Honduras: La lucha contra la corrupción, la gran tarea pendiente de la presidenta Castro

*En los primeros 100 días de gobierno, el Legislativo ya derogó la Ley de Secretos y se planifica la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. 

** La aplicación de una «Ley de Amnistía”, que favorece a funcionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya, sigue generando críticas. 

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Expediente Público 

Luego de 12 años de gobierno del Partido Nacional, donde las denuncias por corrupción estuvieron a la orden del día, una de las promesas de campaña de la actual presidenta Xiomara Castro fue desmantelar las estructuras que favorecieron la sustracción de recursos estatales. Sin embargo, tras sus primeros cien días de gobierno, aún falta todo por hacer. 

«Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura»¸ dijo la presidenta Castro en la toma de posesión realizada el 27 de enero de 2022. Para ello, propuso que el Congreso Nacional derogara las leyes que promueven la corrupción, así como solicitar a las Naciones Unidas la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). 

Junto al tema de la migración y la lucha contra el narcotráfico, el combate a la corrupción es la principal demanda que tiene el gobierno hondureño desde Estados Unidos. En sus primeros cien días, esta administración se reunió para dialogar al respecto con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; con La Subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Emily Mendrala; con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson; y con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. 

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Respaldados por el Ejecutivo, el Congreso Nacional ya derogó la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 2014, la cual facultaba al presidente y a los jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas prohibir hasta por 25 años la publicación de la información que consideraran «secreta». 

«Al derogar la Ley de Secretos Oficiales ahora el gobierno tiene que mostrar para qué usan los recursos y los beneficios de la Tasa de Seguridad», comenta Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia, al referirse a este fideicomiso creado en 2011 y del cual la presidenta Castro manejará directamente 700 millones de lempiras anuales (28 millones de dólares).  

Sin embargo, antes de derogar la Ley de Secretos Oficiales, el Poder Legislativo aprobó en febrero la Ley de Amnistía, con la que se anulan los procesos penales en contra de los presos políticos, los defensores del medio ambiente y los exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).  

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Al respecto, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dijo que, «la amnistía es y siempre será para delitos políticos, no para políticos con delitos». De los beneficiados por la Ley de Amnistía destaca el sobrino de la presidenta Castro, Marcelo Chimirri, y el exministro Enrique Flores Lanza, ambos señalados por delitos de corrupción. 

También en este primer trimestre, el gobierno central solicitó a la ONU la instalación de la CICIH, por lo que para el lunes 9 de mayo se tiene prevista la primera visita de una misión exploratoria para evaluar la viabilidad de la Comisión, proyectada para establecerse a finales de 2022.  

«La CICIH es necesaria, el peligro es que surja algo que no sea contundente y que solo genere ilusión en la población. También sabemos que las estructuras corruptas no las inventó el Partido Nacional en los últimos años. El problema es que la CICIH tendría que investigar al actual gobierno, pero los Zelaya no permitirían ser investigados y eso podría generar problemas para la Misión, como ocurrió en Guatemala cuando investigaron a los círculos cercanos de Jimmy Morales», comenta el investigador social y escritor Oscar Estrada. 

Para Ismael Zepeda, del Foro Social para el Desarrollo y Deuda Externa de Honduras, uno de los principales aciertos del gobierno ha sido asignar al exfiscal de la república, Edmundo Orellana, al frente de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, un cargo que en la pasada administración ocupó María Matamoros, hija de David Matamoros Batson, exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), señalado por haber cometido irregularidades en los procesos electorales de 2013 y 2017.  

Sin embargo, Zepeda muestra su preocupación en cuanto a la falta de transparencia con la que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) modificó el presupuesto nacional del presente año, incrementado un 16%, «incluyeron un artículo de contrataciones directas, eso atenta contra la transparencia, además no explican ni justifican cómo van a gastar el dinero que aumentaron, no hay documentación ni planes», advierte.  

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¿Qué tipo de Gobierno se puede esperar?  

En sus estatutos, el Partido Libertad y Refundación (Libre) se define como una organización revolucionaria. En su primer discurso como mandataria, Xiomara Castro habló de una propuesta socialista para refundar el Estado hondureño.  

En cuanto a la relación con otros gobiernos latinoamericanos, destaca que el gobierno hondureño reanudó relaciones diplomáticas con Venezuela y votó en contra de la resolución adoptada por las Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, considerado por la Cancillería hondureña como un «gobierno amigo» . 

A pesar que la familia Zelaya Castro reitera que su gobierno es socialista, Óscar Estrada considera que esta administración no puede catalogarse de esa manera porque «no se cuestionan los modelos de producción, es más bien una izquierda ambigua y amorfa que ha incorporado algunos elementos del movimiento social», señala.  

Para Estrada, el modelo de gobierno que sigue Xiomara Castro es el del presidente Nayib Bukele en El Salvador, «sabemos que la relación entre los hijos de Xiomara con Bukele es muy estrecha. Es el modelo de gobierno que están copiando. Aunque muchas de sus bases son más afines al Sandinismo».  

Además, Estrada destaca la falta de independencia que ha mostrado la directiva del Poder Legislativo hacia los Zelaya Castro. «A Manuel Zelaya Rosales nunca le ha interesado respetar la separación de los poderes, se dio en 2009 y también lo vimos en la crisis reciente del Congreso Nacional, esa intervención del Ejecutivo fue una mala señal. La próxima crisis de ese tipo la veremos con la elección de la Corte Suprema de Justicia», comenta.  

De acuerdo a Ismael Zepeda, el gobierno tampoco ha tomado medidas económicas que respondan al socialismo democrático, «independientemente de ser de izquierda o de derecha han tomado algunas medidas para desmontar o regular ciertos abusos que heredaron, como la derogación de la Ley de las ZEDE o la Ley del Empleo por Hora». 

Zepeda también considera que muchos de los funcionarios del actual gobierno «están descontextualizados y creen que siguen en el 2008, en los años dorados del socialismo del Siglo XXI. Lo que necesitamos es otro estilo de gobernar, pero no creo que todos lo entiendan».   

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Por su parte, el analista político Manuel Torres opina que, aunque la gobernante prometió en su campaña un gobierno socialista, «por el momento su carácter progresista lo determina su decisión de desmantelar el control del Partido Nacional en el Estado, pero el cambio parece ser más de partido que de ideología». 

En resumen, todas las fuentes consultadas por Expediente Público coinciden que cien días es un tiempo demasiado corto para que una nueva administración alcance resultados profundos, sin embargo, concuerdan que en este periodo el Gobierno ha marcado la impronta que le dará a su administración.