*Desarmes, bloqueos telefónicos y la reubicación de presos son algunas de las medidas que implementará la presidenta de Honduras Xiomara Castro para ordenar centros penitenciarios.
**Las autoridades no explicaron de dónde se obtendrá el presupuesto para llevar a cabo el Plan Solución Contra el Crimen.
Yarely Madrid / Expediente Público
Ante la reciente demostración de las pandillas en Honduras de controlar varios centros penitenciarios, el Gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través del Plan de Intervención de Solución Contra el Crimen (SCC) pondrá en práctica varias medidas que pretenden controlar la corrupción, el crimen y otras problemáticas en los penales.
La decisión surge luego de que el pasado 8 de abril se registraran tiroteos simultáneos en cuatro centros penitenciarios. El hecho dejó como resultado la muerte de una persona y otras 7 heridas, pero también evidenció el poder de las pandillas incluso dentro de las cárceles.
La subsecretaria de seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios en Honduras, Julissa Villanueva, explicó en una conferencia de prensa que estas solamente serán algunas disposiciones que se tomarán en consideración en una primera etapa de emergencia.
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Desarme general
Amotinamientos en las cárceles de Támara, El Porvenir, Santa Bárbara y Morocelí se reportaron el 8 de abril pasado. Hasta el momento no existe una declaración formal de lo ocurrido y cómo los presos de los centros penitenciarios obtuvieron armamento de alto calibre.
No obstante, las reyertas y el ingreso ilegal de armas a centros penitenciarios no es una situación nueva en Honduras. En julio del 2021 se produjeron también enfrentamientos entre pandilleros presos en el centro penal de Santa Bárbara que dejaron seis muertes.
Durante años anteriores también se han producido hechos incluso más sangrientos que dejaron en los últimos 20 años 650 reos muertos, de acuerdo a un informe de la Secretaría de los Derechos Humanos.
Hasta la fecha la Secretaría de Seguridad, que desde marzo del 2022 asumió el control de las cárceles, no ha logrado detener el comercio ilegal de armas en las cárceles, puesto que, según un informe publicado por un medio nacional, hasta la fecha solo se han realizado 50 confiscaciones de este tipo.
Es por eso que una de las medidas que pretende implementar Villanueva será desarmar los 26 centros penitenciarios del país a través de registros manuales y electrónicos.
“Las armas escondidas las vamos a encontrar con tecnología, con inteligencia penitenciaria, las vamos a destruir todas, esa es la misión”, declaró la subsecretaria de seguridad.
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Bloqueo de la señal en las cárceles de Honduras
Durante años en los centros penitenciarios ha existido un control interno de los propios reclusos, careciendo de medidas de seguridad y supervisión, lo que en gran medida ha dado paso a los “autogobiernos” o “gobiernos compartidos” en los cuales determinados reclusos llamados “coordinadores” desempeñan funciones esenciales sobre la población penitenciaria.
Lo anterior es un hecho denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras.
Es importante mencionarlo, puesto que una de las funciones principales que llegan a realizar los “coordinadores” son llamadas de extorsión desde adentro de las cárceles, un hecho comprobado por el portavoz de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), Mario Fú, quien comentó que las llamadas para extorsionar negocios y personas en Honduras, “provienen de las cárceles”.
Villanueva agregó que se bloqueará totalmente la señal telefónica para los detenidos, además se intervendrán las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
Depuración del personal
La funcionaria explicó que esta etapa comenzó antes del 17 de abril cuando pidió informes a los directores de los 25 centros penitenciarios del país. Estos documentos contenían la situación estructural penitenciaria.
Como parte de los cambios, el comisionado de la Policía Miguel Pérez Suazo fue nombrado nuevo Director Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP). También se designó a José Adonay Hernández Vázquez subdirector del INP y el inspector general será Miguel Enrique Baltodano.
En conferencia de prensa la subsecretaría de seguridad explicó que al personal penitenciario se les aplicará pruebas de confianza, iniciando con los directores de los centros penales de Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir.
Un sistema central
Uno de los puntos será una instalación de emergencia y desarrollo de tecnología mediante sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica. Villanueva manifestó que “todas las cárceles estarán controladas bajo un sistema central”.
Aunque no brindó detalles de cómo se va a financiar dicha tecnología indicó que se compraría o “nos van a donar los cooperantes para lograr ese control”.
En la ronda de preguntas a la prensa Villanueva también mencionó que el Instituto Nacional Penitenciario tiene un presupuesto de 70 millones dólares y será mediante una intervención que se auditará el presupuesto mensual que tiene asignado la institución.
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Interrogantes al plan de control
En el Plan Intervención de Solución Contra el Crimen (SCC) que se pretende implementar hay una situación que deja más dudas que respuestas y es la decisión de trasladar y reubicar a privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración considerando la gravedad los crímenes de los que están acusados y el estado del proceso de sentenciados y no sentenciados.
Aunque Villanueva no aclaró a profundidad de qué se trataría esta medida, la clasificación de los reos es algo que se viene anunciando desde la construcción de cárceles de máxima seguridad que serán construidas en el marco de la segunda etapa del Plan de Seguridad Nacional denominado Solución Contra el Crimen por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
En estas cárceles de máxima seguridad se pretende trasladar a cabecillas de las maras, extorsionadores y otros presos que tengan condenas altas. Sin embargo, dicha calificación crea cierta perspicacia entre los expertos de derechos humanos.
Melissa Escoto, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP- CONAPREV) compartió anteriormente a Expediente Público que la evaluación para decidir si un reo va a una cárcel de máxima seguridad no solo se debería determinar por su condena alta, si no que deben pasar por una “evaluación psicológica, socioeconómica, criminológica y sociológica. “Ahí deberían intervenir muchas áreas para determinar que esa persona es peligrosa”, explicó.
También ya se está trabajando con equipos nacionales e internacionales en reclasificar a las personas privadas de libertad según el grado de condenas.
Otras disposiciones
Además, se revisará expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones y se evaluará la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos de delitos menores.
También se aumentará el número de los agentes penitenciarios y policiales, y se les dotará de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación, la revisión y ajuste salarial.
Por último, se creará un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad, evitar la suplantación y la criminalidad dentro de las cárceles.
“Cuando los hayamos reubicado, los clasifiquemos y hemos puesto disciplina, vamos a generar un banco de datos de registros de personas con el aporte de la ciencia. Vamos a tener registros dactilares, odontológicos, genéticos y vamos a establecer un verdadero ordenamiento en base a ciencia”, reveló Villanueva.
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¿Y la política de reinserción?
Aunque Villanueva explicó que estos solo serían algunos puntos iniciales para poner en marcha, en ningún momento se habló de ejecutar una política de reinserción solicitada en varias ocasiones al Gobierno de Castro.
Dos de las recomendaciones de la CIDH en Honduras fue un “diseño de una estrategia integral de sistema penitenciario que permita pasar de un modelo punitivo a un de reinserción y rehabilitación” y también una “política más amplia de seguridad ciudadana que fortalezca las capacidades de prevención, de investigación criminal y de sanción”, no obstante, estas recomendaciones no fueron puestas en práctica.
