Propuesta de resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condena atropellos y abusos del régimen sandinista contra los nicaragüenses.
Expediente Público
Un nuevo proyecto de resolución ante la situación dramática de derechos humanos que vive Nicaragua desde hace tres años, será presentado a votación para ser aprobado entre el 22 y 23 de marzo en el marco de la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En 18 puntos, el documento exhorta y solicita al gobierno de Ortega el cierre de sus nuevas tácticas de represión de cara a un posible proceso electoral, que no será posible sin la liberación de las 125 personas presas políticas, que sostienen organizaciones sociales que existen en las cárceles.
La resolución, que se espera sea aprobado para el mandato de seguimiento a Nicaragua, fue propuesta por el grupo CORE que incluye los países Costa Rica, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, quienes reiteran que estas resoluciones son indispensables para llegar a una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en el país.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera que la intervención a nivel internacional contribuye en definitiva a aminorar las crisis en el país, además destaca que la aprobación de esta resolución sería importante porque emana de una de las instancias más importante a nivel mundial (Consejo de Derechos Humanos), que ha persistido en la denuncia desde el inicio de la represión en 2018.
Profunda preocupación por tema electoral
“Además es importante porque estamos frente a uno de los retos más grandes como nicaragüenses para desmontar la situación histórica de fraude, anulación total y absoluta del ‘derecho a elegir y ser elegido’, como lo es desmontar los contextos que hacen posible el implemento de la represión de regímenes dictatoriales como Somoza, el sandinismo y actualmente el danielismo”, expresó Núñez.
Asimismo el Consejo, expresa su grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones libres, justas y transparentes.
Lea también: Defensores de Derechos humanos seguirán denunciando a regímenes dictatoriales
Consejo de Derechos Humanos en alerta
Desde 2018 la denuncia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua ha sido documentada y señalada por el Consejo de Derechos Humanos y otros organismos que, a la vez, han condenado los actos de intimidación y represalias que la población nicaragüense sigue enfrentando.
“Expresa profunda preocupación por los continuos informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y la falta de rendición de cuentas desde abril de 2018, y la persistencia de las prohibiciones de manifestaciones públicas, el persistente uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales y los actos de violencia por parte de grupos armados, así como informes de arrestos ilegales y detenciones arbitrarias en curso, acoso, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el aumento de homicidios por razón de género y de violencia sexual y de género durante la detención”, dice la primera resolución.
Por otro lado, el Consejo también está preocupado por las persistentes restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua, además del creciente número de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independiente que han cancelado sus actividades a causa de restricciones administrativas y financieras impuestas por las reformas legales aprobadas por el régimen.
En su resolución número 15, el documento insiste que se debe entablar negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y los partidos y grupos de oposición, y también trabajar con las organizaciones internacionales las reformas electorales e institucionales que sean adaptadas para mayo de 2021 y que estas aseguren “elecciones libres, justas, transparentes”.
Puede leer: Daniel Ortega ha ignorado 37 llamados de la ONU sobre situación de derechos humanos
Ortega sigue siendo exhortado
En la resolución número 4, se insta al Gobierno de Nicaragua a que autorice las manifestaciones pacíficas, “derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la conducción de los asuntos públicos”.
Por otra parte le exhorta a que deje de utilizar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas e intimidaciones como forma de represión, combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas de 2018.
Llamados sin respuesta
La cooperación plena con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, y la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es otra de las exhortaciones que resalta en este nuevo proyecto de resolución, un tema que no se ha dejado a un lado porque a tres años de insurreción cívica de Nicaragua, Ortega no ha dado respuesta.
En su última actualización oral, el pasado 9 de marzo, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió que en Nicaragua el Estado de Derecho sigue deteriorándose.
Lea más: Naciones Unidas: en Nicaragua “el espacio sigue restringido”
El próximo lunes 22 se abrirá debate en Ginebra sobre los 18 puntos del proyecto de resolución para su aprobación, lo cual a juicio de la abogada Núñez, abre un escenario esperanzador y considera que no habrá país que retroceda en su propósito de solidarizarse con Nicaragua.
