* El allanamiento de la vivienda de dos periodistas comunitarios en el poblado Zaragoza eleva a más de cien las agresiones contra la libertad de prensa en El Salvador.
** La acción se denuncia a nivel nacional e internacional como un acto intimidatorio en contra del ejercicio periodístico.
Expediente Público
La incursión de personal de la Fiscalía General de la República, junto a policías esta semana en la casa de los periodistas comunitarios Mónica Rodríguez y Steven Magaña, es la última escalada contra los medios de comunicación críticos al Gobierno en El Salvador.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el hecho como “un allanamiento anómalo” que constituye un precedente “preocupante y grave”.
Más de cien agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el último año documenta APES, que denuncia estos hechos como amenazas a la libertad de prensa.
Se responsabiliza directamente a funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele por emprender acciones para amedrentar al periodismo que investiga actos de corrupción, expone las violaciones a los derechos humanos o cuestiona políticas o proyectos públicos.
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¿Qué pasó con los periodistas de El Salvador?
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que no portaban visiblemente sus números de identificación y que ocultaban sus rostros, llegaron en vehículos con placas particulares a la vivienda de los periodistas Mónica Rodríguez y Steven Magaña, quienes residen en Zaragoza, municipio del departamento La Libertad, a 18 kilómetros al sur de la capital salvadoreña.
El presidente de la APES, Sergio Aráuz, dijo a Expediente Público “no están claras las razones del allanamiento”.
Los dos periodistas laboran para Bálsamo Radio TV, un medio comunitario que informa sobre las amenazas ambientales de la zona por el desarrollo inmobiliario rampante y la escasez de agua.
Los oficiales llevaron una orden judicial de allanamiento de la vivienda que Rodríguez y Magaña alquilan. Aunque la investigación era por una denuncia de presunta estafa, no incluía los nombres de los comunicadores.
“A pesar de esto, los elementos de la PNC incautaron equipo electrónico como computadoras, discos duros y teléfonos celulares. Además de documentación con información personal y equipo electrónico del medio para el que trabajan”, según un comunicado de la APES.
Policías violaron Constitución
La Constitución de la República salvadoreña inhibe a las autoridades el allanamiento e incautación de los instrumentos de trabajo porque viola el derecho a la libertad de prensa.
“En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumentos de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento”, reza el inciso dos del artículo seis de la Constitución.
En el caso de los periodistas Rodríguez y Magaña, hace dos semanas una patrulla policial llegó a casa de un familiar, que está en el mismo vecindario, por una denuncia anónima por maltrato intrafamiliar. Pero la información del presunto hechor no coincidió con la de los residentes.
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“No podemos normalizar que se use la ‘reserva total’ de los casos, ya que abre la puerta al abuso y arbitrariedad”, criticó Arauz.
El observatorio regional Artículo 19, con sede en México, manifestó que “reprueba estas acciones que dan cuenta del uso ilegítimo del poder público que a su vez revelan un patrón de acoso y hostigamiento en contra de las personas periodistas y sus familias”.
“Recordamos que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que agresiones como la intimidación cortan de forma severa la libertad de expresión”, agrega.
Patrón contra periodistas y artistas de El Salvador
La acción de los policías y fiscales también se llevó en simultáneo en la casa de Carlos Najarro, un artista gráfico que promueve su obra a través de las redes sociales donde utiliza la cuenta Temple of Evil y Hell El Salvador.
Najarro produce diseños cuya temática ironiza los proyectos presidenciales como Bitcoin City y Surf City, por ejemplo.
El procedimiento contra Najarro también fue realizado a partir de una denuncia anónima y de igual forma le decomisaron computadoras, dispositivos móviles, memorias portátiles, discos duros y documentos bancarios como tarjetas de débito y crédito.
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“Esto empieza a convertirse en un patrón porque hace un mes hicieron lo mismo con el editor de la revista digital Gatoencerrado. Es como que primero llegan a indagar dónde vive la persona a quien luego le van a montar la acusación”, dice a Expediente Público un periodista que solicita resguardar su nombre.
La periodista Mónica Rodríguez estuvo en la directiva de la APES y condujo un programa en la televisora publica hasta 2019, cuando el primer Gobierno de Bukele modificó la estructura de los medios de comunicación institucional.
¿Una distracción planeada?
La abogada penalista Ivania Cruz, que integra la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), cuestiona el actuar del Gobierno contra los periodistas que le critican.
“¿Será que pretenden distraernos con el espectáculo que hace la Fiscalía y la policía generando miedo y persecución, mientras pretenden derogar la Ley contra la Minería?”, dice Cruz a Expediente Público.
Bukele anunció que derogarán la Ley que prohíbe la minería metálica, lo que es rechazado por diferentes sectores, incluso dentro de los simpatizantes del mandatario.
Cruz cree que el Gobierno busca desviar la atención de la opinión pública creando casos contra periodistas que denuncian el daño ambiental y, al mismo tiempo, aumenta la intimidación contra la prensa salvadoreña.
Por su parte, la Asociación de Radios Participativas Salvadoreñas (Arpas) emitió una alerta a nivel internacional del operativo policial contra los dos miembros de Radio Bálsamo, a quienes los agentes incluso despojaron de sus tarjetas bancarias.
Angélica Cárcamo, de la Red Centroamericana Periodistas (RCP), dijo a Expediente Público que siguen con atención lo sucedido con los reporteros comunitarios.
“Desde la RCP rechazamos el uso del sistema policial para intimidar a la prensa crítica e independiente”, dijo la organización con sede en San José, Costa Rica.
Vulneraciones previas a periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseveró en septiembre pasado que el régimen de excepción, que está vigente en El Salvador desde marzo de 2022, agravó la libertad de expresión y de prensa.
La SIP, que efectuó una visita a El Salvador, reporta que al menos 12 periodistas salvadoreños abandonaron el país por razones de seguridad y temor a represalias tras sus revelaciones.
En enero de 2022, las plataformas CitizenLab y AccessNow alertaron que al menos 35 periodistas y representantes de la sociedad civil salvadoreña fueron espiados a través del software de fabricación israelí Pegasus.
De igual forma, entre los incidentes de gravedad, destaca la captura y detención por 11 meses del periodista comunitario Víctor Barahona, que fue liberado en julio de 2024.
La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, a través de su titular, el colombiano Andrés Guzmán, niega “que exista una persecución contra la prensa”.
