*El panorama electoral en Guatemala se ensombrece por acciones tomadas por parte del Ministerio Púbico (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) en contra del partido Movimiento Semilla y el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luisa Laguardia y Ana Paula Bonancell
Expediente Público
¿Dejarán a Bernardo Arévalo participar en la segunda vuelta electoral en Guatemala? Existe gran incertidumbre debido a las acciones de la Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, quienes por diversos medios y amenazas pretenden anular al partido Movimiento Semilla.
Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han acusado al fiscal y al juez de intromisión de sus facultades, puesto que la Ley Electoral guatemalteca es clara en que es ese ente el que rige el proceso electoral.
El TSE pidió el viernes a la Corte Constitucional conceder garantías a esos comicios luego de dos allanamientos a su sede por la Fiscalía tras negarse a suspender a Semilla, ordenado por el juez Orellana.
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“Evidentemente el Ministerio Público está atentando contra la decisión del pueblo”, dijo a Expediente Público, José Carlos Sanabrias, diputado electo por Movimiento Semilla.
¿Balotaje está garantizado?
La Corte Constucional, máximo ente legal del país centroamericano, reiteró el sábado 22 de julio que la segunda vuelta y la participación de Semilla está asegurada desde la resolución del 13 de julio, en el que señaló que el proceso electoral “no puede ser afectado” por las acciones del juez, la Fiscalía u otra institución.
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Un día antes la Corte Constitucional rechazó el amparo presentado por el TSE, solicitando se ordenara de forma “preventiva” a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras entidades del Estado evitar acciones que entorpecieran el desarrollo de las elecciones del 20 de agosto, donde se enfrentarán Arévalo y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Orellana y Corruchiche fueron incluidos en la denominda Lista Engel en la que Estados Unidos los señala de supuestos corruptos y que amenazan la democracia de Guatemala.
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El viernes 21 de julio la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil allanaron la sede del Movimiento Semilla, en la capital guatemalteca como parte de la investigación por la supuesta afiliación ilegal de ciudadanos al partido.
Lucha de poderes en Guatemala
La magistrada presidente del TSE, Irma Palencia, horas antes de la solicitud, se manifestó y dijo que “el amparo fue presentado para el respaldo y garantía del balotaje programado”.
Ante lo sucedido en la sede de Movimiento Semilla, su fiscal, Juan Gerardo Garnica, pidió a los fiscales de los otros partidos políticos que se pronuncien por las recientes acciones judiciales que el MP y el Juzgado Séptimo Penal están desarrollando contra la agrupación y el Registro de Ciudadanos del TSE, ya que pone en riesgo el proceso electoral y podrían generar una ruptura del orden constitucional.
Garnica calificó de “ataque malicioso, totalmente espurio, fuera del marco legal y constitucional”, las acciones de las autoridades de justicia de Guatemala.
“Lo que hoy le están haciendo a Movimiento Semilla, mañana se lo pueden hacer a ustedes”, dijo el fiscal de la agrupación en la reunión de magistrados del TSE y fiscales.
En una entrevista para Expediente Público, José Carlos Sanabrias, diputado electo por Movimiento Semilla, manifestó que “evidentemente nosotros estamos siendo atacados”.
“Atentado a voluntad del pueblo”
Sanabrias agregó que los que están detrás de todo esto son los partidos que están asociados a la corrupción y todo el equipo del fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche.
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El analista político Pedro Cruz, dijo a Expediente Público que es preocupante “el atentado en contra de la voluntad popular y los procesos democráticos que tuvimos en el país en las elecciones generales”.
Para Cruz esto “no se trata de Semilla o no de Semilla, se trata de lo que la gente decidió en las elecciones generales. Aquí estoy hablando más que de un partido, quieren romper la democracia y romper con la voluntad de millones de guatemaltecos”, manifestó.
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Acciones a destiempo
Con las nuevas acciones tomadas como seguimiento al caso que involucra al partido, la sociedad civil se está organizando para realizar manifestaciones por el descontento que tienen de ver que su voluntad no está siendo respetada.
Según la percepción de Sanabrias “el temor que tienen todas las instituciones es que van a perder todos sus privilegios”, expresó.
Además de expresar su preocupación y molestia al respecto, Sanabrias, dijo que “nuestra posición es clara y determinante en contra de la corrupción. Nosotros hemos sido tajantes que bajo ningún punto de vista vamos a caer en esos juegos de la política tradicional”, enfatizó.
Como la tercera bancada más grande del Congreso electo para el periodo 2024 – 2028, Sanabrias afirmó que “no estamos ni haremos alianzas con la política tradicional”.
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Si bien la investigación realizada por el MP es válida, el momento que decidió la institución para llevarla a cabo es lo que para los expertos es preocupante. “No es el momento correcto en el que deberían de hacer este tipo de investigaciones, que lo único que están logrando es debilitar la institucionalidad”, manifestó el analista político, Pedro Cruz.
Agregó que “si bien es cierto que hay supuestos para una investigación, se debe de hacer todo en el marco de la ley y el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece que un partido no puede ser suspendido durante el proceso”.
Desafíos para el TSE
La estabilidad del proceso electoral guatemalteco pende de un hilo. Para el consultor político, Mynor García, las acciones tomadas por el MP y PNC, “adversan la democracia en la que se han perdido las formas, cayendo en prácticas burdas, fuera de sensatez y rayando la ilegalidad”.
Desde la perspectiva y experiencia de García, los desafíos que enfrenta el mayor órgano electoral para garantizar el balotaje previsto para el 20 de agosto, son lograr la asignación de cargos la presidencia y vicepresidencia del país y lograr el cierre del proceso electoral en todas las elecciones.
“En función de lo anterior se vio el amparo presentado con un carácter eminentemente preventivo como lo confirmaron las autoridades electorales», afirmó a Expediente Público.
«Desde un plano más político, es clave que el TSE capitalice el respaldo multisectorial y los pronunciamientos internacionales observados, en aras de fortalecer sus alianzas de cara a escenarios más críticos que eventualmente podrían surgir si se agudiza la arremetida contra Semilla y sus candidatos”, expresó García.
Para el experto el peor escenario es la de “la continuidad del lawfare que está a la vista, un MP, FECI y un juez Orellana sin nadie que los frene, que detonaría mayores y más consistentes protestas, que en río revuelto, la ingobernabilidad cobrará víctimas, y ante un caos de esas magnitudes, la posibilidad de suspender la segunda vuelta electoral”, manifestó.
