*Los comicios de este domingo representan la esperanza de cambio para una parte de los hondureños, en un país donde casi el 74 por ciento de la población vive en la pobreza.
**Comicios con garantías mínimas, políticos y candidatos señalados de narcotráfico, con observadores electorales azorados por la violencia política.
***Estados Unidos vigilando con preocupación ante un gran dilema: ¿Avalar continuación de partidos de derecha corruptos o tolerar un nuevo partido de izquierda del expresidente Manuel Zelaya?
Expediente Público
Llegó el día D para más de cinco millones de hondureños habilitados para votar este domingo 28 de noviembre en las undécimas elecciones generales desde 1981. Honduras, un país marcado por la violencia, la corrupción y los desastres naturales que han acentuado la pobreza crónica, se asoma a un viejo dilema: seguir con el mismo y viejo sistema político de derecha o girar hacia la incertidumbre con un nuevo partido de izquierda en el vecindario.
De las siete de la mañana a las cinco de la tarde, según la nueva Ley Electoral, que permite extender una hora ese horario en caso de atrasos al inicio de la votación, los electores elegirán a sus autoridades municipales, legislativas y al presidente de la República, quienes tomarán posesión el 27 de enero de 2022 para un período de cuatro años.
Los dos candidatos con mayores posibilidades de ganar la contienda de acuerdo a las intenciones de voto son Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional (derecha) que lleva casi doce años en el poder, y Xiomara Castro, quien encabeza la coalición integrada por los partidos Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Salvador de Honduras (PSH, izquierda).
Del Partido Nacional no se espera mayor cambio en el sistema político gobernante, mientras que de la coalición de izquierda se teme un alineamiento con regímenes violadores de derechos humanos como Venezuela, Nicaragua y Cuba, según se difundió agriamente en los discursos de odio durante la campaña.
Pobreza: el enemigo número uno de Honduras
“Estamos en las puertas de un proceso que marcará un antes y un después en la historia de nuestro país, unas elecciones en donde se juega la democracia y el regreso a la institucionalidad”, dijo la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, en un mensaje transmitido por Twitter el viernes.
El mensaje de Castellanos resume la enorme expectativa detrás de los comicios de este domingo, que para una parte de la población sería la solución a las múltiples problemáticas que atraviesa el país centroamericano, uno de los principales expulsores de migrantes del Triángulo Norte hacia Estados Unidos.
Entre las principales demandas de cambio está la pobreza: el 73.6% de la población hondureña es pobre y el 53.7% vive en pobreza extrema, según datos publicados el 8 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cifras que luego fueron retirados de la página web.
“La situación es mucho más grave de lo que imaginamos. La política económica y pública ha sido un rotundo desastre. Tenemos un país destruido. Mayores tributos y mayor deuda totalmente inefectivos. Ineptos e incompetentes”, reaccionó en redes sociales el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Eduardo Facussé.
Desde 2015, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional ha venido empeorando en Honduras.
Corrupción, enemigo dos de Honduras
Ello, sumado a leyes nocivas que limitan la lucha anticorrupción y a las vinculaciones de políticos y funcionarios con el narcotráfico, han generado un hartazgo de la ciudadanía que podría hacer de estas elecciones una de las más concurridas de su historia para depositar en las urnas el llamado voto de castigo.
“El ambiente es muy volátil, ciertamente la estructura de poder en el país fue permeada de manera dramática por el crimen organizado y eso ha generado un ambiente de resentimiento represado que puede expresarse en las urnas”, declaró el analista político Raúl Pineda Alvarado.
En las planillas de candidatos compiten varios señalados por actos de corrupción, lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, para quienes perder no sería una opción.
De allí que la sospecha de fraude, como el denunciado masivamente en 2017, ha sido una constante a lo largo de un proceso electoral sin garantías, marcado por el discurso de odio, la desinformación y el clientelismo político.
Tales ingredientes han contribuido a la polarización social y violencia política a niveles sin precedente en un proceso electoral.
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Candidatos con un historial turbio
Desde el nivel presidencial hasta el legislativo y municipal, las papeletas electorales llevan candidatos señalados de corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
Incluso, ocho aspirantes fueron incluidos en la “Lista Engel” del Departamento de Estado de Estados Unidos, el listado donde Washington marca a los corruptos del Triángulo Norte.
El candidato presidencial del partido de gobierno y alcalde de la capital hondureña, Nasry Asfura, es investigado por el desvío de más de 28 millones de lempiras (un millón 176 mil dólares) de las arcas municipales y es uno de los mencionados en los Papeles de Pandora por mantener sociedades offshore, entre otros señalamientos.
Mientras que el presidenciable del Partido Liberal, Yani Rosenthal Oliva, cumplió una condena de tres años en una prisión de Estados Unidos por lavado de dinero.
El narcotráfico en Honduras está muy cerca de la política, como quedó evidenciado con la condena a cadena perpetua de Antonio Hernández, hermano del presidente Hernández, la condena de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y los casos de diputados “con vinculaciones muy estrechas con el narcotráfico”, dijo en una entrevista con Expediente Público el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) Juan Jiménez Mayor.
Reeleccionistas “nocivos”
El papel de los parlamentarios “es sustancial” en una democracia, resalta el CNA en un informe que expone a los candidatos que buscan la reelección en el Congreso Nacional y que votaron a favor de leyes y decretos “lesivos” impulsados “para seguir perpetrando la exclusión, discriminación, impunidad y corrupción”.
El Congreso Nacional está integrado por 128 diputados propietarios y sus suplentes, de los que 61 son del Partido Nacional y 26 del Partido Liberal.
De ellos, 18 y cinco, respectivamente, votaron a favor de las polémicas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y buscan la reelección.
También buscan reelegirse ocho diputados del partido oficialista que promovieron la reelección presidencial anticonstitucional en 2014, quince que votaron a favor del nuevo Código Penal que reduce las penas por corrupción y 25 que votaron contra la admisión del juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández, propuesto por diputados de oposición después que fiscales en Estados Unidos lo acusaron de haber recibido sobornos del narcotráfico para su campaña en 2013.
“Han sido los supuestos proponentes de algunos de los más grandes actos de indecencia e ilegalidad disfrazada de decreto, pero que finalmente han generado protección e impunidad para los que directamente han sido señalados por su actuar corrupto en perjuicio hacia Honduras”, dice en una de sus conclusiones el CNA.
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Zozobra y violencia política
En Tegucigalpa y Comayagüela, las dos ciudades que conforman la capital de Honduras, varios negocios comenzaron a cubrir ventanas, puertas y paredes de vidrio más de una semana antes de las elecciones.
Algunos supermercados tuvieron una afluencia de consumidores arriba de lo usual en los últimos días y las gasolineras registraron largas filas de vehículos, sobre todo en las 48 horas previas a este domingo, ante un posible estallido social y desabastecimiento por los resultados electorales.
El gobierno también tomó sus medidas, incluso desde antes, cerrando oficinas estratégicas y desplegando tropas en todo el territorio.
La periodista hondureña Sandra Marybel Sánchez publicó a mediados de noviembre en su cuenta de Twitter un documento con los preparativos de la Secretaría de Salud de cara a las elecciones generales en el que se plantea la “probabilidad de crisis política en el país”.
Ahí se indica tomar las medidas de precaución para proteger los bienes de esa dependencia y se instruye el abastecimiento de medicamentos, sobre todo para casos de heridas, golpes, quemaduras y fractura.
Preparados contra protestas
Otro documento muestra el plan de “activación de incidente con múltiples víctimas” del Hospital Escuela de Tegucigalpa, el centro asistencial más grande de Honduras.
Sánchez reveló también un reporte de la Policía Nacional en el que se informa del “abastecimiento logístico” con 400 granadas de gas trifásica de mano, 100 granadas de gas para escopeta y 300 de proyectil esférico de goma en la ciudad de Comayagua, ubicada a unos 92 kilómetros al norte de la capital hondureña.
Por su parte, el Congreso Nacional aprobó el 18 de noviembre un decreto que prohíbe la portación o traslado de armas en todo el territorio nacional diez días antes y después de las elecciones.
La medida exceptúa a los cuerpos de seguridad del Estado, agentes de seguridad pública, guardias de seguridad y miembros de empresas que presten servicios de seguridad privada.
En ese escenario de zozobra, grupos de uniformados de la Policía Nacional y de la Policía Militar empezaron a recorrer desde este viernes algunos sectores de la capital hondureña que, al igual que el resto del país, se encuentra desde las seis de la mañana del sábado bajo una Ley Seca que se extenderá hasta esa misma hora del lunes 29 de noviembre.
Con al menos 63 casos de violencia política, incluidos 28 asesinatos, desde el llamado a elecciones primarias que se realizaron el pasado 14 de marzo, los comicios de este domingo se realizan en medio de una violencia que es tres veces superior a la de 2017, advirtió la ONU.
Víctimas de la violencia política
La crisis política en las elecciones pasadas, opacadas por la reelección y las denuncias de fraude, dejó al menos 38 fallecidos que se sumaron a los 12 registrados en el marco de las elecciones primarias de ese año, según datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas).
“Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales de Honduras para que el proceso electoral sea pacífico y sin violencia, antes, durante y después del 28 de noviembre. Ninguna elección vale una vida humana”, dijo la eurodiputada croata y jefa de la misión de observación de la Unión Europa, Željana Zovko.
Falta de garantías electorales
Impedir que la violencia política siga escalando en el actual proceso electoral dependerá en gran medida de la rapidez con que se transmitan los resultados.
“Si sacan los resultados rápido y esos resultados son acuerpados por todos los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se demuestra de que hay rigurosidad en ese escrutinio, creo que eso va a ayudar bastante a alivianar las tensiones”, dijo a Expediente Público Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
La nueva Ley Electoral manda que los primeros resultados preliminares se transmitan tres horas después de cerradas las votaciones, es decir, a las 8 de la noche.
Sin embargo, de los 5,735 centros de votación instalados a nivel nacional, 1,566 tienen problemas de energía eléctrica y conectividad, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), lo que podría afectar la aplicación en estos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP).
Alertas de fallas en el sistema electoral
El Cohep también ha alertado sobre la falta de capacitación del personal encargado del lector biométrico y kit tecnológico, y que los partidos políticos no cumplieron con todas las acreditaciones de los operadores técnicos cuya responsabilidad es transmitir las actas de donde se tomarán los resultados preliminares.
Además, las credenciales de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) fueron entregadas en blanco, lo que revive el fantasma del tráfico de ese documento.
La nueva Ley Electoral no incluye las credenciales para los miembros de las JRV y solo manda que estos, para su acreditación en las mesas, presenten su Documento Nacional de Identificación (DNI), el cual sería verificado en un listado que llegaría en la maleta electoral.
En medio de la desconfianza hacia el TREP, el CNE emitió un comunicado el viernes en el que remarca que los resultados preliminares “no definen la elección hasta tanto no se practique el escrutinio general definitivo” y que para este disponen de treinta días.
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Trabas al trabajo de los observadores
Es en este contexto que varias misiones de observación nacionales (organizadas por la sociedad civil) e internacionales se han sumado al proceso electoral para dar garantía de transparencia.
Sin embargo, las autoridades migratorias de Honduras les han puesto trabas e incluso han negado el ingreso a algunos observadores y periodistas extranjeros.
En el caso de los observadores nacionales, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) alertó el sábado del retraso en el proceso de acreditación, de las que hasta las dos de la tarde de ese día solo habían recibido el 39% de las credenciales solicitadas.
La REDH pidió al CNE brindársele “todas las condiciones para desarrollar la observación de las elecciones, incluyendo el acceso a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el proceso de escrutinio y las actas de cierre”.
“El despliegue de observadores es fundamental para unas elecciones transparentes y justas”, publicó en Twitter la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que llamó también a “tener paciencia y respetar los resultados finales”.
Hondureños en EE. UU. quedarían fuera de las elecciones
Según el censo electoral definitivo, casi 5.2 millones de hondureños están habilitados para votar, pero más de 200 mil no han recibido la nueva DNI, único documento válido para ejercer el sufragio.
En el caso de los hondureños en Estados Unidos, donde solo están aptos para votar 15,609 personas en las 14 ciudades que tendrán juntas receptoras de votos, el RNP anunció la entrega de ese documento cuando faltaba una semana para las elecciones.
Clientelismo, desinformación y abuso
La competencia en estas elecciones se ha caracterizado por un discurso de odio, campañas de desinformación y abuso de poder.
Según un monitoreo del Observatorio de Desinformación Honduras Verifica, entre el 25 de septiembre y el 22 de noviembre 180 perfiles de Facebook se dedicaron a distribuir casi 400 mensajes diarios de desinformación, odio y discriminación.
En su quinto informe de monitoreo sobre gasto público en campaña electoral de Honduras, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) ha señalado así mismo la falta de equidad en la competencia electoral.
“El incumplimiento de la Ley Electoral de Honduras, en razón de la exposición pública de funcionarios para promover a los candidatos y candidatas oficialistas, particularmente a la figura del presidente de la República, ha sido cínico y obsceno”, dice el informe.
A un mes de las elecciones generales, el gobierno anunció la aprobación de 1,350 millones de lempiras (55.6 millones de dólares) para beneficiar a 170 mil familias con un bono de 7,000 lempiras (unos 288 dólares) bajo el programa asistencialista Vida Mejor.
También fue aprobado un “bono climático” por el mismo monto a 234,579 familias (que representan una erogación de 65.9 millones de dólares), entre otras medidas asistencialistas sustentadas “en la profundización de la deuda externa” y producto “de la política fiscal regresiva”.
Estas ayudas no buscan atacar las condiciones de pobreza sino “fortalecer la plataforma de campaña” del Partido Nacional, ha cuestionado el Cespad.
De su lado, la oposición política ha hecho llamados a los hondureños para que “agarren todo lo que les den”, pero que voten en contra de todos los candidatos señalados de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
