El financiamiento develado de grupos narcos y del crimen organizado a las campañas políticas y procesos electorales ha alcanzado al Partido Nacional y otros sectores políticos, según sórdidas revelaciones de involucrados en este manejo de dinero sucio en Honduras.
Expediente Público
La penetración del dinero sucio de los narcos y bandas del crimen organizado ha sido de tal magnitud en Honduras, que hay incluso casos de personas que se dedican al narcotráfico y luego optan por un cargo público, son electos y ostentan puestos de elección popular en el país, lo que implica una mayor y directa implicación de los partidos políticos con la facilitación del tráfico de drogas en el territorio, explica Héctor Silva Avalos, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, DC.
El caso de Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán (2006-2014), es considerado por los Estados Unidos como el principal líder del cártel de los Hermanos AA. Un documento reveló que fue uno de los narcos protegidos por el expresidente Porfirio Lobo y el actual Juan Orlando Hernández Alvarado.
Ardón fue testigo de la Fiscalía en Nueva York en el caso contra el hermano del presidente Hernández, el exdiputado Juan Antonio Hernández, conocido como Tony y preso por cargos de narcotráfico, ha dejado al descubierto formas de cómo se ha infiltrado el dinero sucio en las más altas esferas de la política hondureña desde años atrás.
Tony fue declarado culpable en Estados Unidos el 18 de octubre de 2019 por tráfico de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar armas y falso testimonio. El 30 de marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel.
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Para ese juicio varios narcotraficantes dieron información importante, uno de ellos fue Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, ciudad localizada a 386 kilómetros al occidente de Tegucigalpa, quien dijo haber estado presente cuando el mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, pagó un millón de dólares a Tony Hernández para que se los entregara a Juan Orlando Hernández a cambio de protección para sus cargamentos de cocaína.
Ardón, que no fue extraditado, sino que se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, dijo que el mismo presidente Hernández le pidió miles de dólares para su campaña de reelección en el 2017, a cambio le ofreció protección. Aseguró en el juicio que se reunió con el presidente seis meses antes de las elecciones y que este pagó millones en sobornos.
El testigo indicó que el Chapo Guzmán le dijo en 2012 que el narcotraficante guatemalteco Jairo Orellana le había robado un cargamento de cocaína y que pretendía apropiarse de la ruta fronteriza entre Honduras y Guatemala.
De Lobo a Hernández
Ardón asegura que el Chapo habló con el entonces presidente Lobo, quien envió un batallón compuesto por 120 soldados para ayudarle a mantener el control sobre la frontera y garantizar el paso de la droga.
En la evidencia aportada para el juicio de Tony, según Insight Crime, Ardón expresó que comenzó a trabajar de manera concertada con el hermano del hoy presidente, y que con su ayuda pasó de ser facilitador a traficante directo de cocaína, ya que Tony protegía las operaciones usando sus conexiones en el ejército y la policía y tenía acceso a los radares para que los cargamentos no fueran interceptados. Para ello usaban helicópteros o vehículos terrestres una o dos veces al mes.
El expresidente Lobo, además, designó al hermano de Ardón, Hugo, como director del Fondo Vial, el organismo encargado de la regulación, el mantenimiento y la contratación de carreteras y este comenzó a otorgar contratos del gobierno a Ardón y otros narcotraficantes aliados en todo el país, como la conocida organización narcotraficante de Los Cachiros que operaba desde el noreste de Honduras.
El primer alcalde narco
Y la gran historia de los grupos de narcotráfico en la región, comenta Héctor Silva, es que son grupos criminales que no necesariamente se han dedicado desde el principio del narcotráfico.
Para Silva, los Cachiros y el cartel de Los Valle en el Occidente no eran narcotraficantes al principio, sino que ganaderos.
Ejemplifica: “Llega un intermediario y le dice a ver usted ya tienen una red; tienen transportes, camiones, mueven mercadería… tienen sobornadas a las autoridades locales: al policía local, al fiscal local al juez. Ocupen esa red para un producto más rentable: la cocaína”.
El especialista explica aún más sobre los narcos que financian alcaldes y narcos que se convierten en alcaldes.
“La transformación de estos grupos y el uso de estas redes del Estado que ya están contaminadas para introducirse al narcotráfico (es así): el negocio se hace más grande cuando el narcotraficante local entiende: ‘bueno y qué tal si en vez de pagarle a un alcalde y pagarle un juez… me hago alcalde y le pago directamente a un candidato su campaña para que llegue al poder y ese me va a pertenecer’”.
Tres presidentes embarrados
En sus declaraciones realizadas el 11 de marzo de 2021, Ardón expresó que contó con el apoyo y protección de los expresidentes Zelaya, Lobo y el actual mandatario Hernández, lo que significa también el apoyo del engranaje gubernamental, policial y militar para facilitar sus acciones para traficar drogas en el país sin ser perseguido o acusado. Dejando claro que ese apoyo y protección los convierte en co-conspiradores y como partes de estructuras delictivas ligadas al narcotráfico internacional.
Dijo también que en el 2009 pagó 100,000 dólares para financiar la campaña electoral de Porfirio Lobo a la presidencia de Honduras.
Ardón es el claro ejemplo de que al tener “acceso al poder político de su pueblo era la llave para tener mucho más control del territorio porque en el tema del narcotráfico es clave controlar el territorio, los caminos, los accesos a la frontera y los accesos a las grandes carreteras para que por ahí fluya la droga sin problema…”, comenta Héctor Silva en la entrevista concedida.
Según el testimonio de Ardón el presidente hondureño Hernández “le pidió que le financiara la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira, ciudades localizadas al occidente de Honduras, porque las encuestas estaban bien bajas en estos departamentos”.
Narcos y crímenes
Para ello le solicitó “500 mil dólares para el departamento de Lempira y para sobornar presuntamente a los alcaldes de Copán pagó 1.6 millones de dólares”.
De esa forma, indica Silva Avalos que Alexander Ardón se va “abriendo las puertas a un poder más importante que el poder local y pasa al poder que está en la capital y se convierte en un financista importante el Partido Nacional”.
En las declaraciones de Ardón, otro narcotraficante y exsocio, Franklin Arita, se había apoderado de una ruta de la droga y no dejaba pasar los cargamentos. Esto se lo informó a Tony Hernández, quien le dijo que lo mataría y que le encargaría el trabajo al jefe policial de la región, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
Días después, el 27 de julio de 2011, Franklin Arita fue asesinado a bazucazos junto a otros tres que lo acompañaban. En ese momento Bonilla era el jefe regional de la policía y luego, en 2012 pasó a ser el director a nivel nacional.
Sin embargo, el oficial niega cualquier vínculo con Hernández y el 31 de mayo de 2021, fue solicitado en extradición.
También Víctor Hugo Morales, alias “el Rojo” declaró el 30 de octubre de 2019 haber pagado “40,000 dólares a Tony Hernández para financiar la campaña presidencial de su hermano”, el hoy presidente Juan Orlando Hernández.
En el mismo caso, “el Rojo” indicó que le entregaba “5,000 dólares por información específica sobre investigaciones de las autoridades ligadas al narcotráfico y por retenes en las rutas de la droga”.
La conexión de los hermanos Hernández con Los Cachiros
Alias “el Rojo” igualmente expresó en el juicio que Tony Hernández fabricaba cocaína con la marca “TH” y mencionó al actual diputado Juan Carlos Valenzuela, como uno de los participantes en las reuniones de narcotraficantes.
También atestiguó Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe del cartel de Los Cachiros, quien mostró un video de una reunión que tuvo con Tony Hernández para pedirle que intercediera de modo que el gobierno pagara algunas deudas que mantenían con empresas de su propiedad.
Aseguró haberle entregado 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández y 50,000 a Tony. Al gobernante anterior, Porfirio Lobo, dijo haberle entregado entre 500,000 y 600,000 dólares.
Devis Leonel Rivera Maradiaga del cartel Los Cachiros, en el juicio al hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, aseguró que en junio de 2014 este presentó a dos supuestos narcos con el actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, a quien le pidieron seguridad para un cargamento de cocaína que venía de Venezuela.
Danza de dinero sucio a líderes políticos
Aparte del presidente Hernández y el expresidente Lobo, también fueron implicados los diputados Reynaldo Ekónomo y Juan Carlos Valenzuela; el exvicealcalde de la municipalidad de Gracias, Mario José Cálix Hernández, todos del Partido Nacional al que pertenecen Hernández y el expresidente Lobo.
Es de resaltar que Mario José Cálix Hernández tiene una acusación formal por narcotráfico en Nueva York y es primo de la abogada Soraya Cálix, titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Asimismo, en el caso del grupo “Los Cachiros” que cumplen cadena perpetua en Estados Unidos, aseguraron que pagaron al presidente Hernández la cantidad de 250 mil dólares para que los protegiera.
También mostraron un video de una reunión que tuvo con Tony Hernández para pedirle que intercediera de modo que el gobierno pagara algunas deudas que mantenían con empresas de su propiedad.
Aseguró haberle entregado 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández y 50,000 a su hermano Tony. Al gobernante anterior, Porfirio Lobo, dijo haberle entregado entre 500,000 y 600,000 dólares.
Los testimonios de los narcotraficantes fueron validados por la Fiscalía y el juez, mientras los jurados estadounidenses declararon culpable a Tony Hernández, mencionando en el expediente judicial como “co-conspirador 4”, un término utilizado por la justicia estadounidense para designar a quienes planifican las operaciones del narcotráfico.
A pesar de la magnitud de los casos, explica Silva Avalos, “ninguno de los narcotraficantes extraditados tenía procesos judiciales en Honduras y algunos de los que declararon haber sido socios de Juan Antonio Hernández se entregaron voluntariamente a la DEA o fueron extraditados desde Guatemala y Costa Rica”.
Débil marco jurídico
El financiamiento político ilícito no ha sido controlado por ninguna instancia del Estado y parece no existir la voluntad política de las administraciones gubernamentales por tener un marco legal robusto para tratar de detectar, denunciar y detener dichos ilícitos.
La afirmación de Juan Jiménez Mayor, exjefe de la Misión contra la Impunidad de Honduras (Maccih), al indicar que en Honduras “la legislación sobre financiamiento electoral cuando llegó la Maccih, era sumamente endeble, había una normativa, pero era muy general y no tenía posibilidades de garantizar que el dinero que no pertenecía al ámbito formal. Entonces el dinero ilegal penetraba en las campañas electorales, eso es lo que sucede en Honduras y que ya es público”.
La necesidad de fiscalizar las cuentas de los partidos y de las campañas electorales es muy importante, debería impedirse que los candidatos a la presidencia, por ejemplo, se defiendan indicando “que no tenía conocimiento de dónde venía el dinero”; o en casos extremos digan que “en la política no se pregunta de dónde viene el dinero…”, dijo Jiménez Mayor, al referirse a alguien que fue viceministro de Trabajo en una de las audiencias que se hicieron en Tegucigalpa ante el Poder Judicial.
“Y eso es precisamente lo que habrá que preguntar: de dónde procede el dinero para establecer que sea lícito”, reflexiona Jiménez Mayor.
Nuevas herramientas de fiscalización electoral
En 2016 por medio del decreto 137-2016, se crea la “Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos”, aprobada por el Congreso Nacional en 2017, conocida también como Ley de Política Limpia y que tiene como objetivo principal “establecer las normas relativas al Sistema de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los ingreso y egresos de los recursos de los Partidos Políticos, movimientos internos de los Partidos Políticos, sus candidatos, candidatas y Alianzas”.
En la ley destacan algunos aspectos que se toman en cuenta, tales como los techos a los montos de aportaciones a las campañas electorales por parte de las personas naturales y jurídicas, así como el financiamiento público limita los gastos de las campañas, pone techo a los donativos, prohíbe donaciones anónimas, regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes, hasta la disolución de un partido político, entre otras disposiciones.
En entrevista con Expediente Público, explicó German Espinal, Comisionado de la Unidad de Política Limpia (UPL) que “los alcaldes tienen un techo de 2 a 10 millones de lempiras para justificar”.
“Por ejemplo, en San Pedro Sula y Tegucigalpa, ciudades principales de este país, los candidatos a diputados tienen un piso desde 14.2 millones hasta un techo de 28 millones de Lempiras, que es una cifra bastante importante para invertir en campaña política. En la democracia moderna y en ningún país del mundo se puede hacer políticas sin plata”, explica Espinal.
Igualmente, Espinal expresa que: “la UPL queda de alguna manera huérfana, porque es un proyecto que tenía la autoría y el acompañamiento técnico de la Maccih, de alguna manera la unidad ha quedado sola, nada más con el entusiasmo de los comisionados, pero la Ley requiere actualizarse y reformas urgentes. No hay tecnología que requiera los procesos electorales sobre todo en estos países donde la ética está ausente”.
Esta ley de Política Limpia procura que la “política no esté contaminada por fondos ilegales o recursos ilegales que puedan ensuciar la política y que además, puedan generar lazos entre políticos, empresarios y personajes que están al margen de la ley”, indicó Jiménez Mayor, como uno de los objetivos que persiguieron al crear y negociar la entrada en vigencia de dicha ley que formaba parte de las reformas constitucionales propuestas por la Maccih, que definió en sus cuatro líneas principales de trabajo para una reforma electoral integral.
Para las elecciones generales de 2017, según un estudio de Cespad, “la UPL careció de capacidad institucional instalada no sólo para operar administrativamente, sino para cumplir con las atribuciones que manda el artículo diez de la Ley de Política Limpia”.
Honduras, cerca de ser “narcoestado”
Sin embargo, este tipo de leyes tiene un problema “como cualquier norma penal o cualquier norma que busque controlar el delito, siempre los delincuentes están por delante de las autoridades porque siempre ven la forma de darle vuelta a la ley”, comentó Jiménez Mayor en la entrevista con Expediente Público.
La penetración del narcotráfico en el financiamiento de campañas no es algo nuevo y cada vez más está cooptando a las estructuras políticas y gubernamentales del país, según se ha visto en los casos conocidos anteriormente.
Se ha creado un proceso de institucionalización del crimen organizado en el Estado hondureño, a los niveles más altos del poder político, militar y policial corrupto de Honduras, observan los expertos aquí citados.
Las conexiones entre los políticos de más alto rango y con mayor influencia, como los expresidentes Lobo, Zelaya y el actual Hernández, pusieron toda la maquinaria de la administración pública y los grupos criminales para asegurar el trasiego de drogas y proporcionar la protección necesaria a los narcotraficantes.
Silva indica que Honduras “no es que es un narcoestado está muy cerca, pero si es un estado mafioso porque todas sus estructuras políticas de una manera u otra están vinculadas al crimen organizado, tanto así que se ha adaptado todo el sistema para favorecer la impunidad del crimen organizado, la policía, el ejército, el alcalde local, todo el Ministerio Público”.
Y refiere que la impunidad de los políticos que tienen el poder en Honduras, hace que no se logre avanzar en la aplicación de sanciones administrativas y penales a los que se han visto envueltos en esos casos de recibir dinero del narcotráfico para sus campañas políticas.
