Informe incluye a más de 140 países que cumplieron o no con normas internacionales y a los que se les han entregado fondos públicos del gobierno estadounidense…
La séptima edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS por sus siglas en inglés) del 2019 promovida por la organización International Budget Partnership (IBP), y el Informe de Transparencia Fiscal del Departamento de Estado de Estados Unidos, destacaron que Honduras mantiene procesos estables referente a la información del presupuesto del gobierno central y en cuanto a la mejora en los procesos fiscales.
Ambos informes utilizan metodologías diferentes para las mediciones que realizan. En el caso del Informe del Departamento de Estado de EE. UU, que se realiza de forma anual, se utilizan los llamados “requisitos mínimos de transparencia fiscal”, que son: Documentación del presupuesto nacional (para incluir ingresos y gastos por ministerio); y Contratos y licencias gubernamentales para la extracción de recursos naturales (para incluir prácticas de licitación y asignación de concesiones).
La Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS), que normalmente se realiza cada dos años, se realizó en 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 y 2017.
En el caso del 2019, la encuesta fue aplicada en 117 países y constaba de un cuestionario de 145 preguntas que son contestadas por investigadores independientes, a través de evidencia pública de los entes gubernamentales.
La mayoría de criterios que utilizan se basan en los que han desarrollado las organizaciones multilaterales, como Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal, del Fondo Monetario Internacional (FMI), Iniciativa de Rendición de Cuentas de Gastos y Finanzas Públicas (cuya secretaría tiene su sede en el Banco Mundial), Mejores prácticas para la transparencia presupuestaria, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, Declaración de Lima sobre Pautas para los Preceptos de Auditoría, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU.
En dicho Informe el Departamento de Estado de Estados Unidos hace una revisión anual acerca de la transparencia fiscal de los gobiernos de 141 países que reciben asistencia de esa nación.
Con ello se dan cuenta qué países utilizan adecuadamente los fondos brindados y garantizan que los fondos de los ciudadanos estadounidenses sean usados de forma transparente.
El Departamento de Estados concluyó que, de los 141 gobiernos evaluados, 76 cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal.
Honduras se encuentra entre los 76 países que cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, al igual que otras naciones de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá.
Mientras tanto, Nicaragua, Belice y República Dominicana están en la lista de los que no cumplieron y también tienen la anotación de que no realizaron progresos significativos.
En este caso, Alejandro Kaffati, miembro del Foro Social de deuda externa y desarrollo de Honduras (FOSDEH), comentó en entrevista a Expediente Público: “Mas que un espaldarazo de Estados Unidos a la gestión gubernamental, tratan de exonerarse de cualquier responsabilidad en el manejo fiscal del gobierno hondureño”.
Ya que “a pesar de que Honduras ha mejorado los procesos fiscales, no necesariamente se ha visto una mejora en la transparencia, ni en una mayor rendición de cuentas y una disminución de la corrupción”.
El Informe del Departamento de Estado, dijo Kaffati, se encarga exclusivamente de “las revisiones anuales de la transparencia fiscal de los gobiernos que reciben asistencia de los EE. UU. Ayudan a garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se usen adecuadamente y brindan oportunidades para dialogar con los gobiernos sobre la importancia de la transparencia fiscal.”
Entonces para Kaffati, el informe “se dedica solo a buscar si hacen buen uso de los fondos estadounidenses” y por ende “revelan una pequeña verdad de forma parcial.”
ENCUESTA DE PRESUPUESTO ABIERTO (OBS)
Los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2019 de la OBS muestran que Honduras ha evolucionado favorablemente, ubicándose con una puntuación de 59 en la clasificación de 117 países.
En 2017 obtuvo 54 puntos; en 2015 obtuvo 43 puntos; en 2012 obtuvo 53 puntos, en 2010, obtuvo 11 puntos y en 2008 obtuvo 12 puntos.
Con esa puntuación de transparencia de 59 (sobre 100), Honduras ha conseguido el más alto puntaje desde el inicio de los Informes.
Según Kaffati “la evaluación de Honduras ha venido mejorado significativamente”, pero existen algunos detalles que para el analista dejan entrever que Honduras “sigue estando por debajo de los 61 puntos”, que es el puesto que el índice considera que “probablemente el país publica suficiente material para respaldar un debate público informado sobre presupuesto” (OBS, 2019).
Por lo anterior, “Honduras no ha logrado transparentar de forma clara la información respecto a su presupuesto desde 2008”, expresó Kaffati.
TRANSPARENCIA
La OBS mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos.
La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y la exhaustividad de ocho documentos presupuestarios utilizando 109 indicadores a los que se da el mismo peso y califica a cada país según una escala de 0 a 100. Honduras tiene una puntuación de 59.
Los ocho documentos son: Documento preliminar, Proyecto de presupuesto del ejecutivo, Presupuesto aprobado, Presupuesto ciudadano, Informes entregados durante el año, Revisión de mitad de año, Informe de fin de año y el Informe de auditoría.
De los ocho documentos, Honduras no elaboró ni presentó el sexto documento denominado “revisión de mitad de año”, que estudia los seis primeros meses de ejecución del presupuesto y sirve para conocer si será necesario modificar o no el presupuesto aprobado para el año vigente.
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Al aumentar la disponibilidad de información presupuesta, Honduras logró obtener mayor puntaje. No obstante, el hecho de no presentar el sexto documento hizo que no obtuviera 61 o más puntos para ingresar a la categoría de países que publican suficiente material presupuestario.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La encuesta analiza las prácticas del ejecutivo, el legislativo y la entidad fiscalizadora superior (EFS) utilizando 18 indicadores a los que se da el mismo peso y que se ajustan a los Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, y puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.
Honduras tiene una puntuación de participación pública de 17 sobre 100, en base al nivel de oportunidades de participación de los ciudadanos de manera pública para participar en el ciclo presupuestario que se compone de cuatro etapas: formulación (Ejecutivo), aprobación (Legislativo), implementación (Ejecutivo) y Auditoría (Tribunal Superior de Cuentas).
Dichas oportunidades deberían ser ofrecidas por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Tribunal Superior de Cuentas durante el ciclo presupuestario.
En las cuatro etapas, únicamente en dos el Estado hondureño permite la oportunidad de participación en el proceso presupuestario, al momento de la formulación y en la auditoría.
La nota tan baja está en el rango de 0-40, que indica que las instancias gubernamentales hondureñas ofrecen pocas oportunidades para la ciudadanía de participar en el proceso, lo que conlleva a que la población tenga escaso acceso a la información presupuestaria del Gobierno.
Cabe destacar que, en comparación con el informe anterior de 2017, Honduras obtuvo apenas 7 sobre 100, por lo que, se nota una mejora en el acceso ciudadano.
Sin embargo, es claro que aún existen debilidades en el proceso en el ciclo presupuestario. Según Kaffati, en Honduras “legalmente se establece que la Secretaría de Finanzas, es el encargado de generar el presupuesto, y el Congreso como órgano que aprueba el presupuesto, ambos deben hacer audiencias públicas, sin embargo, no se hacen”.
Eso genera una “escasa o casi nula participación ciudadana, que se reduce cada vez más debido a los actos de corrupción o vinculaciones con el crimen organizado por parte de las autoridades nacionales”.
Con el cierre de la Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2020, los actos de corrupción como el uso de los fondos estatales para enriquecimiento ilícito, para obtener mayor poder político o para la generación de mayor tráfico de influencias que se generan con los vacíos en las leyes existentes o a través de legislación hecha a la medida, y ahora, con la aprobación del nuevo Código Penal, en el cual los diputados votaron para reducir las penas por cargos relacionados con la corrupción se abren nuevos caminos para que los casos de corrupción comprobados no sean perseguidos o simplemente, no tengan un asidero legal claro para condenar a los imputados.
En el resto de Centroamérica, los niveles también son bajos. Únicamente destaca Guatemala que tiene 35 puntos. Después, El Salvador tiene 13, Costa Rica con 9 y Nicaragua con 7. Hay que apuntar, que el promedio global es bajo, apenas llega a 14 sobre 100. Por lo que, Honduras tiene una puntuación por encima del promedio.
VIGILANCIA
La OBS también analiza el papel que el poder legislativo y la entidad de fiscalizadora superior (EFS) juegan en el proceso presupuestario y el grado en que proporcionan supervisión. La encuesta califica a cada país según una escala de 0 a 100 en base a 18 indicadores a los que se da el mismo peso.
En conjunto, la legislatura y la fiscalización del presupuesto es el tercer componente de la encuesta y “proporcionan una vigilancia limitada durante el proceso presupuestario”, por lo que, tienen una puntuación de 46 (sobre 100). A nivel individual la vigilancia legislativa tiene 39 puntos, lo que lo sitúa como “débil” y la vigilancia de auditoría obtiene 61 puntos, que lo sitúan como “adecuada”.
Sin embargo, para Kaffati en Honduras “no existe una vigilancia clara, y eso se ha prestado a actos de corrupción”.
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Como ejemplo, explicaba que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tienen hasta el 30 de abril del año subsiguiente para liquidar el presupuesto, y el nuevo ciclo presupuestario inicia el 30 de mayo, por lo que existe un mes de diferencia que hace complicado poder exigir cuentas claras de lo utilizado en los presupuestos de cada entidad gubernamental”.
Explicó que una forma para evitar los actos de corrupción en ese tiempo es que se deberían implementar “presupuestos plurianuales”, de esa forma el TSC tiene más posibilidades de exigir rendición de cuentas en los fondos presupuestados, ya que a medida que se presentan las respectivas liquidaciones, se podría aprobar el próximo presupuesto”.
RECOMENDACIONES
Si bien no son negativos para Honduras ambos informes, no son del todo positivos. En las recomendaciones del OBS se observan muchas cosas que deben ser mejoradas a nivel estatal, contando con el apoyo de la sociedad civil para lograr mejores puntuaciones y mayor transparencia en cuestiones presupuestarias.
Honduras ha mejorado cuestiones de macro economía y macro fiscales, buscando ingresos frescos, como son los préstamos con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluso mejoró el techo de crédito a partir de la emergencia del COVID 19.
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El gobierno debería presentar el único documento que no hizo público Revisión de mitad de año, para poder escalar en la puntuación y mostrar un mejor cumplimiento. Pero, además, que sea un documento claro y preciso.
Se recomienda que las instituciones estatales que son parte del presupuesto a tener más en cuenta el acceso a la información a la sociedad civil; a realizar las audiencias públicas que están en la legislación interna, para que todos los actores interesados sean parte de todas las etapas del proceso presupuestario, que es una herramienta del Estado pero que afecta a toda la población en general.
Además de contar con la creación de una institución fiscal independiente, para obtener información independiente y apartidista del proceso presupuestario y de esa forma tener mayor transparencia en el proceso presupuestario, lo que conllevaría a reducir los actos de corrupción estatales.
