*Con más de 1.7 millones de votos, Xiomara Castro se convierte en la presidenta más votada de la historia, pero su partido Libertad y Refundación no llega siquiera a igualar el número de diputados que tiene actualmente el oficialista Partido Nacional.
**En medio de esta crisis, el Congreso Nacional aprobó este viernes las reformas a la Ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente.
Expediente Público
Las denuncias de irregularidades en el nivel electoral de diputados comenzaron tan pronto se conocieron los primeros resultados de las elecciones del 28 de noviembre en Honduras, donde se alzó victoriosa la candidata de izquierda Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Varios candidatos del Partido Salvador de Honduras (PSH) denunciaron un día después de los comicios generales que mediante la manipulación de actas les habían quitado unas cien mil marcas en las papeletas.
Hasta ese momento las primeras proyecciones daban a los dos principales partidos de la alianza que llevó a Castro al poder, Libre y PSH, 51 y 14 diputados a cada uno, es decir, la mayoría simple necesaria para aprobar proyectos de decreto e iniciativas de ley.
Pero las denuncias de irregularidades, sobre todo en las diputaciones, crecen como una avalancha y once días después de las elecciones generales, las proyecciones en el número de diputados para Libre se han reducido a 50 y para el PHS a diez.
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La candidata más votada de Honduras
“No nos vamos a dejar, ni Libertad y Refundación ni Partido Salvador de Honduras vamos a dejar que nos roben los diputados que nos están robando”, declaró el martes 7 de diciembre Pedro Barquero, coordinador de la comisión de transición del gobierno electo que encabezará la exprimera dama Xiomara Castro.
Con 98.83% de las actas electorales, Castro alcanzó 1.7 millones de marcas a su favor, que la convierten en la candidata presidencial más votada en la historia de Honduras; sin embargo, podría gobernar con un Congreso Nacional en el que no tendría mucho margen de maniobra para impulsar en su agenda la lucha anticorrupción, una de las promesas de su campaña y que pasa por derogar leyes que han servido para blindar redes de corrupción.
“Nos están robando por lo menos 17 diputaciones que las están tomando el Partido Nacional y el Partido Liberal”, dijo Barquero en la transmisión en vivo por redes sociales en la que se refirió al fraude que estaría montando el bipartidismo para imponerse en el Legislativo.
De su lado, el Partido Nacional pasó de 40 a 44 diputados y el Liberal de 21 a 22, con lo que alcanzan la mayoría simple más uno, lo que obligaría a Libre y PHS a negociar la aprobación de leyes en el nuevo Congreso.
Según Barquero, “Libre debería de tener entre 56 y 58 diputados, y nosotros (PSH) deberíamos de tener entre 20 y 25 diputados”, en base a las proyecciones realizadas antes y durante las elecciones, que fueron acertadas en los resultados de Xiomara y en el de las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en las que ganó Libertad y Refundación.
Blindan a exfuncionarios
El Nacional y el Liberal, los dos partidos más antiguos de Honduras y que hasta el golpe de Estado de 2009 se habían alternado en el poder, comparten también un historial de corrupción y connivencia para aprobar leyes a favor de la impunidad.
El “último pacto de impunidad”, como denunció el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) en un comunicado, tiene que ver con las reformas a la Ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente, que fueron aprobadas este viernes 10 de diciembre.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró a los medios que las modificaciones “son sencillas” y que solo elevan el nivel de riesgo de funcionarios como el fiscal general y añaden a la lista al jefe de la Policía Nacional; pero para el Pinu-SD “profundizará más la desigualdad de la aplicación de la ley en Honduras”.
La ley ordena la creación de la Unidad Especial de Protección (UEP), adscrito a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, con independencia funcional y administrativa. Se crean cuatro categoría de los funcionarios que gozarán de esa protección especial, siendo los principales el presidente de la República y expresidentes; presidente y expresidentes del Congreso Nacional; presidente y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia; y, el fiscal general y exfiscales generales.
Ataques a servidor del CNE
Contra todo pronóstico, las elecciones del 28 de noviembre fueron pacíficas, con una histórica participación de más del 68% del padrón electoral y un triunfo claro a favor de la candidata de Libre.
Sin embargo, las irregularidades afloraron desde el comienzo.
El día de los comicios, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó fallas que impidieron a los electores consultar su centro de votación y el número de la Junta Receptora de Votos (JRV) en la que debían ejercer el sufragio.
En un comunicado emitido la tarde del 28 de noviembre, el CNE informó que se investigaba el incidente y que sería producto de “un ataque al servidor ubicado en las instalaciones del Consejo”.
“Durante la noche de las elecciones el sistema de la computadora central, del servidor principal de los resultados, sufrió 17 ataques brutales por hackers colombianos”, dijo el miércoles 7 de diciembre en un programa de televisión el diputado de Libre Ramón Soto.
Según el parlamentario, la intención de esos hackers, que tenían unos seis meses de estar en Honduras y se habían alojado en un hotel de la capital, Tegucigalpa, cercano a otro donde el CNE había instalado su centro de operaciones, no era parar el conteo sino manipularlo.
“Tenían el enrolamiento en sus manos, el censo, y ya tenían hechas una gran cantidad de actas con resultados y por eso aseguraban que iban a ganar”, agregó Soto, sobre la temprana proclamación del triunfo de parte del partido oficialista.
La versión del legislador de Libre es que los ataques quedaron en intentos porque supuestamente la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), a través de la embajada americana en Honduras, “habían protegido de tal forma el sistema central de datos del Consejo Nacional Electoral que no les permitieron hackers”.
Soto no presentó pruebas de su acusación. Esa versión no ha sido confirmada ni negada por los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Honduras ni por las autoridades electorales hondureñas.
“Parece más bien una leyenda urbana, no deja uno de creer, pero también le genera más incertidumbre”, dijo al respecto a Expediente Público Oscar Hernández, integrante de la organización de sociedad civil Honduras Primero y directivo del Frente Nacional para Elecciones Limpias (Frenael).
Inconsistencias en el 7.5% de las votaciones para diputados
El día de los comicios, Frenael desplegó más de dos mil observadores a nivel nacional y “pudimos constatar que en un 7.5% de la votación (a nivel de diputados) se cometió fraude”, aseveró Hernández.
Esa información es del conocimiento del CNE y de algunas organizaciones internacionales, añadió.
Para el representante de la sociedad civil, “si hubo manipulación fue por parte de los partidos mayoritarios” Libre y el Partido Nacional, ya que tenían la mayor representación en las mesas electorales.
La manipulación en las actas se dio “más que todo en la parte de digitalización de datos, no tanto en las mesas electorales”, aclaró.
Hernández citó el caso de un acta en el departamento de Intibucá (Occidente), donde se eligen solo tres diputados, pero se detectaron nueve inconsistencias. En ese documento supuestamente se les quitaron votos a todos los participantes, menos al Partido Nacional al que se le asignaron de más.
Esa “regazón de votos”, dijo Hernández, tiene como propósito también tender una cortina de humo “para decir que todos están cometiendo fraude”.
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Con el triunfo de Castro del Poder Ejecutivo “el único Poder del Estado que les queda (a los nacionalistas) es la elección de diputados y es donde estamos ahorita enfrascados y también buscando culpables, entonces ahora aparecen otras personas diciendo que también cometió fraude Salvador de Honduras, Pinu…”, analizó.
En una opinión que prefirió verter a título personal, Hernández señaló también que detrás de esas irregularidades estaría el convenio firmado entre Libre y el PSH al momento de establecer la alianza, según el cual este instituto político “iba a acumular la suficiente cantidad de diputados” que le permitiría “escoger y seleccionar al presidente del Congreso Nacional, que es donde realmente se aprueban o desaprueban las leyes del poder Ejecutivo”.
Sin embargo, “Libre tiene su corazoncito” y en el fondo estaría el deseo de poner como presidente a alguien de su mismo partido.
De su lado, el coordinador de Frenael, Ramón Jiménez, calificó al sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) como “un fracaso”.
Para Jiménez, “el sistema de transmisión fue vulnerable, así como en el 2017” y “el gran problema estuvo en el sistema del TREP, que el escáner no servía”.
Al no ofrecer una imagen nítida, los miembros de la mesa tenían que volver a digitar los números de las actas.
“En ese momento, el técnico y los dos delegados de la mesa se ponían de acuerdo, en vez de ponerle 5 le ponían 55 (votos) y así se iba el acta si no estaba vivo el de la mesa”, ejemplificó.
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Impugnaciones ante el CNE
En la última semana, las redes sociales han sido la vitrina de una infinidad de actas electorales supuestamente alteradas a favor de candidatos a diputados del Partido Nacional, Libre y PSH, entre otros.
Incluso la comisionada del CNE, Rixi Moncada, exhibió el caso de un acta adulterada para favorecer al exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de la República Ebal Díaz, quien busca llegar al Congreso Nacional.
Los partidos políticos junto a un ejército de voluntarios se han dedicado a reunir evidencia del supuesto fraude orquestado en las diputaciones.
El plazo para las impugnaciones vencía inicialmente a las 12 de la medianoche del 3 de diciembre, pero el CNE lo amplió 72 horas más debido a que el total de los documentos que no fueron transmitidos desde el centro de votación seguían sin ser procesados y publicados.
Ese mismo día, Moncada pidió al Ministerio Público investigar las denuncias de irregularidades en los resultados electorales y para este jueves fueron citados los primeros miembros de mesas electorales señalados por la supuesta adulteración de actas en las diputaciones.
El organismo electoral recibió hasta el martes 281 impugnaciones de doce de los catorce partidos políticos y ese mismo día anunció el inicio de un recuento voto por voto; sin embargo, ese procedimiento empezó hasta este jueves debido a la capacitación y acreditación de los delegados de los partidos que conformarán las Juntas Especiales de Verificación y Recuento.
El CNE informó que en total se verificarían 5,013 actas, pertenecientes a 4,165 maletas electorales “retenidas y no divulgadas por presentar inconsistencias”.
El ente electoral ha emitido un protocolo de recuento y verificación que establece un horario de trabajo de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a domingo hasta el 28 de diciembre próximo, fecha límite para la declaratorio general de elecciones.
De forma extraordinario, el CNE podrá habilitar turnos de doce horas para completar las 24 horas, para lo cual deberá solicitar a los partidos “una nueva remisión de miembros” para las Juntas, según el protocolo.
“Hemos tenido una cantidad enorme de problemas en los últimos días para poder acreditar a nuestra gente”, dijo este jueves Salvador Nasralla, primer vicepresidente en la fórmula de Castro.
El político señaló que pese a son miles las actas “violentadas por los tres partidos políticos que las emitieron en más de 18 mil JRV, “solo quieren revisarlas ellos y darnos a nosotros una mínima participación” amparados en la Ley Electoral que fue “hecha por ellos”, en alusión a los partidos Libre, Nacional y Liberal.
“Nada extraño sería que en estos once días hayan cambiado las cosas, hayan metido otros votos y hayan cambiado las actas”, advirtió.
