09 de abril 2020
De Guayaquil no sale nadie vivo o muerto. Un cordón militar encierra a la ciudad para que el coronavirus 2019 (COVID-19) no se expanda por el resto de Ecuador, dice el economista e investigador nicaragüense José Vélez Morgan, varado en Quito desde que inició la pandemia.
Vélez es analista en inteligencia económica, con una maestría en la Universidad de Hamburgo, Alemania, es investigador, asesor financiero y de inversiones, ha trabajado para la cooperación germana, Transparency International, The Nature Conservancy, Deutsche Bank, entre otros.
El economista explica que las principales medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano son de corte militar con el propósito de mantener la cuarentena.
Hay un protocolo para los cadáveres con COVID-19 que están en viviendas particulares, para que los soldados puedan evacuar los cuerpos con ayuda de policías y bomberos.
La primera respuesta a la mortalidad era cremar los cadáveres, pero eso cuesta más de 3 mil dólares por cuerpo, luego se propuso crear fosas comunes, algo que la población rechazó. En estos momentos se presume que serán enterrados en terrenos que han donado empresas, dice el nicaragüense, cuya esposa trabaja en Ecuador y por lo que estaba de visita en ese país al momento del cierre de los aeropuertos.
Los cementerios no dan abasto, por eso también se compraron los primeros 200 ataúdes de cartón de un contingente de 2,000, mientras los cuerpos se colocan en contenedores refrigerados y las familias que conviven con sus fallecidos deciden embalarlos en plástico, informan diferentes medios nacionales e internacionales.
Oficialmente, hasta el 8 de abril, unas 220 personas habían fallecido en Ecuador por la pandemia, pero dos tercios son de la ciudad costera que cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos directos desde y hacia Europa y Estados Unidos.
El Gobierno de Ecuador también ha admitido casos de muerte por enfermedades respiratorias que pudieran estar ligadas al COVID-19, pero no hubo tiempo de aplicar pruebas para determinar la causa específica de estos fallecimientos. “Las autoridades dicen haber recolectado los cadáveres de unas 300 personas fallecidas en domicilios que, por falta de sitio en morgues repletas, no habían podido ser levantados por efectivos de Criminalística de la Policía Nacional”, publicó BBC Mundo, el primer fin de semana de abril.
EL 9 de abril a las 9:00 a.m. se registraban 242 muertes y 4.450 casos positivos, según la Universidad John Hopkins , pero las fuentes oficiales ecuatorianas admiten el subregistro porque no puede aplicar masivamente la prueba del COVID-19.
Hasta el 31 marzo se hicieron 9,600 pruebas, de esas 3,663, es decir, 32% salieron positivas, cuando a la mayoría de la población y muchos de los fallecidos que presentaron síntomas parecidos al coronavirus no tuvieron un test, señala Vélez.
En las redes sociales se muestran videos de personas colapsando en la vía pública y cuerpos quemados en la calle a plena luz del día.
“Y todo empezó con una persona”, indica Vélez.
El 29 de febrero de 2020 el gobierno ecuatoriano informó del primer caso de COVID-19, una mujer de 71 años proveniente de España, quien ingresó el 14 de febrero en un vuelo directo de Madrid al aeropuerto internacional de Guayaquil.
“Ese mismo día se reportó el primer caso en México, pero un país más habitado en comparación con Ecuador evolucionó de forma distinta en un mes; llegaron a mil 300 casos, mientras aquí a más de 3,000, aunque se tomaron medidas desde el 11 de marzo, (que se hicieron) más fuertes el 17 de marzo, y ahí está la gran diferencia, se siguen los parámetros, pero hay una ciudad que desborda los datos y todas las imágenes del horror. Guayaquil es un fenómeno cuando empieza a desplomarse la gente, hay un montón de cadáveres en sus casas y no los van a traer, la gente llama al 911 y nadie responde, entonces empiezan a tirar los cadáveres a la calle a finales de marzo”, afirma Vélez.
“El primer caso es una señora que viene de España (donde se había reportado el primer contagio el 31 de enero). En su avión no venía sola, fue un error no hacer vigilancia a todos los que venían con ella, ahí comienza la génesis”, agrega.
“La vigilancia activa la hace el gobierno para que un caso positivo tenga seguimiento, incluyendo a los familiares y personas cercanas, esto ocurrió en todo el país, menos en Guayaquil”, precisa Vélez.
En esta crisis sanitaria juega un papel importante las diferencias políticas entre la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri Jiménez, con el gobierno central de Lenín Moreno.
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El 13 de marzo la paciente uno murió, en ese momento solo se reportaban 23 personas infectadas, dos días antes se declaró emergencia sanitaria, medidas con las cuales se suspendían las clases y los eventos masivos, también se comenzaron a poner en cuarentena a los pasajeros de vuelos internacionales.
El 15 de marzo se promulgó el toque de queda entre las nueve de la noche y las 5 de la mañana, el 25 de marzo se extendió de las dos de la tarde a las 5 de la mañana.
“Pero la posición de la Alcaldía de Guayaquil ha sido de una autonomía irresponsable en cuanto a las medidas nacionales, un ejemplo, es que venía un vuelo con ayuda humanitaria de España, recibe un permiso de aeronáutica civil y el gobierno central, pero la alcaldesa invade toda la pista de aterrizaje con los vehículos municipales, eso fue el 18 de marzo. Ella lleva las riendas, toma el mando mal, por eso su relación con el Ministerio de Salud para establecer el aislamiento social, colapsa. Todas las disposiciones las acata el resto del país, menos Guayaquil”, sostiene.
Viteri no logra coordinarse con la Policía o el Ministerio de Salud. El mismo 18 de marzo, la abogada, experiodista, exdiputada y excandidata presidencial socialcristiana, anunció que había contraído el COVID-19.
Otro factor que influye en la crisis son las reformas al sector salud. La inversión en esta área pasó de 306 millones de dólares en 2017 a 201 millones de dólares en 2018 y 110 millones de dólares en 2019, una reducción de 34% y 36%, respectivamente, según el Plan Anual de Inversiones Sector Salud en Ecuador 2017-2019.
Para comparar, la inversión del expresidente Rafael Correa en 10 años fue de 13,000 millones de dólares hasta 2017.
En 2019 se despidieron a 3,000 trabajadores de la salud, según datos gremiales, por eso, el economista Vélez sostiene que “la emergencia toma a un Ministerio de Salud debilitado y sin liderazgo. Para ejercer todas estas medidas de cuarentena y vigilancia debés tener liderazgo, la ministra (Catalina Andramuño) renunció y el presidente Moreno, nombró a Juan Zevallos (el 21 de marzo), un epidemiólogo (y cardiólogo) que ha vivido la mitad de su vida fuera del país y no conoce a nadie”.
Con todo esto, para el 2020 hubo un aumento de 552 millones de dólares en el presupuesto general del sector que sería de alrededor de 3,800 millones de dólares para una población de 16.6 millones, mientras que el de 2019 fue de 3,300 millones, “un incremento que bordea el 5.8 por ciento”, dijo a un portal ecuatoriano Edición Médica, el viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública, Julio López, en noviembre de 2019.
En comparación, el presupuesto en salud de Nicaragua para el 2020 es equivalente a 447 millones de dólares del Presupuesto General de la República (PGR) para una población de 6 millones.
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Aunque la situación en Quito no es tan dramática, Vélez y su familia guardan cuarentena. Apenas salen para comprar comida en el supermercado, el cual afortunadamente se encuentra frente a su edificio.
La ciudad turística de Guayaquil es un ejemplo de todo lo que se puede hacer mal en la gestión pública contra el coronavirus.
A la autonomía mal entendida por diferencias políticas, la crisis del sector salud, desorganización, la poca vigilancia y la falta de liderazgo en la emergencia, se sumó la indisciplina de la gente.
«Hay personas inconscientes, en unos casos, e irresponsables en otros, que a pesar de haber salido positivo en las pruebas o que son sospechosos de tener coronavirus se movilizan, salen de sus casas, incumplen la cuarentena», señaló el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en un mensaje público del 3 de abril.
Vélez sostiene que “la cuarentena no fue respetada ni se hizo respetar”, además, la desigualdad en Guayaquil juega un papel importante, solo observando la cantidad de funerarias operando, 20 de más de cien, aquellas destinada a un mercado selectivo, las otras cerraron.
Este es el primer mes, en Guayaquil de un caso se produjeron 1,600, quienes están vivos cuántos casos van a producir.
“No importa que sea un caso importado, la cuestión es que el virus ya está en el país”, sostiene Vélez, al reconocer en la situación de Guayaquil el mismo discurso del régimen nicaragüense que teniendo seis positivos de COVID-19 hasta el 8 de abril, no plantea medidas de cuarentena porque no son casos de transmisión comunitaria.
“Lo importante es ver cuántas ciudades de América Latina podrían ser el próximo Guayaquil, porque no hay coordinación, porque los ministerios de Salud están desmantelados por los planes fiscales, porque la población no acepta el liderazgo, porque las medidas de distanciamiento social y vigilancia activa dependen no del decreto de emergencia del presidente, sino, del liderazgo de las instituciones, los gobiernos locales, los ministros de Salud, los líderes sociales, de lo contrario no hay forma que un decreto tenga efecto, pensemos en ciudades como Bluefields o San Pedro Sula, muy pobres o con aglomeración”, precisa Vélez.
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Las medidas de seguridad que toma la población y la tranquilidad del Gobierno en Nicaragua pueden tener un pronóstico de la comparación sencilla en el caso de Ecuador, donde un caso produce en un mes más de 3,600, aunque se tomaron medidas. “No sé si esos primeros cinco importados, que igual todos son importados porque nadie nació con eso, cuántos serán en 30 días. Al menos que el sistema inmunológico nicaragüense sea fuerte, estos producirían unos 20,000 casos más”, advierte Vélez.
Para proteger a la población trabajadora vulnerable y economías pobres como la nicaragüense, Vélez señala medidas de gobiernos de diferentes países para que la población soporte más tiempo en cuarentena como “garantizar un ingreso básico, aumentar las cuotas de pensiones, reducir impuestos a pequeños empresarios, reducir la carga social a las empresas para que no despidan, hasta Venezuela está sacando paquetes agroalimentarios”.
Las respuestas de todos los gobiernos ricos y con déficit, “no hay excusas para no salvar vidas”, reitera el economista.
