*Expediente Público resume que, en solo una década, 136 defensores ambientales han sido asesinados en Honduras. Además, en lo que va del 2023, otros 8 activistas han perdido la vida.
**Sociedad civil pide fortalecer mecanismos de protección y adherirse al Acuerdo Escazú.
Sharon Ardón / Expediente Público
No es fácil ser defensor ambientalista en Honduras. Los pasados nueve años han sido asesinados 136 personas en ese país centroamericano. Uno de los casos de mayor impacto fue la muerte de Bertha Cáceres en 2016. Melissa Martínez defensora de las tierras ancestrales en Roatán, no es la excepción. Constantemente ha sido acosada y amenazada.
Martínez relató a Expediente Público que, en noviembre del 2022, desde un número anónimo recibió una captura de pantalla que contenía “un mensaje entre dos policías donde decían que mi muerte iba a ser como la de Bertha Cáceres, que así iba a desaparecer yo”.
Bertha Cáceres fue también una ambientalista y líder del pueblo lenca que luchó incansablemente por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Fue asesinada a tiros en su casa en La Esperanza, Intibucá el 2 de marzo del 2016.
Las amenazas contra Martínez no cesan y cada vez “utilizan diferentes métodos para amedrentarnos”. Incluso, los pobladores de esa comunidad denuncian que de día y de noche escuchan drones sobrevolando las comunidades, y pese a la inseguridad y zozobra en la que viven, el Estado no ha brindado ningún tipo de seguridad y apoyo.
Puede interesarle: Pueblo garífuna de Honduras experimenta una “expulsión sistemática” de sus comunidades, denuncian activistas
Los riesgos
“Ser un defensor de tierra en nuestro país (Honduras) es pensar en la importancia de la tierra. Nacemos con este don, con este espíritu de lucha de mantener nuestros territorios siempre pero mientras vamos en el desarrollo en la lucha nos enfrentamos cada día al saber si vamos a amanecer”, exteriorizó Martínez.
Los ambientalistas en Honduras históricamente han sido criminalizados por personas y grupos que creen que el medioambiente es una mercancía y debe ser explotada.
Para Joaquín Mejía Rivera, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), la vulnerabilidad de los defensores parte de esa idea debido a que el poder político y económico muchas veces se encuentra del lado de la visión de desarrollo y explotación de recursos.
“Tienen el poder económico (los empresarios), los contactos para incidir en la justicia tienen un poder que hace que un Gobierno que supuestamente se dice progresista, no haya hecho absolutamente nada para prevenir esta situación de conflicto”, expresó Mejía.
Cifras de asesinatos son alarmantes
Un informe de la organización de Global Witness, recopiló datos que reflejan que desde el 2012 hasta el 2021, han muerto 117 defensores de tierras. Esta oenegé califica a Honduras como “el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”.
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
“No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”, subraya la investigación del 2017.
En el año 2022 también corrió la sangre de 11 personas defensoras de tierras, según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Y de la misma forma, en lo que va del 2023, ya han asesinado en el país hondureño a 8 activistas socioambientales en los departamentos de Colón y Atlántida, lo que preocupa y alerta a la sociedad ya que se espera entonces un aumento de cifras para finales de este año.
Patrón de violencia
Desde desapariciones forzadas, expulsiones sistemáticas, hostigamiento, ataques y amenazas, criminalización de sus actividades hasta atentar contra la propia integridad y la vida, son los actos de violencia que ha registrado Expediente Público contra los defensores de territorios, especialmente los pueblos garífunas.
Lo anterior se atribuye a un patrón de violencia contra estas personas que arriesgan sus vidas por la lucha contra la invasión y pérdida de sus recursos naturales.
Deslice para ver más información
“Hay todo un patrón de discriminación en contra de personas defensoras que se cruzan no solo por su identidad de defensoras, sino también por otras condiciones como la etnia, la edad, el género y también sumaría las largas y constantes campañas de desprestigio y de deslegitimación a la labor que llevan a cabo en esos territorios”, analizó para Expediente Público Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).
En ese sentido, expertos consideran crucial investigar los conflictos que originan ese patrón de violencia que termina en muchos casos en la desaparición física y muerte de personas defensoras.
A criterio de la oficial de Cejil, si bien “hay un reconocimiento del contexto, también es necesario reconocer que hay orígenes que han potencializado y permanecido a los conflictos en los territorios y que impiden que cualquier protocolo de seguridad y cualquier intención política sea efectiva”.
Continué leyendo: Imparables crímenes contra ambientalistas en Honduras refleja abandono y negligencia gubernamental
El modelo extractivista
Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en entrevista exclusiva con Expediente Público expresó que la situación de las personas defensoras del medioambiente y el territorio es una de las más preocupantes porque hay elementos estructurales que hacen que el formato de violencia de asesinato se repita.
Para Reneaum, el asesinato de la líder indígena, Bertha Cáceres “desnudó de alguna manera que hay unas circunstancias que están relacionadas con las industrias extractivas”.
Y es que, a criterio de los expertos defensores de derechos humanos, el modelo extractivista podría considerarse la causa principal que origina el conflicto que da pie a la violencia contra los defensores.
Además, la corrupción, la falta de transparencia y consulta comunitaria y otras actividades delictivas en torno a esos proyectos mineros e hidroeléctricos, denotan la limitada capacidad estatal para proteger los derechos de las comunidades más vulnerables.
También hay un conflicto entorno a las licencias ambientales, en el que defensores arguyen que algunas empresas mineras operan sin licencia ambiental y sin cumplir los requisitos de ley provocando graves daños al ambiente y a los ríos de esa comunidad, por lo que le corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) tomar cartas en el asunto.
En ese sentido, Expediente Público buscó a Lucky Medina, titular de Serna quien enfatizó que “la totalidad de los proyectos que reporta la oposición fueron aprobados en administraciones anteriores”.
Lea más: Crímenes contra ambientalistas de Guapinol en Honduras refleja negligencia gubernamental
En el caso de los pueblos garífunas, la problemática es que el Estado no les otorga el reconocimiento de sus tierras como ancestrales, permitiendo que empresarios y grupos de poder centren su mirada en esas zonas.
Sentencias internacionales
“Honduras cuenta con diversas sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justo han levantado con preocupación la situación de riesgo que viven las personas defensoras”, expresó a Expediente Público Caballero.
Desde 1988, Honduras ha sido objeto de 17 sentencias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), de las cuales, al menos 3 de ellas están relacionadas con el asesinato de defensores del medioambiente y dos de ellas, sobre demarcación y devolución de tierras ancestrales al pueblo garífuna.
La Corte IDH también ha recomendado al Estado de Honduras que implemente y genere condiciones para el libre y seguro ejercicio de los derechos humanos, en específico los derechos de defensa de la tierra y territorios.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un reciente informe sobre las prácticas de derechos humanos de Honduras en el 2022, menciona que las oenegés le informaron que “el Gobierno no hizo los esfuerzos suficientes para cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente los casos relacionados con los derechos territoriales de las comunidades garífunas”.
Un Estado ausente
Es tanta la decepción de las autoridades, que Martínez hoy desconfía también de la administración de Castro. “Este Gobierno es como que te endulza, como que te dice que sí, pero cuando te abraza, no sabes qué te va a meter por detrás”.
La defensora recordó el incidente del desalojo forzoso en la comunidad de Punta Gorda sucedido en noviembre del año pasado que dejó seis detenidos que reclamaban la titulación de sus tierras. Luego de una presión internacional, las personas fueron liberados.
También en el año 2011, doce familias de otra comunidad de Punta Gorda sufrieron un desalojo de manera violenta cuando decenas de policías los expulsaron de un terreno ocupado por ellos hace más de dos siglos, pero que una institución militar reclama.
“Hasta el momento no he vuelto a saber más nada” del tema, dijo Martínez cuando se ha pedido en reiteradas ocasiones que el Gobierno cumpla con las recomendaciones de organismos internacionales de reconocer estas tierras a los habitantes locales.
El abogado Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) explica que los habitantes de estas comunidades “no saben realmente qué es mejor. O tener claridad con un Gobierno que en su discurso y en la práctica ataca, o con un Gobierno que tiene un discurso favorable, pero que en la práctica no se hace nada aquí”.
Expediente Público intentó contactar a la ministra de Derechos Humanos Natalie Roque, pero no dio respuesta.
Reforma
Si bien, el Sistema Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, creado en 2015 por el Gobierno significó un logro tanto institucional como legislativo en materia de DD. HH, a juicio de Mejía debe de mejorarse.
“Lo que creemos que es necesario es separar, hacer una reforma a la ley para quitar a quienes son operadores de justicia”, dijo el jurista de ERIC-SJ, Mejía.
Sumándole a ello, están las problemáticas de las dinámicas internas de las nuevas autoridades dentro de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) que, a consideración de Mejía, han provocado una mayor crisis impactando la efectividad del mecanismo.
El acuerdo Escazú
Los defensores de derechos humanos entrevistados por Expediente Público coincidieron en la urgente implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como acuerdo Escazú, adoptado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
También: Xiomara Castro todavía tiene oportunidad de mejorar los derechos humanos en Honduras
Este acuerdo tiene como objetivo que el Estado garantice el derecho a acceder a la información ambiental y participar en la toma de decisiones ambientales. Además, insta a tomar medidas para prevenir, investigar y llevar ante la justicia los ataques contra ambientalistas.
Para Bertha Oliva, activista hondureña de derechos humanos y fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el acuerdo Escazú debió haberse ratificado por Honduras desde su aprobación en Costa Rica, para tener un “paraguas legal y una forma de actuación eficaz” a favor de los defensores.
“Yo siento que no debería de ser como un compromiso de los grupos, sino que debería de verse como una necesidad”, puntualizó Oliva.
