*La extorsión es otra de las crisis a la que se enfrenta la presidenta Xiomara Castro.
**De enero a marzo se registraron 27 muertes de trabajadores del sector transporte, relacionadas con extorsión.
***Propietarios y conductores de buses, taxis y mototaxis pagan al menos 2 millones de dólares mensuales en extorsiones.
Expediente Público
En los últimos meses las estructuras criminales han aumentado el cobro de extorsiones en diferentes sectores de Honduras, siendo los más afectados transportistas y comerciantes, una vieja realidad que enfrenta el nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Debido a esta ola de extorsiones, varios transportistas han detenido labores para evitar riesgos. La Secretaría de Seguridad afirmó que busca soluciones efectivas para combatir esta crisis, que se ha profundizado en el país centroamericano en los últimos meses.
Honduras se encuentra entre los países más peligrosos del mundo según la Human Rights Watch, organización independiente de derechos humanos. Se registraron 39 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2021, mientras que de enero al 3 de marzo del 2022 hubo más de 606 hechos violentos, según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
Las muertes violentas en Honduras son atribuidas en mayor grado al crimen organizado, particularmente a las pandillas o “maras” que pelean territorios para la venta de drogas y cobro de extorsiones, según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).
Sector transporte el más golpeado por extorsiones
Datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (una unidad del IUDPAS), señalan que de enero hasta el 23 de marzo del año 2022 se contabilizan 27 muertes de trabajadores del sector transporte.
Del año 2010 al 2019 se registraron 1,781 muertes de transportistas en todo el país, siendo 2015 el año con más incidencias. Solo en enero de 2020 se registraron 14 asesinatos de conductores, según IUDPAS.
Esta situación no es nueva, desde el año 2014 Honduras se enfrenta a un incremento notable de las extorsiones, pero desde noviembre del 2021 se ha vuelto alarmante, explicó para Expediente Público el dirigente del transporte, Wilmer Cálix.
“El sector transporte ya no soporta las extorsiones, en los últimos 5 meses hasta cuatro grupos delictivos cobran extorsión, ya no ajustamos para pagar tanta extorsión. Entonces se ha decidido cerrar varios puntos de taxis y autobuses”, afirmó.
Son al menos 12 rutas, entre buses urbanos, interurbanos y taxis los que se encuentran paralizados en la capital, Tegucigalpa, por las amenazas de grupos de crimen organizado y pandillas. Prefieren no exponer las vidas de su personal.
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La crisis de inseguridad que enfrentan los transportistas toma fuerza en las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entre los puntos de taxis cerrados en Tegucigalpa, se encuentra uno de los más antiguos, el de la ruta colonia Kennedy-Centro.
Expediente Público conversó con otro transportista, quien pidió el anonimato por seguridad. Él explicó que las maras y pandillas utilizan diversas formas de comunicarse, para disminuir los riesgos de ser atrapados.
“A mí me ha pasado dos veces en mi ruta. La primera vez recibí un teléfono y justo llegando a la terminal cayó la llamada. Eran ellos, comunicándose para pedir, solo a nuestro punto, 50 mil lempiras (2,055 dólares). En ese momento los buses no trabajan porque es arriesgado, se empieza a trabajar una vez que se entrega el dinero. Ya la segunda vez fue por medio de un papelito, una mujer al momento de pagarme el pasaje me dio el papelito en donde daba una cantidad, una hora y un lugar”, relató.
Desde 62 dólares semanales
Son cuatro las estructuras criminales identificadas como responsables del incremento en las extorsiones: la Mara MS-13, Pandilla 18, Los Benjamines y el “Combo que no se deja”. Algunas cobran 1,500 semanales (62 dólares) por unidad de transporte, pero otros, incluyendo el entrevistado, paga 3,000 lempiras (123.3 dólares). “Nuestra ruta hace pagos semanales a dos maras”, explicó.
El dirigente Wilmer Cálix dijo que a nivel nacional los transportistas pagan aproximadamente 50 millones de lempiras mensuales (poco más de 2 millones de dólares), según datos recopilados por ellos mismos.
Esta situación ha impactado negativamente la economía del sector, a lo que se suman las alzas en los combustibles, por lo que muchos transportistas consideran que ya no es rentable brindar el servicio a los hondureños. Hicieron un “llamado urgente” al Gobierno para que ejecute un plan inmediato que ponga fin a la crisis.
“A los transportistas ya no les queda nada para comer y mantener a sus familias, todo el dinero que se hace es para el pago de extorsión y combustibles”, argumentó Cálix.
Estrategias del Gobierno poco eficientes
Una de las estrategias visibles ante la lucha contra la extorsión han sido los operativos de vigilancia en los puntos de buses y taxis, por parte de elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. También se ha implementado un plan que ubica a efectivos militares en cada unidad de transporte, pero para los propietarios y conductores esto no es suficiente, porque aun así continúan los cobros.
“Esas estrategias son un paliativo, pero no llega a donde debe llegar. Deben fortalecer más la investigación para dar con los líderes de estas organizaciones para que se pueda tener un resultado con más eficacia”, aseguró Cálix.
De su lado, la fuente anónima relató que incluso bajo la vigilancia de militares y policías en su unidad, le hicieron entrega del teléfono para ejecutar la extorsión.
“En mi bus iban dos militares, uno adelante y otro atrás, y los extorsionadores me dieron el teléfono como si nada. Cuando yo le dije al militar trataron de buscar a la persona, pero ya se había escondido, porque tienen buenas mañas, para mí que algunos son cómplices”, dijo, refiriéndose a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
Según un informe del centro de pensamiento Woodrow Wilson, la Policía Nacional desde su creación ha mantenido grietas institucionales que impiden la consolidación absoluta y el desarrollo de la confianza ciudadana.
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De las crisis más graves que enfrenta la presidenta
El presupuesto aprobado para la Secretaría de Seguridad en 2022 supera los 6,854 millones de lempiras (más de 280 millones de dólares), mientras que para Defensa fue superior a los 9,336 millones de lempiras (más de 383 millones de dólares). Además del presupuesto del tesoro nacional y previo a la pandemia del COVID-19, el monto de la Tasa de Seguridad por parte del Estado para las diferentes instituciones de seguridad, era de entre 1,300 a 1,600 millones de lempiras (unos 65 millones de dólares).
La Tasa de Seguridad es un impuesto aprobado originalmente por 5 años, en el 2011, bajo la gestión de Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional; y prorrogado a 10 años en el 2014, ya con Hernández en la Presidencia de la República. Aplica directamente a todas las operaciones de las cuentas bancarias igual o superiores a los 120,000 lempiras (4,932 dólares). No obstante, los recursos disponibles, no se percibe una mejoría en el bienestar de la población. Además, la información de cómo se gasta permanece oculta y de acuerdo con fuentes consultadas por Expediente Público esta situación de no rendición de cuentas del dinero de la Tasa de Seguridad permanecerá invariable con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
El general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, y experto en seguridad, Luis Alonso Maldonado Galeas explicó a Expediente Público que el buen manejo de la Tasa de Seguridad es clave para resolver los problemas del país, específicamente en el combate a la inseguridad, que es “grave”, dijo.
“La proliferación de este tipo de delitos requiere también el incremento de recursos para su neutralización. Considero que deben asignarse fondos para crear vigilancia electrónica” dijo el general, en alusión al uso de teléfonos para extorsionar.
En cuanto a la reducción de la participación militar en temas de seguridad, anunciadas por el gobierno de Castro, Maldonado consideró que eso reducirá “las capacidades” para disminuir la criminalidad. Eso podría llevar a la Policía Nacional a “descuidar otro espacio de actuación para combatir la delincuencia y el crimen”, enfatizó.
¿Debilidad del Gobierno?
Para el transportista Wilmer Cálix el incremento de la extorsión se debe al cambio de Gobierno. “Los grupos antisociales han visto la debilidad de este nuevo gobierno, pero esperamos que una vez el Gobierno esté asentado puedan implementar un buen plan de seguridad al sector transporte y a la ciudadanía para contener esta embestida”.
Sin embargo, reconoce que ya han mantenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y esperan que pronto puedan “crear un plan estratégico de seguridad” para enfrentar el problema.
Mark Ungar, profesor de Ciencias Políticas y Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y quien actualmente realiza un estudio sobre la extorsión en los países del Triángulo Norte, dijo a Expediente Público que el aumento de esta actividad probablemente sea una respuesta de maras y pandillas, “para mostrar que tienen el control para resistir” al nuevo gobierno.
Mientras que, para el general Maldonado, el incremento en las extorsiones es solo una conducta propia de la criminalidad que no está orientada a desestabilizar al Gobierno.
“No veo yo de que sea una pretensión hacerle ver al Gobierno de que aquí, quien manda son los criminales para hacerle un descrédito gubernamental. En ese sentido, es una realidad sociológica en Honduras. Estamos perdiendo todas las formas de valor y de vida humana, de convivencia y pasamos a una conducta delictiva permanente”, argumentó.
El viceministro de Seguridad, Hugo Suazo, dijo a Expediente Público que “se está trabajando y que en los próximos días se tendrán mejores resultados” para disminuir la grave inseguridad ciudadana.
“Este es un descontrol de la sociedad misma, me he reunido con los transportistas y estamos buscando estrategias para combatir este crimen”, dijo el funcionario.
Entre las actividades propuestas por los transportistas a las autoridades se encuentra la creación de una escuela que certifique y capacite a los conductores; fortalecer las instituciones de investigación; y el nombramiento de fiscales especiales para el sector transporte, dedicados a esclarecer los asesinatos de conductores y ayudantes.
De su lado, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón dijo el lunes 21 de marzo al diario hondureño La Prensa que “debemos de ser más dinámicos para reducir el flagelo, podemos revertirlo, no nos podemos quedar así, ya que se están planificando y ejecutando acciones bajo la marcha”. Mientras las autoridades siguen diseñando planes, el crimen organizado aumenta las extorsiones y con ello sus ganancias, profundizando la crisis de seguridad en Honduras.
