*Desconfianza en Poder Judicial y Ministerio Público hace temer que Honduras no entregue al exgobernante a Estados Unidos, donde se le acusa de vínculos con el narcotráfico.
**Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras fueron elegidos y aprobados por Juan Orlando Hernández. Esa vinculación política podría jugar a favor del expresidente.
Expediente Público
En menos de tres semanas, la vida de Juan Orlando Hernández dio un vuelco inesperado: pasó de ser por ocho años el presidente de Honduras, a un prisionero señalado por delitos de narcotráfico y que enfrenta la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. La captura Hernández sorprendió por la rapidez con que se produjo y porque se trata de un político “muy calculador” que tenía control de las instituciones del Estado de Honduras, dijo a Expediente Público el analista Rafael Jerez.
Hernández, solicitado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, fue aprehendido el 15 de febrero en su casa de habitación en la capital Tegucigalpa, en una acción conjunta entre las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Varios ciudadanos llegaron hasta la zona para ver al mandatario esposado de pies y manos y celebrar su detención.
“Sin duda le disgustó y fue una humillación, pero creo que fue precisamente el mensaje que querían enviar al hacer la detención en la manera en que lo hicieron”, dijo Jerez.
La casa de Hernández y los alrededores de la zona residencial, fue rodeada por un fuerte dispositivo policial poco después que la Cancillería hondureña publicó a las 4:54 de la tarde del 14 de febrero que había “solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos”.
Para Jerez, “esa prontitud con que sucedió todo” sorprendió al exmandatario y redujo su margen de maniobra. “Tampoco podemos descartar que él haya estado planeando salir del país en los próximos días”, acotó.
“Al parecer los planes no se le fueron dando y le cerraron algunas puertas que tenía abiertas. Cuando alguien ya no está en el poder, las relaciones no son iguales», declaró por su parte el analista Graco Pérez a la emisora hondureña RCV.
Y es que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua le habría dado la espalda al exgobernante.
“Es compartido por cualquiera, en cualquier parte del mundo, el sentimiento de alegría de los hondureños porque un delincuente como Juan Orlando Hernández ha sido detenido”, declaró William Grigsby, operador político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega.
Según la misma emisora, Ortega le habría negado el asilo político a su otrora aliado hondureño, quien viajó a Nicaragua para solicitar ese beneficio antes de que Estados Unidos pidiera su extradición.
Incluso, el exmandatario habría comprado casas y fincas en ese país centroamericano para huir del brazo de la justicia.
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Un proceso que podría culminar en abril Hernández, quien gobernó Honduras por dos periodos consecutivos tras una polémica reelección en 2017, permanece recluido en una unidad policial de la capital hondureña, después de que el juez de extradición le dictó prisión provisional en la audiencia de información realizada el miércoles.
Durante la audiencia que duró cerca de cinco horas, el juez Edwin Ortez habría tenido la intención de otorgar arresto domiciliario a Hernández, según trascendió en redes sociales. Sin embargo, por presión de la Embajada de Estados Unidos la medida finalmente fue desestimada.
La segunda audiencia, en la que el juez natural decidirá si procede o no la extradición, fue fijada para el 16 de marzo. En promedio, la Corte Suprema de Justicia tarda cuatro meses y medio en llevar a término un proceso de extradición, según declaraciones del vocero Melvin Duarte.
Para el caso, los hermanos Miguel y Luis Arnulfo Valle Valle fueron capturados el 5 de octubre de 2014, presentados en audiencia de proposición de pruebas el 5 de noviembre y extraditados el 18 de diciembre de ese mismo año.
Los Valle Valle lideraron un poderoso cartel de narcotráfico que movía más de 10 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos.
Hernández trabajó con los Valle Valle “para proporcionar al Cártel de Sinaloa, entonces liderado por (Joaquín) Guzmán Loera, cantidades masivas de cocaína y con seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras”, señaló la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Otro aliado del narcotráfico del exmandatario fue Héctor Emilio Fernández, alias “don H”, considerado también hombre de confianza de los Valle Valle, quien fue capturado el 7 de octubre de 2014 y extraditado en febrero de 2015 a Estados Unidos. La fecha inicial para su extradición era enero de 2015, pero debido a una tormenta invernal se postergó para el siguiente mes.
Si el proceso de Hernández avanza como los casos mencionados, su extradición se vendría efectuando en abril, pero también podría dilatarse con las apelaciones de la defensa del exmandatario que ha contratado para tal fin a doce abogados.
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¿Hay riesgo de que se impida la extradición? La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) Maribel Espinoza manifestó a Expediente Público su preocupación de que la segunda audiencia del exmandatario haya sido fijada para dentro de un mes, ya se pueden activar “denuncias viejas o querellas en contra para que se quede y declaren sin lugar la extradición”.
Un principio de los tratados de extradición es que la persona solicitada no debe tener procesos penales pendientes en su país.
Así mismo, el designado presidencial (vicepresidente) Salvador Nasralla manifestó su desconfianza en la Corte Suprema de Justicia que dejó Hernández y que cesará hasta 2023.
A esa Corte “la eligió fundamentalmente Juan Orlando Hernández, sentado detrás del hemiciclo legislativo, ofreciendo dinero a los diputados para que votaran a favor de los magistrados que él necesitaba para poder seguir operando el negocio de la droga”, declaró Nasralla a un canal de televisión sudamericano.
Uno de esos magistrados es Edwin Ortez, quien conoce la solicitud de extradición contra el exgobernante.
Para Nasralla, la extradición de Hernández “sí se puede caer porque él ha contratado a doce abogados para que lo defiendan, intentando echar para atrás el hecho de haber sido mencionado 104 veces en el juicio que se realizó contra su hermano Juan Antonio”, condenado a cadena perpetua más 30 años por delitos relacionados con el narcotráfico.
No obstante, Rafael Jerez consideró que no hay riesgo de que se abra un proceso para impedir la extradición del expresidente y que, de ocurrir, “sería un caso muy excepcional”.
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Tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia “están muy conscientes de las implicaciones políticas que eso tendría”, dijo el analista.
Recordó que el Ministerio Público ha trabajado de cerca con Estados Unidos y que la Corte “se encuentra en una posición bastante vulnerable”.
Además, “hay que tener en cuenta que el contexto de estas instituciones ahora no solo está sujeto a un aspecto geopolítico con Estados Unidos, sino a un contexto nacional muy volátil”.
Ejemplo de ello es que “destituyeron prácticamente” al Procurador General de la República, quien fue reemplazado antes de finalizar su gestión.
En ese sentido, “por la conflictividad que hay en el ambiente, no podemos descartar que estos altos funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público también están bajo esa lupa”.
Jerez sostuvo que “si tomamos en cuenta cómo se ha desarrollado los procedimientos de extradición de otros hondureños que han sido solicitados” además de la relevancia que tiene el caso de Hernández, “realmente no habría un motivo por el que el expresidente no sea extraditado”.
Recordó también que lo que estará a discusión en la audiencia del 16 de marzo “no es el fondo del asunto que se va a tratar en Estados Unidos, es si procede o no la extradición, eso es lo único que se tiene que discutir en este procedimiento aquí en Honduras y por ende lo que se debe probar es mucho menor que lo que se discutiría estando él allá en Estados Unidos”.
