*La polémica Ley de amnistía está causando una fractura entre el gobernante Libre y sus aliados del Partido Salvador de Honduras.
**Sin embargo, de la amnistía hasta actuales funcionarios del Gobierno buscan que los procesos por supuesta corrupción le sean suspendidos. ¿Quiénes son algunos de los beneficiados?
Expediente Público
La lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero comienzan a surgir dudas tras la aprobación de la “Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan”, que supuestamente estaría favoreciendo a quienes están acusados o siendo procesados criminalmente por oponerse y protestar en el golpe de Estado sucedido en el año 2009 en Honduras. Ese golpe de Estado sacó del poder a Manuel Zelaya, esposo de la ahora mandataria.
Pero esta amnistía ha favorecido a solo exfuncionarios acusados de corrupción.
“Esta ley puede ser utilizada para generar olvido de la responsabilidad penal que pudieron tener personas que motivadas por una situación política, cometieron lo que a criterio del Ministerio Público, fueron actos contra la forma de Gobierno, como rebelión y sedición” explicó para Expediente Público el abogado y analista político Raúl Pineda.
Destacó que esta ley también puede tener otros favorecidos porque “puede ser utilizada para proteger a personas que cometieron delitos contra el interés de la nación y que nada tienen que ver con las situaciones de naturaleza política”.
Sin embargo, hay quienes no lo llaman impunidad, ni corrupción. La abogada Silvia Ayala, diputada por el gobernante partido Libertad y Refundación, Libre, dijo Expediente Público que “el hecho de que el combate a la corrupción fue una promesa de la presidenta Xiomara Castro, pero que se estaría incumpliendo es totalmente falso”.
Ayala alegó que la ley fue aprobada con urgencia para dar una salida jurídica a quienes por varios años estuvieron en prisión o judicializados por protestar contra los gobiernos del Partido Nacional, ahora en la oposición.
“El primer liberado por la aplicación de esta amnistía fue José Antonio Meza, que estaba siendo procesado por atentado e incendio agravado de una instalación pública”, dijo la diputada.
Agregó que “ya se determinó que existen siete mil campesinos judicializados, 700 de ellos son mujeres. A ellos es que beneficia mayoritariamente esta amnistía política”, insistió la legisladora Ayala ante las críticas que recibe su partido por la polémica medida.
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Uno de los favorecidos de la amnistía, aprobada por el Congreso Nacional, es Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, empresa estatal de comunicaciones de Honduras. El exfuncionario en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), fue acusado por tres delitos en perjuicio de la administración pública, estos son por supuesto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, y fraude; hechos que se registraron cuando se desempeñó como titular de Hondutel.
En agosto de 2016 se incautaron bienes pertenecientes al exgerente de la estatal de comunicaciones. Los bienes confiscados fueron una lujosa mansión situada en las Tres Rosas, Valle de Ángeles, siete cuentas bancarias, una hacienda de 168 manzanas de terreno en Santa Bárbara, una casa en ciudad Lempira al occidente del país y dos lujosos vehículos.
En el año de 2017 fue condenado a prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, sumados 8 años por abuso de autoridad y fraude.
Chimirri no pudo justificar 16 millones de lempiras (653,829,45 dólares), que obtuvo durante su administración, según un informe presentado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Sin embargo, el jueves 3 de marzo del 2022 el exfuncionario recibió la carta de libertad.
El Juez de Ejecución, resolvió lo peticionado por la defensa de Chimirri, con base a lo establecido en el Decreto Legislativo 04-2022 capítulo II, artículo 4, que concede la amnistía general, amplia e incondicional y de conformidad a los delitos establecidos en el Código Penal, mediante decreto 144-83, por considerarse que se trataron de acusaciones políticamente motivadas.
“El decreto está muy claramente establecido y es que las personas que después del golpe de Estado salieron a manifestarse, quemaron llantas, quebraron vidrios, limitaron el derecho de la ciudadanía a la libre circulación o dispusieron de fondos para fines políticos como el tema de la cuarta urna, ese tipo de cosas que subsumen en la tipología del derecho político, pero dejarse sobornar por una empresa extranjera eso puede ser cualquier cosa menos un delito político”, afirmó el abogado Pineda, refiriéndose al caso de Chimirri.
Otra de las personas favorecida bajo la amnistía es el exministro de la presidencia Enrique Flores Lanza, acusado de delitos de corrupción. Lanza se desempeñó como funcionario de la presidencia y fue judicializado por delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el Ministerio Público.
Se le responsabilizó de extraer 40 millones de lempiras (U$1.624.476 dólares), de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), para llevar a cabo el proyecto de consulta popular conocido como Cuarta Urna.
El entonces presidente Manuel Zelaya impulsó el 28 de junio del 2009, una consulta a la ciudadanía para instalar una Cuarta Urna en las elecciones generales de noviembre de ese año, sin embargo, los militantes lo destituyeron y asumió el poder de manera de facto, Roberto Micheletti.
Flores Lanza se mantuvo en exilio por más de 12 años hasta que el partido Libertad y Refundación (Libre), ganó las elecciones el pasado mes de noviembre y posteriormente se aprobó la amnistía.
El 25 de febrero un Juez de letras en materia penal Víctor Ordóñez, otorgó la carta de libertad definitiva a favor del exfuncionario en el caso conocido como “carretillazo”, invocando el decreto 04-2022, extinguiendo la acción judicial en su contra.
“Como ellos sabían que no podían usar la amnistía de 2010 para conseguir carta de libertad, porque tenían procesos pendientes a lo que ellos le llaman persecución política, entonces decretan una amnistía a la talla, a la medida y al peso de ellos para tener un manto de impunidad,” dijo para Expediente Público el abogado constitucionalista Oliver Erazo, en referencia a las cartas de libertad de Flores Lanza y Chimirri.
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Diputados beneficiados de amnistía que aprobaron
En el 2018 la Sala IV del Tribunal de Sentencia, condenó al actual diputado del partido Libertad y Refundación, Rasel Tomé quien también fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el periodo 2006 al 2008 en el gobierno de Zelaya Rosales.
Fue acusado por el delito de abuso de autoridad y se le impuso una pena de tres años, pero no fue a prisión. Tomé solamente pagó una multa de 10,950 lempiras (447.30 dólares).
El 25 de agosto del 2005 la empresa Eldi S. de R. L, solicitó ante Conatel la autorización para operar una red de radio difusión de televisión en la banda de canal 12, también solicitaron frecuencias para operar sistemas de unidades móviles, que fueron negadas. La empresa interpuso una demanda de nulidad de un acto administrativo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en contra de Conatel, logrando que se decretara la nulidad de la resolución donde se negó la frecuencia de canal 12.
Según el Ministerio Público, Rasel Tomé violó los deberes que como funcionario debió guardar en beneficio de los intereses generales de la sociedad. El legislador recurrió contra la sentencia alegando «infracción de precepto constitucional, infracción de la Ley y quebrantamiento de forma», al que la Sala de lo Penal declaró sin lugar y ratificó la condena del 2018 que lo inhabilitó de ejercer cargos públicos por seis años, sin embargo Tomé sigue como diputado del Congreso Nacional.
Molestia entre los aliados de Libre
A lo interno del Partido Salvador de Honduras (PSH), aliado del gobernante Libre, el “perdón” que se ha facilitado a varios personajes vinculados a casos de corrupción está provocando fisuras en esa alianza que permitió a Castro llegar al poder.
La diputada por el PSH, Ligia Ramos a través de su cuenta de Twitter reclamó que “Chimirri tiene procesos judiciales antes del golpe de Estado, no es un preso político”.
Además, manifestó que “deniegan al Cofadeh amnistía para verdaderos presos políticos y por otro lado sueltan a delincuentes”. Cofadeh es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, una organización no gubernamental fundada en 1982 por 12 familias de hondureños desaparecidos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), hizo un pronunciamiento en contra de la amnistía y la declaró “un pacto de impunidad”. Asimismo, expusieron una lista de delitos que pretenden ser perdonados por la nueva ley.
En este sentido, el CNA pidió al Congreso presidido por Luis Redondo, del PSH, que rectifiquen el decreto de amnistía.
Odir Fernández jefe de investigaciones del CNA, en declaraciones a la prensa hondureña, dijo que la figura legal pretende extinguir la responsabilidad penal porque se está confundiendo la amnistía con el indulto.
Remarcó que si hay un artículo en el decreto que sí está parcialmente de acuerdo y es donde se habla sobre los presos políticos, respecto a los defensores del río Guapinol.
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Otros listos para gozar de amnistía
También solicitó el proceso a esta normativa el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien se encuentra en el exilio acusado por 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos al otorgar préstamos durante su gestión como alcalde (2006-2009), a empleados municipales, sin que estos tuvieran la autorización.
Sin embargo, el viernes 4 de marzo la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, denegó la solicitud de amnistía interpuesta por los abogados del exalcalde.
Óscar Kilgore, también exalcalde de San Pedro Sula (2002-2006), quien ha enfrentado más de una docena de juicios en su contra por acusaciones de corrupción, estaría iniciando el proceso para ampararse a esta ley.
Kilgore ganó 11 de 12 casos que le han imputado, sin embargo, fue declarado culpable en 2007 por delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La actual presidenta del BCH y exministra de Finanzas (2008 al 2009), Rebeca Santos también podría acogerse al decreto de amnistía debido a que fue acusada por el Ministerio Público en 2010, por delitos de fraude y abuso de autoridad al haber aprobado la sustracción de 30 millones de lempiras (US$1,222.282,35 dólares), del extinto Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para pagos de publicidad del proyecto Cuarta Urna.
En 2015 se le dio sobreseimiento definitivo a Santos, pero en 2017 la Corte de Apelaciones anuló el fallo reabriendo el caso en su contra, que se mantiene en la actualidad.
El 8 de marzo del 2022 la jueza Karla Romero, misma que juramentó a la presidenta Xiomara Castro, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de amnistía política.
Expediente Público solicitó una entrevista con la jueza Romero, pero hasta la publicación de este artículo no había respondido. En declaraciones a medios locales Romero refirió que la iniciativa judicial obedece a que antes de aplicar dicho beneficio es necesario conocer si es constitucional o no, siendo la Sala de lo Constitucional es el encargado de determinar su legalidad.
Diputados del Partido Salvador de Honduras anunciaron que presentarán propuestas de reformas a la Ley de amnistía, porque, ahora, identifican varios vacíos.
“El tiempo en que debieron tener cuidado y hacer su trabajo, es el tiempo del debate legislativo, ese tiempo lo dejaron pasar y hacer reformas no cambiará nada porque ya hay hechos consumados y ante ello ya no funcionan los recursos”, dijo el analista Raúl Pineda.
