*En la visita de dos días a Tegucigalpa, la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya y Mark Feierstein, asesor principal de Usaid, establecen la ruta de la relación que espera Estados Unidos con la próxima presidenta hondureña: combatir la corrupción, luchar contra el narcotráfico y tratar la migración.
**Washington acelera los pasos para tener una relación de colaboración con el país centroamericano, dañada durante los dos períodos del gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien se le ha señalado de construir un «narcoestado».
Expediente Público
Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos (EE. UU.), en su visita oficial de dos días en Honduras, tiene la misión de fijar las bases para tener de aliado al próximo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya en la agenda de prioridad para Washington: combatir la corrupción, el narcotráfico y regular la migración.
Zeya llegó el domingo 12 de diciembre por la tarde a Tegucigalpa, la capital hondureña, donde se reunió con Castro, la presidenta electa por el izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), representantes del sector privado, grupos de la sociedad civil y funcionarios actuales del gobierno hondureño.
Su primera reunión fue con un grupo de empresarios. «Excelente conversación con líderes del sector privado. Estamos comprometidos a trabajar de cerca con las empresas para combatir la corrupción y apoyar el desarrollo económico con el objetivo de brindar oportunidades para todos los hondureños», publicó en la cuenta oficial de la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil.
Luego de reunirse con los empresarios, Zeya sostuvo la esperada reunión con Castro y su equipo. «Estados Unidos continuará su asociación con Honduras bajo la nueva administración para luchar contra la corrupción, aumentar la transparencia, abordar la migración, promover los derechos humanos y lograr el crecimiento económico», informó.
Mark Feierstein, asesor principal de la Administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) acompaña a la subsecretaria Zeya, en lo que se entiende como los pasos acelerados por Estados Unidos para fijar un entendimiento temprano con Castro, e internar dejar atrás la turbulenta relación diplomática que ha sostenido durante los casi ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.
Hernández enfrenta señalamiento de Washington de corrupción y de estar asociado al narcotráfico, lo que el mandatario ha negado. Fiscales estadounidenses han señalado que Honduras se habría convertido en un “narcoestado” con fuerzas de seguridad y políticos, bajo la influencia y participación del presidente hondureño.
El hermano del presidente, Antonio «Tony» Hernández, fue acusado en los tribunales de Nueva York y declarado culpable por tráfico de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar armas y falso testimonio.
Fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en marzo del 2021.
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Economía, migración… y ¿China?
El Departamento de Estado estadounidense externó en el comunicado sobre la visita de la subsecretaria de Seguridad Civil, que su compromiso es «trabajar con socios hondureños en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para contrarrestar la corrupción y el tráfico de drogas, revitalizar la economía, gestionar de manera colaborativa la migración y abordar las causas fundamentales de las irregularidades migración regional, y promover los derechos humanos».
Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), suma 1,709.481 de votos (50,68 %) en los comicios, contra 1,230.009 (36,46 %) de Nasry Asfura, del gobernante Partido Nacional, cuando han sido procesadas el 98,85 % de las actas, según el último informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A partir del 27 de enero del 2020, Castro asumirá la Presidencia de la República siendo la primera vez que una mujer ocupa el cargo en Honduras.
Es esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien sufrió un golpe de estado en 2009 tras intentar modificar las leyes electorales para reelegirse.
En el año fiscal 2021 que terminó en septiembre, los hondureños representaron casi la mitad de los 701,049 centroamericanos detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.
El dinero que envían los migrantes hondureños -que residen mayormente en Estados Unidos- representa el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano, uno de los porcentajes más altos de la región.
Uno de los temas que pueden tornarse espinosos entre el gobierno de Joe Biden y Xiomara Castro es si se concreta lo que ella prometió durante la campaña: que si ganaba las elecciones «abriría inmediatamente relaciones diplomáticas y comerciales con China continental» y rompería relaciones con Taiwán.
Aunque el vicepresidente electo, Salvador Nasralla, el 3 de diciembre en declaraciones a medios de comunicación hondureños descartó la alianza con China afirmando que «las relaciones continúan con Taiwán», debido a que tampoco les interesa entrar en contradicción con «Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial”.
Estados Unidos, Canadá y México son el principal socio comercial de Honduras, mercado que generó 805,4 millones de dólares en la primera mitad del 2021, seguido de Latinoamérica con 617,7 millones de dólares, de acuerdo a cifras del Banco Central hondureño.
Honduras es parte del Tratado de Libre Comercio que Centroamérica tiene con Estados Unidos.
El régimen de Daniel Ortega rompió las relaciones de Nicaragua con Taiwán el pasado 9 de diciembre, uniéndose a Costa Rica, El Salvador y Panamá en establecer lazos diplomáticos con China, países que han creído en los ofrecimientos de inversiones millonarias en megaobras en la región, pero hasta ahora lo que se ha visto son promesas incumplidas. Pekín fortaleció su eje geopolítico en Centroamérica.
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Pendiente confirmación de embajadora en Honduras
Tras cuatro años sin un embajador formal, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden nominó a Laura F. Dogu como la nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras, a principios de noviembre del 2021.
El último embajador estadounidense en Tegucigalpa fue James Nelson, de 2014 a julio del 2017, y desde entonces el encargado de negocios es quien asume las relaciones diplomáticas. La última en ocupar el cargo es Colleen Hoey.
La nominación de Dogu espera la confirmación por parte del Senado y el Congreso. Actualmente se desempeña como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército del Pentágono.
De 2015 al 2018 fue embajadora en Nicaragua donde denunció la represión a los derechos humanos y la ruptura de la democracia de parte del régimen de Daniel Ortega, en la revuelta popular que estalló en ese país en el año 2018, debido a las controvertidas reformas de seguridad social, y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega por la brutal represión que dejó más al menos 355 asesinatos y otros crímenes calificados de lesa humanidad por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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De obtener la confirmación como embajadora, Dogu en Honduras deberá enfrentar diferentes problemas como la corrupción, el narcotráfico y las corrientes migratorias, problemas de la región que conoce muy bien.
¿Cómo podría llegar a ser una relación entre Estados Unidos y el gobierno de Xiomara Castro?
El analista político Filadelfo Martínez explicó a Expediente Público que la decisión de Biden de enviar a Laura Dogu a Tegucigalpa es para aprovechar su experiencia en la región, y desde Honduras podría ser un actor importante para que Estados Unidos pueda definir estrategias más coordinadas a graves problemas como el flujo de contrabando de droga y la migración debido a la pobreza, pero también a la inestabilidad social y política.
“Es real, hay un problema y sin duda juegan los elementos políticos (…) Creo que una gran debilidad de la política norteamericana es que siguen sin comprender las complicaciones de una región tan compleja como Centroamérica, puede más su visión geopolítica”, analizó Martínez.
El analista político es escéptico en cuanto a que los acuerdos que puedan llegar las administraciones de Biden y la futura presidenta Xiomara Castro, en los temas complejos como el de la corrupción y el narcotráfico, puedan obtenerse los resultados que esperaría Washington, si no se da una reestructura en las instituciones, sobre todo del sistema de justicia en Honduras.
“Tenemos que entender que la justicia y la lucha contra la corrupción tienen que hacerla los entes hondureños para que sea efectivo, para que sea sostenible. Creer que Estados Unidos es el que va ayudarnos a resolver el problema de la corrupción es un error”, dijo Martínez.
