*En las últimas semanas han trascendido medidas desde el Congreso para proteger a funcionarios cercanos al mandatario saliente Juan Orlando Hernández
**Mientras el Partido Liberal persigue cuotas de poder apoyando el nombramiento de un diputado de Libre en la presidencia del Legislativo, el Nacional busca dividir, según el analista Rafael Jerez
Expediente Público
El último bastión de poder de la clase política tradicional de Honduras se pelea en el Congreso Nacional, desde donde se aprueban leyes que buscan blindar a personajes cercanos al presidente saliente Juan Orlando Hernández, a la vez que se urden maniobras para estructurar ese poder del Estado como contrapeso al nuevo gobierno.
A diferencia de lo que ocurrió en la votación a nivel presidencial, que no dejó dudas sobre el triunfo de la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Xiomara Castro, los resultados en las diputaciones tras las concurridas elecciones generales del 28 de noviembre han sido manchados por múltiples denuncias de fraude.
“Lo que está pasando para el escrutinio especial a nivel de diputados es lo que, en algún momento, pensamos que iba a pasar a nivel presidencial”, dijo el pasado 9 de diciembre en un programa de televisión el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Luis León.
Ese día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el recuento de actas denunciadas por adulteraciones, inconsistencias o discrepancias, pero las sospechas de fraude continúan en torno a ese nivel electivo.
Miembros del Partido Salvador de Honduras (PHS) denunciaron que las credenciales que les correspondían para recibir capacitación y participar en el escrutinio especial fueron asignadas a otro partido.
El fundador del PSH, Salvador Nasralla, quien será primer vicepresidente en el gobierno de Castro, denunció en su cuenta de Twitter el 13 de diciembre que les quitaron entre 15 y 20 parlamentarios.
Pese al escrutinio especial, el número de diputados por partido político no había variado, publicó el diario El Heraldo: 50 asientos para Libre, 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal y 10 del PSH.
Los dos restantes serían de la Democracia Cristiana y Unificación Democrática.
Se retira observador poselectoral
Del total de observadores nacionales e internacionales que estuvieron presentes en las elecciones generales solo el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Unión Europea y el Frente Nacional para Elecciones Limpias (Frenael) quedaron como veedores poselectorales.
Sin embargo, el Frenael se retiró el 14 de diciembre debido a que los partidos mayoritarios, Libre, Nacional y Liberal, no les permitían acceder al escrutinio especial que se realiza en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la capital, Tegucigalpa.
“No nos permitieron observar el escrutinio especial desde el interior si no que a través de una barrera a seis a ocho metros de distancia”, dijo a Expediente Público el integrante de Frenael, Oscar Hernández.
El representante de sociedad civil expresó que, según las consultas a personeros del CNE, el papel del organismo electoral se circunscribe a la dirección y organización del escrutinio especial, pero los partidos mayoritarios ponen las reglas y tienen haciendo el recuento a sus mismos miembros de las Juntas Receptoras de Votos del 28 de noviembre, lo que su a criterio es “inadecuado”, mientras que el Ejército está a cargo de la custodia del material electoral.
En un informe, Frenael manifestó que, además, desconocen la lista de conteos bajo revisión por lo que es imposible rastrear esos registros.
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Blindan entorno cercano a JOH
El 8 de diciembre trascendió quiénes serían los diputados del Partido Nacional en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) 2022-2026.
La mayoría son del entorno cercano al actual presidente hondureño, señalado en una corte de Nueva York por narcotráfico y cuyo futuro sigue siendo una interrogante.
Entre ellos figuran los diputados por el departamento de Lempira (Occidente), de donde es originario Hernández, Samuel Reyes y Juan Carlos Valenzuela.
El primero fue señalado de ser dueño, con Antonio “Tony” Hernández, de un helicóptero con indicios de droga decomisado en La Mosquitia, al nororiente de Honduras.
Hernández, hermano del mandatario hondureño, cumple una condena de prisión perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
En las elecciones de 2013 quedó como diputado suplente de Reyes, pero luego pasó a ser titular cuando este fue nombrado ministro de Defensa.
Mientras que Valenzuela fue señalado por el narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, «El Rojo», de participar en reuniones sobre tráfico de drogas.
Otros diputados al Parlacen son el secretario privado y jefe de gabinete presidencial Leonel Cardona y el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva.
El primero es miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), encargado del cumplimiento de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un proyecto impulsado por Hernández.
Oliva fue investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) por drenar fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales y una publicación de Expediente Público reveló que testaferros del cartel de Los Cachiros le traspasaron cuatro propiedades.
A los anteriores se suma el vicepresidente Ricardo Álvarez, a quien el Congreso Nacional eligió el 10 de diciembre como diputado al Parlacen.
Álvarez fue alcalde de Tegucigalpa por dos períodos seguidos y fue cuestionado por el proyecto de transporte conocido como Trans-450, el que fue inaugurado, pero quedó incompleto y nunca llegó a funcionar.
También aparece en la investigación de los papeles de Pandora y fue mencionado por el exjefe del cartel Los Cachiros, Devis Rivera, como uno de los funcionarios a quienes sobornó.
Los diputados del Parlacen gozan de la misma inmunidad que los parlamentarios de los países que lo integran y esta solo puede ser retirada mediante una resolución judicial.
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Ley de protección a funcionarios y exfuncionarios
También el 10 de diciembre, el Congreso aprobó varias reformas a la “Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario”, que data de 2014.
La ley original establecía tres categorías de funcionarios y exfuncionarios según el tiempo que deberán recibir los servicios de seguridad a cargo de la Unidad Especial de Protección (UEP).
Con las reformas, la figura del fiscal general y de los exfiscales generales pasan de la categoría 2 a la 1, en la que estaban el presidente y expresidentes de la República, los miembros del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia.
También incorpora en la categoría 2 al secretario y exsecretarios de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacionales, al director general y exdirectores generales de la Policía Nacional, que antes estaban en la categoría 3, y a exdirectores del Instituto Nacional Penitenciario.
El actual canciller hondureño es Lisandro Rosales, quien ha sido señalado también de reunirse con narcotraficantes extraditados.
En la categoría tres agrega a miembros de las comisiones depuradoras de la Policía Nacional y hasta a la titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Con la reforma se agrega una cuarta categoría que incluye a ciudadanos no funcionarios que hayan colaborado en la toma de decisiones de los funcionarios y exfuncionarios de la categoría 1, y aquellos que hayan colaborado “en la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa”.
La ley obliga además que los recursos para la UEP incluyan gastos de seguridad y movilización del funcionario o exfuncionario protegido y del personal asignado. En la ley anterior los costos operativos fuera del domicilio corrían por cuenta del protegido, quien debía proporcionar condiciones mínimas de higiene y alojamiento al personal.
Varios diputados electos han asegurado que el próximo Congreso derogará estas y otras leyes aprobadas por el parlamento saliente, pero para eso tendrán que buscar aliados entre la oposición.
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Titularidad del Legislativo
Según la alianza presidencial firmada el 13 de octubre entre Libre, el PSH y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Nasralla designará quién ocupará la presidencia del Congreso Nacional, indistintamente del número de diputados que obtenga.
No obstante, representantes de los partidos Nacional y Liberal han declarado que apoyarán a un diputado de Libre para ese cargo que dura cuatro años y es el que determina la agenda legislativa.
El titular del Legislativo ejerce funciones “que condicionan el ejercicio de los demás poderes del Estado” y ejerce su cargo “con enormes poderes” y “atribuciones que lo convierten en un verdadero dictador dentro y fuera del Congreso”, opinó el ex fiscal general Edmundo Orellana en una columna del diario La Tribuna.
El analista político Rafael Jerez declaró a Expediente Público que genera suspicacia la inclinación de los dos partidos tradicionales por un candidato de Libre, que ha sido cuestionado por no representar una verdadera oposición y ser más bien parte del nuevo tripartidismo dentro de la política vernácula.
Sin embargo, Jerez consideró que ambos persiguen “intereses un poco distintos, pero similares a la vez”.
El Partido Liberal busca “no morir políticamente”, ya que en el próximo gobierno no estará en el poder Ejecutivo y probablemente verá reducir el número de magistrados (7) que conserva en la Corte Suprema de Justicia.
Promover a un diputado de Libre le da “la posibilidad de negociar” con ese partido y volver a ser “un interlocutor que quien gobierna tome en cuenta para repartirse cargos”, incluyendo la junta directiva del Congreso, analizó Jerez.
Mientras que el Partido Nacional “lo que busca es dividir, desde mi perspectiva, porque creo que es natural que no va a entrar en esa junta directiva, pero sí le conviene una división en la oposición”.
Escenarios políticos
Para Jerez, si el presidente del Congreso es de Libre, supondría “más armonía” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo pues ambos responderían a un mismo interés partidario.
“Si hay algo que es de interés del poder Ejecutivo, en este caso de Xiomara Castro como presidenta de la República, pues va a ser más fácil que se le dé trámite en el Congreso”, observó.
Pero también es un riesgo “por cómo funciona la cultura política del país, de que como siempre ha habido un compadrazgo entre el titular del Ejecutivo y el Legislativo, no hay contrapesos”.
Y si es del PSH, “esa figura sí cobraría un poco más de fortaleza, no solo para la formalidad de cómo se ejercería la presidencia” de ese poder del Estado, sino porque “es más sano para la democracia que se transmita que hay contrapesos que se complementan, que en realidad ese es el espíritu que la Constitución”, señaló Jerez.
Lo que está claro es que la dinámica ha cambiado a como la venía manejando el Partido Nacional, dijo el analista.
“El que llegue o la que llegue a liderar el Congreso tiene que tener en cuenta que las cosas, no porque ahora son mayoría, se pueden hacer como quieran porque al final todo eso va a dar a la Corte, si es que se presentan acciones de inconstitucionalidad”, agregó.
Pero “no solamente es una nueva dinámica entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, sino entre esas dos y la Corte Suprema de Justicia”, cuyos magistrados terminarán su período hasta 2023.
