** Diversas organizaciones y políticos demandaban una segunda vuelta electoral, la “ciudadanización” de las mesas o el voto electrónico, pero nada de eso se puso en práctica.
***El único cambio es que ahora el sistema político en lugar de estar dominado por dos partidos está regido por tres.
Expediente Público
Luego de la crisis electoral del 2017, que dejó una estela de protestas y muertes por los resultados que permitieron a Juan Orlando Hernández reelegirse en la Presidencia de Honduras, en medio de señalamientos de fraude, los políticos hondureños prometieron una nueva Ley Electoral en el 2018, bajo el argumento que esta traería paz en las siguientes elecciones.
Luego de aprobar unos 217 artículos entre septiembre y octubre de 2020 la ley fue engavetada durante casi siete meses, con unos 116 artículos pendientes de resolver. Finalmente, los diputados en el Congreso Nacional (parlamento) volvieron al tema y terminaron de aprobar la reforma electoral la noche del 25 de mayo, a dos días de la convocatoria de elecciones generales, que deberán realizarse el 28 de noviembre de 2021.
Finalmente, 104 de los 128 diputados del Congreso, votaron a favor de la nueva Ley Electoral, que se espera sea ratificada por el Poder Ejecutivo y publicada en La Gaceta, diario oficial de Honduras.
La convocatoria a las elecciones la hará oficial este 27 de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE), según está previsto.
Para sacar a los diputados de su letargo fue importante la visita del director para Centroamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Patrick Ventrell, el 12 de mayo de 2021. En esa ocasión, el funcionario fue enfático sobre lo que esperan del proceso electoral hondureño.
“Queremos que haya observación, que mejore el sistema. Han tenido mucho tiempo para aprobarlo, es algo que la comunidad internacional ha pedido hace largo rato y es tiempo de hacerlo. Los Estados Unidos están interesados en que haya reforma electoral y que hayan condiciones para elecciones en noviembre”, dijo entonces Ventrell.
Agregó que “la gente de Honduras tiene el derecho de escoger a sus líderes y el derecho que el proceso funcione bien y que puedan tener los resultados en que tiene fe el pueblo hondureño”.
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Regaño tuvo efecto
Cinco días después, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció que había buena “actitud” de los representantes de las bancadas mayoritarias para aprobar la reforma a la Ley Electoral. Estas están compuestas por los partidos Nacional (en el gobierno desde 2010), Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) y Liberal (centro-derecha).
En los días subsiguientes hubo “negociaciones” de esos grupos políticos en las que parecía haber acuerdos pero también repentinas rupturas.
Por ejemplo, el influyente diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas acusó a los representantes de Libre de haberse “desaparecido” de las mesas y de dejar en suspenso la ley; mientras que el diputado liberal y excandidato presidencial Mauricio Villeda acusaba al Partido Nacional de estancar el proceso porque con la ley anterior habían ganado las elecciones en al menos tres ocasiones, aunque bajo graves acusaciones de fraude.
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Primer cambio: miembros de las mesas
El presidente del Congreso, Oliva, reconoció que el “nudo gordiano”, por el que no había acuerdo, era la composición de las mesas electorales receptoras, que bajo la nueva ley pasan a llamarse “mesas receptoras de votos”.
Los integrantes de esas mesas se dedican a recibir el voto del ciudadano y, al final del proceso, a contar esos sufragios y a formular un acta con los resultados finales. En pocas palabras, son los que deciden la votación, por lo que en el ámbito político hondureño se maneja la máxima de que “quien controla las mesas gana las elecciones”.
En la ley anterior todos los partidos tenían derecho a tener representante en esas mesas. En el proceso electoral del próximo noviembre participarán 14 partidos, lo que implicaba la integración de 14 representantes propietarios y 14 suplentes.
En la nueva legislación electoral se aprobó integrar la mesa con cinco miembros, cuyos cargos principales, presidente, secretario y escrutador, estarán en poder de los tres partidos con más votos en la elección anterior, es decir, Nacional, Libre y Liberal. Las otras dos posiciones serán para los restantes 11 partidos de manera rotativa, en calidad de observadores.
Según los legisladores hondureños, esto vendrá a disminuir la posibilidad de fraude porque anteriormente los partidos pequeños lo que hacían era vender a los partidos grandes sus cupos (credenciales) en las mesas electorales. Así el partido que pagaba por esos cupos terminaba dominando la mesa y generalmente su candidato era el que ganaba.
“Esos partidos sacan alrededor de 3,000 a 5,000 votos y sólo para las mesas se necesitan como 36,000 personas o más. Ustedes saben que se daba el tráfico de credenciales pero ahora hay nuevas regulaciones, ahora hay que poner nombres a las credenciales y habrán menos partidos (pequeños) con credenciales”, indicó a Expediente Público el abogado Arístides Mejía, miembro del Partido Liberal y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (ahora Consejo Nacional Electoral).
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Reformas son insuficientes
Para Alfonso Díaz Narváez, presidente del partido Unificación Democrática (UD) y quien fuera su candidato presidencial en el 2017, los políticos de los tres partidos grandes enfocaron sus baterías en el tema del tráfico de credenciales y vendieron esa idea como “la gran reforma electoral”, para evitar tocar los temas profundos que podrían traer más equidad y democracia a Honduras.
“No hay reforma de fondo, no hay nada que usted pueda decir en este momento que es diferente al proceso anterior, que vaya a transparentar y a fortalecer la democracia”, indicó Narváez a Expediente Público.
El sociólogo y analista Eugenio Sosa es del criterio que más que reformas, lo realizado es “un ajuste del sistema electoral” al modelo de partidos políticos. “¿Qué significa eso? Que hubo un par de cambios, incorporaciones, se creó un nuevo organismo con una nueva sigla pero en esencia tenemos el mismo y exacto control de los partidos en el sistema electoral”, afirmó Sosa a Expediente Público.
Antes, lo que existía era el Tribunal Nacional de Elecciones que luego pasó a ser el Tribunal Supremo Electoral, (TSE) siempre controlado por los partidos históricos, Liberal y Nacional.
Con el surgimiento de Libre como una nueva fuerza, el sistema se ha acoplado y ahora dirigentes de ese instituto político han pasado a integrar entidades estatales, como el Consejo Nacional Electoral, que sustituyó al TSE; y el Registro Nacional de las Personas, oficina encargada de emitir el Documento de Identificación Nacional, con el que se vota; y cuyas bases de datos se utilizan para elaborar el Censo Nacional Electoral en Honduras.
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Segunda vuelta fue ignorada
En resumen, los cambios constitucionales y la nueva Ley Electoral han servido para integrar a un nuevo invitado a la fiesta del poder, pero todavía hay mucha distancia entre eso y una verdadera reforma democrática.
El abogado Arístides Mejía reconoce que la nueva legislación electoral y las reformas constitucionales promovidas hasta ahora van a garantizar comicios “medianamente buenos”. Acepta que es necesaria, por ejemplo, una segunda vuelta electoral, la que pese a ser solicitada por organizaciones de la sociedad civil nunca estuvo dentro de las consideraciones de los diputados en el Congreso Nacional.
“Se necesita que haya una segunda vuelta para que quien salga electo o el que sea rechazado, sea por la voluntad mayoritaria del pueblo, y no como ahora, que tenemos un gobierno (de Juan Orlando Hernández), que salió con alrededor de un 30%. (Y si consideramos) a los que no participan, ha sido electo por un 20 por ciento, y quizá ahora ya no goce ni del 8% de aceptación”, dijo Mejía.
Para Alfonso Narváez, otro de los grandes temas que fue ignorado en la nueva Ley Electoral hondureña es la “ciudadanización de las mesas” electorales, es decir, la participación de ciudadanos comunes y corrientes, no activistas políticos en su conformación, gente que no responda a los intereses de los partidos políticos, como sucede actualmente. Para Narváez eso habría sido una solución más democrática, en lugar de decretar la expulsión de los partidos políticos pequeños del control de las mesas.
“Lo más lógico era pensar en una ciudadanización de la mesa, en un voto electrónico, o en cualquier otro mecanismo creativo”, apuntó.
Finalmente el analista Eugenio Sosa sostiene que “si usted se pregunta cuál es la reforma, de fondo, democrática, no la encuentra, es más lo que hay son retrocesos”.
