*Nicaragua es el caso más grave de Centroamérica, según el Informe Anual de Derechos Humanos divulgado por Estados Unidos.
**En El Salvador ocurren abusos derivados del régimen de excepción, pésimas condiciones carcelarias y espionaje a periodistas.
***En Guatemala se ha perseguido a jueces, fiscales y periodistas que denunciaron la corrupción, mientras que en Honduras hubo ejecuciones extrajudiciales e impunidad basada en un Estado débil.
Expediente Público
Abusos generalizados de derechos humanos, pérdida de libertades y derechos, persecución política y religiosa, así como el cierre y confiscación de medios de comunicación y persecución a periodistas en Nicaragua, resaltó el 47 informe anual de Derechos Humanos de los Estados Unidos presentado este lunes en ese país.
Nicaragua es el caso más grave de violaciones a los Derechos Humanos en Centroamérica mientras que existen diferentes tipos de abusos, pésimas condiciones carcelarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución política y espionaje a periodistas en Guatemala El Salvador y Honduras.
Abusos de todo tipo
El documento señala todo tipo de violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua, un “país que tiene un sistema político autoritario y altamente centralizado dominado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana”.
Estados Unidos reúne reportes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de los guardias de prisiones y la parapolicía; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias y la existencia de presos políticos.
El análisis muestra también represión a la libertad de asociación, incluidas leyes restrictivas sobre la organización, financiación u operación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
También restricciones severas a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y el derecho a salir del país e incapacidad de los ciudadanos para cambiar su Gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas.
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Además, EEUU denuncia restricciones graves e irrazonables a de violencia dirigida contra las minorías étnicas y las comunidades indígenas; trata de personas; delitos que implican violencia o amenazas dirigidas a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; así como restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil.
Muerte de Hugo Torres
Estados Unidos apunta claramente a la pareja gobernante como responsable de la situación y además al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega que “ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país”.
Entre los casos emblemáticos menciona la muerte del prisionero político Hugo Torres Jiménez el 12 de febrero de 2022, el arresto hace siete meses de monseñor Rolando Álvarez y los asesinatos de indígenas en el Caribe Norte, por parte de colonos sandinistas que invadieron sus tierras.
Torres conocido como “Comandante Uno”, fue uno de los líderes militares de la guerrilla sandinista durante la Revolución Nicaragüense que en los años 1970 derrocó a Anastasio Somoza Debayle. Llegó a ser General de brigada del Ejército y en 2021 fue apresado por Ortega luego de la crisis sociopolítica iniciada en ese país en abril de 2018. Murió en la cárcel el 12 de febrero de 2022.
EEUU acusó al régimen de Ortega de utilizar leyes de lavado de dinero, una ley de agentes extranjeros y una ley para la defensa de la soberanía para amenazar, acosar y detener injustamente a opositores políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil.
También hizo ver que las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático, se combinaron para inhibir la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación.
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Abusos en El Salvador
En El Salvador, el escrito señala como cuestiones significativas de derechos humanos, asesinatos ilegales o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios y graves problemas con la independencia del poder judicial.
Foto Cortesía: Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador
Según la investigación, la impunidad persistió en las fuerzas de seguridad, tanto en la rama ejecutiva y como judicial.
Además, los grupos criminales, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos.
“Cometieron asesinatos, actos de extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia. Dirigieron estos actos contra la Policía, las autoridades judiciales, la comunidad empresarial, los periodistas, las mujeres y los miembros de poblaciones vulnerables. Las autoridades investigaron y procesaron tales acciones”, aseguró el reporte.
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Régimen de excepción
Dentro de los hallazgos se encontró que agentes gubernamentales cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, en gran parte derivados de la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción.
“Las condiciones de la prisión empeoraron durante el estado de excepción. El número de prisioneros se duplicó con creces en los pocos meses posteriores al inicio del estado de excepción, lo que llevó a acusaciones de hacinamiento grave, condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de alimentos, falta de servicios médicos en las instalaciones penitenciarias y ataques físicos”, insistió el informe.
El documento hizo mención del caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, destacado político de la oposición, quien permanece detenido desde junio de 2021, a la espera de la conclusión de las investigaciones y el juicio que todavía no tiene fecha.
Muyshondt dijo a los medios de comunicación que había estado cerca de la muerte tres veces mientras estaba detenido y se recuperó solo cuando los funcionarios de la prisión lo llevaron a un hospital fuera de la prisión. También dijo que mientras estaba encarcelado, fue golpeado, atado y fotografiado medio desnudo y mientras dormía.
Espionaje estatal
El reporte se centró también en el caso de espionaje a 35 periodistas y actores de la sociedad civil infiltrados por el software espía Pegasus creado por NSO Group, una empresa israelí.
Los objetivos incluían a periodistas que trabajaban en los medios de comunicación El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital, Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, y personal de varias ONG’s, incluidas la Fundación DTJ y Cristosal. Los objetivos permanecieron bajo vigilancia digital constante desde el 29 de junio de 2020 hasta el 23 de noviembre de 2021.
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La Aosicación de Periodistas de El Salvador publicó un informe que detallaba el acoso y las restricciones a las que se enfrentaban los periodistas. De enero a abril, el Centro APES para el Monitoreo de Ataques a Periodistas registró 39 casos de periodistas que reportaron acoso, amenazas y ataques digitales.
El informe también se queja que el presidente salvadoreño Nayib Bukele y sus partidarios hicieron comentarios despectivos sobre los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos en las redes sociales.
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Persecución en Guatemala
En el caso de Guatemala, destacan las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detencilones arbitrarias; represión transnacional contra personas en otro país; graves problemas con la independencia del poder judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación y restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores, incluida la violencia y las amenazas contra los líderes sindicales.
“La impunidad, incluso por parte de funcionarios de alto nivel, siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos de los actores del crimen organizado para garantizar la impunidad y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de los actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativos de los delitos que involucran a funcionarios públicos”, denuncia el informe.
Se hizo énfasis en que la Fiscalía guatemalteca acusó a jueces, exfiscales y periodistas que fueron pieza clave en procesos contra funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos en la última década.
Entre ellos, el exfiscal jefe de la Fiscalía contra la corrupción, Juan Francisco Sandoval, la exfiscal General Thelma Aldana y su esposo y un magistrado del Tribunal de Apelaciones. Además, muchos periodistas informaron de haber sido acosados, procesados o tener que huir del país después de publicar trabajos que criticaban a ciudadanos influyentes.
“Los miembros de la prensa informaron haber recibido presión, amenazas y represalias de funcionarios públicos y organizaciones criminales con respecto al contenido de sus informes”, explicó la investigación como el caso del arresto y enjuiciamiento a José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, por supuesto lavado de dinero, tráfico de influencias y extorsión.
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Sistema judicial débil en Honduras
En Honduras hubo reportes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidas las ejecuciones extrajudiciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales; condiciones penitenciarias duras y que ponen en peligro la vida; arresto o detención arbitrarias; así como graves restricciones a la libertad de expresión.
“El Gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en la corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron los principales obstáculos para obtener condenas”, señaló el reporte.
Estados Unidos apuntó a grupos criminales, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los traficantes de narcóticos, como autores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras.
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El reporte sobre los países de Centroamérica explica que “la corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y los retrasos judiciales, llevaron a una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad”.
Además, miembros de los medios de comunicación y las ONG declararon que la prensa se autocensuró debido al temor a las represalias de grupos criminales, organizaciones de tráfico de drogas o funcionarios corruptos del Gobierno.
Costa Rica y Panamá
En contraste con sus vecinos del norte de Centroamérica, Estados Unidos dice que en Costa Rica “no hubo informes de abusos significativos de los derechos humanos” y en el caso panameño señalan problemas relacionados con la independencia del poder judicial y amenazas a la libertad de expresión.
“Las cuestiones significativas de derechos humanos en Panamá incluyeron informes creíbles de graves problemas con la independencia del poder judicial; restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluidas amenazas de hacer cumplir las leyes de difamación penal para limitar la expresión; corrupción gubernamental grave; y leyes que prohíben la conducta sexual consensual entre adultos en algunas fuerzas de seguridad que no fueron ejecutadas”, dice el reporte.
