*Instituciones y empleados públicos serán sometidos a auditorias forenses y a evaluaciones para decidir su continuidad.
**Este proceso buscará evitar la duplicidad de funciones y ahorro en el gasto público, provocando despidos en el sector público que comprende con la cantidad de más de 200 mil empleados.
***Propuestas políticas deberán enfrentar desafíos tras 12 años de crisis y deterioro en el país.
Expediente Público
El cierre, reformulación y fusión de instituciones públicas serían parte de las políticas públicas que busca implementar el nuevo gobierno de Xiomara Castro, tras su toma de posesión el próximo 27 de enero del 2022. Este “reordenamiento” del Estado en Honduras supondrá el despido de trabajadores estatales, reconocieron a Expediente Público miembros del equipo de la futura presidenta, pero dijeron que es pronto para determinar cuál será el porcentaje que se reducirá la planilla.
Según su discurso, esta acción buscará ahorrar el gasto público y evitar duplicidad de funciones en los organismos del Estado, por lo que se realizarán auditorias para constatar la administración de las instituciones, lo cual provocaría despidos masivos en las diferentes entidades.
Se conoce que el Sector Público cuenta con más de 200 mil personas laborando, cifra que comprende a empleados permanentes, por contrato y jornales. Esta reestructuración provocaría el despido de varios trabajadores.
El miembro del equipo de transición del nuevo gobierno, Héctor Zelaya, en una entrevista a medios de comunicación local el pasado 15 de diciembre, explicó que este proceso es un mecanismo que se realiza de forma natural cuando hay transiciones de gobierno.
Asimismo, informó que se han llevado a cabo análisis sobre las auditorias forenses institucionales, las cuales se realizarán en conjunto con organizaciones internacionales que serán observadores del proceso y así dar un informe a la nación a los 100 días de gobierno.
“Hay instituciones que hace 100 años funcionaban perfectamente con 100 personas y hoy tienen 800 personas, pero adicional a eso se han identificado 29 instituciones más que se han creado en estos 10 años y que han representado alrededor de 100 millones de lempiras más de aumento presupuestario”, expresó.
Incertidumbre sobre instituciones afectadas
El economista y diputado electo del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Hugo Noé Pino explicó a Expediente Público que hasta la fecha no se ha mencionado una institución o el total de estas que entrarán en auditorías, sin embargo, sí ha detectado duplicidad de funciones en la administración pública.
Esta acción provocará despidos de empleados públicos, informó, “se harán en base a las evaluaciones y si están cumpliendo o no con lo establecido en cada una de las secretarías del Estado”.
El miembro de la comisión política del Partido Libre, Tony García explicó a Expediente Público que existen empleados por acuerdos, quienes están protegidos por la sociedad civil y no podrán ser despedidos sin causa justificada, ya que podrían recibir demandas.
“Habrá que ver si la persona hizo un buen trabajo, eso dependerá caso por caso”, explicó.
Informó que entre algunas instituciones en las que no se tomarán acciones son las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional, debido a que la ley general lo prohíbe y solo miembros de estos organismos son los autorizados a aplicar cambios.
Igualmente mencionó que el cierre de algunas instituciones podría generar la creación de nuevos organismos más eficaces.
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¿Escoba contra la corrupción o revanchismo?
El economista del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Ismael Zepeda mencionó a Expediente Público que sería conveniente un cierre o fusión de instituciones debido a su ineficiencia, burocracia y absorción de recursos públicos.
Informó que a pesar de los pasivos que ocasionen los despidos y el desempleo que genere esta acción, el verdadero problema es el tema legal y deberán eliminarse contratos, convenios y plazas permanentes.
“Claro que esto ocasiona pasivos, pero es algo que se debe de hacer, y si el objetivo es ahorrar el gasto público habría que ver a donde irá direccionado ese ahorro, si irá a educación, salud o infraestructura”, expresó.
Por otra parte, el analista político Rafael Jerez en entrevista a Expediente Público mencionó que se deben tomar en cuenta los estatus legales de las instituciones y empleados, debido a que en lugar de generar un ahorro al Estado se podría obtener un efecto contrario y generarle un costo por las demandas y pagos que el proceso puede conllevar.
“Hay convenio detrás de muchas instituciones que además tienen su ley orgánica. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque al final son instituciones que son secretarías de Estado, pero hay otras que sí pasan por el Congreso Nacional; no es solamente voluntad del poder Ejecutivo”, expresó.
Algunas propuestas
Entre algunas de las propuestas del gobierno de Castro se señalan derogaciones de algunas leyes aprobadas como la Ley de Secretos y la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), igualmente las relaciones diplomáticas y comerciales con China continental.
En su agenda entran la recuperación de empresas estatales, reducir precios de combustible, cancelación de impuestos sociales y al sector productivo y comercial.
Entre otras de las propuestas se mencionan programas alimentarios y la instalación de la Comisión Contra de Corrupción.
¿Será posible cumplir la mayoría de las propuestas?
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) mencionó que la mayoría de las propuestas no han sido desvirtualizadas totalmente, pero existe una flexibilización de postura ante la comisión de transición.
Sobre la reducción al costo del combustible, el cual es uno de los ingresos más fuertes de las áreas del Estado con un ingreso de 16 millones de lempiras, siendo así un total de 600 mil dólares. Zepeda manifestó que esta propuesta sería posible solamente si se reducen los impuestos.
Igualmente, expresó que la reducción de impuestos no afectaría la economía del país y el mantenerlos dependería de la renegociación de la deuda externa e interna.
“Se pueden mantener los impuestos siempre y cuando se hagan los ajustes necesarios en el gasto de las instituciones de la burocracia, el perfilamiento de la deuda y las negociaciones que se tengan con los organismos estatales, recuperarlos y que generen un bienestar», dijo Zepeda.
En cuanto al logró de las propuestas, explicó que su cumplimiento sería muy difícil solventarlas a corto plazo a pesar de que se cuente con un presupuesto alto y que lo esperado sería notar los resultados a mediano plazo, dependiendo de la visión que traiga el nuevo gobierno.
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Nuevas relaciones y derogaciones
En cuanto a las relaciones diplomáticas con China continental, el analista político Rafael Jerez mencionó que este país, a diferencia de Estados Unidos, tiene una visión más tradicional de como operar ya que se concentran más en el establecimiento de relaciones y los beneficios y no en las situaciones políticas.
Igualmente mencionó que esta propuesta podría debilitar las relaciones con Estados Unidos y se podría generar un enfrentamiento geopolítico.
“Dudo mucho que el gobierno de Xiomara Castro busque abrir esa puerta tan rápido, recordemos que la transición no es solamente recibir el gobierno después de doce años del Partido Nacional, sino realmente recibir una estructura que ha funcionado así por mucho tiempo. Cambiar eso tan rápidamente le generaría en realidad efectos adversos a una administración que lo que necesita es estabilidad en los primeros meses”, explicó Jerez.
En la derogación de algunas leyes se menciona la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), un tema de mucho debate político. Jerez mencionó que esta ley sería difícil derogarla si no se cuenta con la mayoría calificada de 86 diputados del Congreso Nacional.
“Habrá que ver si el Partido Nacional accede, dudo mucho que vaya a acceder aunque lo han dicho pública y verbalmente. El Partido Nacional con esa figura de las ZEDES demostró que no solamente habían intereses políticos, sino económicos”, mencionó.
La instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e impunidad (CICIH-2) es otra de las propuestas que Castro planea implementar en su gobierno de 4 años, lo cual podría incrementar apoyo internacional y fortalecimiento a algunas instituciones como el Ministerio Público.
“Fortalecería el Estado de Derecho, pero también hay que tener en cuenta de qué manera se va a traer a la CICIH, yo veo que promueven una misión de la ONU y eso es diferente a lo que hizo la OEA aquí y también hay que tener en cuenta que son procesos. La MACCIH dejó un legado en el país y actuó bastante rápido para el poco tiempo que tuvo y habrá que ver si ese sería el mismo modelo que buscarían con Naciones Unidas, que es diferente a la OEA”, expresó.
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Presupuesto insuficiente
En noviembre pasado se aprobó el nuevo presupuesto general para el 2022, el cual asciende a 308 mil 233 millones 603 mil 73 de lempiras (más de 12 mil 710 millones de dólares), de los cuales 179 mil 522 millones 156 mil 857 lempiras (más de 7,402 millones de dólares) son para la administración central y 128 mil 711 millones 446 mil 216 lempiras (más de 5,307 millones de dólares) para la administración descentralizada.
A pesar de las elevadas cifras, opiniones como la del analista Rafael Jerez afirman que no será suficiente para solventar una crisis de 12 años en apenas 4 años de un nuevo gobierno.
“Es muy difícil, son cosas que requieren dinero y el Estado ahora no tiene suficientes recursos. De hecho, cada año puede subir el presupuesto, pero el Estado también está endeudado. Entonces, para hacer muchos proyectos, sobre todo sociales, salud, educación, se requieren recursos y también el Estado pierde dinero por corrupción”, respondió Jerez.
