*Exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, se perfila como ministro de seguridad tras un lustro en el exilio por capturar a los hermanos Valle Valle, ligados a la familia presidencial.
**Presencia de altos ex jefes policiales ligados al narcotráfico crea expectativa del papel que jugará nuevo gobierno en lucha contra el crimen organizado, analizan expertos en seguridad.
Expediente Público
Aunque los nombres de los funcionarios que integrarán el nuevo gabinete en el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro se conocerán hasta el próximo 26 de enero, desde ya se menciona al exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón como ministro de seguridad.
Tras más de cinco años en el exilio en Estados Unidos y trece días después de la declaratoria oficial del triunfo de Castro, Sabillón regresó a Honduras el 2 de enero y fue recibido en el aeropuerto de San Pedro Sula (en la zona norte) por miembros de la comisión de traspaso presidencial.
“Voy a acudir a su llamado como un patriota”, dijo sobre su posible designación por parte de Castro en el próximo gabinete de gobierno.
“El anuncio se hará un día antes de la toma de posesión”, del 27 de enero, confirmó a Expediente Público Héctor Zelaya, uno de los integrantes de la comisión de traspaso. Héctor Zelaya es hijo de la presidenta electa y el expresidente Manuel Zelaya, lo que ha causado críticas de distintos sectores hondureños el rol protagónico que está teniendo en la conducción del traspaso de gobierno y en la nueva administración.
Sabillón fue nombrado director policial en 2013 por el presidente Porfirio Lobo y destituido once meses después en 2014 por el mandatario Juan Orlando Hernández.
En ese lapso capturó a los narcotraficantes Carlos Arnoldo Lobo, Héctor Emilio Fernández y a los hermanos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente Valle Valle, todos ellos extraditados a Estados Unidos.
Fue la captura de los hermanos ligados al cartel de Sinaloa, que lideraba Joaquín el “Chapo” Guzmán, la que le costó el cargo y lo obligó a huir de Honduras con su familia.
Los Valle Valle llegaron a ser los socios más importantes de Antonio Hernández, hermano del presidente saliente y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Las operaciones criminales quedaron registradas en una narcolibreta que fue presentada en el juicio contra Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que también sale implicado el mandatario saliente.
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Consecuencias políticas
La captura del clan de los Valle y la salida de Sabillón de la Policía “desencadenó una serie de consecuencias políticas” y los alcances que tendrían “en la transformación del gobierno hondureño” todavía no se han dimensionado, aseguró a Expediente Público el analista político Raúl Pineda Alvarado.
El nombramiento de Sabillón “sería una muy buena decisión y un acto de justicia”, apuntó.
“Como oficial es un hombre que conoce el tema, tiene el respaldo del gobierno de los Estados Unidos” y también ha enfrentado “al crimen organizado constituido en gobierno” o a los “criminales de cuello dorado”.
Sin embargo, aunque “va a ser un factor determinante para que las cosas se empiecen a enderezar en los aparatos de seguridad que tiene el Estado de Honduras”, consideró que se están “magnificando” sus potencialidades “y se le está haciendo daño al momento de querer vender la idea de que su sola presencia va a cambiar las cosas”.
“No es Sabillón ni ningún súper héroe el que va a cambiar por sí solo el modelo de criminalidad que sufre Honduras”, remarcó, en alusión a la compleja situación de impunidad y delincuencia que azota al país centroamericano.
Sabillón sustituirá al actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, un militar retirado que también ha sido señalado de vínculos con el narcotráfico.
Visita al Estadio Nacional
Desde el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1986), la toma de posesión en Honduras se ha realizado de forma continua en el Estadio Nacional, ubicado en Tegucigalpa.
En medio de los preparativos para la asunción de Castro surgió una polémica la última semana, cuando el exviceministro de Seguridad en el gobierno de Manuel Zelaya, Hugo Suazo, quien también integra la comisión de traspaso y es parte del círculo cercano del exmandatario, fue visto con el comisionado en condición de retiro Ramón Martínez Hernández.
El nombre de Martínez Hernández ha sido mencionado por sus supuestos nexos con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, cuyo juicio en una corte de Nueva York salpicó al presidente Hernández.
Ante el estupor general, la comisión de traspaso emitió el 8 de enero un comunicado en el que afirma que el comisionado visitó el Estadio Nacional para “ofrecer su colaboración” en aspectos técnicos de seguridad, pero aclara que este no es asesor ni miembro de la misma.
Suazo ha sido mentado en algunos medios como otra opción para ocupar la secretaría de Seguridad y tendría el apoyo de policías depurados que no quieren a Sabillón, según una publicación del diario El Heraldo.
“Todavía no se ha hablado de quiénes son los asesores en materia de seguridad y ciertamente algún espacio habrá para los amigos de don Manuel Zelaya”, señaló Pineda Alvarado.
Pero el analista consideró que el gobierno de Castro “va a ser juzgado por los primeros nombramientos que se hagan” y si es un buen gabinete “las esperanzas de la sociedad se van a mantener”, pero si no, vendrá “un enorme desencanto” y el país seguirá en una situación de inestabilidad e incertidumbre.
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Informes reveladores
“Sin duda, los expedientes o la información que se ha generado de las cortes externas (como la de Nueva York) han sido claras” y “seguramente la presidenta electa ya debe estar haciendo una revisión de cómo han sido los perfiles, las hojas de vida de las personas que se están proponiendo” para cargos como el de la Secretaría de Seguridad, dijo a Expediente Público la experta en seguridad Arabeska Sánchez.
“No creo que se vayan a quedar de brazos cruzados viendo que están apareciendo estos nombres y que decidan hacer de ellos aliados en temas de trabajo tan delicados, como es la seguridad pública”, agregó la criminóloga, que abogó también porque quede atrás “la práctica de que casi todos los que llegan para presidente ponen a su guardaespaldas de campaña de ministros de seguridad”.
La experta recordó que Honduras sigue registrando una tasa de homicidios de 40 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de Centroamérica, y se cometen más de 90 mil delitos cada año. “Esa es una incidencia criminal bastante fuerte”, dijo.
Cuando Castro asuma el poder “se va a empezar a enterar de informes de oficiales en donde sabrá que sigue (siendo) un reto mantener limpias las unidades de investigación policial”, añadió en referencia a la depuración de esa institución.
Además del cargo del ministro de Seguridad y Defensa, así como de los viceministros, otros temas claves para Sánchez son quiénes dirigirán la política antinarcóticos y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), “más allá del nombramiento el otro año de un nuevo fiscal” general.
Para la experta en seguridad, cuando la comisión de traspaso se siente a revisar “lo que hasta ahora han sido las estrategias de seguridad del gobierno orlandista, van a empezar a darse cuenta de cómo está la situación” y de datos que no siempre se hacen públicos en los medios de comunicación.
“Los últimos informes de país, y no estoy hablando de los informes oficiales del gobierno saliente, están desde (hace) años señalando la presencia de una criminalidad organizada tanto en sus modalidades de corrupción, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de trata de personas, de lavado de activos, que afecta varios aspectos de la vida de los hondureños”, apuntó.
Esos informes “señalan nombres y apellidos, historias, lugares, cargos, relaciones y modos de operar”, añadió.