*El proyecto habitacional de las casas contenedores, ubicado al sur de la capital Tegucigalpa, ha costado alrededor de seis millones de dólares, pero a la fecha apenas han sido 23 las familias beneficiadas constató Expediente Público.
Expediente Público
El 25 de abril de 2021, el entonces secretario de la Presidencia Ebal Díaz anunció un proyecto de casas contenedores para los damnificados de los huracanes Eta y Iota.
Las casas “ya están prácticamente listas”, dijo Díaz en el video sobre lo que sería una “solución habitacional” para “resolver de manera inmediata” el problema de vivienda de las personas afectadas en noviembre de 2020 por el paso de los ciclones, considerados el segundo peor desastre natural en la historia de Honduras después del huracán Mitch en 1998.
“Luego la idea es construir ya su vivienda definitiva”, agregó el ahora exfuncionario público en la grabación sobre el proyecto que Expediente Público confirmó que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y que recuerda otro caso emblemático de la corrupción pública en Honduras: los hospitales móviles.
Díaz viajó a Managua el 15 de febrero del 2021, el mismo día que el expresidente Juan Orlando Hernández fue arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico, causa penal abierta en Estados Unidos y por la que se está solicitando su extradición a ese país.
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Solución temporal para los damnificados
El proyecto de las casas contenedores conocido como Lomas del Diamante se ubica en un terreno irregular en la aldea Santa Rosa, a unos diez kilómetros al sur de la capital, Tegucigalpa.
Según la información oficial, Lomas del Diamante es parte del proyecto “Desarrollo de Residencias Morazán”, cuya planeación data de 2012 y está ubicado en el sector de Santa Rosa, sobre un área de 209 manzanas en las que se pretende construir diez mil viviendas para una población de 50 mil habitantes.
La diferencia es que Lomas del Diamante surgió como un proyecto de vivienda temporal en el que se instalaría a familias damnificadas. Sin embargo, a más de un año de los huracanes varias familias continuaban viviendo en albergues debido a que el proyecto seguía inconcluso.
Costo se disparó
Entre diciembre de 2020,enero y febrero de 2021 fueron adquiridos 274 contenedores a un costo de aproximadamente 24.5 millones de lempiras (unos 993,866 dólares), a lo que se suman los gastos de instalación, diseño y estudios topográficos, entre otros, para hacer una inversión por el orden de unos 150 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares), razón por la cual se pretendió que el proyecto temporal pasara a ser una solución habitacional de uso permanente, según una publicación del diario El Heraldo.
La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que junto a la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP), se encarga de la ejecución de Residencias Morazán, en su último informe, dijo que los contenedores a los que no se les está dando ningún uso serían subastados para tratar de recuperar parte del dinero que se gastó.
“En general, administrativa y físicamente, el proyecto es un completo desorden”, dijo a Expediente Público la ingeniera y excandidata a alcaldesa de Tegucigalpa por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) Ana Castro.
Explicó que este tipo de estructura representa una solución “bastante económica”, pero “por la inflación que le hacen a los proyectos” en Honduras el gasto en Lomas del Diamante “es grandísimo, aparte que no se hizo nada”.
Y es que de mil casas contenedores que inicialmente se pretendía instalar, el número se redujo a 102 unidades habitacionales a las que todavía les faltan detalles como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y en las que hasta la fecha solo hay 23 familias (84 personas) viviendo.
Hermetismo en la información
El 13 de enero del 2022, el Ministerio Público anunció el inicio de diligencias investigativas en Lomas del Diamante y Residencial Morazán, en seguimiento a una denuncia interpuesta contra funcionarios de la secretaría de la Presidencia por la compra de contenedores usados y en mal estado.
Uno de los investigados es el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, informó el ente acusador del Estado.
En su primera reacción, la UCP rechazó que la compra haya sido realizada con fondos de la secretaría de la Presidencia que entonces dirigía Díaz, en un intento por desligar al exfuncionario, pero sin explicar por qué fue él quien anunció el proyecto.
Indicaron también que los contenedores que no fueron utilizados para viviendas sirven como oficinas administrativas y bodegas, y que próximamente serán incorporados otros damnificados y beneficiarios en las 102 unidades habitacionales, pero no explican tampoco por qué la tardanza para instalar a esas personas.
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El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a Expediente Público que solicitaron información a los responsables del proyecto para determinar cuántas casas fueron compradas, en qué tiempo debían ser instaladas y cómo va el avance. “Ahorita hay personas que están trabajando ahí, no sé si al ritmo que debieran, pero eso es parte de lo que se va a investigar”, explicó.
También se determinará si los contenedores “llegaron al país o ya estaban en el país”.
En el caso de Ebal Díaz, dijo que es parte de las personas de interés en la investigación por una denuncia interpuesta en su contra por personas que afirman “que él los estaba prácticamente despojando de esas tierras”, pero que “todavía no podemos decir qué papel tiene” en el proyecto.
El mismo día que fue anunciada la investigación, Díaz salió a México y a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que estaba de vacaciones en ese país en el que tiene la nacionalidad por parte de su madre.
“Cuando yo regrese a Honduras, que va a ser pronto, yo voy a ir al Ministerio Público”, declaró el 17 de enero a un canal de televisión. Ahí Diaz dijo que el único pecado cometido es haber recuperado un bien del Estado y que detrás de esa acusación hay gente interesada que se incomodó por las decisiones que tuvo que tomar cuando era funcionario público. Calificó como “un error” la decisión del Ministerio Público.
Pleito por la tierra
A pocos metros de donde se erigen las casas contenedores pintadas de azul y blanco se encuentran apilados, y en evidente desuso, varias decenas de contenedores viejos y oxidados que no fueron habilitados como opción habitacional.
Luego está otro proyecto de casas de concreto en el que serán ubicados los pobladores que se encontraban antes de que iniciara Lomas del Diamante y que alegan ser propietarios de los terrenos, pero, para el presidente del patronato de la aldea Santa Rosa, Salvador Gómez, son invasores, según declaró a Expediente Público.
“Esos terrenos primero pertenecían a personas privadas, pero le estoy hablando de hace más o menos 60 años”, dijo el dirigente patronal, quien sostuvo que en la actualidad pertenecen al Estado.
“La primera invasión fue en el 2009, pero los desalojaron como tres años después”, contó Gómez.
Después llegaron otros invasores que “tienen como diez años de estar ahí” y es a ellos a quienes el gobierno ofreció más de 500 viviendas de concreto cuyas primeras etapas se están construyendo contiguo a Lomas del Diamante.
El predio donde se ubican las casas contenedores ha sido escenario de varias protestas de los supuestos dueños de las tierras, la más reciente se produjo el 2 de febrero, y han sido parte del desorden que hay en torno al proyecto habitacional.
Gómez se quejó que los dos proyectos habitacionales que se realizan en la aldea les han traído problemas, ya que las calles han quedado destruidas por el ingreso de rastras y contenedores. Además, les preocupa que vaya a tirar las aguas negras en las quebradas de la comunidad, en las que solo hay agua cuando llueve.
“El desarrollo no lo podemos detener porque no son tierras de nosotros, pero el desarrollo debe ser ordenado”, expresó.
Según estimaciones de la Cámara Hondureña de Industrias de la Construcción (Chico), en Honduras el déficit habitacional es de más de 1.3 millones de viviendas, de las que al menos medio millón corresponden a Tegucigalpa, la capital.
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Viejos conocidos
Una de las constructoras del proyecto de las casas contenedores es la empresa Ecomac S.A de C.V. propiedad del exgerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) Luis Eveline y de su esposa Carolina Funes.
Ecomac fue subcontratada por la empresa Elmed Medical System Inc, proveedora de los hospitales móviles, para realizar la instalación de estos.
En una foto que circula en redes aparece Funes junto a Axel López, quien fuera representante de Elmed Medical System Inc.
Expediente Público solicitó una entrevista a Eveline sobre las casas contenedores y su respuesta fue que la UCP tiene toda la información. “En ese proyecto participaron unos cinco contratistas (…) Nosotros solo hicimos adecuación de interiores”, dijo el consultor a este medio.
Eveline es también propietario de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), de la que su esposa es rectora.
Carolina Funes fue precandidata a diputada por el movimiento Salvemos Honduras del exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, en las elecciones primarias de 2012.
Como rectora de la UCP coordinó el comité técnico de candidatos propuestos por la sociedad civil que impuso de forma fraudulenta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, según una publicación del periódico digital El Libertador, al referirse a la forma de cómo surgió la candidatura de Argueta de entre los nominados enviados ante la Junta Nominadora que propone al Congreso Nacional una terna de 45 postulantes, de los que los legisladores escogerán 15 para integrar el tribunal.
Mientras que su esposo, Luis Eveline, participó en 2013 como representante de las universidades privadas en la Junta Proponente que envía al poder legislativa una nómina de cinco aspirantes para la elección del cargo de fiscal general y fiscal general adjunto. La relación de la familia Eveline Funes con los círculos de poder del Partido Nacional ha sido de larga data.
El caso de las casas contenedores también recuerda otro hecho de corrupción en un gobierno del Partido Nacional: el caso de Ciudad Mateo, construida al sur de la capital, cerca de una de las principales represas de agua potable en el gobierno del extinto exgobernante Rafael Callejas (1990-92).
Calificado como “un monumento a la corrupción”, el proyecto Ciudad Mateo constaba de cinco mil viviendas, que desde su inicio contempló denuncias de irregularidades y corrupción, más de cinco comisiones investigadoras se nombraron al respecto sin que a la fecha exista una condena. En junio de 1996 se abrió una causa judicial, pero 26 años después la justicia no se ha hecho sentir.
Las casas de Ciudad Mateo quedaron tiradas y el caso volvió a la agenda mediática en 2014, cuando las personas empezaron a saquearlas para llevarse sus puertas, ventanales y sanitarios, entre otras cosas.
Ahora, el caso de las casas contenedores trae a colación lo que podría ser otro monumento a la corrupción, mientras miles de hondureños viven sin un techo.
