*Directora de la Lucha contra el Narcotráfico es señalada de “diferentes acciones de protección” a favor del cartel de los Hernández Alvarado, con el conocimiento del fiscal general.
**Poder Judicial ha actuado con opacidad y no ha sancionado a jueces y magistrados que dejaron en libertad al narcotraficante Fredy Mármol, condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos.
Expediente Público
El 18 de mayo de 2010, un juzgado de Letras dictó sobreseimiento definitivo a favor del narcotraficante hondureño Fredy Mármol, el cual fue ratificado dos años después por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad de votos denegó un recurso de amparo de la Fiscalía. Once años después, quien fuera el poderoso jefe del cártel del Atlántico, en la costa noroeste de Honduras, fue extraditado a Estados Unidos y condenado el 10 de mayo de 2022 a veinte años de cárcel por una Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Este es uno de los casos que resalta en su informe, una comisión especial del Congreso Nacional nombrada para investigar el cumplimiento de los operadores de justicia en el tema de la extradición y que presentó sus hallazgos ante el pleno del parlamento el 10 de mayo.
La comisión, integrada por nueve diputados, -cuatro de Libre y uno por cada uno de los partidos Nacional, Liberal, Salvador de Honduras, Anticorrupción y Democracia Cristiana-, fue creada el 17 de febrero, dos días después que el expresidente Juan Orlando Hernández fuera capturado tras una solicitud de extradición de Estados Unidos.
El exgobernante (2014-2022) “utilizó el poder político para ganar de forma fraudulenta las elecciones y (…) desde esa posición (…) controló especialmente a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras”, según el informe que señala las “conductas administrativas negligentes”, “incapacidad” e “incompetencia” del fiscal general Óscar Chinchilla y el titular del poder Judicial Rolando Argueta.
El informe presentado por la Comisión de Extradición tras más de dos meses de reuniones con funcionarios de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Defensa y de Seguridad consta de 13 páginas y un voluminoso portafolio con los anexos que respaldan los hechos denunciados por los diputados, y que fue entregado al presidente del Legislativo Luis Redondo.
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La pregunta incómoda de Argueta
En relación al titular de la Corte hondureña, el documento menciona “actuaciones inoportunas”, como el hecho de que publicó en sus redes sociales que la comisión especial ya tenía en sus manos el informe de los 32 extraditables con orden de captura pendiente, pese al carácter reservado de esa información.
Además, que durante la audiencia de proposición y evacuación de pruebas en la solicitud de extradición del expresidente Hernández se le dio acceso a una sala de uso exclusivo de los magistrados y se le permitió que desde la silla del presidente de ese poder del Estado transmitiera un mensaje a la nación. A la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna.
Asimismo, los jueces y magistrados que otorgaron sobreseimientos definitivos a Fredy Mármol no fueron sancionados administrativa, penal ni civilmente por sus conductas al margen de la ley.
“En el caso del presidente de la Corte, toda la opacidad del Poder Judicial y la falta de sancionamientos de funcionarios, de jueces, que dejaron en libertad a estos narcotraficantes es responsabilidad directa de él”, dijo a Expediente Público la diputada Maribel Espinoza, miembro de la comisión que elaboró el informe.
Desde que la Ley del Consejo de la Judicatura fue declarada inconstitucional en el 2016, desapareció el órgano encargado de nombrar y destituir jueces y magistrados en el Poder Judicial, por lo que esa responsabilidad recae exclusivamente en su titular, explicó la también abogada.
La comisión reportó también que el titular de la Corte “no entregó la certificación de los procesos de extradición tramitados ni el informe de los trámites ante el Juzgado de Privación de Dominio” y en su lugar pidió más tiempo.
El nombre de Argueta salió a relucir también en las reuniones que la comisión sostuvo con funcionarios del Ministerio Público, donde el actual titular de la Corte fue director de fiscales entre 2013 y 2016.
Un fiscal que trabajó con él declaró a la comisión sobre conversaciones frecuentes con Argueta, quien una vez le preguntó: “¿Y usted qué haría si le ofrecieran una fuerte cantidad y suma de dinero, si la hubiera recibido dónde la guardaría?”.
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Graves irregularidades en el Ministerio Público
Al igual que con el Poder Judicial, la comisión reportó también la filtración de la reunión que los diputados sostuvieron con el fiscal general, con la difusión en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público de un video grabado por el jefe de relaciones públicas, quien fue sancionado administrativamente.
Pero la parte más álgida del informe tiene que ver con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), adscrita al Ministerio Público y bajo el mando desde 2015 de la abogada Soraya Cálix, nombrada por Chinchilla.
La DCLN saltó a las portadas internacionales en diciembre de 2009, cuando su director Arístides González fue asesinado en la capital, Tegucigalpa. Posteriormente se revelaría que detrás del crimen hubo policías que trabajaban para el cartel del Atlántico.
Los testimonios de detectives y un fiscal señalan a Cálix de situaciones irregulares relacionadas con órdenes ilegales, obstrucción del trabajo, relevos de cargos, seguimientos, actos de intimidación y amenazas.
“Incluso hay hasta una supuesta falsificación de un informe de uno de los investigadores para favorecer especialmente a la familia Hernández”, dijo la diputada Espinoza.
Según los hallazgos de la comisión, los informes que habían sido presentados a Cálix, y de los que tenía conocimiento Chinchilla, eran sobre bienes auditables del expresidente Hernández, pero cuando se pretendió privarlo de su dominio, estos desaparecieron.
Un detective de la DLCN detalló también al fiscal general “las diferentes acciones de protección” de Cálix “a favor del cartel de los Hernández Alvarado, socios del cartel de los Ardón Soriano”, según detalla el informe.
“Esto que ha develado el Congreso Nacional no es nada nuevo, se ha venido diciendo muchas veces por muchas voces distintas, pero tiene un mayor peso porque es un poder del Estado el que está señalando esta situación de distorsionar la justicia para favorecer a unos cuantos”, dijo a Expediente Público el analista político Josué Murillo.
A su criterio, “esto amerita una investigación a fondo y deducirle la responsabilidad penal, civil y administrativa, o la que corresponda a los funcionarios que se prestaron a encubrir a Juan Orlando Hernández y a su séquito más cercano”.
El fiscal Chinchilla y el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, son también señalados por no realizar la investigación ni promover la acción penal pública contra Fredy Mármol. Además, de abstenerse de promover la acción de responsabilidad civil contra los jueces y magistrados que le dictaron sobreseimiento.
“El Ministerio Público no interviene en el proceso de extradición, pero sí está a su cargo la investigación y el enjuiciamiento, la promoción de la acción penal en contra de estos sujetos y no lo hicieron durante doce años”, declaró por su parte la diputada Espinoza.
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El papel del Conadeh
El informe de la comisión de extradición menciona también las “gestiones especiales” que hizo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, a favor el expresidente Hernández, rompiendo con “el principio de igualdad” ante la ley.
Izaguirre investigó las condiciones en que Hernández estaba detenido en la unidad policial en Tegucigalpa, antes de su extradición a Estados Unidos, y verificó que su esposa Ana García tuviera acceso a visitarlo a diario, aunque después se uniformó el calendario con los otros centros penitenciarios.
Además, investigó la filtración de una fotografía de Hernández en la habitación en la que aguardaba su proceso de extradición y reclamó por la exposición a la que había sido sometido, y solicitó una copia íntegra del Plan Delta sobre la seguridad de las instalaciones y protección física del exmandatario, extralimitándose en sus funciones con esto último.
Izaguirre “nunca ha realizado las mismas acciones a favor de los miles de privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros de reclusión del país”, remarca el informe.
Juicio político y narcotráfico
En sus recomendaciones, los diputados piden interpelar a la comisionada Izaguirre y someter a juicio político a Chinchilla y a Argueta.
Sin embargo, lo último “no es fácil porque la correlación de las fuerzas en el Congreso Nacional no son fáciles en este momento, tenemos todavía personas que fueron parte del nombramiento de estos altos funcionarios”, dijo a Expediente Público la diputada Ligia Ramos.
Para iniciar el juicio político se requieren 86 votos (96 en el caso del presidente de la República), pero con 44 diputaciones ganadas por los nacionalistas en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, los restantes cinco partidos suman apenas 84 votos.
Consultada por algunas versiones de prensa, que aludían a una supuesta llamada telefónica para ordenar la puesta en pausa del juicio político, la legisladora señaló que la única razón fue la falta de votos. “El hecho de que dimos un compás de espera tiene que ver precisamente para asegurarnos de que sea efectivo, de que realmente se pueda hacer un consenso entre las bancadas”, dijo Ramos, quien señaló que “probablemente” el 50 por ciento de los diputados nacionalistas ha sido parte de la cooptación del Poder Judicial y el Ministerio Público, “que son entes fundamentales para que funcione adecuadamente el Estado”.
Para Ramos “es importante por lo menos sentar un precedente en cuanto al fiscal general y ese precedente también es importante para los futuros fiscales, para los futuros altos funcionarios, que entiendan que ellos se deben a la Constitución y ellos son fiscales de nosotros, de la población, no de grupos de poder”.
