*Tiziano Breda, del International Crisis Group, señala que han primado las decisiones políticas por sobre las económicas en poco más de 6 meses del Gobierno de Xiomara Castro.
**Frustración de la gente puede terminar en estallidos de violencia como los que se han registrado en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá.
***Gobierno de Honduras de forma paulatina instala mecanismos similares a los de los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. El canciller Eduardo Reina ordenó a sus funcionario no dar declaraciones sin su autorización.
Expediente Público
“La gente dice que improvisamos, nosotros no improvisamos absolutamente nada, todo está planificado”, dijo el 31 de julio el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) durante un evento en la sede del Poder Ejecutivo, en Tegucigalpa, en el que se refirió a una de las principales críticas sobre la gestión de su esposa, la presidenta Xiomara Castro.
Zelaya mostró un ejemplar del plan de Gobierno “para refundar Honduras” que la ahora mandataria presentó en 2021 en la campaña política, y aseguró que “se va a ir cumpliendo matemáticamente” e instruyó “que se vuelvan a publicar miles y miles” de copias.
Sin embargo, más de seis meses después de la toma de posesión de Castro, no solo la improvisación sino también las contradicciones han caracterizado a un Gobierno presionado por la demanda de resultados inmediatos, pero que en opinión de analistas internacionales y hondureños consultados por Expediente Público ha primado las decisiones políticas sobre las económicas.
El discurso gubernamental ha redundado en las condiciones en que doce años de gobierno del Partido Nacional dejaron al país, una justificación que podrá sostener cada vez menos a medida que pasa el tiempo y que, de no dar paso a los resultados que espera la población, podría conducir a Honduras a escenarios como los que se han dado en países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá, donde la frustración popular ha estallado en las calles.
Confrontaciones
“Chile era el ejemplo y tomaron como pretexto el incremento del pasaje del tranvía para tener ese país al borde de la anomia y la ingobernabilidad durante cuatro meses (…). La gente se está frustrando tanto que ya, aun sin liderazgos identificables y fuera de los partidos políticos, está creando efervescencias y violencias que a nadie le convienen”, dijo a Expediente Público el abogado y analista político hondureño Raúl Pineda Alvarado.
En Honduras, “lamentablemente, hasta este momento no se mira un criterio práctico para resolver los grandes problemas de la nación porque se ha privilegiado lo político a lo económico”, añadió Pineda Alvarado.
Refirió que las iniciativas han estado orientadas a temas como una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución y un alineamiento político con los países que preconizan el socialismo del siglo XXI, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Adicionalmente, “hoy tenemos un ambiente de confrontación con la empresa privada, un distanciamiento con la embajada americana y una suerte de incertidumbre que dice que el barco va avanzando, pero no sabemos para dónde”, reflexionó el analista.
¿Prioriza lo nacional o lo partidario?
En ese sentido, el analista para América Central del International Crisis Group, Tiziano Breda, dijo a Expediente Público que hay dos líneas de acción en el gobierno de Castro.
La primera tiene que ver con la necesidad de mostrar compromiso y “cumplir con algunas de las promesas que hicieron en campaña”, como la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), rebajar la tarifa eléctrica y el diseño de una comisión internacional contra la impunidad.
“Pero por el otro lado, me parece que también hay una priorización más partidista, o incluso si queremos personalista en algunos casos, que tiene que ver con una actitud tal vez un poco revanchista y de reivindicación sobre lo ocurrido con el golpe de Estado” en 2009, dijo Breda en alusión a la Ley de Condena del Golpe de Estado, aprobada en febrero, que incluye un polémico decreto de amnistía que ha beneficiado a exfuncionarios zelayistas implicados en actos de corrupción.
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Incapacidad e improvisación
“No hay claridad hacia dónde vamos”, dijo por su parte a Expediente Público el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (Fosdeh) Ismael Zepeda.
“Hay improvisación en el sentido de que pasaron ocho años de política (desde las elecciones generales de 2013 en las que Castro participó por primera vez) mencionando que ellos eran los mejores, que todo lo tenían ya listo” para gobernar, “pero han pasado seis meses y pareciera que no tenían la dimensión de la situación económica del país”.
Según el Fosdeh, en el primer semestre de 2022 la administración central ha ejecutado el 44 por ciento del presupuesto y la descentralizada, el 36 por ciento. Mientras que el plan de inversión pública, un 15 por ciento, dijo Zepeda.
“Todo eso ellos lo justifican en esa transición” del país centroamericano hacia “un sistema más equitativo”, pero la realidad es que “cada día que pasa están demostrando incapacidad, que no tenían el conocimiento de la gestión pública”, cuestionó Zepeda.
Dijo que la actual administración “se ha enfocado en derogar las políticas del gobierno anterior en materia económica”, entre ellas la Ley de Empleo por Hora, la Ley Marco de Protección Social, el plan Vida Mejor, tras el que se ha creado la Red Solidaria, “pero no hay propuestas, están supuestamente construyéndolas”.
Gobierno de Castro no acepta críticas
De allí que “les ha tocado improvisar, justificarse” y reaccionar de forma visceral contra quienes los señalan, y “en cierto punto ya estamos entrando en polarización, en conflictividad” con funcionarios “irreverentes”, lo cual tampoco abona al tema económico.
Zepeda se refiere a la polémica que surgió cuando la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, publicó el 27 de julio en sus redes sociales que: “La destrucción de las finanzas públicas ha sido brutal en 13 años post golpe. Empeñaron, vendieron, privatizaron, endeudaron y corrompieron todo. En estos 6 meses, aún con la grave crisis internacional avanzamos con fe hacia la Refundación de la Patria”.
En una inusual reacción, el asesor económico de la embajada americana Scott Hansen respondió: “Estimada Sra. ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, llegan a oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en S&P, Moody´s, y Fitch. Ayúdalos con menos de la destrucción y más de la estrategia”.
El tuit fue borrado, pero la reacción de Moncada, quien descalificó a las calificadoras de riesgo y fustigó la injerencia del funcionario estadounidense, fue vista más como la de una furibunda activista partidaria que de una funcionaria de Estado.
“No ven algo muy importante en temas económicos, que es la certidumbre de cómo se está manejando el gobierno, el Estado”, lo cual “va muy ligado también” a la confianza, la cual “están deteriorando” no solo en materia electoral y política, sino económica y social, “porque si busco un informe como el de Standard & Poor’s o una recomendación como la del asesor económico de la embajada de Estados Unidos y más bien están en conflicto…”, analizó Zepeda.
Gobierno de contradicciones
En el Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 la palabra corrupción aparece 32 veces, siendo la lucha contra ese flagelo una de las principales promesas de campaña. Sin embargo, la citada amnistía política contradice ese espíritu, así como la reacción del gobierno ante la lista Engel que este año incluyó a personas afines al partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre), entre ellos dos vicepresidentes del Congreso.
El documento también plantea determinar la temporalidad de la Ley de la Policía Militar del Orden Público.
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Sin embargo, en julio pasado, después del asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales (sobrino y homónimo del expresidente), anunció que la Policía Militar sigue en las calles y descartó su abolición.
“El anuncio de la presidenta (Castro) de convertir la Policía Militar del Orden Público en la instancia militar especializada en combatir el narcotráfico (…) se sustenta en una contradicción de fondo, porque ese aparato fue creado por el exmandatario Juan Orlando Hernández como una estructura para protegerse y proteger los intereses del negocio del narcotráfico…”, publicó el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Ismael Moreno en un artículo de la revista ENVÍO.
¿Odio y amor con EE.UU.?
También ha sido visto como contradictorio el anuncio a finales de julio de que el exembajador Hugo Llorens (2008-2011) sería contratado para hacer lobby en Washington a favor del Gobierno de Castro, por el supuesto papel que para algunos miembros de Libre desempeñó en el golpe de Estado hace trece años. A esto se suma la postura “antiimperialista” de un gobierno de “izquierda” que, dicho sea de paso, inició con un vínculo robustecido con Estados Unidos, cuya administración envió a la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión y designó, después de cinco años, a una nueva embajadora.
Para Pineda Portillo esas contradicciones son expresión “de las propias contradicciones del grupo que ostenta el poder”, con radicales de izquierda y grupos de estratos democráticos que creen en lo social, y que se refleja en los bandazos que da un gobierno “ideológicamente sospechoso e incoherente en la toma de sus decisiones”.
La visita de Harris en la toma de posesión “oscureció la presencia de todos los líderes del socialismo del siglo XXI”, pero “en cuanto los norteamericanos descuidan su situación o su posición en el país surgen esos fogonazos de izquierdismo recalcitrante”, indicó.
Para Tiziano Breda “se trata de una tendencia regional” de la que Honduras no está exenta y “un tema de aprendizaje para Washington” de identificar aquellas agendas de los gobiernos centroamericanos que coinciden con sus intereses.
Obligado a negociar
Breda también considera que es “entendible que hay algún tipo de ralentización en la implementación de medidas acordes al plan que se propuso en la campaña”, debido a que el gobierno de Castro no tiene el margen de maniobra del presidente Nayib Bukele en El Salvador o Daniel Ortega en Nicaragua.
“Es un gobierno cuyo partido principal no tiene mayoría en el Congreso” y no ha tenido una relación con los “poderes fácticos” como las Fuerzas Armadas, el sector privado, la iglesia e incluso con Estados Unidos, menciona.
Pero a medida que pase el tiempo, responsabilizar a los gobiernos anteriores por cómo han dejado al país será cada vez menos justificable, indicó.
Ese discurso es agotador, dijo Zepeda, quien recordó que solo el gasto de la canasta básica de alimentos es del 15 por ciento interanual, “allí hay un gran problema (…) por eso necesitamos propuestas, políticas contundentes”.
Para Pineda Portillo, “el gobierno todavía tiene tiempo de salir adelante, no se han registrado actos de corrupción exageradamente escandalosos y eso pudiera ser la plataforma que le salve el prestigio”.
Pero deben definir reglas claras, privilegiar la agenda económica sobre la política “y entender que la frustración de la gente se puede volver violenta”, como ha ocurrido en otros países, “y no vamos a tener la capacidad de respuesta”, puntualizó.
