En Honduras hay discursos contra la corrupción, pero en la práctica solo retrocesos y mucha, mucha impunidad.
Expediente Público
Honduras ha llegado a su punto más bajo en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC), y se ha convertido en un país sumido en profundos retrocesos institucionales y escandalosos episodios de corrupción relacionados con la pandemia de coronavirus.
El informe de Transparencia Internacional ubicó a Honduras en la posición 157 de 180 países evaluados, el cuarto peor de América Latina. Honduras recibió solo 24 puntos de 100, su puntuación histórica más baja y dos puntos menos que el año pasado.
“No hay una política de Estado consistente, hay discursos y hay instituciones, pero no hay una política de Estado consistente, efectiva puesto que en los últimos diez años hemos ido descendiendo y llegando a posiciones deshonrosas de estar entre los más corruptos de las Américas”, explica Carlos Hernández a Expediente Público, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras.
El informe recuerda que en el último año, la pandemia de Covid-19 y los huracanes han asolado el país, donde la pobreza y la desigualdad continúan siendo muy altas.
Pero la debilidad de las instituciones ha contribuido con la falta de preparación para afrontar los desastres. A ello se suma una economía poco diversificada y dependiente de forma excesiva de la agricultura y recursos naturales.
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Según el reporte, el estado de los esfuerzos de lucha contra la corrupción tampoco es esperanzador. En la última década, el país ha sufrido pérdidas millonarias por esta causa y experimentado reveses importantes en la lucha contra la impunidad tras la desaparición de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, el Congreso Nacional hizo una serie de reformas al Código Penal que fomentan la corrupción y dificultan las investigaciones.
“Sin duda alguna influyó -en el puntaje- la expulsión de la MACCIH, una serie de contra reformas que se hicieron desde el Congreso Nacional para reducir la capacidad de la Fiscalía General de sancionar casos de corrupción, las compras que se hicieron en el marco de la pandemia, especialmente la adquisición de hospitales móviles, una compra bastante grande que un año después, esos hospitales no están en funcionamiento”, explica Hernández.
Según Transparencia Internacional, hubo una alarmante falta de planificación en la compra de suministros para atenden la emergencia por la pandemia, junto con precios excesivos para la adquisición de material sanitario y acuerdos opacos en la contratación para los hospitales de campaña.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández compró en Turquía siete hospitales móviles al proveedor Elmed Medical System. Cada uno costó 47 millones de dólares, cuando el precio real era de 14 millones de dólares, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su octavo informe titulado «La corrupción en tiempos de Covid-19».
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A raíz de la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación que aún sigue en el aire en un país donde más del 90 % de los delitos queda en la impunidad.
Corrupción en pandemia
Otro episodio escandaloso de corrupción fue la compra de insumos médicos de pésima calidad que incluyeron 54 circuitos de flujo de anestesia en mal estado, lo que provocó la renuncia de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y el procesamiento del titular de la oficina de compras del Estado, Marco Bográn, que está siendo enjuiciado en libertad.
Las denuncias de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, revelaron que el material médico era de segunda o era material de desecho y sin condiciones hidrosanitarias.
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En su último informe, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales publicó una lista de los países de la región mejor y peor preparados en los procesos de compra frente al Covid-19. Honduras aparece entre los peor evaluados, superado únicamente por los países caribeños de Anguila, Montserrat y Santa Lucía, y por el país centroamericano de Belice.
Mucho discurso, cero acciones
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa señala que el gobierno de Juan Orlando Hernández se caracteriza por un discurso contra la corrupción que no se traduce en hechos reales. “Como suele suceder en la región, hay un discurso bastante fuerte contra la corrupción en nuestros países, sin embargo, esos discursos no van acompañados de acciones”, sostiene Hernández.
El activista explica que el gobierno hondureño ha creado varias iniciativas “pero lamentablemente la institucionalidad es muy frágil y se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años”.
“La impunidad es muy alta. Las sanciones administrativas a quienes infringen la ley son pocas. Es muy difícil”, dice Hernández.
Aunque en la práctica Honduras cuenta con mecanismos que son bastante buenos, como una Ley de Contrataciones del Estado, una Ley de Acceso a la Información y otras normas, como compradores públicos certificados y auditorías internas, Hernández explica que “todos esos procesos no se ponen en marcha o los funcionarios hacen adquisiciones a discreción y eso hace que se den los casos de corrupción”.
Caravanas migratorias
Para el abogado y catedrático salvadoreño, Roberto Burgos, especialista en temas de Transparencia, el caso de Honduras llama la atención “porque resulta incluido dentro de la lista de «países a observar», dada la alta percepción de corrupción por parte de sus ciudadanos y organismos internacionales”.
Para Burgos, son esos niveles de corrupción los que han provocado entre otros problemas, la crisis migratoria que se ve reflejada en las caravanas hacia Estados Unidos.
“La crisis sanitaria en países corruptos ha sido mayor, a la vez que enfrentan verdaderas crisis humanas debido a la masiva emigración que sin ningún apoyo de sus autoridades, enfrentan decenas de miles de ciudadanos. Caravanas de hondureños en las que también avanzan otros centroamericanos, migración regional encabezada por los nicaragüenses que intentan afincarse en sus países vecinos, antes de enfrentar otra crisis y sumarse a las oleadas de gente que avanza hacia el norte”, explica Burgos.
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Los escándalos de narcotráfico
Aunque Transparencia Internacional no menciona esto en su informe, la sombra del narcotráfico en el gobierno hondureño también sobrevuela permanente. Honduras se ha visto escandalizada por los señalamientos al presidente Juan Orlando Hernández de recibir sobornos de narcotraficantes. Su propio hermano ha sido condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas.
En enero pasado, la fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, acusó al mandatario Hernández de proteger el laboratorio de cocaína del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, a cambio de grandes sobornos.
En enero pasado, la fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, acusó al mandatario Hernández de proteger el laboratorio de cocaína del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, a cambio de grandes sobornos. El dinero habría sido usado presuntamente en la campaña a la Presidencia de Hernández, en 2013.
Según los documentos de los fiscales estadounidenses, el gobernante hondureño accesió a que miembros del Ejército ayudaran a transportar la droga, pruebas que son usadas en el juicio por tráfico de drogas contra Juan Antonio, hermano del presidente Hernández.
Aunque en los documentos de los fiscales estadounidenses no se menciona explícitamente al mandatario de Honduras, al que se identifica como cómplice o coconspirador número 4 (CC-4), pero su identidad ha sido reconocida por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
El Congreso de Honduras protege al presidente Juan Orlando Hernández, pues se negó tramitar un juicio político para destituirlo, como lo solicitaron diputados de oposición.
