínez en relación al actual proceso electoral que avanza lleno de incertidumbre.
