*La organización Cristosal denunció que al menos 52 personas detenidas murieron estando en custodia del Estado en El Salvador.
**El presidente Nayib Bukele anunció el inicio de la construcción del “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, un nuevo reclusorio donde esperan resguardar a 20,000 pandilleros. La Asamblea Legislativa aprobó una tercera prórroga del estado de excepción.
Expediente Público
Al menos 52 personas, que estaban bajo custodia del Estado y que fueron detenidas entre el 27 de marzo y el 21 de junio, durante el régimen de excepción en El Salvador, murieron como consecuencia del hacinamiento, la tortura y los tratos crueles a los que fueron sometidos, denunció la organización de derechos humanos Cristosal.
La tercera prórroga del régimen de excepción, aprobado este 21 de junio por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, es una “bomba de tiempo” por las actuales condiciones que hay en el interior de los centros carcelarios del país centroamericano, donde se vive un hacinamiento extremo, dijo a Expediente Público, Ruth López, defensora de derechos humanos de Cristosal.
“Habría que iniciar por parte de la Fiscalía General de la República una investigación para determinar las causas de la muerte, al menos para establecer si es responsabilidad de los internos o también responsabilidad de aquellas personas que tienen un cargo, es decir que ejercen una función pública dentro de los centros penitenciarios”, señaló López.
La defensora de derechos humanos dijo que en los últimos meses la población en los centros penitenciarios del país se ha “duplicado”. Mientras se discutía la prórroga del régimen de excepción, el presidente Bukele anunció en su cuenta de Twitter que han iniciado la construcción del “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, pero la medida no ofrece una respuesta a los problemas que se enfrentan en los penales del país, explicó López.
El Salvador se convirtió en el país con la tasa per cápita “más alta del mundo” de personas privadas de libertad, al pasar de 609 detenidos por cada 100 mil habitantes, antes del régimen de excepción, a 1,246, según datos de Cristosal, una organización con más de 20 años de trabajo en la defensa de derechos humanos.
Puedes leer: Bukele vuelve a imponer régimen de excepción tras ola de violencia sin precedentes
“Nosotros tenemos reportado más de 41,000 personas detenidas y desde 2019 se habían cerrado tres centros penitenciarios. Actualmente se ha anunciado que se va a construir un nuevo centro. Sin embargo, esto no va a dar abasto para la cantidad y para el ritmo de detenciones que se están produciendo. Esto genera condiciones de hacinamiento que terminan vulnerando los derechos de las personas detenidas”, dijo la defensora de derechos humanos.
Desde el 26 de marzo hasta el 21 de junio, cuando se dio a conocer la plataforma para el “Registro de denuncias” durante el régimen de excepción, Cristosal registra más de 2 mil denuncias.
“Se ha establecido un patrón en el que se evidencia que más del 56 por ciento de las detenciones son personas entre los 18 y los 30 años. La mayoría de las detenciones, por arriba del 87 por ciento, son de hombres. Muchas de las personas reportan tener tatuajes artísticos no vinculados con temas de pandillas y que viven en situaciones de comunidades en condición de pobreza”, mencionó López.
Las denuncias que recibe a diario la organización Cristosal también exponen cómo a través de engaños, las personas son llevadas a centros de la policía bajo la justificación de que quieren “recabar más información” y quedan detenidas.
Detenciones provocan situación “caótica”
El defensor de derechos humanos, Benjamín Cuéllar, fundador de la Asociación de Víctimas Demandantes (VIDAS) en El Salvador, dijo a Expediente Público que la situación con esas detenciones masivas se vuelve “caótica” en el país, por lo que considera necesario detener esas capturas.
La construcción del nuevo penal se realiza alejado de las ciudades, en tierras propiedad del Estado, “con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape”, escribió Bukele en Twitter.
Además: Casi cinco mil pandilleros detenidos en la primera semana del estado de excepción
Para Cuéllar, el nuevo centro penitenciario se convertirá en el “Guantánamo salvadoreño”.
“Después de haber capturado en tres meses a más de 40 mil personas la situación es caótica. Están haciendo de manera acelerada ese ‘megarreclusorio’ y todo eso tiene su mensaje, porque este gobierno está trabajando en función de la posible reelección o continuidad y todo lo hace en función de eso”, dijo Cuéllar.
El nuevo penal de máxima seguridad tendrá capacidad para resguardar a 20,000 pandilleros, debido a las masivas capturas que la Policía y las Fuerzas Armadas siguen ejecutando en el país centroamericano.
Las autoridades de Gobierno sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida.
“Aquí nada se hace sin que el señor Bukele ordene o esté de acuerdo (…) Eso significa mayor cantidad de personas detenidas, muchas injustamente”, dijo Cuéllar.
El 26 de marzo, El Salvador registró una alarmante cifra de 62 homicidios, constituyendo la mayor tasa diaria de muertes en los últimos cuatro años, según la Policía Nacional Civil. Debido a esa situación, el 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que declaraba la guerra a las pandillas en ese país centroamericano y esta semana se aprobó una tercera prórroga.
La situación en El Salvador es grave, porque también se están vulnerando los derechos de la ciudadanía, explicó López.
También: El Salvador extiende estado de excepción por 30 días más
“Es una bomba de tiempo (…) Se está deteniendo, por ejemplo, a personas inocentes y se está mezclando con gente que tiene antecedentes penales y que eran parte del régimen penitenciario, esto ha llevado a situaciones de violencia”, mencionó la representante de Cristosal.
El régimen de excepción implica suspender los derechos, tanto de libertad de asociación como de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia, en el sentido de intervenir las telecomunicaciones. Además, suspende las garantías judiciales.
CIDH recibe denuncia
En el marco del 184 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado este jueves 23 de junio, la jefa jurídica de Estado de Derecho de la organización Cristosal, Zaira Navas, relató que actualmente en El Salvador se estarían configurando “detenciones secretas”.
“Las autoridades aún no cuentan con un registro e información de las personas detenidas durante el régimen de excepción. En algunos casos han transcurrido casi dos meses para que se proveyera alguna información en los centros penales, lo que ha obligado a las familias a trasladarse a cada centro buscando a su detenido. Hemos documentado casos de personas de las que aún no se conoce su paradero”, mencionó Navas.
En todo este periodo, Cristosal ha recogido testimonios de personas liberadas que dan cuenta de la perpetración generalizada de actos de violencia que serían constitutivos de tortura.
“Esa es una de las advertencias que hemos hecho, no solo por la continuidad de las vulneraciones, sino por los tipos de vulneraciones que se están produciendo. Efectivamente se está configurando un escenario de crímenes de lesa humanidad en El Salvador y El Salvador, por tanto, podría ser denunciado ante la Corte Penal Internacional”, sostuvo López. Durante la audiencia de la CIDH llamaron a la comunidad internacional a seguir vigilante de la situación de derechos humanos en El Salvador, país donde también se vive un desplazamiento forzado a lo interno debido al régimen de excepción.
