* La presidenta Xiomara Castro pone en vigencia polémica ley que da amnistía a los funcionarios, empleados o autoridades electas entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
**Sector empresarial, la Comisión Nacional Anticorrupción y otros rechazan la amnistía aprobada por la directiva de Luis Redondo en el parlamento hondureño, por reflejar una situación de impunidad similar a las promovidas por gobierno de JOH.
Expediente Público
Una de las principales promesas de campaña de Xiomara Castro para lograr la presidencia en Honduras fue combatir la corrupción, sin embargo lo primero que hizo al asumir el poder es poner en vigencia una ley que otorgar amnistía a los funcionarios del gobierno del derrocado Manuel Zelaya (2006-2009), el esposo y asesor de la mandataria hondureña.
Castro mandó a publicar el 4 de febrero en La Gaceta, diario oficial, la «Ley para la reconstrucción del Estado de derecho, constitucional, socialista y democrático, para que los hechos no se repitan”, norma aprobada el 2 de febrero en la noche por el Parlamento que presidente Luis Redondo, leal a la presidenta aún cuando no se ha resuelto la crisis de la legalidad del Congreso Nacional.
Como “un nuevo pacto de impunidad” describió el exfiscal general del Estado Edmundo Orellana el decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional liderado por el diputado Redondo.
La afirmación de Orellana llamó más la atención porque se trata de un funcionario del actual gabinete de la presidenta Xiomara Castro, quien anunció en su toma de posesión del pasado 27 de enero, al menos 22 medidas que tomarían en los primeros cien día de Gobierno, entre ellas una amnistía que beneficiaría a presos políticos.
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Sin embargo, la «Ley para la reconstrucción del Estado de derecho, constitucional, socialista y democrático, para que los hechos no se repitan” va más allá porque la amnistía comprende delitos de corrupción y delitos comunes en su grado de ejecución consumada o de tentativa para aquellos funcionarios, empleados o autoridades electas entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009, es decir, antes del golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya.
La amnistía es “absoluta e incondicional” para quienes fueron “requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”, se lee en el documento que incluye tanto a quienes fueron criminalizados por hacer protesta social, defender la democracia o sus territorios como a quienes cometieron actos delictivos que no tienen que ver con delitos políticos.
El decreto manda que jueces y tribunales ordenen de oficio o a solicitud de las partes, la inmediata libertad de las personas procesadas en las circunstancias o por los delitos mencionados, y que se decreten los sobreseimientos definitivos.
Así mismo, que los expedientes de los delitos comprendidos en el decreto que estén en trámite en los tribunales de alzada sean remitidos en un plazo de 24 horas a los juzgados de primera instancia, y que tanto juzgados y Ministerio Público como dependencias policiales, militares y penitenciarias donde las personas amparadas por la ley tengan registros o antecedentes realicen el cierre administrativo de estos.
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Decreto incluye solo cinco delitos políticos
En un análisis detallado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) enumeran 14 delitos de corrupción, 42 delitos comunes y uno relacionado al lavado de activos y financiamiento al terrorismo que son perdonados con la amnistía y que no están relacionados con asuntos políticos derivados del golpe de Estado.
El decreto incluye solo cinco delitos políticos y dos más, según el informe, son conexos al delito de sedición.
La amnistía ha generado rechazo en diversos sectores. La designada presidencial (vicepresidenta) Doris Gutiérrez publicó en su cuenta de Twitter que “jamás apoyaré pactos de impunidad para favorecer a funcionarios corruptos y ladrones del erario público”.
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, reaccionó también en sus redes sociales afirmando que el decreto es “para presos políticos, no para dar impunidad a delincuentes” y aseguró que su partido hará “una veeduría (seguimiento) constante” para que la amnistía “se aplique a los perseguidos políticos”.
Por su parte, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos también reaccionó en la red de microblogging sobre dos de los delitos de corrupción incluidos en la amnistía: “Es desacertado incluir en un decreto de amnistía delitos en perjuicio de la administración pública, como el enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos”, expresó.
La Uferco surgió tras el cierre de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) en enero del 2020, que se formó con la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Precisamente una de las investigaciones de la MACCIH-UFECIC fue el denominado “pacto de impunidad”, una maniobra de varios diputados para detener una investigación en su contra por delitos de malversación de caudales públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
En un pronunciamiento público conjunto, el Cohep y el CNA señalaron que la amnistía “refleja una situación de impunidad similar a las acciones ejecutadas por el anterior Congreso Nacional”.
Dan amnistía y anuncian la CICIH
En contraste, el decreto aprobado por el parlamento hondureño incluye la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e impunidad en Honduras (CICIH), bajo la asesoría de las Naciones Unidas “para combatir frontalmente el saqueo de los bienes públicos”.
Según la ley “dentro de las principales funciones de la Comisión se incluirá la investigación de la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado”.
Al respeto, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) emitió un pronunciamiento el 4 de febrero en el que destaca que la expectativa de la ciudadanía ha sido satisfecha con la aprobación de una CICIH, “pero ha sido oscurecida por una práctica ya conocida por todos; un pacto de impunidad para quienes han cometido delitos en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública, contradicción que genera desconfianza y coloca a la sociedad en permanente incertidumbre”.
Crisis legislativa
La aprobación del polémico decreto, que incluye la derogación del decreto legislativo No. 141-2009 mediante el cual fue separado Zelaya así como una condena al golpe de Estado, ocurre en medio de una crisis legislativa debido a la existencia de dos juntas directivas y dos presidentes en el Congreso Nacional.
La primera junta directiva está liderada por el diputado Jorge Cálix, quien fue expulsado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) junto a 17 diputados más por no respetar el acuerdo político entre ese instituto político y el Partido Salvador de Honduras (PSH) según el cual el presidente del legislativo sería un diputado designado por Salvador Nasralla, ahora designado presidencial.
Nasralla nominó a Luis Redondo, quien lidera la otra junta directiva del Legislativo, que tiene el reconocimiento de la presidenta Castro.
Según varios analistas jurídicos, las dos juntas directivas tienen vicios de nulidad, pero en un intento por dirimir el conflicto, ambas interpusieron un recurso de amparo y otro de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que los declaró inadmisibles.
En ese sentido, el jefe de investigación del CNA, Odir Fernández, recomendó que “mientras no se resuelva el problema de legitimidad jurídica en el Congreso Nacional” los diputados se abstengan de “tomar estas decisiones de alta envergadura” como el decreto de amnistía.
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Actos de corrupción quedarán impunes
El Cohep y el CNA calificaron de «inconcebible» que delitos contra la administración pública, contra el patrimonio o propiedad, contra la libertad, la seguridad interior del Estado, la fe pública y otros comunes sean objeto de amnistía bajo la égida de los delitos políticos.
«Es decir que (la amnistía) dejará en impunidad actos de corrupción que ocurrieron en el ejercicio de sus funciones y no bajo el golpe de Estado», señalan.
La ley incluye también el reconocimiento y validez del Acuerdo de Cartagena, firmado en mayo de 2011 para solucionar la crisis política derivada del golpe de Estado, al que la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas “y toda la institucionalidad nacional” le negaron “de forma penosa” el reconocimiento, según se manifiesta en el decreto.
El acuerdo de Cartagena incluye la anulación de los procesos judiciales contra el expresidente Zelaya y el otorgamiento de garantías para el retorno de personas y exfuncionarios de su gobierno afectadas por la crisis política, entre otros puntos.
Al respecto, tanto el Cohep como el CNA recuerdan que el propósito del acuerdo es “eximir de responsabilidad penal los delitos que se deriven de situaciones eminentemente políticas y conexas, no por temas de delitos comunes, tal como se pretende”.
El pronunciamiento considera también que el único objetivo de la “derogación del decreto legislativo No. 141-2009 y condena al golpe de Estado” es “generar revanchismo de hechos que, si bien no se pueden olvidar, no deben ser parte de una persecución que desnaturaliza el Estado de derecho y la división de poderes”.
También cuestiona que con la condena contra la “ilegal sentencia de Reelección Presidencial” incluida en el decreto, “el Poder Legislativo se está extralimitando en su facultad, al suplantar las obligaciones constitucionales que tienen otros poderes e instituciones”.
El pronunciamiento del sector privado y el ente anticorrupción concluye que las violaciones a la Constitución, la injerencia entre poderes del Estado, las acciones para generar caos y anarquía, y la apología al odio son los hechos “que no se deben repetir”.
