Durante las protestas de 2018 fueron constantes los señalamientos directos contra alcaldes sandinistas en la organización de las fuerzas de choque y el soporte a los paramilitares, tal es el caso de Orlando Noguera (fallecido el 31 de mayo de 2020) en Masaya, o Francisco Valenzuela, de Estelí, cuya alcaldía fue señalada de servir de posición a francotiradores. En Jinotega, es generalizado el rumor que Leónidas Centeno colaboró en organizar a los paramilitares. Pero estos solo son algunos nombres prominentes por tratarse de las autoridades políticas del sandinismo en capitales de provincia llamadas en Nicaragua cabeceras departamentales.
Una reciente investigación por publicarse, “Represión en los municipios”, determinó que hubo “importación” de fuerzas paramilitares desde municipios aledaños a las cabeceras y muestra la participación de alcaldes, concejales, e incluso diputados departamentales y nacionales, en el engranaje de la represión.
En Nicaragua hay 153 municipios de los cuales el Frente Sandinista controla 135
El único funcionario municipal sancionado por la comunidad internacional es hasta ahora Fidel Moreno, exdirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y actual secretario general de la Alcaldía de Managua, un cargo de confianza y no de elección, aunque múltiples reportes lo señalan como el poder real de la administración capitalina, gracias a la confianza que le tiene la pareja Ortega-Murillo
El 5 de julio de 2018 mientras se desarrollaba la “operación limpieza” para someter las protestas en diversas ciudades de Nicaragua, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló a Moreno de estar involucrado directamente “en actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progobierno implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos”.
El estudio señala cómo las alcaldías “jugaron un rol predominante en las acciones en contra de manifestantes y activistas durante las protestas de 2018 y, posteriormente, en la persecución selectiva”.
Con esta investigación se reconoce también las bases del paramilitarismo en Nicaragua que surge como contingencia a las protestas de 2018 y la incapacidad de la policía y las fuerzas de choque sandinistas para contener la protesta social.
Los resultados se basan en testimonios recogidos en cinco cabeceras departamentales: Jinotega, Matagalpa, Jinotepe, Masaya y León, donde los gobiernos municipales “facilitaron recursos financieros y humanos, logística de transporte e infraestructura, pero también se involucraron directamente en acciones de represión en coordinación con las casas matrices del partido Frente Sandinista por zonas (conocidas como zonales), las delegaciones departamentales y municipales de la Policía Nacional y las delegaciones de ministerios”.
Del control social a las armas
En términos generales, el estudio ”Represión en los municipios” reconoce dos fases de actuación de los gobiernos municipales sandinistas: la primera, un período de sorpresa y reacción ante el levantamiento; la segunda, una respuesta contundente a las protestas a través de una represión más organizada.
Diferentes testimonios detallan que durante las primeras semanas de la protesta, los grupos de choque tradicionales integrados por lo general por miembros de la Juventud Sandinista (JS), sindicalistas o miembros de los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) fueron escoltados en los municipios por la Policía Nacional. La presencia policial custodiaba, además, a los grupos de choque en las alcaldías y casas zonales. En algunos casos, se empezó a reportar el uso de armas letales para la represión. En este primer momento, se identificaron como dirigentes de la represión municipal a los alcaldes y otros operadores de las casas del FSLN en las localidades.
“Con la proliferación de las protestas en los siguientes días y el posicionamiento de la demanda para destituir al presidente Ortega, las alcaldías y las casas zonales del FSLN funcionaron como comandos desde donde se dirigieron las acciones para reprimir y repeler el inesperado levantamiento”, determina la investigación.
Destacaron, sobre todo, grupos de motorizados, que normalmente acompañaban manifestaciones sandinistas y contramovilizaban marchas, a veces, de forma violenta. La sola presencia de los motorizados sin identificación intimidaba a los manifestantes. La Brigada Carlos Fonseca es una de ellas y se identificó su participación en las represiones iniciales.
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Con esto el Ejecutivo usaba su aparato represivo montado en los municipios desde 2007 y que gozaba entonces con el control sobre el accionar de las autoridades municipales.
Se debe recordar que desde que retornó al poder, Ortega delegó a su esposa, Rosario Murillo, en los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, entre sus múltiples funciones, estas estructuras participarían en el diseño de políticas, programas, proyectos y planes para implementar el modelo de democracia directa, que en términos reales colocaba todo el poder de decisión en la primera dama y hacía, en el caso, de los alcaldes, elementos subordinados a las “órdenes de arriba”.
Los alcaldes perdían significancia a favor de delegados de ministerios y secretarios políticos del FSLN; y los CPC. Aunque, muchos alcaldes tienen un cargo político en estas mismas estructuras paralelas.
Con esto, el régimen de Daniel Ortega ha obligado a renunciar al menos a 40 alcaldes y vicealcaldes, en la mayoría de casos, se trataba de funcionarios de su propio partido que no se sometían a la autoridad vertical de su mandato. El último caso ocurrió a finales de septiembre de 2020, por una demanda de trabajadores de la comuna de Wiwilí afines al régimen, una jueza orteguista suspendió del cargo a la alcaldesa opositora de Wiwilí Reyna Hernández y al vicealcalde Manuel Blandón.
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Las elecciones municipales en noviembre de 2017, las últimas antes de las protestas de abril, fueron predecibles y no competitivas por lo que hubo un gran abstencionismo, oficialmente se reconoció que votó solo el 51.7% de los habilitados.
El FSLN ganó 135 de las 153 alcaldías en estas votaciones, 104 alcaldes sandinistas fueron reelegidos. Estas reelecciones produjeron el estancamiento de liderazgos que, por su naturaleza, debían ser dóciles al control del Ejecutivo radicado en El Carmen, indica el estudio Abril 2018, Nicaragua: El desafío de la democracia frente al autoritarismo de los sociólogos Mario Sánchez y Hloreley Osorio.
El estudio sobre cómo se organizó la represión en los territorios, también determina que el desmantelamiento de la autonomía municipal facilitó este organigrama de la represión desde el inicio de la crisis. El Gobierno nacional racionalizó las protestas bajo el argumento de golpe de Estado, y respondió ante la “amenaza” con la movilización de sus adeptos. El discurso de polarización, ya existente entre las filas progubernamentales, se exacerbó. De esta forma, se justificaron acciones de represión ante el “complot organizado” para derrocar al régimen.
Sin embargo, la estructura establecida se vio sobrepasada por la magnitud de las protestas iniciadas en abril de 2018. Según un artículo del sociólogo Sergio Cabrales, hubo más de dos mil acciones de protestas entre abril y septiembre de ese año.
Conforme aumentaban las protestas y los enfrentamientos, se requirió la “importación” de simpatizantes y estructuras sandinistas de otras localidades a las cabeceras departamentales. Estos grupos importados provenían principalmente de los grupos de reserva, compuesto particularmente por exmilitares y exmiembros del Ministerio del Interior en la década de los ochenta.
Se les denominó “paramilitares”, pues contaban con entrenamiento militar, ocultaban su identidad y portaban armas de alto calibre. “Representarían un claro ejemplo de forma de represión observable y violenta, ejecutada por agentes híbridos: entre Estado y agrupaciones civiles”, argumenta el estudio.
A partir de la segunda semana de mayo, se empezaron a registrar acciones aún más violentas que en el inicio de las protestas y que mostraban mayor coordinación entre la Policía Nacional y los grupos de choque.
Durante un discurso en 2019, una vez controladas las protestas y aplastada la rebelión, el primer comisionado, Francisco Díaz, también sancionado por la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos, expresó: “La seguridad ciudadana con la que hoy gozamos, es el resultado del trabajo de nuestra Policía Nacional, en coordinación con las instituciones de nuestro Gobierno, alcaldías y el pueblo organizado, como un sistema articulado”.
Estructuras para la sumisión
Esta estructura municipal es constantemente supeditada entre sí para fortalecer el control vertical y cumplimiento de las funciones. Por ejemplo, los alcaldes son vigilados por los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de base internas, como los CLS, y externas, como los CPC en los barrios.
La idea “es que nadie confíe en nadie y todos sean vigilados por todos”, a fin de que únicamente “el poder absoluto se vea representado por Murillo y sus operadores públicos y de confianza”, explicó un exmilitar de Jinotega a Expediente Público.
“Con este alto grado de control vertical, los alcaldes que ejercen también funciones de secretarios políticos sandinistas coordinaron y ejecutaron todas las decisiones, programas, orientaciones y políticas tomadas en la cúpula del Gobierno Central”, revela el estudio.
Al frente de toda esta estructura está Rosario Murillo, tanto en el gabinete nacional de los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), como de los CPC. El primero, organizado en estructuras departamentales y municipales donde participan alcaldes, vicealcaldes, concejales y secretarios políticos), hasta el nivel más comunitario como barrios y comarcas. El segundo, impuesto como mecanismos de consulta a la población en cuanto a las políticas comunitarias, pero que en realidad son grupos de control social, espionaje, reclutamiento y clientelismo político.
“No es preciso que tenga capacidad ni formación técnica. A veces se le nombra, a lo interno, ‘el alcaldito’, debido al poder supremo que tiene dentro de las estructuras del Gobierno local”, informó un trabajador de la alcaldía de Jinotepe.
Diferentes documentos, informes e investigaciones periodísticas, y los entrevistados para este trabajo, identifican a los miembros de los CPC desempeñando los tres roles siguientes
Vigilancia y control político. Son informantes sobre las afiliaciones políticas de los vecinos, bajo el argumento de la protección de seguridad y vigilancia comunitaria en coordinación con la Policía.
Reclutamiento político de nuevos militantes y de miembros de grupos de choque. Entre los beneficios de la militancia se encuentra obtener un aval político que les facilita encontrar un trabajo en entidades del Gobierno y acceder a programas sociales. Los beneficiarios, en ocasiones, fueron integrados como grupos de choque para contrarrestar movilizaciones.
Canales para identificar beneficiarios de programas sociales, pero con una connotación clientelar
Los miembros de los CPC actúan en coordinación y bajo la dirección de los secretarios políticos del partido a nivel territorial. Estos secretarios reciben orientaciones de las máximas autoridades de las alcaldías y se coordinan con los miembros de los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS).
Aparte de estos gremios están los concejales y sindicatos sandinistas, los primeros vinculados a los CLS, pero relevantes en los procesos de destituciones a alcaldes bajo distintos argumentos. Los segundos actúan en alianzas políticas para ejecutar y defender las decisiones administrativas del alcalde, junto a los concejales del partido oficialista.
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Muchos de estos trabajadores públicos de las alcaldías son parte del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). El FNT aglutina a otras organizaciones gremiales en las instituciones, cuyo principal representante es el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Él, además, preside FETSALUD (un sindicato de trabajadores de la salud).
Esta vinculación a través de los sindicatos le da a Porras un grado de control e influencia únicas en varias alcaldías del país. Su nivel de penetración en las municipalidades se confirmaría en 2018. En algunas alcaldías estos sindicatos son muy poderosos y tienen más determinación que los ediles. En Jinotepe y León, la influencia de estas uniones ha logrado destituir a alcaldes y otros funcionarios de la municipalidad.
Además de estas organizaciones sindicales, el FSLN logró control sobre las escuelas y hospitales en los municipios. Se identificó que los puestos claves de dirección en centros escolares y hospitalarios pertenecen a funcionarios de confianza del partido. Es, por lo general, una “persona que representaba sus intereses, un militante, ni siquiera un simpatizante”, asegura un profesor del departamento de Masaya.
La JS y UNEN
La Juventud Sandinista 19 de Julio (JS) es la estructura organizativa que aglutina a la militancia juvenil del FSLN. En cada ministerio o dependencia pública existen representantes, delegados o secretarios políticos de la JS. Lo mismo sucede a nivel territorial (nacional, departamental, municipal, barrio o comarca).
Previo al levantamiento de abril de 2018, la JS era movilizada para contrarrestar, con marchas paralelas o toma de las rotondas, las movilizaciones de las agrupaciones ajenas u opositoras al FSLN. Se les denominó comúnmente como grupos de choque o turbas cuando cumplían esta función, junto a otros simpatizantes sandinistas.
Además de la JS, otra organización paralela al Estado tiene influencia en las alcaldías: la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Estos jóvenes estudiantes de educación superior, muchos de los cuales también pertenecen a la JS, acceden al presupuesto público para el financiamiento de becas y actividades estudiantiles. UNEN tiene hegemonía en las universidades públicas, al punto de deponer profesores y alumnos. Según el estudio, esta particularidad será relevante para entender uno de los casos de estudio en particular: León, ciudad universitaria.
En el estudio también se destacaron a los denominados “grupos de reserva del FSLN”, otra de las agrupaciones paralelas del entramado para el control de los municipios. Están conformados por antiguos miembros de estructuras del partido, miembros de la extinta seguridad del Estado y retirados del Ejército. Aunque tienen diferencias entre sí, según los relatos, estos grupos son leales ideológicamente al FSLN.
De acuerdo con testimonios recogidos, la distinción de funciones y membresías en estas organizaciones es difusa. Es decir, se puede ser CLS, JS, CPC al mismo tiempo. “Tienen varios sombreros, como el alcalde que es también secretario político del partido”, manifestó un combatiente histórico de León.
Sin embargo, se ha constatado que todo este engranaje en las alcaldías recibe instrucciones de la Secretaría del FSLN (El Carmen). En particular, Rosario Murillo ejerce especial control como representante y coordinadora de alcaldes, ministros y diputados.
