*Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 ubica al país centroamericano con un puntaje de 61 en materia de transparencia, pero no toma en cuenta aspectos relacionados con casos de corrupción, aclara el economista del Icefi, Ricardo Castaneda.
** Sus resultados siguen siendo “insuficientes” en participación ciudadana y vigilancia del presupuesto público.
Expediente Público
Aunque Honduras logró mejorar su puntuación de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sigue aplazado en cuanto a la participación ciudadana, en las políticas fiscales y en la vigilancia del presupuesto, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés).
La octava edición de la OBS, presentada el pasado 31 de mayo por el International Budget Partnership, evalúa el acceso a la información presupuestaria del Gobierno central y el papel de las instituciones de vigilancia en 120 países. El análisis se centra en tres grandes indicadores: transparencia, participación pública y vigilancia del presupuesto.
Transparencia, la mejor evaluada
En materia de transparencia le da a Honduras un puntaje de 61 por ciento, que lo ubica en el puesto 31 a nivel mundial, escalando dos posiciones en relación a la anterior medición, del 2019. En el área centroamericana es superada por Costa Rica (63) y Guatemala (64).
“Significa que Honduras ha tenido un avance que le permite posicionarse en el nivel que se considera como transparencia fiscal suficiente, pero en el límite, es decir, está a dos puntos de caer a transparencia fiscal insuficiente”, dijo a Expediente Público el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Castaneda.
Ese indicador en particular mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos, mediante la evaluación de la disponibilidad en línea, puntualidad y exhaustividad de ocho documentos presupuestarios en los que utiliza 109 indicadores.
Los documentos que se toman en cuenta son: el proyecto de presupuesto, el presupuesto preliminar, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano. También los informes durante el año, de mitad del año, de fin de año y de auditoría.
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Tropiezos en la aprobación del presupuesto
“Básicamente ahí lo que se analiza es la publicación de documentos fiscales y es donde más ha avanzado Honduras”, señaló Castaneda.
El único documento en el que el Gobierno incumplió es el relativo a la revisión de mitad de año, por lo que la OBS recomienda, además de su elaboración y publicación, incluir una comparación entre las estimaciones iniciales y las de mitad de año, además de las proyecciones para el resto del ejercicio fiscal.
“Hace un par de años no publicaba, por ejemplo, el presupuesto ciudadano o el anteproyecto de presupuesto lo publicaba muy tarde. Entonces, al ir mejorando en estos aspectos, es donde la nota ha subido”, dijo también el economista salvadoreño.
Al respecto, el economista hondureño Carlos Urbizo dijo a Expediente Público que “los hondureños no sentimos que hay transparencia, principalmente en la ejecución y elaboración, siendo que el presupuesto lo mandan a veces hasta tarde, le dispensan dos debates y lo aprueban a altas horas de la noche o tempranas horas de la mañana y ya cuento sin novedad”.
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Participación ciudadana en la elaboración del presupuesto
El segundo indicador que mide la encuesta es la participación pública, en la cual Honduras se encuentra aplazado con un 17 por ciento, la misma puntuación de la OBS 2019.
“Acá se mide sobre todo la participación ciudadana dentro de todo el ciclo de presupuesto. Es decir, desde que se empieza a elaborar hasta que se termina de ejecutar y evaluar el propio resultado”, indicó Castaneda.
Aquí es donde el país “sale peor reprobado y básicamente es porque tanto en la etapa que le compete al Ejecutivo como en la etapa que le compete al Congreso Nacional nunca ha habido esos espacios de participación”, señaló el economista del Icefi.
Al respecto, aunque la secretaría de Finanzas ha establecido consultas públicas durante la fase de formulación del presupuesto, se recomienda reforzar la participación ciudadana mediante “mecanismos piloto” para monitorear su implementación, permitir la participación a cualquier organización de la sociedad civil o miembro del público que lo desee, e involucrar “activamente” a las comunidades vulnerables que no están suficientemente representadas.
Mientras que la recomendación al Congreso Nacional es permitir al público u organizaciones de la sociedad civil que intervengan en las audiencias sobre el proyecto de presupuesto antes de su aprobación, así como en las audiencias sobre el informe de auditoría.
En esa misma línea, la recomendación para el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es que priorice medidas como el establecimiento de mecanismos formales para que el público contribuya en las investigaciones de auditorías relevantes.
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Vigilancia del presupuesto
Este indicador analiza el papel de las legislaturas y las entidades de fiscalización superior (EFS), que en el caso de Honduras es el TSC, en el proceso presupuestario y el grado en que proporcionan supervisión.
Honduras pasó de un puntaje de 46 por ciento en la OBS 2019 a 48 en la de 2021, pero sigue aplazado.
Esa nota es lograda en conjunto entre el Congreso Nacional y el TSC, pero individualmente el primero alcanza una puntuación de 39, es decir “débil”, y el segundo de 67, que significa “adecuada”.
“Recordemos que estas evaluaciones datan de los años 2020-2021, en ese momento prácticamente el mismo Ejecutivo tenía buen control del Congreso y en muchas de las discusiones sobre temas presupuestarios, incluyendo el presupuesto, básicamente no había un verdadero debate legislativo y es esto lo que asume esos resultados”, explicó Castaneda.
Carlos Urbizo señaló de su lado que “todo ese proceso presupuestario tiene que cambiar en Honduras para que sea efectivo, para que sea eficaz y eficiente, pero no va a cambiar mientras no haya democracia”.
Un análisis del Icefi señala también la confusión sobre qué entidad es responsable de velar por el acceso a la información pública, ya que la recién creada Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) “podría tener redundancia de operaciones con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entidad a cargo según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
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Avances insuficientes
A criterio de Ricardo Castaneda, los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto deben tomarse “con pinzas”, ya que aborda el tema de transparencia fiscal a partir de la publicación de documentos, “pero eso no significa que tome aspectos relacionados con casos de corrupción”.
De ahí que la OBS debe tomarse “junto con otros indicadores que se publican a nivel internacional, como por ejemplo el Índice de Percepción a la Corrupción, donde Honduras se considera como uno de los países a nivel mundial más corruptos”, al ubicarse en el lugar 157 de los 180 países evaluados.
Entonces, “sí ha habido avances en Honduras, pero todavía son insuficientes y el gobierno de la presidenta Xiomara (Castro) tiene una enorme oportunidad para poder mejorar esta situación, particularmente en el tema de participación pública”.
Según el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), en los últimos 10 años, Honduras ha firmado y ratificado iniciativas internacionales de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Entre ellas la Iniciativa para la Transparencia del Sector Construcción (CoST) en 2014, la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2017 y la Declaración de Estado Abierto realizada por el gobierno de la República en 2018.
Sin embargo, “persiste por parte de la ciudadanía la percepción de opacidad sobre las iniciativas de transparencia asumidas por el gobierno, ya que se mantiene la nebulosa entre lo que se publica y las decisiones que se toman”, señala el documento sobre transparencia y presupuesto, publicado en 2020.
Una institución independiente
Al igual que el resto de países del Istmo, Honduras no cuenta con una Institución Fiscal Independiente (IFI), como señala la OBS.
Para Castaneda, la IFI que más funciona es la integrada por miembros de la sociedad civil, que tienen que ser electos a través de mecanismos claros que permitan mostrar su independencia objetiva.
“Esta entidad permitiría revisar si las proyecciones de crecimiento económico son las adecuadas, si las proyecciones de ingreso son las adecuadas. Es la que permitiría, por ejemplo, también verificar si la información que se está publicando es correcta”, y una vez que se presenta el proyecto de presupuesto “puede presentar recomendaciones y su voz puede tener mucho peso, particularmente al momento que se está debatiendo en el Congreso”.
Sin embargo, se requiere “una enorme voluntad política, porque básicamente requiere que una entidad más de carácter técnico sea capaz de brindar esas recomendaciones que necesitan al momento de adoptar políticas públicas”.
Urbizo, por su parte, planteó que es el parlamento el que debería estar a cargo de esa vigilancia. “Debe tener una oficina apolítica, profesional, que pueda evaluar la propuesta del Ejecutivo en términos de su relevancia a las necesidades de Honduras y lo que va a promover, y en términos del impacto que puede tener en la economía. Eso no existe, no ha existido nunca”.
Esa evaluación debe hacerse no solo cuando se somete el presupuesto para su aprobación, “sino que darle seguimiento en su ejecución y el efecto que está teniendo sobre la nación hondureña y la economía”.
